Mario Melgar Adalid
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La decisión de la SCJN en el caso ABC demuestra que la facultad constitucional de investigar es un desvarío jurídico
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Si en el futbol el árbitro decreta un penalti y el equipo sancionado no acepta la decisión, sobreviene el caos. El árbitro no juega, pero sin su participación no hay partido posible. Lo mismo sucede con las resoluciones judiciales. Por ello la decisión de la Suprema Corte en el caso de la guardería ABC demuestra, una vez más, que la facultad constitucional de investigar es un desvarío jurídico. Ni siquiera las malas experiencias de Aguas Blancas y Lydia Cacho sirvieron para que la Corte informara públicamente que esa facultad es meramente declarativa. Se requería una gran campaña de difusión de los límites y limitaciones de la Suprema Corte en las investigaciones sobre violaciones graves. Tenía dos caminos: no investigar o dejar una huella en la historia. Decidió por una tercera que resultó la peor: hacer como que hacía.
Dice la Constitución que la Suprema Corte podrá investigar la violación grave de garantías. Lo que no puede es emitir una sentencia. Eso debió saberlo todo el país y no haber generado la expectativa de que la Corte haría la justicia que el país esperaba.
La Corte sabrá derecho, pero no entiende de política, no sabe de comunicación y ha desorientado a México. Agravó aún más a las confundidas familias de los niños de Hermosillo. Su argumento jurídico frente a la tragedia causa indignación, como bien escribió Zabludovsky ayer en El Universal.
Tuvo la gran oportunidad de haber seguido la ruta fijada por el ministro Arturo Zaldívar. Tuvo la oportunidad de demostrar que sí es un tribunal constitucional. No bastan los spots de la radio y los desplegados que pretenden convencer al público acerca de que la Corte es tribunal constitucional. Sólo los expertos conocen tales alcances. Ni siquiera el hecho de que Daniel Karam, director general del IMSS, relevado moralmente de cualquier responsabilidad —que seguramente no tiene, como tampoco Juan Molinar, el director anterior del IMSS— se refiera, zalamero, a la Suprema Corte como tribunal constitucional la convierte en uno auténtico.
Zaldívar habló de un nuevo paradigma. El paradigma es que como tribunal constitucional hubieran interpretado el verdadero sentido y propósito de la Constitución. El papel de la Corte como el poder por encima de los demás poderes. Como el árbitro del partido en el que juegan el Legislativo y el Judicial. Tuvo la gran oportunidad que les brindó un ministro creativo, sensible socialmente. Zaldívar dijo que la única razón que justifica su presencia en la silla que ocupa es la defensa de los derechos fundamentales.
Había salida. En Estados Unidos, la Suprema Corte marcó la ruta hace más de medio siglo. Determinó que la segregación racial era una vergüenza de ese país. Como lo es ahora para nosotros la guardería ABC. No está escrito literalmente en la Constitución de Estados Unidos que los negros y los blancos son iguales. Tampoco está en la nuestra que es grave la muerte de 48 niños quemados por negligencias inexcusables.
Fue la Corte de Estados Unidos la que institucionalizó la esclavitud en ese país y la que desató la Guerra de Secesión. Después, tímidamente, resolvió que negros y blancos eran iguales, pero deberían estar separados. Estuvieron separados, pero nunca iguales durante medio siglo. Fue necesario que Earl Warren, el justicia mayor, llegara a ese tribunal con liderazgo moral y político para convencer a los jueces asociados que negros y blancos son efectivamente iguales (Brown vs. Board of Education). Larga lucha que llevó a Obama, un afroamericano, a la Casa Blanca, no a servir cocteles ni a abrir las puertas a los invitados, sino a presidir dignamente ese país.
No fue una decisión automática. Se requirió la solvencia moral de la Suprema Corte para forzar la integración. Quienes tenemos huesos viejos recordamos los episodios en los estados del sur de Estados Unidos que se negaron a cumplir con la sentencia. Uno de los casos más sonados es el que tuvo lugar en 1958, al negarse el gobernador de Arkansas, Orval Faubus, a ejecutar un decreto judicial que ordenaba la admisión de nueve estudiantes negros a la escuela secundaria de Little Rock. El asunto llegó a ser de interés nacional al intervenir el presidente Eisenhower y ordenar el ingreso de los estudiantes con el apoyo de las tropas federales. El asunto de Little Rock demostró varias cuestiones. La Corte había fijado una línea en materia de integración racial en las escuelas que no tendría vuelta atrás, la intervención de las tropas federales mostraba que el gobierno en Washington actuaría en apoyo a las decisiones judiciales para implementarlas y no dejar duda de que se debería cumplir con sus mandatos y también que el Sur seguiría poniendo trabas y dificultades para implementar la integración racial.
La Corte fue un árbitro que simplemente hizo cumplir su majestad e imperio. Algo que nos hace falta a nosotros en el caótico juego en el que ahora participamos y vamos perdiendo.
Los deudos no tuvieron otra salida que acudir a la justicia internacional. Solicitaron la creación de una relatoria de la ONU que informe sobre las irregularidades del caso. Lamentablemente, no servirá de mucho.
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Publicado en Excelsior, 2010-06-22 05:00:00
