Sobre el informe de Gobernador

Informe a debate
Marcial Rodríguez Saldaña
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De nueva cuenta, como en años anteriores se suscita la polémica pública respecto del informe del Gobernador de Guerrero ante el Congreso del Estado; la controversia se ha concentrado en la postura del presidente de la mesa directiva de la legislatura local, quien declaró que había condiciones de ingobernabilidad y la posición del gobernador quien considera que al ser invitado a la Cámara de Diputados debe tener garantías de respeto.
1. La ley. El formato del informe del gobernador en Guerrero, es un ejemplo de la tradición sumisa que han tenido la inmensa mayoría de diputados locales respecto de los gobernadores en turno; en la época en donde el PRI era el partido hegemónico y no había diputados de oposición en el Congreso del Estado, era obligatorio para el gobernador asistir al Congreso a rendir su informe, pero más que una rendición de cuentas era un acto de subordinación de los legisladores, de alabanzas, de adulaciones, de exaltación de un gobernante como si se tratara de un monarca.
2. Al advertir la creciente presencia de diputados de oposición en el Congreso, el PRI reformó la Constitución del Estado para cuidar al gobernador, es así como el 9 de diciembre de 1994, siendo subsecretario de finanzas del gobierno del Estado el actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Local de Diputados, se publica en el periódico oficial la reforma al artículo 43 para permitirle al gobernador que a su libre antojo decida asistir o no al Congreso a rendir su informe; el mensaje de abyección de los diputados de esa legislatura era muy claro: “haga usted lo que se le antoje mi señor gobernador”.
3. El formato legal de la rendición del informe del gobernador del Estado de Guerrero, que le permite enviarlo por escrito o comparecer personalmente, es una muestra de que la ley se hace para las personas, para el gobernante el turno, para el partido en turno, pero no para la sociedad, se legisla para la conveniencia del día, pero no para las generaciones futuras; cuando el PRI era mayoría en el Congreso aprobó el actual formato del informe, cuando el PRD era mayoría en la legislatura pasada no promovió su reforma.
4. La política. Tal y como está el formato del informe, lo conveniente para la vida democrática del Estado es que el gobernador acuda a rendir cuentas públicas al Congreso, que escuche el posicionamiento de las diversas fracciones parlamentarias, que en torno de la tolerancia política oiga distintas concepciones respecto de la situación política, social y económica del Estado, pero para ello se necesita el oficio de la política, para dar lugar a este ejercicio democrático; la inasistencia del gobernador al Congreso, refleja un fracaso de la política encarnada por los actores que representan a las instituciones en Guerrero: los poderes ejecutivo y legislativo; a la sociedad no le interesa tanto si entre el presidente del Congreso y el gobernador hay discrepancias, lo que le importa es saber que avances hay en el desarrollo del Estado.
5. Mas allá del debate sobre la asistencia o no del gobernador al Congreso para rendir directamente su informe, lo relevante es su contenido, hacer una valoración responsable y objetiva de lo que ha hecho en estos cuatro años de gobierno y que es lo que está pendiente en el último tercio de la actual administración, analizar si se han cumplido o no las metas trazadas, saber en donde han estado los aciertos y los errores para corregirlos.
6. El formato del informe del Gobernador establecido en la Constitución Política del Estado, es una muestra de que muchas de las partes del texto de nuestra ley fundamental ya no dan para más, por ello es que se requiere de una reforma integral de la Constitución que evite la discrecionalidad en el uso de la ley y la distracción de la vida pública para que los actores políticos concentren su atención en los asuntos relevantes del Estado.
7. En el caso del informe del gobernador, a diferencia del formato federal en donde ya no asiste el presidente de la república al Congreso de la Unión, para evitar esta polémica cada año, independientemente del partido que gobierne en Guerrero y de que se realicen informes regionales, es necesario que de manera obligatoria se rindan cuentas públicas en el Congreso, para que éste conserve su función de control de la administración pública, de la cual el gobernador es el responsable; en tanto, le toca a los actores políticos desplegar sus mejores dotes en el oficio político.
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mrodriguezsal@hotmail.com
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Publicado en “El Sur” el 16 de abril de 2009

Sobre el acceso a la información en Guerrero

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La Laipegro, fuera de la Constitución

Urí Barreda

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Faltan tres meses para que la Ley de Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Laipegro) cumpla un año fuera de lo que marca el artículo sexto de la Constitución Política del país. Y tres meses más para que venza el plazo en que deberá tener un sistema electrónico de acceso a la información aun en lugares remotos.
Efectivamente, nuestra Ley de Acceso a la Información está desfasada de la reforma al artículo sexto constitucional que, en su segundo párrafo agregó siete fracciones relativas al Derecho a la Información. Para algunos analistas nuestra ley estatal para acceder a información pública está en la inconstitucionalidad. Aunque esto es una realidad, la parte que en lo particular preocupa más son las posibilidades que a muchos guerrerenses se nos están negando al no homologar la Laipegro con los criterios de la Constitución, y los que a la Transparencia y a la Democracia el Legislador está cerrando.
Hay varios aspectos a modificar en la joven ley guerrerense (sin duda alguna en la cultura y comportamiento público también); destacaré tres indispensables, incluidos en las modificaciones al Sexto.
Primero. Dice la fracción primera del segundo párrafo del sexto constitucional “…en la interpretación de este derecho (a la información) deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”. ¿Y que es la máxima publicidad? Este principio es entendido como poner a disposición pública, la mayor cantidad de información posible con la intención de que el ciudadano o ciudadana tenga el menor número de dudas; es lo que se conoce como transparencia activa en contraposición a la transparencia pasiva. Es decir, adelantarse a la pregunta.
Por supuesto, esto en Guerrero no está sucediendo pese a que la Laipegro considera en su artículo quinto “en la interpretación de la ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información”. Este punto, ni la Caipegro, órgano garante de este derecho, lo cumple.
Segundo. Dice la Constitución con las reformas del 2007 que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar su utilización “tendrá acceso gratuito a la información pública” y a sus datos personales.
En Guerrero, se entiende que la información no cuesta, pero si se desea tener un testigo de los datos proporcionados habrá que pagar 50 centavos por hoja, mas IVA, mas impuestos estatales (algo así como 60% en impuestos, lo que viene representando 3 o 4 pesos por hoja) en la Secretaría de Finanzas del Estado, después, regresar con el comprobante para que la información sea entregada físicamente. ¿Cuántas personas están dispuestas a seguir este trámite? ¿Cuántas pueden costear en tiempo y dinero una solicitud de información? ¿Acaso el legislador privilegió la recaudación sobre el fin, sobre un derecho constitucional?
Tercero. En los apartados transitorios se especifica “la Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; esto es, que se diseñen plataformas y mecanismos para que cualquier persona, en cualquier parte del estado o fuera de él, tenga la posibilidad de solicitar y acceder a información que le sea útil o necesaria.
En Guerrero esto no está pasando. Y el hecho de que no se disponga de mecanismos accesibles, amables y expeditos, dificulta que los guerrerenses de zonas lejanas a centros urbanos puedan hacer uso de un derecho otorgado por la Constitución del país. ¿Tan complicado es instalar una plataforma electrónica como Infomex, que además de utilizarse en el ámbito federal ya se usa en 26 estados de la República?
Lo que está pasando con la ley de acceso a la información de Guerrero no es cosa menor. No se trata de un trámite burocrático, los alcances van más allá de la inconstitucionalidad, pues se está limitando abiertamente un derecho humano reconocido internacionalmente: El Derecho a Saber.
A la vez, se esquiva una obligación fundamental de todo servidor público: el deber de informar.
Corresponde ahora al Legislador trascender como demócrata y ejemplo generacional, o abonar a la opacidad y el secretismo.

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Publicado en La Jornada Guerrero, el 23 de abril de 2003:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/23/index.php?section=opinion&article=002a1pol

Una provocadora reflexión...

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GABRIEL BRITO
La generación encostalada
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Las enseñanzas familiares sobre conservar nuestro empleo representan una base para la conformidad que se avecina. Se hilvanan los meses y se construyen fantasías sobre el estatus, la solvencia financiera y el talento irremplazable (ese que nos conduce a pensar: siempre requerirán de mí).
Pasan algunos años, se acumula experiencia, pero sobre todo miedo a la incertidumbre laboral, a la ausencia del cheque seguro. Hay avisos, alertas que indican la distancia a la que nos encontramos de nuestras antiguas metas. Cabe la esperanza de un estruendo, de una llamada, de una oportunidad inesperada, de un huracán que atraiga miradas internacionales que se fijen en ti. Hay voces que avisan, que anuncian cuando el círculo ha de cerrarse y comenzaremos a dar una segunda vuelta infructuosa, cuando comenzaremos a repetirnos.
Llegan los recuerdos como huracán, las enfermedades psicosomáticas se asoman, las letras del desencanto toman por asalto la computadora, las descalificaciones bulliciosas funcionan como placebo, el lío amoroso hace recordar que aún duele y que se está vivo. ¿Qué hay después de conocer el mundo en la nómina de empleados? ¿cómo se salta una cerca cuya alambrada contiene estatutos sindicales? ¿cómo gritar si el silencio firma los cheques del patrón?
Uno asume la derrota del ideal descalificándolo, describiéndolo como una bobada de aula preparatoriana, apareciendo en los diarios locales como promesa o decepción artística (o científica, o social, o política) del pequeño barrio, reescribiendo el currículum vitae, enmarcando en vidrio antireflejante el reconocimiento que nos otorga la madrina de bautizo. El ideal es ya una hoja seca que será encostalada, para que se pudra de manera oculta entre el resto de las hojas que cayeron con el ventarrón del conformismo colectivo.
El destino de los miles de costales con los millones de hojas secas dentro, es el olvido.

¿Existe el olvido? Si es que existe ¿por qué alcanzamos a recordarlo? ¿no es una incongruencia lingüística que debe ser aclarada? ¿a dónde está el olvido? ¿por qué pretender que guarde él un cargamento de truncos caminos?
Y olvidar, ¿para qué? para no aceptar que cargamos con el peso de nuestro medianía en el andar por los bares, escuelas, conciertos, moteles, camiones, cines, oficinas, puentes, avenidas, parques, oxxos, teléfonos públicos, miradores. Inculpar al olvido como cómplice en la masacre de las ideas, es la tarea de un ciudadano responsable y comprometido con el desarrollo de su país. Y como eso somos, en el olvido quedan relegadas las imágenes subversivas, los planteamientos de reconstrucción social, los viajes de culto, las preguntas de investigación, los idiomas no hablados, los poemas no escritos, el sexo no experimentado, las aficiones no consolidadas.
Si el olvido existe, habrá que ir a buscarlo, encontrarlo y abrir a cuchilladas los costales plásticos de supermercado, para esparcir de vuelta en este mundo deprimido: las razones, los argumentos, los cuestionamientos, las reflexiones, los debates, las opiniones y las ocurrencias que, algún día, hicieron de esta sociedad un ente con la capacidad de creer que algo faltaba por ser creado y había que arrojarse desmedidamente a inventarlo. Algo en el olvido está guardado y, aseguro que, contiene la fórmula para levantar de la cama a las mentes somnolientas de nuestra generación encostalada. Un viaje hacia el olvido, al menos, provocaría la expectativa y la espera y la esperanza ¿quién se anota en la expedición?

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*Poeta, dramaturgo y director de escena

[Publicado en LA JORNADA GUERRERO, 21 de abril de 2009]

Tomado de:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/21/index.php?section=opinion&article=010a2soc

Sobre el discurso político en Guerrero

El discurso político de la clase gobernante en Guerrero[1]
(El claro oscuro de la democracia guerrerense)
José Gilberto Garza Grimaldo[2]
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“El ataque del Gobernador Carlos Zeferino Terreblanca contra el presidente de la Mesa Directiva es un ataque contra el Congreso del Estado y evidencia el distanciamiento del ejecutivo estatal hacia el Poder Legislativo”. (Dip. Armando Chavarría Barrera, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD).[3]
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“Siempre responderé cuando se quiera ocasionar un desprestigio al Poder Ejecutivo.” (C.P. Israel Soberanis Nogueda).[4]
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El debate que se dio entre el Gobernador Carlos Zeferino Torreblana Galindo y el Dip. Héctor Vicario Castrejón, me permite hacer las siguientes reflexiones sobre los claro oscuros de la democracia guerrerense:
1. Un síntoma de una sociedad intolerante, es el discurso de su clase política. La entidad guerrerense se encuentra lejos de los principios que exige la teoría democrática.
Es además, un síntoma de la profunda violencia tanto visible como invisible que prevalece en esta tierra suriana, en donde se a cambiado la letra de aquella hermosa canción de “vámonos para Guerrero”, sino, “vámonos de Guerrero”.
La actitud de la clase política es absorbida por sectores de la sociedad. Si se conducen aquellos con beligerancia, mandan un mensaje a la sociedad como que esta actitud es la forma correcta de dirimir los conflictos o para alcanzar algún beneficio.
Los medios de comunicación locales dieron cuenta el día 15 de abril del año en curso, una expresión del ciudadano Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, poco afortunada, al calificar al presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado, Dip. Héctor Vicario Castrejón, de “ignorante de la ley”.[5]
Esta expresión es una ofensa al poder legislativo, no solamente al Dip. Vicario Castrejón. Así también lo ha reconocido el Dip. Armando Chavarría Barrera, quien fungió como Secretario de Gobierno en la actual administración estatal, y por lo tanto, es una voz autorizada.
Este tipo de descalificaciones sobre el adversario político en nada contribuye al proceso democrático, al contrario, lo empantana.
En una entrevista al Gobernador, éste manifestó que había cumplido con la ley al entregar su informe por escrito. Esta totalmente en lo cierto, además, recordemos que fue por iniciativa del entonces gobernador José Francisco Ruíz Massieu, que se reformó la Constitución para que el poder ejecutivo optara por cualquier de las dos variantes: asistir o no.
Pero de eso a agredir a un representante del poder legislativo, también demuestra una grave ignorancia de las leyes, ya que los diputados no pueden ser reconvenidos por sus declaraciones (de hecho lo hizo).
Además, la experiencia legislativa que posee el Dip. Héctor Vicario Castrejón, es obvio que no es ningún ignorante de la ley. Más en un tema tan fácil de comprender.
La clase política debe de mejorar su discurso político, que por cierto, hace algunos días escuche en un programa de noticias en la radio a dos importantes políticos locales lucirse con profundas frases populares: Uno expresó con una gran sabiduría jurídica: “Peca lo mismo quien mata la vaca como quien le agarra pata”. El otro diputado le contestó con gran profundidad filosófica: “Cada chango a su mecate”.
Hizo bien el gobernador al decir en una conferencia de prensa, que pone fin al debate que en esta entrega nos ocupa.[6] Esperemos que el Dip. Héctor Vicario Castrejón, haga lo mismo.
En fin, la democracia irónica guerrerense continúa en los bellos pantanos de la mediocridad.
Haciendo un símil del saber de nuestra clase política, espero que en el futuro, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, respeten su respectivo mecate o liana, y no se arrojen más orines.
¿Por qué se habrá callado el Gobernador cuando la anterior legislatura voto la Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos violando la Constitución local? La congruencia es honestidad política.
2. También debemos de resaltar que hay ciertos signos de avance de madurez política. Lo que a continuación voy a comentar, puede verse simplemente como una “actitud de mero oportunismo de los actores políticos”, pero creo que es más importante verlo desde otra óptica.
Sin ignorar los agrios debates que se dieron en su momento entre Manuel Añorve Baños y Héctor Astudillo Flores[7] VS el Gobernador Carlos Zeferino Torreblanca, estos mismos actores están dando ejemplo de una actitud de política de altura, al conducirse hoy en día con respeto y ayuda mutua.
Desde una óptica ciudadana, a éstos les interesa que les resuelvan sus problemas, no que los gobernantes se suban al cuadrilátero a ver quién es el mejor luchador.
Este tipo de actitudes democráticas es lo que merece el pueblo de Guerrero.
En este claro-oscuro en que se muestra la democracia guerrerense, el periódico El Sur, informa el 16 de abril de 2009, que el Senador David Jiménez Rumbo, presentó ante la PGR, una denuncia por amenazas de muerte, y señala al Gobernador como presunto responsable.
El senador David Jiménez Rumbo informó ayer que el martes entregó al procuraduría general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora una denuncia de hechos por amenazas de muerte y hostigamiento en contra de él y de su familia, y que dio parte a las secretarías de Seguridad Pública federal y estatal.
En conferencia de prensa, Jiménez Rumbo manifestó que sospecha que las amenazas provienen del gobierno del estado, por lo que responsabilizó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo por lo que le pudiera pasar a él o a su familia, y adelantó con su campaña para que el PRD se deslinde del Ejecutivo estatal.[8]
El debate entre el Senador y el Gobernador ha subido de tono, y varios colaboradores del titular del poder ejecutivo se han puesto los guantes y han subido al ring político a combatir con el legislador federal.
Guerrero necesita de políticos sabios y prudentes, no de boxeadores fajadores. Pero también necesita de comunicadores que no promuevan peleas boxísticas entre los políticos.
El 17 de abril de 2009, diversos periódicos informaron sobre el punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en el Congreso local en el que exhortan al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que propicie “una relación armónica y de respeto” con el Legislativo, así como generar un ambiente de colaboración y cooperación para trabajar con el resto de los poderes.”[9]
Con este punto de acuerdo y aprobado por unanimidad, sin protagonismos ni ofensas, los señores y señoras legisladores se solidarizaron con su presidente Héctor Vicario Castrejón, pero además, tendieron puente de comunicación con el titular del poder ejecutivo.[10]
Bien hecho, esto es una actitud de madurez política.
[1] En breve el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, publicará un libro colectivo sobre cultura de la violencia, que contiene un artículo de mi autoría en donde amplío el tópico de la presente colaboración. El libro es coordinado por el Dr. Ramón Espinoza y Camilo Valqui Cachi.
[2] Profesor de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.
[3] Nota de Hugo Pacheco León, El Sur de Acapulco de 16 de abril de 2009.
[4] Nota de Margena de la O. La Jornada de Guerreo de 18 de abril de 2009.
[5] El interés de la fracción parlamentaria del PRI, al igual que en el pasado lo hacía el PRD, era que el ciudadano gobernador asistiera a rendir un mensaje político, pero sobre todo, que escuchara a las distintas fuerzas parlamentarias. En diversos estados en el mundo es una práctica común: España es un ejemplo de ello. El Estado de México ha iniciado esta práctica democrática, como en otras entidades federativas.
Ante la negativa del Gobernador de asistir al Congreso del Estado a rendir su informe, El Dip. Héctor Vicario Castrejón lo acusó” abusar del poder” por no cumplir con la ley. Efectivamente, en este caso el gobernador no ha violado la Constitución, en virtud de que ésta es clara al brindar dos alternativas al titular del poder ejecutivo de asistir o no.
Ante tal señalamiento del Dip. Héctor Vicario Castrejón, el Gobernador lo “acusó de ignorante de la ley”. Empero, recordemos que varios compañeros de su partido han señalado al titular del poder ejecutivo de autoritario, como lo hizo en su momento la entonces diputada Roxana Mora Patiño. Ser autoritario, implica entre otras cosas, dejar de lado la ley.
[6] Nota de Zacarías Cervantes, El Sur de 16 de abril de 2009. “No me merece ya más ningún comentario, no voy a contribuir a ello, y menos a un trascendido de una nota que seguramente en nada ayudará al desarrollo ni a la actividad política en Guerrero”.
[7] Una nota de Jesús Saavedra, publicada en el periódico El Sur, informa que el Lic. Héctor Astudillo Flores, durante la audiencia pública con motivo del balance de los cien días de su administración, llevada a cabo el día 15 de abril, durante su intervención éste aseguró “que en caso de haber iniciado un “camino de confrontación” con el gobierno estatal y federal, no se hubieran iniciado las acciones para atender los problemas de saneamiento, agua, seguridad y obra pública de este municipio”.
[8] Nota de Daniel Velázquez. El Sur del 16 de abril de 2009. En este mismo medio, al día siguiente el subsecretario de gobierno, C.P. Israel Soberanís rechazó las acusaciones del Senador David Jiménez Rumbo..
[9] Nota de Margena de la O. La Jornada de Guerrero del 17 de abril de 2009. “El pleno de la 59 Legislatura exhorta a Zeferino Torreblanca Galindo para que en su calidad de titular del Poder Ejecutivo propicie una relación armónica y de respeto con el Poder Legislativo y manifieste la disposición de su gobierno a generar un ambiente de colaboración y cooperación, para trabajar con el resto de poderes en armonía, con pleno respeto a la división de poderes, dando un ejemplo de civilidad a la sociedad guerrerense”.
[10] Continuando con estos claros oscuros de la democracia guerrerense, la periodista Margena de la O, informa que el C.P. Israel Sobaranis Nogueda, subsecretario de asuntos políticos de la Secretaría General de Gobierno, en conferencia de prensa, argumentó sobre el punto de acuerdo del Congreso de Estado: “en el Congreso local existe una actitud de disposición y colaboración para mantener una relación republicana y democrática con el Poder Ejecutivo”…. “insistió en que el legislador siempre hizo declaraciones “contradictorias, desproporcionadas y exageradas” en torno al tema, por tanto él responderá siempre que quieran ocasionar un desprestigio al Poder Ejecutivo”… “el diputado no logra superarlo, nosotros ya no calificaremos el tema, pero seguramente la sociedad dirá que él asumió una situación desesperada de convencer de algo que se ha debatido en varios medios”… “el Poder Ejecutivo se ha limitado a hacer las precisiones y aclaraciones, que con pleno derecho a la libertad de expresión nos asiste, pues en dichas declaraciones de Vicario hemos sido mencionados y nos han sido proferidas imputaciones que han merecido aclaraciones puntuales.”… “la discusión podría ser aprovechada por Vicario Castrejón con un fin electoral, “pero no tendría para mí caso ponerle adjetivos, sólo estoy dando respuesta puntual cuando hay imputaciones que no conduzcan a una realidad o que estén orientadas para ocasionar un desprestigio al Poder Ejecutivo”… (En línea) (Consulta: (17/0472009). Disponible en: <www.lajornadaguerrero.com.mx.>

Sobre el juicio de amparo en México

Se renueva el Juicio de Amparo después de 150 años de existencia
José Gilberto Garza Grimaldo
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En memoria del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela y demás precursores del Juicio de Amparo
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Una de las aportaciones de México al mundo jurídico internacional, es sin lugar a dudas el Juicio de Amparo, institución al que el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela amaba con vehemencia y defendía con hidalguía.
Uno de los principios de tan noble institución es el referente a la relatividad de sentencia, conocida como fórmula Otero, y que consiste en que los Tribunales de la Federación se limitarán a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare. La sentencia no tiene efectos erga omnes.
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don Felipe Tena Ramírez, sintetiza a la Fórmula Otero, en los siguientes términos:
"Las ideas principales sobre las que se erige el juicio de amparo expresadas con nitidez en la fórmula de Otero[1] y que todavía sobreviven en la Constitución, son las tres siguientes: 1ª el juicio se sigue a petición de la parte agraviada por el acto inconstitucional; 2ª esa parte agraviada tiene que ser un individuo particular; 3ª la sentencia se limitará a resolver sobre el caso concreto, sin hacer declaraciones generales respecto de le ley o acto que motivare la queja".
Desde hace décadas, diversos juristas se habían manifestado que este principio del juicio de amparo debería desaparecer, en virtud de que no era posible que la resolución del amparo no tuviera efectos era omnes.
Resultaba ilógico de que si un gobernado se amparaba contra el cobro de un impuesto por considerarlo inconstitucional y obtuviera la protección y amparo de la justica federal, la resolución solo le favorecía a él. La autoridad correspondiente podría seguir cobrando ese impuesto a los gobernados que no se ampararon, no obstante que de que fue considerado inconstitucional en un caso particular.
Esto además, implicaba carga de trabajo al tribunal constitucional.
En la propuesta de la nueva Ley de Amparo, congelada el Poder Legislativo Federal, la relatividad de sentencia queda desaparecida.
Sin embargo, los medios de comunicación del día 31 de marzo de 2009, dan la noticia de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que establece que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia fiscal serán aplicables a todos los contribuyentes y no sólo a favor de la empresa o ciudadano que promovió el juicio de amparo
El periódico nacional La Jornada, informa que:
"En tribuna, el diputado federal César Camacho Quiroz, del PRI, expuso que la reforma busca actualizar y fortalecer en beneficio de todos los ciudadanos, el proceso del juicio de amparo en materia fiscal.
Argumentó que actualmente el promover un amparo contra leyes o disposiciones fiscales tiene un alto costo que solamente puede ser asumido por los grandes consorcios con despachos de especialistas, que son los únicos beneficiarios de las resoluciones favorables que emite la Corte."
Sin lugar a dudas, esta gran reforma constitucional es trascendental por el beneficio que representa a los gobernados.
Resulta incomprensible la falta de sensibilidad tanto de nuestra clase política y de los integrantes del poder judicial federal que mantuvieran por más de cien años oídos sordos ante una anormalidad jurídica en perjuicio del pueblo.
Proponemos que la Acción de Inconstitucionalidad debe de ejercerla cualquier ciudadano y no solamente determinados servidores públicos.
¿Tendremos que esperan 150 años para que nuestra propuesta prospere? Bueno, el tiempo pasa rápido dicen nuestros virtuosos políticos.
¿Y en nuestra entidad cuando se avanzará en Justicia Constitucional? Espero que la reforma constitucional integral no se aplace hasta el siglo XXII.
La actual legislatura puede hacer historia en Guerrero.
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[1] “La fórmula Otero, como se conoce en el medio mexicano de amparo al principio de relatividad de las sentencias, se plasmó en el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Dicho artículo prescribía lo siguiente: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse de la ley o acto que la motivare".

Algunos tratadistas aclaran con atingencia que años antes, en 1840, Manuel Crescencio Rejón en el artículo 53 del Proyecto de Constitución para el Estado de Yucatán, ya se establecía el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Ahora bien, del Acta de Reformas de 1847, la fórmula Otero se trasladó al artículo 102 de la Constitución de 1857 y posteriormente se recogió en el artículo 107 de la Constitución vigente.” (En línea) (Consulta: 31/03/09). Disponible en: .

Sobre la educación mexicana

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La educación politizada

Marcial Rodríguez Saldaña

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El cambio de titular en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Alonso Lujambio por Josefina Vázquez Mota, es un reflejo de la visión que tiene Felipe Calderón de la educación en México, que se traduce en considerarla como un sector más del gobierno, en donde se puede improvisar su actividad al sustituir el mando en cualquier momento, en detrimento de la planeación estratégica de la educación en el país.

1. La educación en México sigue siendo un sector desatendido por el gobierno. Se le considera un segmento político, en donde a cualquier hora se puede quitar y poner al secretario del ramo, como ha ocurrido con Vázquez Mota para enviarla de candidata a diputada federal plurinominal por el PAN, priorizando más un interés político de partido que el de la nación.

2. El nombramiento de Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación Pública al inicio del actual gobierno federal, no fue en razón de sus méritos en el sector educativo –experiencia en labores docentes, de investigación o difusión de la cultura, o administrativa en la burocracia de la SEP– sino que fue un pago a su participación en la campaña presidencial de Felipe Calderón, por ello es que en su periodo de gestión no promovió ningún proyecto relevante para la educación en México; el Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE) ha sido rechazado en muchas partes del país por los propios maestros, en quienes reside la principal responsabilidad de mejorar la educación.

3. El nuevo titular de la SEP Alonso Lujambio, tiene los méritos académicos para ocupar esta encomienda en el gobierno federal, pero es muy cuestionable que abandone la presidencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que es la institución que debe garantizar a los ciudadanos toda la información de lo que hace el gobierno de la república, lo cual implica que mantenga independencia y autonomía del mismo, y de pronto deje su misión para ocupar el cargo de secretario del gobierno federal.

4. Los movimientos de Vázquez Mota de secretaria a candidata y de Lujambio de presidente del IFAI a secretario, muestran la politización de dos instituciones como la SEP y el IFAI, en donde en la SEP debería cuidarse la planeación estratégica, políticas públicas de largo plazo lo que implica que el titular permanezca el cargo al menos por la totalidad de un periodo presidencial y por otro lado, en el IFAI se debería guardar el decoro de concluir el periodo para el cual son designados los comisionados, sobre todo porque en su designación interviene el Senado, que puede objetar su nombramiento.

5. La educación en México merece más que políticos de ocasión, merece educadores de carrera, mujeres u hombres cultos que amen a la educación más que a sí mismos, más que a una carrera política personal, una entrega por el desarrollo del país, un compromiso con el desarrollo educativo, científico, social y cultural de los mexicanos.

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Publicado en EL SUR. Texto tomado de:

http://www.suracapulco.com.mx/opinion02.php?id_nota=4426

Sobre el Librobus en Guerrero

Adios al librobus

Sol Vázquez

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Durante el mes de marzo y con cerca de 4 mil obras de diferentes temáticas, viajó por algunos municipios de Guerrero el denominado “librobus”, un proyecto impulsado por la Dirección General de la Red de Librerías Educal, que consiste en llevar librerías móviles montadas en camiones de 6.5 toneladas a los municipios que no tienen librerías o una biblioteca o que difícilmente cuentan con una tienda o changarrito donde se vendan libros de calidad a la población.
En el librobus se exhiben libros, revistas, discos, dvd´s y hasta juguetes educativos. Estuvo en Tlapa del 27 de febrero al 5 de marzo y del 7 al 21 de marzo en Zumpango del Río, según informaron los organizadores a través de un correo electrónico que se envió para preguntar por el intinerario próximo del librobus en Guerrero. Desafortunadamente no hay fecha próxima para que esta librería móvil nos visite nuevamente y al preguntar a algunos de los creadores y promotores culturales de la región si acaso llegaron a ver o escuchar sobre el proyecto, las respuestas han sido lo mismo: “¿El libro qué? No, ni supe. No, yo no vi nada como eso aquí”.
Es triste que un proyecto tan interesante como el librobus haya pasado sin pena ni gloria por estos municipios, sobre todo porque se trata de un espacio móvil cuya principal intención es acercar al público “ libros de autores universales con precios bajos para la población y a las nuevas tecnologías con el uso de internet móvil como servicio alternativo y colaborar con autoridades e instituciones culturales para hacer actividades conjuntas”, según se establece en las políticas y objetivos del proyecto que aparecen en su sitio de internet.
Se trata pues, de llevar todas estas obras y productos culturales a través de una flotilla de 10 camiones que se transforman en un módulo expandible de 27 metros cuadrados “con capacidad para diez personas que tendrán acceso a internet satelital de alta velocidad”. Además de todas estas aportaciones, las obras tienen precios que no rebasan los 100 pesos, con la idea de que la gente tenga tiempo de juntar el dinero en una semana que dura su permanencia en estos lugares y poder comprarse un libro.
El librobus es un proyecto de los pocos que aciertan en cuanto a llevar a cabo actividades para la formación de públicos como lo es la promoción de la lectura, pero que además permite diversificar el alcance de las actividades culturales de su público meta porque no sólo se quedan en el asunto de la exhibición sino que quienes lo soliciten, ya sea escuelas, ferias de libro, ferias culturales y regionales y festividades populares pueden contar con un librobus, lo cual podría aprovechar las autoridades de estos municipios para diversificar su oferta cultural a los habitantes y a los turistas que los visitan en Semana Santa o quienes emigran para participar en dichas celebraciones.
Desde febrero pasado se han visitado cerca de 40 municipios en el país de estados como Durango, Sonora, Colima, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas y el Distrito Federal, aunque desafortunadamente se cambia el itinerario cuando los municipios no pueden garantizar la seguridad del proyecto. Habrá que preguntarse por qué el librobus no pasó por Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Iguala o todos esos municipios que figuran siempre en las páginas de nota roja de los periódicos por su alta incidencia de ejecutados, descabezados y secuestrados.
Afortunadamente el librobus no tiene nada que temer cuando nos visita porque su andar por nuestra tierra no es un asunto del interés de los narcos ni de soldados ni de caciques de los municipios sino todo lo contrario, el librobus es un proyecto que puede dar un respiro en la vida de las personas que en ellos habitamos. Tal vez en su próxima visita, si es que la hay, algún sicario se siente a descansar un rato en alguna mesita cercana del librobus para leer quizá, Quién quiere vivir para siempre de Elmer Mendoza. Chance y sí.

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Publicado en La Jornada Guerrero. Texto tomado de:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/07/index.php?section=opinion&article=014a2cul

Escrito de Marcial Rodríguez Saldaña

La agenda del Congreso
Marcial Rodríguez Saldaña
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Han trascurrido un poco más de cuatro meses desde la instalación de la actual legislatura del Estado en noviembre del 2008, en este lapso de tiempo los legisladores locales de Guerrero han cumplido un primer periodo ordinario de sesiones y se aprestan a iniciar el segundo periodo ordinario, en donde se espera que desplieguen una intensa actividad legislativa para la que fueron electos.
1. ¿Qué hacer en el Congreso? Las fracciones parlamentarias del PRD, PRI y Convergencia han tenido el mérito de presentar sus agendas legislativas en donde exponen cuales son sus prioridades para la actual legislatura; sería conveniente que los coordinadores de cada fracción cruzaran las agendas y se pusieran de acuerdo en las propuestas coincidentes de tal manera que juntos fijaran las agenda general del Congreso del Estado, de tal forma que la productividad de los diputados fuese abundante y de calidad legislativa.
2. La estrategia ¿por dónde empezar? Bien harían los legisladores de Guerrero en retomar como eje central de su trabajo legislativo la reforma del estado pendiente, el esfuerzo de muchos guerrerenses en el proceso de reforma del estado realizado de septiembre del 2006 a diciembre del 2007 mediante la realización de foros en las diversas mesas temáticas: educación, reforma de los poderes públicos, desarrollo social y económico sustentable, procuración y administración de justicia, en donde hubo muchas propuestas de expertos y ciudadanos no puede quedar en el olvido, debe concretizarse en un nuevo marco normativo para la democratización y el desarrollo del estado de Guerrero.
3. La táctica, a la par deben desahogarse los asuntos pendientes como la homologación de la elección del gobernador con las elecciones de diputados locales y ayuntamientos, pero valdría la pena que los legisladores empezaran por su propia casa, la ley orgánica del Congreso data de hace casi diez años, es una ley obsoleta que ya no responde a la realidad política del Estado, por lo que se hace necesario una nueva ley del Poder Legislativo en el Estado de Guerrero.
4. La gobernabilidad en el Congreso se sostiene por un acuerdo parlamentario que contraviene lo dispuesto por la ley, por lo que se hace necesario adecuar la reglamentación del Poder Legislativo de Guerrero a las nuevas condiciones políticas del Estado, mediante una nueva ley que favorezca su modernización, que fortalezca su función de control de la administración pública del Estado y se convierta en un órgano del poder público que promueva la democratización y el desarrollo político, social, económico y cultural de Guerrero.
5. El Congreso de Guerrero debe modernizarse, es necesario que se promueva una profunda reforma interna que transparente toda su actividad en una página electrónica, que haya acceso a la totalidad de los actos de los legisladores mediante la publicación de todos sus ingresos, de las iniciativas y de todo el proceso legislativo, de tal manera que los ciudadanos conozcan todo lo que ocurre en el órgano legislador de nuestro Estado.
6. Ojala que los legisladores locales guerrerenses respondan a las expectativas y anhelos que tiene el pueblo de Guerrero, que aprovechen la oportunidad que tienen para crear una legislación del Estado que trasforme y democratice las instituciones políticas, que impulse el desarrollo económico, que promueva un mejor nivel de vida, que combata la pobreza, el respeto a los derechos humanos y la justicia social.

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mrodriguezsal@hotmail.com

Sobre el gobernador interino

PORQUÉ NO DEBE HABER INTERINATO EN GUERRERO
Miguel A. Parra Bedrán
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Muy brevemente les diré porqué el próximo Gobernador de Guerrero no debe ser interino. Hay razones de peso para que no sea así, me permito muy escuetamente presentarles algunas consideraciones de índole personal que me motivan a este resultado jurídico:
PRIMERO. Una de las reglas fundamentales de la democracia occidental, de entre las que se encuentra México, es que sólo se puede acceder al poder con el mandato popular, es decir, que es el pueblo a través del voto quien dirá quien asumirá la titularidad, en este caso, del poder ejecutivo. Esta regla está contenida en el artículo 39 de la constitución federal, el cual establece que la soberanía radica en el pueblo y que TODO PODER PÚBLICO DIMANA DEL PUEBLO.
SEGUNDO. Para ese efecto, la constitución federal ha establecido en el artículo 41 que el ejercicio del poder y su RENOVACIÓN se hará mediante elecciones públicas; este artículo establece las reglas de esas elecciones y el proceder de los partidos políticos, así como también los órganos que valorarán las elecciones y los principios fundamentales de la competencia electoral.
TERCERO. La misma constitución federal establece en el artículo 116, las reglas a que deberán sujetarse el poder público en los estados federados; por lo que hace al caso del gobernador se mandata que los gobernadores no podrán durar en el cargo más de seis años, motivo por el cual el actual gobernador deberá dejar el cargo una vez que cumpla con los seis años de ejercicio en la titularidad del poder ejecutivo. Nótese que la constitución emplea la palabra “hasta” lo que significa que bien podría haber gobernadores que duraren menos tiempo, eso lo define cada una de las constituciones de los estados, para el caso de guerrero se establecen los seis años.
CUARTO. El citado artículo 116 constitucional federal establece en su fracción IV inciso a), que las elecciones para elegir gobernador, diputados y ayuntamientos, serán el primer domingo del mes de julio del año que corresponda. Este mandato constitucional ya fue establecido en la actual ley de instituciones electorales del estado de guerrero (artículo 24), sin que se haya hecho reforma alguna en la constitución local. Y no se hizo la reforma porque el poder reformador (el legislativo) no creyó que la ley fuera impugnada en juicio de inconstitucionalidad, lo cual sí sucedió y dio al traste con el artículo vigésimo inciso f) de los transitorios de la ley, en donde se decía que la elección para gobernador sería en el mes de febrero. La Suprema Corte de Justicia (la única intérprete de la constitución) resolvió así porque como ya se dijo el 116 de la ley máxima señala que la fecha sería en el primer domingo de julio, por lo que el artículo vigésimo resulto contrario a ella.
Como es de advertirse aquí se preparó una reforma “a modo” para que procediere un interinato y no una elección constitucional, sin considerar lo dicho en los puntos que anteceden.
QUINTO. No procede un interinato porque simple y sencillamente los supuestos no se dan. Primeramente hay que tomar en cuenta que al terminar un periodo constitucional debe iniciar otro bajo las reglas de la democracia directa (elección popular) y no por interinato, ya que si fuese así se violarían los principios que ya se han anotado. Además la constitución de guerrero en el artículo 69 establece tres supuestos para que pueda proceder el interinato: el primero es cuando no se presente el gobernador electo (se supone que hubo una elección); segunda: cuando la elección no estuviese hecha (aquí hay que saber interpretar el sentido de este supuesto. Recordemos que el texto constitucional guerrerense data de 1917 y que en esos años los motines y asonadas estaban al orden del día, y la constitución creó un medio de defensa a efecto de que no quedará acéfala la titularidad del poder ejecutivo). Además si una elección no está hecha en los tiempos de normalidad democrática, como lo es en la actualidad, los responsables de hacerla y no la hagan (el instituto electoral del estado) caería en grave responsabilidad jurídica, serían ellos los culpables de que la elección no se diera, entendiéndose una causa alejada a los principios constitucionales; y el tercer supuesto es cuando el gobernador falte por causa grave, este supuesto supone también la celebración de una elección popular.
Como puede advertirse el problema se trata de salvarlo aplicando el segundo supuesto, es decir, que la elección no se haga, y se fundamentan en ello (ya hay una iniciativa en el congreso del Estado), porque creen que hay un estado de excepción al declararse inválido el artículo vigésimo de la ley de instituciones electorales, lo cual es inaceptable porque una resolución declarativa de la Corte en tal sentido no puede constituir un estado de excepción o una situación extraordinaria, tampoco lo es una reforma constitucional que haya establecido una determinada fecha para la celebración de las elecciones para elegir gobernador.
El interinato es una figura válida dentro del derecho constitucional mexicano, pero para que exista como tal supone la existencia previa de un gobernado electo bajo la regla del voto popular, es una figura accesoria y no principal, que supone la existencia previa del consenso popular, el cual es el vértice de la democracia directa. La existencia de un gobernador no electo por el pueblo en los términos precisados en estas breves líneas equivale a un serio agravio a la constitución federal y la local, una burla espantosa a nuestros orígenes constitucionales-históricos. La actual constitución es producto de una lucha armada que costo cientos de miles de muertos ¿Qué explicación le daríamos al sacrificio éstos si con la mano en la cintura el Congreso elige o designa a un gobernador no electo por el pueblo? El problema como verán no sólo es estrictamente jurídico sino también ético.
¿Qué una elección es cara? Y que, más caro nos resultaría no aplicar la ley. ¿Qué cuando sería una elección para gobernador? ¿Cuál sería el periodo para ese gobernador? Estas y otras preguntas más resultan inocuas ante el desiderátum de no querer cumplir con la constitución. Si el Congreso estatal se decide por el interinato retumbarán las palabras ¡¡LA CONSTITUCIÓN HA MUERTO, VIVA LA CONSTITUCIÓN!!
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PD. Los señores diputados han recurrido al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para que les den luz respecto a este problema. Casi todos los legisladores (de nuestro Estado) con profesión son egresados de la UAG, con esto quiero decir que acá no somos tan famosos como los de allá, pero también pensamos señores diputados ¿porqué no se acordaron de nosotros? Leo el diccionario y encuentro la palabra malinchismo, es posible que acá se aplique. Vale.