Sobre cultura democrática...

En EL SUR (Acapulco, Gro.) del 15 de junio de 2009 aparece la siguiente nota:

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Democracia y prejuicios culturales

Jesús Mendoza Zaragoza

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Es muy generalizada la idea de que la democracia es un asunto exclusivo de la política y, a la vez, suele reducirse a los tiempos electorales. La democracia se relaciona con las elecciones, como su momento más intenso. Es cierto que en la política es donde se hace más visible y decisiva la práctica democrática pero ésta tiene un carácter que abarca todos los espacios de la vida en la sociedad. Podemos pensar que el hecho de que la democracia se vincule casi exclusivamente con la política, produce una gran debilidad a la misma, puesto que no se integra al conjunto de la vida social. Eso quiere decir que en la medida en que la democracia no tenga que ver con la familia, con la educación, con la economía, con la cultura, con la comunicación, con el trabajo y con los demás espacios sociales, no tendrá solidez y consistencia y, a lo sumo, vendrá a ser una fachada sin mucho fondo.

Este puede ser el gran problema de nuestra vacilante democracia que se desarrolla entra tantas contradicciones, entre avances y retrocesos, entre claros y oscuros. Esto deja entrever que al tratar el tema de la democracia, se pone interés en las formas y no en el fondo. Podemos decir que mientras se procesan procedimientos y reglas democráticas, vivimos aún con un alma autoritaria.

La cuestión de fondo es que la democracia necesita de un soporte cultural. Las reglas y los procedimientos democráticos sólo tienen pleno sentido si se sustentan en una cultura democrática, que les da consistencia y permanencia. De otra manera, persiste siempre el riesgo de regresiones o de extravíos, convirtiendo a la democracia en una trama de contradicciones que no permiten el progreso social.

El gran desafío es la construcción de una cultura democrática, insistiendo en los valores que fundamentan la democracia en sus elementos sustanciales. En el reciente mensaje del Episcopado Mexicano titulado No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social, se señalan algunos dinamismos culturales que hacen difícil la participación ciudadana dentro de un contexto democrático. Se enuncian cinco prejuicios culturales que parecen ser los que distorsionan nuestros procesos democráticos.

Se habla, en primer lugar, de la práctica muy generalizada de “poner el interés propio o de grupo encima de las necesidades de la nación”. Este es un vicio de origen que imprime una fuerza centrípeta a la vida pública y al quehacer político. Quien le entra a la política es porque va buscando que prevalezca un interés particular sobre el público, a como dé lugar. Esta dinámica carece de una visión abierta a los demás intereses distintos a los propios o a los del grupo al que se pertenece y favorece los enfrentamientos, las confrontaciones y los sectarismos y no permite el desarrollo ni el avance social.

Otra dinámica muy común de esta cultura antidemocrática consiste en “hacer prevalecer los intereses individuales sobre los comunitarios”. Se trata de una cultura infectada por el individualismo como ideología y como actitud básica ante la vida. El profundo sentido de pertenencia a un entorno social es tan vulnerable que sucumbe ante la búsqueda de privilegios y ventajas individuales. La comunidad no llega a ser un referente que ayude a las personas a aceptar una interdependencia necesaria y saludable: vivimos de la comunidad y para la comunidad. En este aspecto, los pueblos indígenas suelen tener un referente comunitario muy sólido que impide privilegios, arribismos y abusos.

Una dinámica cultural dañina para la democracia es el empeño por justificar el recurso a cualquier medio. Es el clásico dicho de que el fin justifica los medios. El espíritu suspende toda consideración ética al plantear alternativas de acción. Todo se vale y los razonamientos pierden la referencia hacia el bien o el mal, pues no hay ley moral que valga. De ahí que el desliz hacia la corrupción en todas sus formas sea tan fácil.

También se habla de la idea tan difundida de “considerar el quehacer político como algo sucio”. Ya hay en el inconsciente colectivo una concepción peyorativa de la política que la hace despreciable en sí misma porque se le asocia a las dimensiones más oscuras de las prácticas sociales. Hay mucha dificultad para percibir la política como una posibilidad y como una oportunidad para hacer el bien y para “amar al prójimo”. Este prejuicio cultural reconoce a la política como un “mal necesario” que hay que tolerar sin mas remedio.

Y, para terminar, se habla de “la incapacidad de escucha y de diálogo con quienes piensan diferente”. Lo vemos a diario en la vida parlamentaria. Siendo los congresos los lugares privilegiados para el diálogo, cómo cuesta y cómo se hace difícil. Allí, las discusiones suelen ser ríspidas, sordas y demoledoras. No estamos entrenados para escuchar con una apertura del entendimiento y del corazón. Las batallas se dan para imponer las propias razones en la medida en que se puedan bloquear las ajenas. Quien piensa diferente es visto como adversario o como enemigo y no como un ciudadano que tiene derecho a pensar diferente y a ser respetado en cuanto tal. Esta incapacidad de escucha se origina en un alma cultural muy rupestre que se caracteriza por la inseguridad sicológica ante los otros y tiene efectos devastadores, al grado de que se favorecen y se inducen las polarizaciones sociales.

Hasta aquí, los prejuicios culturales que hacen tan difícil el desarrollo democrático.

La transición hacia la democracia supone actitudes distintas a las que nos acostumbró el viejo sistema autoritario y es comprensible que nos esté costando tanto para largar esa cultura de la sumisión/rebelión ante el autoritarismo. Una transición democrática sin una nueva cultura es engañosa y mera ilusión, y acumula más frustraciones. Todos, ciudadanos e instituciones, necesitamos entrar en una dinámica de cambio cultural que nos proporcione confianza y aprecio por la actividad pública y una nueva manera de asumirla. No es aceptable ni la desmovilización ni la anarquía, ni la apatía ni el resentimiento social como alma de la democracia, que es un estilo de vida que se cultiva desde la familia y se enriquece en la medida en que nos desarrollamos en los ámbitos educativos, laborales y sociales.

La cultura democrática viene a ser una propuesta humana capaz de revitalizar a la sociedad y a sus instituciones y facilita la participación de todos en un clima de civilidad y de respeto, tan necesarios en la vida pública.

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Puede consultarse en:

http://www.suracapulco.com.mx/opinion02.php?id_nota=4710

Sobre ciudadanía en Guerrero...

A continuación trascribimos la intervención del diputado Efraín Ramos Ramírez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia, en la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Guerrero, el miércoles 17 de junio de 2009.

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Facilitar el Acceso de los Ciudadanos al Poder y al Manejo de los Asuntos Públicos.
Diputado Efraín Ramos Ramírez.
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Actualmente se desarrolla en el país una amplia campaña que incita a los ciudadanos a rechazar el sistema de partidos y que cuestiona la validez de su función pública. En opinión de nuestro dirigente nacional Luis Maldonado Venegas, esta campaña tiene su origen en el propio grupo político cuya alianza gobierna al país desde finales del siglo pasado: “Desde esas minorías privilegiadas surgen hoy los llamados irreflexivos a no votar.” Y agrega: “Es una consigna encaminada a… que todo siga igual, que nada cambie.”
Dicha campaña está siendo auspiciada y acuerpada principalmente por los dos grandes monopolios de la televisión mexicana: Televisa y Canal 13; si bien a ella se han ido sumando otros medios impresos y algunos portales de Internet. Aún así, la mayoría de sus promotores son intelectuales y comentaristas de los medios, que hace buen rato vienen manifestando su oposición a la manera cómo actúan y acceden al ejercicio del poder los tres partidos políticos predominantes e incluso algunos emergentes.
Los organizadores de este movimiento mantienen entre sí diversas opiniones en cuanto al contenido y al alcance de su protesta contra la partidocracia, pero coinciden en promover dos cuestiones que consideran fundamentales para rechazar la conducta de los partidos y para empujar el cambio del régimen político: anular el voto tachando toda la boleta o escribiendo en la misma consignas contra la partidocracia o bien votar por candidaturas no registradas. Hay quienes pregonan una tercera opción, el voto blanco, que consiste en doblar la boleta sin votar por nadie y depositarla en la urna.
Quienes se identifican con el llamado Mínimo Común Denominador exigen reducir el número de diputados y senadores al Congreso de la Unión y aplicar una baja sustantiva en sus dietas y prestaciones, para que esos recursos se destinen a la investigación y a la educación en ciencias aplicadas; piden la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores a los políticos y la alta burocracia; la disminución sustantiva de las prerrogativas de ley a los partidos políticos; y empatar efectivamente las elecciones locales y federales.
Otros amplían el abanico incluyendo demandas democráticas más profundas que faciliten la conformación de una autentica voluntad nacional de carácter popular, como la plena honestidad electoral y que se reglamente a nivel federal y local la consulta popular establecida en el artículo 26 constitucional para hacer efectivo el derecho ciudadano al referéndum, al plebiscito, a la iniciativa popular, a la revocación de mandatos y a la efectiva y veraz rendición de cuentas; demandas populares que si bien ya han sido promulgadas por muchas de las legislaturas locales, al nivel de los poderes de la Unión todavía encuentran amplia resistencia, entre quienes se han adueñado del poder político para ponerlo al servicio del poder del dinero.
Lo que le da sustento a esta inconformidad social, es la existencia en México de la partidocracia, que no es más que es un grupo social de “profesionales” involucrado activamente en la cosa pública, que vive de la política y no para la política, y que se sirve del gobierno y de los partidos políticos para alcanzar sus particulares propósitos. El ciudadano común se siente atrapado y secuestrado por esta partidocracia que se sostiene y amplia su control sobre la sociedad porque la promueven desde el poder los partidos políticos dominantes y porque, paradójicamente, el creciente abstencionismo de los ciudadanos también le favorece.
Las exigencias sociales de cambio están secuestradas por esta partidocracia y por una reforma electoral por ella promovida y aprobada, que no deja espacios a la sociedad civil.
Este secuestro, esta irritante indefensión ciudadana, es la causa fundamental del rechazo al principal efecto negativo de la partidocracia: el acceso al poder de funcionarios ineptos, que mienten y no cumplen sus promesas o que resultan pésimos gobernantes. Vale la pena señalar que Convergencia ha venido insistiendo en que se establezca la revocabilidad de mandatos para mandar a sus casas a ese tipo de funcionarios, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que hayan incurrido.
La demanda más significativa y que hecho constituye el eje principal de esta inconformidad social −demanda que algunos partidos entre ellos Convergencia, hemos hecho materia de una controversia constitucional− es la de hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos a ser votados, independientemente de que se registren o no a través de un partido político; postulado que ni la reciente reforma electoral pudo, a última hora, eliminar del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que sigue siendo una asignatura pendiente en la lucha por el perfeccionamiento democrático de México.
Todos los partidos políticos tanto los grandes como los emergentes, no debiéramos echar en saco roto este doblar de las campanas. Debiéramos sí, en cambio, hacer de la autocrítica, la herramienta que nos permita enmendar el rumbo y reencontrarnos con nuestro fundamental propósito social, que no debe ser otro más que el de facilitar el acceso de los ciudadanos al poder y al manejo de los asuntos públicos. Ya resulta insuficiente el abrir las puertas de los partidos a las candidaturas ciudadanas, política que por cierto no todos practican y algunos incluso la escamotean. Tampoco es ya posible constreñir la participación ciudadana al simple acto de emitir el voto o a la contraloría (vigilancia en el mejor de los casos) de la obra pública. La gente quiere que se le deje intervenir en los asuntos públicos; que deben ser sólo eso: asuntos públicos y no patrimonio de los políticos y los partidos.
Cierto que la gente, que el pueblo quiere, sobre todo, que se le deje vivir, trabajar y prosperar en paz y concordia, que se le deje buscar la felicidad y la de los suyos con su propio esfuerzo y en un ambiente de seguridad y confianza en el porvenir; pero cuando ese noble propósito se pone en riesgo ya sea por ineficacia o por exceso de autoritarismo de quienes gobiernan, la gente aunque al principio se resista, termina poniéndose en movimiento y empujando hasta provocar una sacudida social. Y de eso ya hemos tenido cuando menos tres experiencias en los últimos 200 años.
Participación y abstención en las elecciones.
A nivel nacional, la lista nominal de electores se ha duplicado de 1991 al 2009, al pasar de 36 millones 676 mil 167 a 74 millones 610 mil 814 de ciudadanos enlistados, lo cual implica un incremento del 50.84 % de votantes, desde las primeras elecciones reguladas por el IFE hasta las que tendremos el 5 de julio próximo.
Nomás en los últimos 12 años, período en el cual se supone que debíamos tener elecciones más limpias, con mayor certeza y con mayor credibilidad y confianza, como resultado de las reformas electorales de 1996 y 2007, el número de electores ha pasado de 52 millones 208 mil 966 ciudadanos en 1997 a 74 millones 610 mil 814 en 2009, lo que implica un incremento porcentual del 30.02 %.
No obstante, los indicadores sobre votos nulos durante las tres últimas elecciones presidenciales se han mantenido más o menos estables: 1 millón 008 mil 291 para 1994, y 904 mil 604 votos nulos para el 2006, y similar desempeño reportan las elecciones de diputados federales en el mismo período: 1 millón 121 mil 6 votos nulos para 1994 y 1 millón 33 mil 665 para el 2006.
Sin embargo el número real de quienes hacen valer su voto (incluidos los votos nulos y por candidaturas no registradas) crece muchísimo más despacio y representa un porcentaje cada vez menor de la lista nominal de electores, por ejemplo: en las elecciones presidenciales de 1994 votaron 35.3 millones de personas, lo que representó el 77.16% de la lista nominal; en las del 2000, 37.6 millones, que fueron el 63.97 %; y en las del año 2006, votaron 41.8 millones de electores, o sea el 58.55 % de dicha lista. O sea, que vamos hacia abajo en cuanto al porcentaje de participación electoral ciudadana.
Lo mismo sucede en cuanto al comportamiento ciudadano en las elecciones intermedias, de diputados federales, por ejemplo: en las de 1991 votaron 24.2 millones de electores, el 65.97 % de la lista nominal; en las de 1997 votaron 30.1 millones de personas, el 57.69 %, y en el 2003 votaron casi 27 millones, es decir, sólo el 41.68 % de la lista nominal. Aquí ya de plano estamos ante un problema de ética política que amenaza con hacerse crónico y que está llevando a muchos ciudadanos a considerar que en México las elecciones son “legales” pero carecen, cada vez más, de legitimidad.
Lo que más debiera preocuparnos es el creciente abstencionismo que en los últimos tres comicios presidenciales, ha venido elevándose sucesivamente del 22.84 % en 1994, al 36.03 % en el año 2000, y al 41.45% en el 2006; en el caso de las elecciones federales intermedias, en este caso las de diputados, la tendencia al abstencionismo es más acusada: 34.03 % en 1991; 42.31 % en 1997 y 58.32 % en el 2003.
Debieran preocuparnos también los crecientes indicadores del voto por candidaturas no registradas, que en las elecciones presidenciales han crecido más de 6 y media veces (6.81) al pasar de 43 mil 715 en 1994 a 297 mil 989 votos en las del 2006; mientras que en las elecciones para diputados federales han crecido más de 2 y media veces (2.69) al aumentar de 47 mil 749 en 1994 a 128 mil 347 en el 2006.
Ojalá en nuestro estado las cosas fueran distintas, pero no es así. Los últimos comicios para elegir gobernador arrojaron un abstencionismo del 47.52 %; con una votación total de 1 millón 69 mil 4 votos de una lista nominal de 2 millones, 37 mil 68 electores; mientras que en la elección de diputados, la abstención fue del 51.33 %, con una votación total de 991 mil 472 votos de la mencionada lista, y en la de ayuntamientos, la abstención llegó hasta el 51.70 %, con 983 mil 759 votos totales. Hay que decir que en Guerrero, el Instituto Electoral del Estado no contabiliza por separado los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas, sino que los incluye dentro de los votos anulados, por lo que no es posible saber cuántos son unos y otros.
Propuesta del Partido Convergencia
En Convergencia somos de la idea de agarrar el toro por los cuernos y de buscar entre todos una solución justa y expedita.
Para ello proponemos:
§ Suscribir de inmediato un pacto por la honestidad electoral entre todas las fuerzas políticas del estado, con vistas a los comicios del 5 de julio próximo, supervisado por una Comisión de Alto Nivel, facultada para adoptar y aplicar medidas preventivas y correctivas que impidan que se ensucie el proceso electoral. Aún estamos a tiempo y la opinión pública lo vería con mucho agrado.
§ Convocar un Foro de Consulta, con especialistas, para analizar de manera fundamentada la conveniencia de legislar para hacer efectivo en el Estado de Guerrero el derecho ilimitado de cualquier ciudadano a ser votado para ocupar un cargo de elección popular y de implantar la segunda vuelta electoral para garantizar la plena legitimidad de los representantes populares. En nuestra opinión no debe existir ningún impedimento para establecer estos derechos en nuestra legislación electoral local, sobre todo si partimos de la máxima doctrinal y de la Suprema Corte de la Nación, acerca de que los derechos constitucionales y legales no se pueden reducir pero sí ampliar.
§ Adicionar el derecho a la revocación de mandatos a la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante un proceso que haga realmente efectivo este precepto, que está en el basamento constitucional de México desde los “Sentimientos de la Nación”; así como revisar a fondo esta ley para hacer accesible y efectivo el derecho ciudadano al plebiscito, al referéndum, y a la iniciativa popular.
§ Promulgar una Ley para la Efectiva y Veraz Rendición de Cuentas de los Poderes Públicos del Estado de Guerrero, que permita al H. Congreso del Estado, en el marco del respeto y la colaboración entre Poderes, cumplir sus funciones de supervisión y control del estado de resultados del Plan Estatal de Desarrollo y del estado que guarda la administración pública estatal.
§ Establecer la Agenda Legislativa Común del H. Congreso del Estado de Guerrero, con base en las propuestas de los partidos políticos representados en esta Soberanía Popular. Estamos por cumplir el primer año de labores legislativas y todavía podemos darle orden y concierto a nuestro quehacer en beneficio del pueblo.
Les agradezco mucho su atención.
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Texto recibido por correo electrónico el 17 de junio de 2009

Sobre derechos y cultura indígenas en Guerrero

Reconocer los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromestizas de Guerrero
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Fijación de postura del diputado Efraín Ramos Ramírez, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Convergencia, ante la comparecencia del profesor Crispín Morales de la Cruz, Secretario de Asuntos Indígenas, el 25 de mayo de 2009.
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Desde la antigüedad Guerrero ha sido y sigue siendo una amalgama de pueblos, razas, idiomas, culturas y costumbres. En el actual territorio del Estado, han residido y se han desarrollado lo mismo la cultura olmeca y teotihuacana, que la mixteca, la nahua y sobre todo la Cultura Mezcala, la cual ha sido nuestro principal y singular aporte al mundo mesoamericano y a la posteridad.
Antes de la conquista, ya habitaban en Guerrero los pueblos Mixtecos, Amuzgos, Nahuas y los Tlapanecos de Tlapa y Yopitzingo; y desde los primeros tiempos de la Colonia, los pueblos afromestizos de la Costa, los cuales constituyen nuestra tercera raíz.
Somos por naturaleza, historia y destino un Estado pluriétnico y multicultural, que se nutre y enriquece de su propia diversidad y de la asimilación crítica de la cultura universal. De ahí, que la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas y afromestizas en defensa de sus derechos y libertades, tenga tan hondas raíces en nuestra entidad federativa.
Aquí existió en la época prehispánica, el indómito e invencible Señorío de Yopitzingo, el cual junto con los Señoríos de Metztitlán (en Hidalgo), Tlaxcala, Cholula (en Puebla) y Teotitlán del Camino (en Oaxaca), eran los cinco Señoríos Independientes que reconocía y respetaba como tales el Imperio Azteca. Guerrero también fue asiento de la poderosa Provincia de Tlachinollan, en la que concurrían, en lo que ahora es la región de la Montaña, los pueblos tlapaneco, mixteco y nahua bajo una forma confederada de gobierno.
Debemos asumirlo y proclamarlo con orgullo: este indómito carácter y esta capacidad de unión y concurrencia entre distintos, ha permitido a los pueblos que somos Guerrero, jugar un papel determinante en la continuación y consumación de la Independencia; en el definitivo derrocamiento de Antonio López de Santa Ana y en la promulgación de la Constitución de 1857; y –aunque todavía es poco conocido y apreciado– jugar un rol decisivo en la derrota del Porfiriato, en una veloz e intensa campaña que mediante contundentes y victoriosas insurrecciones populares permitieron, en tan sólo dos meses, derrotar al ejército porfirista y tomar Chilpancingo e Iguala el mismo día –14 de mayo de 1911– que en Ciudad Juárez se firmaban los tratados de paz que abrieron para Madero la Presidencia de República y el exilio a don Porfirio Díaz.
En todas estas gestas libertarias estuvieron siempre en primera línea los pueblos indígenas y afromestizos –al lado de mestizos y criollos– sin que hasta ahora se les hayan reconocido legalmente sus derechos y culturas.
La Independencia dejó a los pueblos y comunidades indígenas sin la protección de las Leyes de Indias y los gobiernos liberales les despojaron de sus derechos autónomos y de sus tierras, mediante la Ley Lerdo y las compañías deslindadoras; quitándoles incluso el derecho de defenderse al abrogar su personalidad jurídica en la mencionada Ley Lerdo y al no restituirla ni en la Constitución de 1857 ni en la de 1917.
Con el argumento de que la Independencia respecto de España nos colocó a todos en igualdad ante la ley, los pueblos han padecido una política sistemática y deliberada de relegación y arrinconamiento, de integración y asimilación forzada a una sociedad que difícilmente los entiende y que no los acepta plenamente. Se soslaya que la igualdad jurídica sólo es alcanzable para quienes pueden comprar la justicia, mientras que para los que menos tienen siempre ha prevalecido la desigualdad, la discriminación y la injusticia.
Por eso, precisamente por eso, lo que se ha estandarizado a lo largo de estos 200 años de vida independiente, ha sido y es la carencia de derechos efectivos para los indígenas, los afromestizos y los pobres.
La Revolución Mexicana si bien redimió en parte a los pueblos y comunidades indígenas, al restituirles una pequeña parte de sus tierras en comunidades agrarias y dotarles de ejidos en la mayor parte de ellas, no les reintegró plenamente sus derechos. Se reconoció constitucionalmente la personalidad jurídica de las comunidades agrarias y ejidos para que pudieran poseer legalmente tierras, pero hasta el día de hoy, el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y una parte de la sociedad nacional –esta última, por desconocimiento o indolencia– se niegan a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios y con pleno derecho a la autonomía y la libre determinación.
No obstante esta negativa federal, la mayoría de los Estados de la República con población indígena, ya han reconocido constitucional y legalmente estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque el Estado de Guerrero se anticipó con más de dos años al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al reformar la Constitución local, para establecer desde el 27 de marzo de 1987, que: “Los poderes del Estado y los Ayuntamientos, (…) proveerán a la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo económico y social y a la preservación y fomento de sus manifestaciones culturales”, tenemos que admitir que todavía no se ha emitido la Ley reglamentaria que haga efectivas estas disposiciones.
Conviene y urge, legislar para reconocer legalmente los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afromestizas de Guerrero, y garantizar el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia; el reconocimiento, respeto y desarrollo de su cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional, tierras, territorios y recursos, así como del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y de la policía comunitaria que lo auxilia.
La educación es factor primordial y decisivo para este propósito; de ahí que sea preciso integrar la educación indígena, aprovechando la actual infraestructura de educación indígena básica y superior y promoviendo la creación de escuelas secundarias indígenas y de educación media superior, así como el rescate y fortalecimiento de las lenguas originarias de los pueblos, en un marco de formación bilingüe e intercultural.
Convendría también fortalecer la rectoría del gobierno estatal en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y afromestizas, para coordinar y orientar mejor la inversión estatal y federal y promover y dinamizar mejor las capacidades productivas, políticas, sociales y culturales de estos núcleos sociales, a fin de puedan procurarse bienestar y bastarse por sí mismos y estar realmente en condiciones de orientar, controlar y evaluar los resultados de las políticas públicas y de asumir la contraloría y el ejercicio de los recursos públicos destinados para su desarrollo.
Señor secretario:
Sabemos que Usted comparte estas preocupaciones y propósitos, por lo que le invitamos cordial y sinceramente a cerrar filas con esta Quincuagésima Novena Legislatura al Congreso del Estado, a fin de lograr el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas y afromestizas de Guerrero, antes de que concluya la actual administración estatal.
Muchas gracias.

Sobre Acapulco: otra mirada

El lado oscuro de Acapulco

Texto de Rodolfo Montes, enviado, y José Juan Delgado
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Lejos de la playas, discos y la diversión, el puerto guerresense reporta problemas de pederastia, comercio ambulante y abasto de agua, así como la proliferación de casas de empeño. Autoridades y académicos hablan de estos problemas
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Lun, 25/05/2009 - 09:11
El Acapulco negro lo conforman “el pésimo abasto de agua potable, robo de energía eléctrica a gran escala, tratamiento de aguas residuales, proliferación del comercio ambulante y asentamiento indiscriminado de la usura legalizada a través del crecimiento informal de casas de empeño, así como refugio de pederastas y el tráfico sexual.
Por si eso fuera poco, el ribete político y la corrupción hacen su aparición en tiempos electorales, donde el PRI gobierna 70 por ciento de la población guerrerense, incluyendo Acapulco, considerada la joya de la corona en términos electorales por ser decisivo en la lucha por la gubernatura estatal.
Aprovechándose de la situación de pobreza que se vive en la periferia de Acapulco, los pederastas han visto el campo fértil para traficar sexualmente con menores de edad, y aunque ninguna autoridad se atreve a dar cifras, se han asestado golpes significativos contra esa actividad ilícita.
Uno de los casos más sonados fue un operativo que realizaron agentes de la PGR adscritos a la Unidad de Investigacion Especializada en Tráfico de Menores en el conocido Spa Girls, ubicado frente a la Diana Cazadora. Los dueños de ese lugar contrataban a menores de edad bajo la fachada de masajistas.
Tanto el dueño del Spa, Leonel Salvador de la O Arce, como una de sus trabajadoras, Eréndira Gutiérrez, y el estadunidense Thomas Torke fueron encarcelados.
Agua
Considerada en el régimen anterior del PRI como la caja chica de Acapulco, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado está en problemas. El ex director del organismo durante el trienio pasado, el perredista Félix Salgado Macedonio ha sido inhabilitado por tres años por la contraloría estatal, debido a irregularidades en el manejo de 8 millones de pesos de recursos federales.
A pesar de que está en marcha un programa federal de saneamiento integral del puerto —que culminará hasta 2012 con la aplicación de 730 millones de pesos— el año pasado sólo 15 por ciento de las aguas negras estaban siendo tratadas, cuando la media nacional es 37 por ciento.
Actualmente, la planta tratadora Aguas Blancas, que capta la mayor parte del drenaje de Acapulco, está siendo reconstruida y las obras concluirán en 2010.
De acuerdo con datos oficiales de la CAPAMA, actualmente el problema del abasto de agua es alarmante, ya que 84 colonias de alta marginación no cuentan con el suministro, por lo que el ayuntamiento priista ha puesto en marcha un programa de abasto a través de pipas, que ha sido duramente cuestionado por la población, no sólo por su ineficiencia, sino por la corrupción que ha generado y el uso electoral que se le da.
Comercio informal
De acuerdo con la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, hay 40 mil ambulantes que operan en el Centro y la periferia del centro turístico.
“Creció de manera incontrolable. Acapulco está lleno desde la entrada”, el titular de la dependencia, Luis Miranda Rivera.
El funcionario municipal admitió que el comercio ambulante está tipificado como ilegal. Sin embargo, en la práctica no se puede controlar y se tiene que administrar la crisis con el “cobro de lo ilegal” a través de Vía Pública.
Cobrarles a todos sería perder la batalla, reconocer y legalizar un ilícito”, subrayó.
Miranda Rivera se pronunció por aplicar penalidades más severas como el encarcelamiento a Quienes fomenten o practiquen el comercio informal.
Incluso, informó que recientemente destituyó a su jefe de Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento porque le comprobó actos de corrupción.
El investigador de la Unidad Académica de Ciencia Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Dante López Román, aseguró que durante el mandato del perredista Félix Salgado Macedonio el ambulantaje en el puerto se incrementó en 50 por ciento.
“El regreso del PRI es basado en un decepcionante papel que hizo el PRD en el gobierno, regresa algo que dábamos por muerto. El PRI tendrá la oportunidad de demostrar con indicadores de impacto en beneficio de la gente pobre y desempleada, pero como la economía no da para más, el único camino que le queda al PRI es sacar provecho del erario y dar cuotas de poder a los líderes y la creación bajo su auspicio del comercio informal”, explicó el académico.
Casas de empeño
En lo que respecta a las casas de empeño, el paraíso en que se ha convertido Acapulco para este tipo de usura se demuestra con la falta de control de las dependencias de los tres niveles de gobierno que manejan padrones discordantes.
Se ha reportado un crecimiento exponencial durante los últimos años, llegando a la actualidad a 120 establecimientos.
Las ganancias mensuales de estos negocios raya en los 300 millones de pesos, afirmó el dirigente local y vicepresidente nacional de la Asociación de Casas de Empeño, Mariano Gutiérrez Mejía.
Hace apenas 5 años, declaró, no llegaban a 20 establecimientos.
Tan sólo en los días que duró al contingencia sanitaria por la epidemia del virus de la influenza tipo A H1N1, los pignorantes aumentaron en 15 por ciento, principalmente la gente necesitada de clase media del puerto, que hasta antes de la triple crisis de inseguridad, económica y sanitaria, no acudía mayoritariamente a empeñar sus prendas, dio a conocer Gutiérrez.
Otro dato del dirigente que muestra como el negocio de los empeños es lo que impera en la actividad económica porteña, es el que también durante el periodo de la contingencia sanitaria, los refrendos aumentaron en un 40 por ciento.
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Texto tomado de Milenio Online:

http://impreso.milenio.com/node/8580793

Consulta del 05 de junio de 2009