Sobre educación en México...

En LA JORNADA GUERRERO, edición del 27 de octubre de 2010, se publicó la siguiente nota:

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Por la calidad educativa en México

Estela Damián peralta

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En la Cámara de Diputados hemos refrendado nuestro compromiso de ahondar en la fiscalización del gasto educativo que se transfiere a los estados, pues no podemos permitirnos opacidad en ninguno de los fondos que maneja el Estado ni la Federación.

Estamos ciertos de que no se debe solapar la opacidad en el uso de los recursos en este sector, así como tampoco generar condiciones de excepción sobre la fiscalización o dejar de ser exigentes en torno a la premisa de mejorar la calidad de la educación.

Lo anterior viene a colación debido a que el monto de la nómina del magisterio en las entidades federativas es un verdadero misterio, ya que cada estado lleva una contabilidad diferente y sus gastos no corresponden con el crecimiento de los servicios educativos.

Resulta preocupante el informe que diera a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), en el sentido de que en México, el caso de la nómina magisterial es particularmente paradigmático, pues su contabilización cambia de un estado a otro.

El estudio titulado “la Caja Negra del Gasto Público”, refiere que la falta de homologación en la contabilidad provoca que encontrar el verdadero nivel de la nómina salarial y su destino se convierta en una labor de investigación más basada en hipótesis que en datos.

Ahí están casos como el del Gobierno de Veracruz, donde ni siquiera se distingue la nómina de los maestros del resto de los trabajadores, mientras que en Durango disminuyó misteriosamente 70 por ciento de 2006 a 2007, sin que se observara una reducción en el número de maestros, lo cual indica que se lleva el registro en otra partida contable que no se conoce.

Tan sólo Campeche, Puebla, Tabasco y Guanajuato registran la nómina en la partida en el capítulo 1000 de Servicios Personales de la Secretaría de Educación, el resto de las entidades separa la nómina de maestros estatales de los federales y lleva dos contabilidades.

Lo único que se puede verificar es la evolución del Fondo de Aportaciones para Educación Básica (FAEB), que son los recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades y tienen como destino el pago de la nómina de maestros.

Entre 1998 y 2008 los recursos del FAEB crecieron 51 por ciento real, pero en ese lapso el número de maestros aumentó solamente 11 por ciento y de alumnos, 5 por ciento.

El Imco recuerda que la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló problemas con el uso de este FAEB.

Un hecho por demás grave es que el FAEB se utilice para el pago a personas con cargos de elección popular; para transferir recursos a otras cuentas estatales y en general para pagos de conceptos que no deberían financiarse con estos fondos.

El organismo expone que los estados sólo gastan en nómina 20 por ciento de sus egresos, aunque si se contabiliza correctamente la nómina magisterial, considera que en promedio podría representar 67 por ciento del total.

En este marco, resulta fundamental la serie de reformas al sistema educativo que se alistan en el Congreso, con el propósito de obligar al gobierno federal y a los estados a otorgar una educación de calidad, profesionalizar y evaluar a los maestros y contar con un padrón único para terminar con los profesores fantasmas.

Se trata de acciones orientadas a rescatar a México de la marginación y penuria educativa y que lo ubican en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio. Las poblaciones pobres reciben una educación pobre.

En México, 34 millones de personas están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.

A nivel mundial, ocupamos el lugar 55 en el índice Educación para Todos, que mide el acceso a los servicios educativos. De acuerdo con el informe, tiene el lugar 65 en la cantidad de alumnos que alcanza el quinto grado, y el 66 en alfabetización para adultos. Mientras que en el acceso de las mujeres a la educación, está en la posición 58.

La ONU ha advertido que en México existen grandes asimetrías estructurales y desigualdad en la educación. El país enfrenta dos grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad.

El organismo internacional apuntó que la exclusión de las oportunidades educativas tiene destinatarios muy precisos: Las poblaciones pobres reciben una educación pobre.

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Consultado en:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/27/index.php?section=opinion&article=002a1soc

Promoción cultural en Acapulco

En la edición del 21 de octubre de 2010, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:

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La promoción cultural

Malena Steiner

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La difusión y promoción cultural en Acapulco, de manera institucional, inició ocho años atrás, cuando se creó la Dirección de Cultura en la administración municipal que presidía Alberto López Rosas. Antes, un área aglutinaba deportes, educación y cultura. Tal concentración sólo generó actividades esporádicas de cultura, según el criterio del funcionario a cargo, el cual la mayoría de las veces no cumplía con el perfil idóneo para tantas atribuciones que el puesto le exigía.

Desde luego, el Instituto Guerrerense de Cultura (IGC) ya existía y dispone hasta la fecha de oficinas y una casa de cultura en el puerto. Sin embargo, por diversas razones que merecen un análisis aparte, en su larga trayectoria el IGC ha sido una especie de entelequia más que una instancia de cultura y, claro está, su labor como “Instituto” sigue pendiente.

Si Guerrero ha carecido de escuelas de iniciación artística, mucho se debe a la inoperancia del IGC. Aún le falta un programa sólido de educación artística no formal, por lo menos. Por otro lado, la carencia de estudios a nivel licenciatura, en materia de artes escénicas y visuales, por mencionar un par de ejemplos, quizá se deba más a la falta de visión de las universidades, públicas o privadas, para renovar y enriquecer las licenciaturas que imparten.

En este contexto, resulta natural que los creadores locales desarrollen su trabajo sobre la marcha y con sus propios recursos; los actores adquieren tablas gracias a su tenacidad para realizar una puesta en escena; por falta de apoyos institucionales, ellos mismos se dirigen o hacen las adaptaciones de las obras de teatro; varios de los pintores jóvenes de Acapulco son autodidactas, con talento y sin los medios económicos para cursar estudios universitarios fuera de Acapulco o una residencia artística para mejorar sus técnicas pictóricas. Lo mismo sucede casi con todas las demás disciplinas.

Entonces, el debate debería focalizarse en mejorar las funciones y capacidad de gestión de los responsables de las instituciones culturales de Guerrero, antes de descalificar y atribuir una condición mediocre al quehacer artístico de los porteños. Más allá de la calidad de sus trabajos, es loable que persistan gracias a su necesidad de autoformación. Un creador no debe estar supeditado a lo que una institución le dicte ni al recurso económico que le otorgue.

Sin embargo, en México ha sido el Estado el principal promotor y mecenas de la cultura y las artes. Los artistas e intelectuales están vinculados, para bien y para mal, con la burocracia cultural federal, estatal o municipal.

Volviendo al ámbito acapulqueño, en los últimos cinco años el Ayuntamiento de Acapulco, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, gestionó recursos federales para eventos donde el público sólo es receptor y se presume que Conaculta ya nos reconoce por ello. Nadie “bajó” recursos federales para cursos, talleres o residencias artísticas para los nativos acapulqueños.

Con menos recursos, la gestión de José Dimayuga impulsó en su momento actividades para contribuir a la profesionalización de los creadores y se apoyó la publicación de obras literarias. En los últimos cinco años, nadie ha dicho nada sobre la carencia de recursos para editar la obra de aquellos que escriben, por ejemplo. Bueno, nadie ha dicho nada sobre las inexistentes monografías de los encuentros de escritores. Tampoco se ha comentado la paradoja de estos últimos años de promoción y difusión cultural porteña: el presupuesto de la Dirección de Cultura se reduce anualmente, mientras se elevan los gastos de un par de eventos; y volvemos a lo que creíamos superado: los recursos destinados a la cultura nuevamente se aplican bajo parámetros caprichosos y sin el saber del renglón artístico y cultural.

Además, el titular de la Dirección de Cultura recibe el extrañamiento de Contraloría municipal porque no se comprueba en tiempo y forma el presupuesto ejercido en el II Encuentro de Escritores del Pacífico 2009; nadie dice nada porque, hasta ahora, eso es un asunto interno. Lo lamentable es que la Dirección de Cultura no participa ni en la programación de dicho proyecto y ello se debe a que dos o más personas realizan la misma función, pero con el resultado desastroso de que a la hora de fincar responsabilidades, se lo hacen al que tiene el nombramiento formal, por la simple y sencilla razón de que el proyecto está etiquetado en el presupuesto de dicha dependencia.

Al ámbito cultural de Acapulco le sobran adjetivos pero le faltan análisis sobre su infraestructura; presupuesto, ejercicio y rendición de cuentas del gasto público; evaluación de políticas públicas culturales; condiciones en que los artistas desarrollan su labor creativa y fuentes alternas de financiamiento para proyectos culturales, entre otros temas relevantes. Faltan, pues, diagnósticos serios sobre nuestro ámbito artístico y sobran textos donde se desvalora el trabajo de unos y otros en vez de hacer un frente común; abrimos la puerta para que políticos y funcionarios desatiendan al sector cultural, so pretexto de la tan sobada frase que “estamos divididos”.

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Consultado en:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/21/index.php?section=opinion&article=002a1soc

Sobre el papel de las mujeres...

Mujeres

Ruth Zavaleta Salgado

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La vacante de un ministro en la Suprema Corte de Justicia y las tres en el Instituto Federal Electoral tienen que ser cubiertas con la presencia de las mujeres.

Proyectar la integración de hombres y mujeres en los espacios de poder al paralelo de la conformación de género de la sociedad, es una aspiración legítima, sin embargo, no es a partir de la promoción de cuotas que las mujeres esperan que se les integre a esos espacios de poder, sino a partir del reconocimiento a la capacidad de ejercer la función pública en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Un Estado con un sistema democrático tiene la responsabilidad de generar políticas públicas que permitan generar una nueva cultura en donde la equidad de género prevalezca.

Las mujeres han avanzado a grandes pasos en las últimas tres décadas. A la par que las reformas coyunturales del Estado, se han ido creando las instituciones y los espacios que les han permitido una mayor presencia en el Poder Legislativo y el Ejecutivo a partir de las cuotas de género en las listas de representación proporcional de los partidos políticos en las elecciones federales, las de los estados y las de los municipios.

Fue creada también una ley contra la violencia y la discriminación, se fundó un Instituto Federal de la Mujer y casi todas las entidades federativas cuentan con un Instituto, pero se necesita impulsar una estrategia que genere una nueva cultura en la ciudadanía que impida la exclusión y la aversión por motivos de misoginia.

Para las mujeres, llegar a ejercer la función pública no sólo se traduce en luchar por el reconocimiento al mérito, sino se traduce también, en términos prácticos, en que los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo reconozcan que, entre más espacios protagónicos encabecen las mujeres, más posibilidades tendrán de generar esos nuevos parámetros de valoración hacia la mujer y su nuevo papel en la sociedad mexicana y en la del resto del mundo.

Las mujeres, a más de medio siglo de haber logrado el derecho para votar, ahora tienen retos diferentes.

México está inserto en la región que genera mayor desigualdad social en el planeta y ésta se deriva principalmente de la falta de equidad para acceder a la riqueza que se produce en las naciones.

Pero esta desigualdad social se concentra en las mujeres y las golpea mayormente, pues, si revisamos los datos internacionales y los nacionales, son ellas las que menos posibilidades tienen de educarse, de conseguir empleos dignos o de recibir servicios de seguridad social.

Son las que más sufren de todo tipo de violencia, pero también las de menos posibilidades de ingresar al ejercicio de la función pública. En todo el país, sólo presiden 5% de los municipios; en el caso de las gobernadoras, sólo hay una y, respecto a legisladoras de los congresos estatales, sólo Sonora y Yucatán tienen más de 30% de integración de mujeres.

Si bien es cierto que la mayoría de los espacios que acabo de referir son de elección popular y necesitan contar con apoyo de los votantes, también es cierto que habrá mayor confianza hacia su ejercicio de la función pública si se les permite ejercerla.

Por ello, en el caso de la Suprema Corte de Justicia sería simbólico que una mujer llegara a presidirla, pero no como una concesión de cuotas de género, sino debido al reconocimiento al trabajo y a la capacidad de las mujeres que ya están presentes ahí y que con su labor han marcado la vida de la institución.

Se equivocan aquellos que preguntan si los mexicanos están preparados para que una mujer sea presidenta de la República porque antes deben preguntarse si los partidos políticos y el Poder Ejecutivo (estamos en un sistema presidencial y muchas cosas se determinan por ese poder concentrado) están dispuestos para impulsar que las mujeres sean libres de aspirar con expectativas reales a la Presidencia de la República. No basta tener el derecho consagrado en la Constitución, se necesita confianza y credibilidad de la sociedad y éstas sólo se logran si las mujeres tienen una actuación protagónica en las diferentes esferas de la vida pública

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http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=675737

Sobre impuesto al tabaco...

En la edición del 20 de octubre de 2010, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:

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Los beneficios de incrementar el impuesto al tabaco

Esthela Damián Peralta

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En abril pasado, 24 senadores y 34 diputados de todos los partidos políticos suscribimos una iniciativa para incrementar el impuesto especial al tabaco, de tal forma que se logró elevar en siete pesos el precio de la cajetilla de cigarros, lo cual significará un aumento de ocho pesos en la recaudación.

El planteamiento es que estos recursos se destinen para la atención y prevención de enfermedades ocasionadas por el tabaquismo, sin embargo también he propuesto que dada la terrible situación en la que se encuentran los estados de Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, una parte de dichos recursos se destinen a la atención alimentaria, de salud, cobijo e infraestructura educativa en los estados afectados por fenómenos naturales.

Es más que claro lo que hoy se necesita para ayudar a los miles de damnificados en esta temporada de lluvias. La experiencia nos los demuestra: a finales de 1985 nos encontrábamos en un escenario similar, tras el sismo que pareció derrumbar la ciudad de México, se requerían recursos adicionales.

En ese entonces, se incrementaron los impuestos al tabaco en 40 puntos porcentuales, como resultado se obtuvieron recursos adicionales por más de 5 mil millones de pesos, lo cual ayudó a la Ciudad de México a sobreponerse de tan terrible desastre natural.

Hoy, la emergencia no es menor. En lo que va del año hemos sido afectados por 11 tormentas tropicales, derivado de ello se declararon en estado de emergencia 49 municipios en Nuevo León, 142 en Veracruz, 161 en Oaxaca, 37 en Chiapas y 13 en Tabasco; adicionalmente fueron declarados como zona de desastre natural 49 municipios en Nuevo León, 173 en Veracruz, 119 en Oaxaca, 43 en Chiapas y 13 en Tabasco. En total van hasta ahora 433 municipios declarados en estado de emergencia y 430 en estado de desastre natural. De aquí la urgente necesidad de canalizar recursos para apoyar a la población que resultó afectada.

En este tenor, hace unos días, diputados federales y senadores del PAN, PRD, PVEM y Convergencia establecimos un frente común para impulsar las distintas iniciativas que existen en ambas Cámaras para incrementar el impuesto especial al tabaco, lo cual también permitirá resarcir los daños que el consumo de este producto provoca a la sociedad y que son absorbidos por el Estado.

Expresamos nuestra confianza de que la iniciativa fuera aprobada, como así ocurrió, y considerada en la Ley de Ingresos del 2011. Asimismo, coincidimos en que la vivencia internacional ha demostrado que un incremento en el precio de las cajetillas de cigarrillos sí puede incidir en su consumo, especialmente entre el público más joven.

En lo personal, exhorté a buscar las alianzas partidistas que hagan falta para que en próximas fechas se voten de manera directa recursos públicos que permitan atender a las personas que enfrentan padecimientos provocados por el consumo del tabaco.

No podemos permitir que los fumadores pasivos y activos de repente no tengan posibilidades de una mejor atención médica por falta de recursos; canalicemos más dinero al tema de la salud incrementado el impuesto al tabaco.

Es un hecho que los legisladores de todos los grupos parlamentarios quieren que se apruebe este aumento, aunque no menos cierto es que hay presiones económicas muy fuertes atrás que no quieren que esto suceda.

Los impuestos son el mejor instrumento para encarecer los cigarrillos, porque tiene el efecto de que por cada 10 por ciento que se suba el precio de las cajetillas, cinco por ciento dejarán de fumar. Si el aumento llegara a ser del 20 por ciento, entonces estaríamos rescatando un millón de vidas.

En agosto pasado se realizó una encueta en mil 500 hogares, donde el 73 por ciento de los mexicanos apoyó un incremento al precio de los cigarrillos, no existe ningún impuesto que tenga ese grado de aceptación.

El consumo de tabaco es considerado como una epidemia de dimensiones globales que está causando daños devastadores alrededor del mundo. En México existen más de 10 millones de fumadores, lo que representa el 16 por ciento de la población total. De acuerdo a la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, el 50 por ciento de ellos morirá a consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Es así que muchas son las ventajas de incrementar el impuesto al tabaco.

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Consultado en:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/20/index.php?section=opinion&article=002a1soc

Sobre el nombramiento de ministros en México...

En la edición del 19 de octubre de 2010, EXCÉLSIOR publicó la siguiente nota:
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Vacante en la Suprema Corte

Mario Melgar Adalid
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La Suprema Corte de Justicia mexicana tiene una vacante. Conforme a las reglas constitucionales, el Presidente debe enviar una terna para que el Senado haga comparecer a los terneros y evalúe quién debe ser designado ministro. La Barra Mexicana de Abogados envió una carta al Presidente proponiendo candidatos para el cargo.
La Barra de Abogados no es más que una organización civil, sin atribución ni función oficial, en tanto en México no existe la colegiación obligatoria de los abogados como sucede en casi todos los países. Está constituida como Asociación Civil. Es una especie de Club del Abogado.
La carta al Presidente tiene dos problemas. Si el presidente Calderón le hace caso, vulnera parte de su imperio. La decisión presidencial es exclusiva. Si no le hace caso, la Barra quedará en un intento fallido, estéril y poco político. En su afán de notoriedad y protagonismo la Barra de Abogados publicó su preferencia por cinco abogados, cuatro de ellos funcionarios del Poder Judicial federal y un abogado postulante. Éste último, más bien desconocido, sin obra publicada, ni méritos extraordinarios, como sugiere el cargo para el que fue propuesto.
En cuanto a los otros cuatro, algunos con prestigio judicial, académico y ético, bien ganado como el magistrado Alberto Pérez Dayán. Les dieron el beso de la muerte,
Los candidatos de la Barra de Abogados son funcionarios con adscripción en el Primer Circuito. Todos tienen su sede en Distrito Federal. Como si México se acabara en Cuautitlán. ¿Y los centenares de magistrados y jueces federales adscritos por toda la República?
Probablemente la Barra Mexicana se animó a darle sugerencias no pedidas al Presidente, como si se tratara de la Barra Americana (American Bar Association). Tal vez no sepan todavía que en una época la organización estadunidense, que es la agrupación de abogados más grande del mundo, se ocupó de intervenir en los procesos de selección de candidatos a cubrir vacantes de la Suprema Corte de EU. Tenía influencia y podía llegar hasta vetar algún candidato presidencial. Ya no.
El (ex) presidente George W. Bush modificó la participación de la Barra en el proceso de designación de los jueces federales y los jueces asociados integrantes de la Suprema Corte para asumirla integralmente. Alberto González, abogado del Presidente y, quien después sería el abogado general de Estados Unidos, se dirigió formalmente a la Barra para decirles, a nombre del mandatario, que era inadecuado el hecho de que la Barra tuviera una voz, casi oficial y jugara un papel único, su voz fuera escuchada antes y por encima de otras en los procesos de designación de los jueces federales y de los ministros de la Suprema Corte.
El presidente de EU-escribió González a la Barra Americana de Abogados-, no otorga un papel preferencial, casi oficial en la selección de los jueces federales a ningún grupo políticamente activo. No se metan con las facultades del Presidente.
Algo similar debería decírsele a la Barra Mexicana de Abogados en su pretensión de participar en la selección de los ministros de la Corte. No se debe presionar al Presidente de la República ni orientarlo en sus decisiones que la Constitución le confiere. No solamente vulnera la figura presidencial, bastante debilitada por cierto, sino que compromete la independencia de los jueces y la autonomía de la Suprema Corte.
Es deseable que el Presidente haga una buena propuesta. Las anteriores que hizo para las vacantes que se han dado no pudieron ser mejores. Se quedaron en el camino magníficos prospectos como Eduardo Ferrer Mac-Gregor o Jorge Carlos Adame Godard, pero así son las reglas. La Corte requiere integrantes independientes y con carácter, además con buen carácter. Es necesario que el Presidente y el Senado tomen en cuenta que solamente con una judicatura independiente existe certeza de que habrá justicia constitucional.
El ministro de la Corte que nombren deberá tener la autoridad para resolver los casos que se presenten, pero también e igualmente importante las destrezas jurídicas para aplicar la ley suprema del país.
Y que la Barra de Abogados organice tertulias en lugar de hacer política con nombramientos que no le corresponden.
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Consultado en:
http://excelsior.com.mx/index.php?m=opinion_interior&cat=126

Sobre las policías municipales

En la edición del 14 de octubre de 2010, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:

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Hacia el fortalecimiento de las policías municipales

Estela Damián Peralta

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Frente al escenario de gran inseguridad que vivimos hoy día la mayoría de mexicanos, uno de los temas que figura en el centro del debate nacional es la iniciativa que hace unos días presentó el gobierno federal para crear un Mando Único de Policía Estatal, impulsada desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La justificación de la propuesta radica en que cerca de 400 municipios no cuentan con cuerpo policiaco, que el 90 por ciento de la corporación dispone de menos de 100 elementos, y el 61 por ciento de los policías tienen sueldos inferiores a los cuatro mil pesos mensuales. Sin embargo, el modelo de Policía Única Nacional no resulta políticamente factible ni viable, por lo que más conveniente sería fortalecer los cuerpos policiacos en cada entidad.

Estoy convencida de que la unificación de las policías en una sola corporación, sería un error, resulta mucho más sensato que contemos con una policía en cada estado de la República, que tengan una policía eficaz y contundente, que cuenten con su propio despliegue de fuerzas para que puedan hacer frente a la delincuencia organizada. A diferencia de países como Colombia, donde se cuenta con el modelo de Policía Única, en México este esquema no es viable.

Hasta ahora, parece que existen más voces en contra que a favor de la iniciativa, entre éstas la de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), que integra a mil 200 alcaldes y que rechazó la creación de 32 policías estatales. Acertado el reclamo que hicieron los ediles de respetar la esencia y atribuciones del orden municipal, al considerar que la desaparición de la policía municipal no resolverá el grave problema de inseguridad en el país.

Coinciden en que en lugar de desaparecer a los policías municipales, lo mejor es que les garanticen condiciones óptimas de trabajo y enfocar los esfuerzos hacia una estrategia seria y global para la lucha contra el crimen organizado, que incluya mejores salarios y una formación académica especializada en seguridad ciudadana.

Un hecho que no podemos ignorar es que durante años, no ha existido coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, ni diseños inteligentes para combatir de forma integral la inseguridad.

Tampoco debemos pasar por alto que la Constitución otorga a los municipios la autonomía para manejar varios servicios, entre ellos la seguridad pública, enmarcando la competencia de la policía municipal, estatal y federal; también da facultad a los municipios de coordinarse y asociarse para definir en conjunto estrategias y de esta forma enfrentar problemas comunes como la inseguridad.

Por eso, creo que la iniciativa debe ser valorada en un sentido que no quite autonomía a los municipios, pero que sí los involucre en la prevención y persecución del delito; recordemos que los policías municipales no son únicamente para prevenir la comisión de ilícitos, sino también para coadyuvar en las investigaciones de los mismos.

La propuesta parece indicar que lo único que el gobierno federal busca con esta medida, es contar con una línea vertical de mando que le garantice injerencia directa en todo el territorio con los objetivos delimitados en una estrategia insuficiente como lo es la persecución.

El Mando Único Estatal no está concebido como un proceso de refundación y rediseño institucional, sino que sólo propone modificaciones en términos de su coordinación y procedimientos, no constituye un esfuerzo de modificación sustancial de la función policial.

México aún no está preparado para un mando único policial en cada una de las entidades federativas, debido a que, mientras el sistema nacional de seguridad no sufra una verdadera transformación, no resolverá un problema que ha rebasado la actual aplicación de la ley, respecto a la necesidad de enfrentar, además de los delitos del fuero común, a grupos del crimen organizado.

No veo razón alguna para que los gobernadores quieran desaparecer la policía municipal para transferir tanto los recursos humanos como presupuestales a los estados, cuando en este momento las policías estatales son las más ineficientes en el país. Lo que quieren hacer los gobernadores es arrancarle otro pedazo al presupuesto de los municipios más que un interés genuino de combatir el crimen organizado.

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Consultado en:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/14/index.php?section=opinion&article=002a1soc

Sobre la policía comunitaria en Guerrero

La “Policía Comunitaria” en Guerrero

Eduardo López Betancourt

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Más allá del formalismo jurídico que impera, en torno a una gestión no institucional de la seguridad y del delito, se han desarrollado diversas experiencias en variadas partes del mundo, bajo la forma de proyectos multidimensionales y multidisciplinarios, mismos que privilegian la prevención frente a la represión, y la participación comunitaria frente a la vigilancia y el control de las fuerzas estatales del orden.

Entre esos proyectos, que tienden a un reacercamiento entre la función policíaca y la comunidad, pueden mencionarse el de ciudad segura en Italia; las iniciativas impulsadas en países latinoamericanos, como la policía de orientación comunitaria en Brasil, el modelo de seguridad comunitaria en Costa Rica, o la experiencia análoga en Chile.

Estos esquemas “comunitarios”, se han presentado como alternativas frente a los modelos tradicionales de combate al crimen, generalmente autoritarios, que además de ineficientes, se han mostrado en conflicto constante con las perspectivas de desarrollo democrático de las sociedades.

Pese a que las opciones aún se presentan en estado embrionario, se considera que existen evidencias, respecto a que estas actividades de vigilancia comunitaria parecen tener relativo éxito en Latinoamérica. Especialmente, pueden tener efectividad allí dónde las agencias policiales son altamente corruptas, carecen de la confianza pública y operan bajo una organización jerarquizada, casi militarizada.

Existe en México, un caso paradigmático de gestión comunitaria de la seguridad pública, que si bien es constante tema de estudio de diversos científicos sociales, como sociólogos y antropólogos, no ha sido adecuadamente analizado por los juristas, como lo es la “policía comunitaria” de la región Costa Chica y La Montaña de Guerrero.

Esta iniciativa, según reseñan sus propios fundadores, surgió ante una crisis de seguridad en dicha región, caracterizada no sólo por una alta incidencia delictiva, sino también por la total ausencia de mecanismos institucionales de seguridad y de procuración de justicia. Ante este vacío, las comunidades indígenas decidieron organizarse y construir un proyecto de guardia comunitaria, desde una base popular.

Aunque el proyecto de “policía comunitaria” de Guerrero, claramente se encuentra en una etapa inicial, los resultados presentados hasta el momento parecen ser exitosos. Según diversos estudios preliminares, la satisfacción de la comunidad con la “policía comunitaria” (como indican los reportes de los funcionarios locales, la ausencia de protestas locales organizadas, y las demandas para recibir ayuda a fin de extender esta práctica a las comunidades vecinas) sugiere que están brindando un servicio público útil de un modo razonablemente exitoso.

La evaluación de los resultados y el debate al respecto apenas comienza. Como se ha señalado, los juristas permanecen al margen del mismo, especialmente, por considerar que la iniciativa de la “policía comunitaria” actúa al margen de la ley, tomando funciones que corresponden al Estado.

Si bien, ello es cierto en la visión formalista imperante, no debe olvidarse que el proyecto comunitario surgió como consecuencia de un abandono de las obligaciones estatales de garantizar seguridad pública. Es tangible que la iniciativa ciudadana nunca pretendió reemplazar al Estado, sino simplemente, atender una necesidad urgente de seguridad.

En este contexto, en el marco del XV aniversario de dicha “policía comunitaria,” se realizará en próximos días el “Encuentro nacional por la justicia y la seguridad de los pueblos”, en San Luis Acatlán. Es recomendable seguir este fenómeno social de la “policía comunitaria” de cerca; especialmente, cuando el grave estado de inseguridad que aqueja al país, obliga a una reflexión madura y responsable en torno a todas las alternativas posibles.

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Consultado en:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/12/index.php?section=opinion&article=002a1soc

Sobre "El Infierno"

El Infierno: narcometraje patrocinado por el gobierno

Mario Melgar Adalid.
Hubo la época de oro del cine nacional. México, país de luz y sombras, se acomodó bien al cine en blanco y negro. Por alguna razón, tal vez cromática, el cine mexicano empezó a declinar con la llegada del technicolor. Con los colores se apagó el cine que tanto influyó en la imagen internacional del país. Todavía en Latinoamérica y en España saben de México por María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, Pedro Infante, Silvia Pinal, Tin-Tan, Cantinflas, Arturo de Córdoba y muchos etcéteras.

En aquellos días, un grupo de cineastas decidió producir una película histórica basada en la mejor novela de la revolución mexicana: La Sombra del Caudillo. Su autor, Martín Luis Guzmán, no ha recibido todavía el reconocimiento que merece. Apenas ahora el Fondo de Cultura Económica publica sus obras completas. Su crítica al régimen fue la razón de haberlo proscrito. La película asustó al gobierno influenciado por los militares que la censuraron. Como todo en México, la película encontró salida: las exhibiciones clandestinas.

Llamaba la atención que la propia Secretaría de la Defensa, la que otorgó facilidades para la filmación de la película, se opusiera a su exhibición. Otras dependencias auxiliaron a la realización. Se filmó en el Castillo de Chapultepec y en la Cámara de Diputados, ahora recinto de la Asamblea del Distrito Federal.

La película es muy buena, la trama es apegada al relato que, con las licencias del novelista, muestra fielmente un episodio trágico del autoritarismo mexicano. La protagonizaron magistralmente Tomás Perrín, TitoJunco, Ignacio López Tarso, Carlos López Moctezuma y Kittyde Hoyos.

La película ganó un premio internacional especial al participar en el Festival de Karlovy Vary. ¿Por qué el gobierno ayudó a filmarla para después impedir su exhibición? Misterio.

Más misterioso aún es el apoyo financiero del gobierno federal para El Infierno. Esta controversial película hace la descripción ruda de la más cruda realidad nacional. Se realizó con dinero del Conaculta. En una escena aparece, algo velada, la figura del presidente Calderón. El diálogo provoca la burla del público asistente en las salas de exhibición, cuando Daniel Giménez Cacho, el Capitán Ramírez, al hablar de los testigos protegidos dice que el presidente "ha convertido al país en uno de soplones".

La libertad de expresión es una garantía que se origina por la necesidad de criticar libremente al gobierno. Está muy bien que se respete tal libertad, pero de eso a dar dinero destinado a la cultura, para que ridiculicen al Presidente, hay diferencia.

La película habrá de exhibirse en el extranjero, donde no entenderán cómo el gobierno mexicano que lucha contra el crimen, patrocina una película en que lo único evidente es que el gobierno no puede contra el narco que combate. Esta película es la negación de todos los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Turismo por promover la imagen del país en el extranjero. Quien la vea en el mundo difícilmente decidirá invertir o visitarnos.

Bob Rivard, el editor del periódico San Antonio Express News, que desde hace años tiene una sección dedicada a México, refirió en su columna semanal su entrevista con el presidente Calderón, con motivo de los periodistas asesinados o plagiados por el crimen organizado. Dice que en esta lucha, él está con el presidente Calderón. Eso quisiéramos muchos mexicanos, pero no se puede con tantas incongruencias como la de promover oficialmente un narcometraje. La película El Infierno es muy buena, la imagen que difunde no puede ser peor. Mejor hubiera sido la película del Bicentenario, la que incomprensiblemente no se hizo...

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Publicado en Excélsior

Pasado y reconciliación

La izquierda y la obsesión por el pasado

Armando Escobar Zavala

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La pasión necrológica sigue consumiendo gran parte del discurso político y la energía de la izquierda. En un manto de legitimidad histórica, buscan justificar su hoja de ruta en los legados del pasado, más que en los requerimientos del futuro.

Genera más polémica dónde enterrar a los héroes del siglo XIX en lugar de debatir el contenido que deben tener los planes y programas de estudios de los niños y jóvenes del siglo XXI.

Hugo Chávez hizo desenterrar los restos de Bolívar, que habían estado descansando durante más de un siglo en el Panteón Nacional, para hacer una “investigación científica e histórica” de su muerte.

Pero en esto de la “legitimidad histórica”, el presidente de Venezuela no está solo. En la ceremonia de apertura de la Cumbre de las Américas de 2009 en Trinidad y Tobago, Barack Obama respondió a los presidentes de Argentina y Nicaragua que minutos antes habían pronunciado apasionados discursos centrados en la historia de las relaciones latinoamericanas con Estados Unidos y el Caribe, en un recuento de todas sus injerencias desde comienzos del siglo XIX.

Finalizada la diatriba de Daniel Ortega, Obama con una sonrisa cordial, comenzó con una broma de la invasión a Bahía de Cochinos. “Estoy muy agradecido que el presidente Ortega no me haya culpado personalmente por cosas que pasaron cuando yo tenía tres meses de edad”.

Acto seguido reconoció que Estados Unidos había hecho cosas buenas y malas en el pasado, pero anunció que había llegado el momento de dejar atrás debates estériles y concentrarse en el futuro.

“No he venido aquí para debatir el pasado. He venido aquí a lidiar con el futuro”.

¿Por qué en este proceso electoral de Guerrero no discutimos planes estratégicos para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los guerrerenses y superamos los rollos “retro” de nuestra izquierda? ¿Cuál será su discurso cuando Figueroa no esté? ¿Por qué no tomar el ejemplo de Pepe Mujica, ex guerrillero y actual presidente de Uruguay, quien convocó a que bajo su gobierno creará las condiciones políticas transformadoras de largo plazo, con políticas nacionales no de un partido. Mujica y su esposa Lucia Topolansky (preside actualmente el Senado) pasaron 13 años en la cárcel, pero en el Uruguay de hoy, llaman a la reconciliación, incluso a aquellos que asesinaron y desaparecieron a sus compañeros Tupamaros. De la cárcel salieron con la cabeza lúcida y el compromiso entero.

Ese es el dirigente que sin haberse dejado “convertir” por las ideas dominantes en el presente, tampoco se siente atado a las ideas que defendió en su pasado, sin por ello renegar de las mismas. En nombre de las viejas luchas se puedan validar los nuevos encuentros.

No deja de tener una gran importancia simbólica y práctica que Mujica, cargando una mochila de 74 años en la que seguramente pesa un justificado rencor, se comprometa a los cuatro vientos con el desafío de la pobreza y evite el atajo de distraer a sus seguidores con juicios a represores que son, en muchos casos, más viejos que él. Y que invariablemente pertenecen al pasado. A él, que también protagonizó esa historia, todavía lo convoca el futuro.

Otro ejemplo a imitar es Mandela. Cuando en los 90 asumió la presidencia de Sudáfrica estrechó la mano de sus carceleros, ante la incomprensión de los radicales.

En todos estos casos no se trató de indultos o amnistías a determinados responsables políticos, sino de pacificar los ánimos sociales para cuidar la construcción democrática.

Resulta probable, que los desaparecidos compartirían la postura de Mujica y Mandela en torno a la necesidad de mirar hacia adelante. Lo harían porque pertenecieron a una izquierda apasionada por el futuro. Lo harían porque no entregaron sus vidas para que una proporción alarmante de la izquierda actual, desorientada y desmotivada ante el porvenir, agote sus magras energías ocupándose de ellos.

Reclamar justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado es obligación preeminente. Pero en más de una ocasión ha demostrado no serlo y se ha convertido, incluso, en un objetivo de militancia sobreactuada que sirve para maquillar imperdonables claudicaciones.

Una parte significativa de la izquierda ha desarrollado una fijación con el pasado que en su oportunismo posmoderno le sirve de subterfugio para seguir considerándose como tal aunque haga poco y nada en el presente para merecer este apelativo.

Con esta actitud de complacencia ideológica y de obsesión por el pasado, los “herederos” de aquellos activistas solo contribuyen a reproducir una realidad social todavía más injusta que la que sus muertos y desaparecidos buscaban cambiar.

aresza2@hotmail.com 

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http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/10/03/index.php?section=opinion&article=002a1soc