Sobre el Constituyente Guerrerense

A continuación publicamos el texto que sirvió de base a la conferencia dictada el 30 de enero de 2009, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Iguala, impartida por David Cienfuegos Salgado, sobre el Congreso Constituyente del estado de Guerrero.

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El Congreso Constituyente Guerrerense
David Cienfuegos Salgado

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Agradezco la invitación de los organizadores para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Congreso Constituyente Guerrerense. Reflexiones que resultan pertinentes ahora que Iguala es, así sea por un día, nuevamente capital del Estado, pues se reúnen aquí los representantes de los órganos que constituyen el poder público local, pero más aún por la urgente necesidad de pensar la manera en que debemos constitucionalizar nuestras sociedades para alcanzar eso que la doctrina ha denominado estado constitucional y democrático de derecho.
Hablar del Congreso Constituyente local implica, en primer lugar, volver en el tiempo y situarnos en un momento muy diverso. Y aquí valdría hacer referencia que su existencia misma es la constancia más clara que ha culminado el proceso de creación de una de las entidades paradigmáticas del país.
Guerrero es el producto de una serie de reivindicaciones políticas que se hacen desde el momento mismo de la lucha independentista.
El Congreso de Anáhuac al que convoca Morelos en 1813 no puede legitimarse sino a partir de que su sede sea un nuevo territorio, una provincia que sujeta a los designios de la nueva nación, de albergue a quienes vendrán a constituir un nuevo espacio político y social en la América Septentrional. Así, el estado de Guerrero es heredero de la histórica provincia de Tecpan, cuya capital, el pueblo de Tecpan será elevado a la categoría de ciudad con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe.
Así, desde abril de 1811 hasta octubre de 1849 habrán de pasar 38 años de lucha por la construcción de un espacio político que llevaría, al final, el nombre de uno de los insurgentes surianos. La creación del estado de Guerrero no estuvo exenta de vicisitudes y la revisión de ese proceso resulta interesante en extremo, porque permite advertir el poder que podía desplegarse desde el Sur. No en balde se ha llegado a afirmar que la creación del estado fue un premio para el general Álvarez, quien junto con su acérrimo rival, Nicolás Bravo, impulsaron la creación del estado de Guerrero.
La capital del naciente sería Iguala, que hoy recibe a propios y extraños, para conmemorar el aniversario de la instalación del Congreso Constituyente, un lejano 30 de enero de 1850.
El acta de elección de diputados al Congreso Constituyente, del 6 de enero de 1850, consigna la designación de los primeros representantes de los Guerrerenses, y representantes en la máxima extensión de la palabra, pues eran ello los encargados de constituir el orden jurídico, tan indispensable para legitimar y dar vida al naciente Estado.
Iguala, la capital provisional, se engalanaba con tales designaciones y el entonces Palacio de Gobierno era un ir y venir de personas. Agregaba así, un nuevo título a su prosapia. Linaje del que los igualtecos debemos sentirnos orgullosos.
Iguala es el Yoaltepec que describe en 1522 Francisco Mejía; es la Yohuala que relacionó Alonso Maldonado en 1569, y más tarde, en 1579 Fernando Alfonso de Estrada. La misma que “en lengua castellana quiere decir escuridad”, y que para otros es “Lugar de la noche”, “lugar donde refresca la noche” o incluso “Cerro de la rueda”.
Yoalán, Yohualtepec, Yoguala, Iguala. Es aquí, donde bajo la égida del Plan de Iguala, la nación mexicana refrenda su independencia, proclamada en noviembre de 1813 por Morelos en Chilpancingo. Es aquí donde uno de los símbolos patrios toma forma: Iguala es la cuna de la Bandera Nacional. Y cuyas circunstancias son bordadas por Rafael Estrada Michel en uno de sus libros.
Es Iguala la tierra que en 1832 acogiera las raíces de los 31 tamarindos y una tamarinda, mandados plantar en el zócalo local por el Gral. Luis Gonzaga Vieyra,. En 1835, el Congreso del Estado de México concede al pueblo de Iguala el rango de ciudad, con el nombre de Iguala de Iturbide, y como hemos visto, en 1849 se convierte en la primera capital del naciente Estado de Guerrero y, luego ve instalarse el primer Congreso local, con la calidad de Constituyente, el que entre otros hechos, habría de dar, en marzo de 1850, la Ley Orgánica para el Arreglo Interior del Estado de Guerrero, y en junio de 1851, la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Sería una efímera capital, pues el 21 de marzo de 1850, un decreto del propio Congreso Constituyente trasladaría “los superiores poderes del Estado”. La capital se iría de Iguala de Iturbide a la Ciudad de Guerrero. Tuxtla sería el escenario de los debates que se suscitarían entre los constituyentes guerrerenses para dar su Constitución al estado.
Si revisamos la historia constitucional del estado de Guerrero nos percataremos de que es una historia rica, con variopintos que la hacen de interés para el jurista, para el historiador, para el politólogo, para el literato … es una historia como sólo en el Sur se puede dar.
Valdría decir que el nacimiento del estado no fue nada pacífico. La pugna entre los grupos presentes en el naciente Congreso adquirió proporciones que quedaron plasmados en las comunicaciones publicadas en el periódico oficial, “La Aurora del Sur”.
Tratándose del tema de nuestra charla, debo decir que paradójicamente, Chilpancingo, la actual ciudad capital, nunca ha tenido un Congreso Constituyente, al menos como tal. Aunque la Constitución local se ha reformado en innumerables ocasiones, quienes han fungido como constituyentes fueron los integrantes de las legislaturas ordinaria “en funciones de”, es decir con la calidad de órgano revisor de la Constitución, cuya integración incluye también a los Ayuntamientos, a diferencia del constituyente “original” que no requiere de la aprobación de los ayuntamientos para que sus decisiones se conviertan en derecho estatal.
Históricamente, se conocen dos congresos constituyentes en el Estado de Guerrero. Ambos produjeron tres documentos fundamentales en la historia constitucional del Estado suriano: el primero, la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo Interior del Estado de Guerrero (1850) y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 1851; el segundo, habría de dictar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que deroga la de 29 de noviembre de 1880.
Como dije, ninguno de estos textos constitucionales fue discutido en la actual capital guerrerense: la Ley Orgánica se discutió y aprobó en Iguala; la primera Constitución en Tixtla y la de 1917 en Acapulco.
Ahora bien, éstas no han sido los únicos textos constitucionales del estado. La segunda Constitución, de 1862, fue discutida en Tixtla y promulgada en la hacienda La Providencia. Los de 1874 y 1880, fueron discutidos y publicados ya en la capital, entonces ciudad Bravo, pro insistiré que fueron producto de la labor revisora y no de un constituyente.
Debo agregar que la cualidad de capitalidad de una ciudad es un asunto importante por las repercusiones que tiene, tanto en el ámbito político como jurídico. En su momento, las capitales del Estado han sido: Iguala (de Iturbide, en aquel entonces); Ciudad Guerrero (Tixtla de Guerrero); Chilpancingo (de los Bravo, o Ciudad Bravos simplemente) y Acapulco (de Juárez). Sin embargo, un estudio más minucioso permite verificar que formalmente, en los últimos años, la Capital del Estado se ha trasladado extraordinariamente a otros lugares de la geografía guerrerense.
Así han sido “capitales por un solo día”, entre otras, las ciudades de Ayutla de los Libres, Tlapa de Comonfort, Iguala de la Independencia y Tixtla de Guerrero.
A pesar de que la Constitución local ha tenido una amplia evolución jurídica, como lo demuestra la abundancia de textos constitucionales, son precisamente los de 1851 y 1917, los que marcan definitivamente el rumbo del Estado suriano. En 1851, por vez primera el Congreso da al naciente Estado los elementos jurídicos que permitirán su existencia; en 1917, la promulgación del texto constitucional demuestra la influencia que había tenido el movimiento revolucionario en las elites del poder guerrerense, y se asume así, la disposición del Estado de Guerrero de iniciar una nueva época bajo la égida de un nuevo orden constitucional, el emanado de las reformas a la Constitución de 1857.
Al igual que otras entidades federativas, en Guerrero poco se ha escrito sobre el procedimiento constituyente local. Las investigaciones sobre el tema no se han divulgado con profusión: aquí citaría los trabajos que conozco: de Ángel Miguel Sebastián Ríos, de Efraín Flores Maldonado, de José Gilberto Garza Grimaldo y de Miguel Ángel Parra Bedrán, en los primeros casos en cumplimiento de requisitos académicos y en el segundo en ejercicio de una labor de investigación.
Hasta la fecha no ha sido publicada ninguna versión completa de los debates de la Constitución de 1851, ni de los de la de 1917. Hace diez años, el Congreso local publicó, en coedición, con el Gobierno del Estado, los tres tomos del Digesto Constitucional Mexicano dedicado al estado de Guerrero, coordinados por el Dr. Manuel González Oropeza y el que habla. Hay necesidad de retomar dicho proyecto para rescatar las fuentes del constitucionalismo local y al respecto sé que hay desde hace años, un importante proyecto de recopilación de la obra del legislativo guerrerense a cargo del Dr. Jaime Salazar Adame, esperemos que vea pronto la luz.
La importancia de esta labor se advierte, si mencionamos que del Constituyente local de 1917, cuya labor se desarrolló en la ciudad y puerto de Acapulco, no se tiene ninguna mención en los libros existentes en el Archivo del Poder Legislativo. Y resulta importante porque es el momento en que se discute la nueva Constitución. Afortunadamente, extractos de tales sesiones aparecieron en diversos números del Semanario Oficial, que era órgano oficial del gobierno local. La mala noticia es que las vicisitudes políticas impidieron su cabal conclusión, pues los textos rescatados del Semanario Oficial, correspondientes al año de 1918, inexplicablemente dejan trunca la publicación de los debates. Explicable la situación por las desavenencias que tenía el gobernador Mariscal.
En este sentido, debe coincidirse que la guerrerense, es una historia constitucional plagada de acontecimientos significativos y paradojas aleccionadoras. Su estudio, resulta impostergable para las nuevas generaciones de guerrerenses interesados en su desarrollo.
Hablar de un tema como el del Congreso Constituyente Guerrerense implica preguntarnos sobre la ciudadanía, sobre nuestra capacidad de participar activamente en la vida política y sobre todo sobre nuestras posibilidades de ser.
Finalizo. Hace unos días leía la novela histórica que publicará Mauricio Leyva. El tema central es el Plan del Zapote, dictado en Mochitlán. Guerreo, un lejano abril de 1901. En esa novela el autor construye y pone en voz de Porfirio Díaz una serie de preguntas, que dirige a su entonces secretario, Flavio Maldonado. En ese ejercicio literario, las preguntas que el anciano dictador hace son las que creo debemos hacernos (y en no pocas ocasiones nos hacemos los guerrerenses) no porque sean las más importantes sino porque son las que necesitamos responder antes de pensar en nuestro país. Las preguntas que insisto, la imaginación del literato puso en boca de Díaz son: ¿Qué pasa con este Estado?, ¿Es que los guerrerenses nunca pueden estar en paz?, ¿y de qué les sirve ser rebeldes?
Hoy, próximos a celebrar los 160 años de vida de este estado, conviene hacer una reflexión sobre lo que ha significado ser testigos de una historia plagada de abusos y de luchas perdidas, pero sobre todo reflexionar acerca de la posibilidad de que, desde todas nuestras trincheras, sea desde el arte, la literatura, la política, el derecho, iniciemos un debate serio, constructivo, necesario para que este país, Guerrero, y esta patria, México, sean el mejor de los hogares posibles.
Muchas gracias.

Sobre el libro Chilpancingo Capital

A continuación trascribimos las palabras pronunciadas por el Dr. Jaime Salazar Adame, durante la presentación de la obra Chilpancigno capitla. De los orígenes a la modernidad, el pasado 21 de enero de 2009. Agradecemos al autor el envío de dicho texto.

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Chilpancingo capital. De los orígenes a la modernidad.[1]
Jaime Salazar Adame.[2]
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Si como afirma Berdiaev, es un error el creer que los pueblos y las sociedades viven en el presente, cuando éste es apenas asequible, en realidad, se vive en la fuerza del pasado, de los orígenes y en la atracción del porvenir.
Así es como vivimos los chilpancinguenses, poseedores de una conciencia histórica; al amparo de nuestra ciudad capital.
En ese sentido, el interés del gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo por editar y lograr reunir origen y modernidad en un libro altamente visual, significa penetrar en el secreto de la dinámica humana, espiritual, material, política y social de un pueblo en el que pasado heroico y presente promisorio se dan la mano.

Quien es capaz de dar testimonio de los orígenes desde el ejercicio del poder público, consigue igualmente proyectarlos hacia el futuro, para así actualizarlos, vivificarlos y convertirlos en la fuerza operativa y emprendedora, impulsándolos desde el viejo mundo chilpancingueño, hacia su civilización hecha cultura; con sus muy ricas y variadas expresiones arquitectónicas, escultóricas, colecciones artísticas y murales, fiestas populares de prestigio, vistosa indumentaria, movimiento, luz y colorido.
El libro, Chilpancingo Capital. De los orígenes a la modernidad, de gran formato y a todo color, recoge los aspectos centrales de la historia de los primeros grupos humanos que habitaron el valle del Huacapa, hasta el desarrollo urbano de la ciudad actual. Deja entrever también que los chilpancingueños, como el resto de las sociedades humanas, han pasado por un lento proceso de evolución, durante el cual sus instituciones sociales se han hecho cada vez más complejas, adquiriendo así, mayor conocimiento propio y del ambiente que les rodea, y son capaces de satisfacer mayores demandas de bienes de producción y reproducción de sí mismas.
La idea original que animó la investigación, redacción y edición del libro provino de Israel Soberanis Nogueda; las imágenes son producto de la lente fotográfica profesional de Arturo Piera, la corrección de estilo fue de Rodolfo Wratny, y el servidor de ustedes como autor del guión y del texto. Procedí como en el Oráculo manual y arte de la prudencia nos dice Baltasar Gracián, que no se han de emplear más fuerzas de las que son menester, (para que) no haya desperdicio ni de saber, ni de valer. Por eso podemos decir que estamos satisfechos con esta corta y a la vez, intensa experiencia que nos hizo recorrer a nuestra querida ciudad capital y admirarla en sus diversas facetas.
En los 14 capítulos del texto se puede apreciar la historia y desarrollo urbano de Chilpancingo, así como la visión general de la capital y de sus monumentos, conjuntos habitacionales, educativos, culturales, comerciales, paseos, jardines, gastronomía, actividades recreativas y de esparcimiento. Lográndose entender el concepto de modernidad como sinónimo de progreso, desarrollo, evolución, crecimiento, cambio, centro, pero lo que se pretende denotar, es el que expresa mejor la idea de paso de una sociedad a otra diferente, como una categoría fundamental para entender el mundo social y cultural que nos rodea.
También se problematiza a la ciudad de Chilpancingo, cabeza política del estado de Guerrero, con la intención oficial de transformarla en una ciudad que contribuya a la solución de problemas: como la aglomeración, la insuficiencia de servicios -principalmente los viales y de habilitación de oficinas- tanto para brindar mejor atención a la ciudadanía, como para el beneficio de la hacienda pública.
En las fachadas de casas y de edificios públicos, se hallan registros de consignas políticas y de graffiti; manifestaciones de las diversas fuerzas políticas, gremiales y sociales que actúan sobre la ciudad, que tratando de resolver los problemas de algunos -no de todos- Principalmente cuando es tomada como rehén, pues lo hacen dilapidando el patrimonio arquitectónico, la calidad ambiental y los espacios públicos de interés social.

El modelo de Ciudad de los Servicios conlleva la potencialidad de servir mejor a la ciudadanía, concentrando a las dependencias oficiales -antes sembradas en diversos lugares de la ciudad- al introducir la intención de lograr la reconversión del espacio urbano vital, en una área de carácter cultural; dejando para archivos, librerías, centros de artesanías, bibliotecas y museos; los recintos hasta ahora ocupados por dependencias de gobierno, como ya se avanzó con el Palacio de la Cultura "Ignacio Manuel Altamirano".
La decisión de transferir a la zona sur de Chilpancingo, las dependencias burocráticas del gobierno estatal, debiera seguir la pauta de acción que acentuara la naturaleza cultural y educativa de la ciudad. Si esto se consolida, la voluntad política del Ejecutivo fortalecerá la vocación de capital del estado, plasmada en el libro que hoy presentamos.
De la lectura del texto también se desprende que la gestión pública realizada, fundamentalmente a partir del centenario de la creación del estado de Guerrero, en 1949, ha servido para hacer de Chilpancingo, una ciudad más equilibrada entre sus distintos barrios y colonias, y como consecuencia, más justa y solidaria. Para ello se espera, una mejor respuesta ciudadana, en el acatamiento de la reglamentación que obliga a todas las edificaciones, principalmente las de carácter comercial: como bancos, hoteles, oficinas públicas y privadas, hospederías y demás, a construir sus propios aparcamientos, porque las calles resultan insuficientes para la libre circulación de los vehículos, y los problemas de falta de estacionamiento se suceden día con día.
Consideramos pues que al trasladar a la burocracia, a la llamada Ciudad de los Servicios se logra en parte, la recuperación del patrimonio monumental del centro histórico de Chilpancingo, mediante la paulatina depuración social por inercia, es decir, el desalojo de los grupos de presión que tradicionalmente habitaban esos espacios, promoviendo un recambio en el tipo de uso y usuario, en beneficio de las actividades cívicas y en la difusión de la cultura.
El volumen que ahora mira la luz pública, nos hace reflexionar en que Chilpancingo está dejando de ser la capital más atrasada del país, gracias a que las autoridades han implantado un modelo de ciudad de la globalización -tal vez a escala menor- como lo comprueban los últimos establecimientos de franquicias de cadenas de comida rápida, grandes superficies comerciales, agencias automotrices de todas las marcas, instituciones de crédito y bienes raíces, y centros educativos particulares de todos niveles.
Ese modelo es la representación teórica e ideal de ciudad -a pesar de que Chilpancingo sobresale por ser una ciudad inasible, que se expande indefinidamente- al tiempo que recobra la importancia de la centralidad histórico-cultural como cabecera municipal, tanto simbólica como política de ciudad, justificada en su funcionalidad y en la vitalidad que adquiere en sus áreas bien localizadas de zonas comerciales, administración pública, educativas y de servicios.
Mientras nuestro propio pasado este vivo entre nosotros, presente en el sentido más literal del término, sobre nuestro futuro la esperanza proyectará una luz limpia en búsqueda de plenitud y unidad de propósitos y acciones, tales como el reciente proceso de revitalización urbana que se halla encaminado a consolidar a la capital, con una ciudad de servicios de primera calidad; dotada de nuevas instalaciones asistenciales, educativas, deportivas y culturales, áreas verdes y todas las asistencias propias del siglo XXI.

Por último quisiera dejar testimonio público de mi agradecimiento, a la colaboración desinteresada en la facilitación de fuentes informativas a los maestros Juan José Tavares Catalán y Carlos Manuel Álvarez Jarquín, directivos de la Unidad Académica de Arquitectura; a los doctores Jesús Samper Ahumada, Andrea Babini Baan y Jesús Hernández Torres, también académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Al Licenciado Desiderio Ponce, director del Archivo Histórico del Gobierno del Estado, y al señor Guillermo Méndez Almazán, agradecemos la utilidad de sus valiosos servicios.
Asimismo, a la licenciada Leonila Castro Guevara, ex Regidora de Cultura, Recreación, Juventud y Espectáculos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo y a la maestra Smirna Romero Garibay por su amistosa colaboración.
Igualmente a los representantes de las diversas instituciones municipales, estatales y federales, que compartiendo el interés por difundir el patrimonio de los chilpancinguenses, franquearon el acceso a sus instalaciones al trabajo fotográfico, en un encuentro con nosotros mismos, entre origen y modernidad -dimensiones de nuestro quehacer humano- registrado en este compendio.
Porque con el Gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, seguimos creyendo en los libros y en su sentido de permanencia como instrumentos culturales.

Notas:

[1] Texto leído en el acto de presentación del libro "Chilpancingo capital. De los orígenes a la modernidad". Casa Guerrero. Enero 21 de 2009. 19 hrs.

[2] Historiador y politólogo, se desempeña como profesor investigador de tiempo completo titular “C” de la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la UAG.

Sobre el reto de los nuevos gobiernos municipales

En El Sur, del 10 de enero de 2009, aparece la siguiente colaboración de Octavio Klimek que nos permitimos trascribir:

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Oportunidad histórica de los nuevos gobiernos municipales

Octavio Klimek

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El primero de enero, casi todos los municipios del estado cambiaron sus autoridades municipales, salvo donde existen conflictos de algún tipo. De manera inédita, los gobiernos municipales durarán en sus funciones hasta el 29 de septiembre del 2012. Además, la composición de los Cabildos es ahora mucho más representativa de las diferentes fuerzas políticas que operan en los municipios. En especial, serán responsables de manejar el presupuesto municipal durante 4 años, en comparación a los tres años anteriores.

Estas condiciones pueden hacer posible un ejercicio serio de planeación democrática municipal, en un horizonte de trabajo de mayor plazo que el tradicional. No habrá el pretexto de los servidores públicos municipales que cuando ya habían cambiado la curva de dos o tres años de aprendizaje en el ejercicio de gobierno municipal, tenían que irse.

El presupuesto municipal se debe aplicar esencialmente para dar cumplimiento a las funciones y servicios que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga: proveer de agua potable, alcantarillado, saneamiento, alumbrado público, gestión de residuos, operación de mercados, panteones y rastros, generar y mantener calles, parques y jardines y brindar seguridad pública.

Los ciudadanos exigen un mejor transporte público. Los gobiernos municipales tienen funciones sociales y económicas como la educación, la salud, la atención a los infantes, juventud, personas de la tercera edad o con capacidades diferentes, el comercio y la generación de empleos. Igualmente, los gobiernos municipales se involucran en el medio rural; contribuyen, por ejemplo, en proveer de insumos a agricultores.

En fin, la lista de asuntos en que se encuentra involucrado un gobierno municipal es sumamente amplia.

Ante este cúmulo de tareas, tradicionalmente son pocos los recursos presupuestales disponibles. Lo común es observar a presidentes municipales con pocos ingresos propios, por lo que se encuentran sujetos a los avatares de las participaciones federales o estatales.

Además, tienen que aprender a sortear los vericuetos de los programas que operan los otros dos órdenes de gobierno. En muchos casos, las inversiones que la federación y el estado aplican finalmente en el territorio municipal, no son armonizadas debidamente con los gobiernos municipales. Igualmente, en pocos casos, los gobiernos municipales cuentan con servidores públicos municipales preparados profesionalmente que puedan dar respuesta a la demanda ciudadana. Tener un buen servidor público dedicado en cuerpo alma y convicción de servicio a la comunidad, implica recompensarlo con un salario justo y adecuado a su responsabilidad, pero cuando uno conoce los sueldos de muchos de ellos, se explica por qué fallan.

En consecuencia, la mayoría de los presidentes municipales acaban su trienio solamente administrando los problemas a atender y pocos de ellos logran resolverlos a fondo. En cada campaña por la presidencia municipal se escuchan las mismas promesas: más agua potable, mejores servicios básicos, más seguridad y mayor crecimiento económico. Al llegar un nuevo presidente municipal, continúa ese círculo cuasi perverso de elocuencia política, en donde lo mediático y la recompensa inmediata como una simple despensa puede ser más convincente e influye en el ánimo de muchos electores más que las propuestas y la preparación o trayectoria de un candidato al gobierno municipal. En muchos casos, los mismos problemas continúan, pero agravados.

En particular, la cuestión ambiental va creciendo como bola de nieve. Pocas veces se aborda e integra lo ambiental a las decisiones de política municipal de manera adecuada. Los municipios legalmente tienen atribuciones claras en la materia; basta leer las competencias que por ejemplo les otorgan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente.

En el caso de Guerrero, los Ayuntamientos atienden el tema cuando mucho por medio de un regidor, normalmente de un partido minoritario, lo que evidencia el interés ambiental de las fracciones de los grandes partidos. El gobierno municipal, genera una dirección de ecología supeditada a alguna secretaría, normalmente la de Desarrollo Urbano, con pocas posibilidades de influir en la toma de decisiones del gobierno municipal.

En general, no se quiere entender que lo ambiental atraviesa transversalmente a los sectores social y económico y que en las políticas públicas deben evaluarse de manera integral las variables ambiental, económica y social.

Por ejemplo, el desastre del transporte público donde fuertes intereses económicos prevalecen, es un vivo ejemplo de que lo ambiental brilla por su ausencia; ruido y contaminación atmosférica son cotidianos en determinadas horas y sitios de nuestras principales ciudades. La falta de espacios verdes para convivir hace de nuestros barrios y colonias lugares grises que sólo generan fábricas de potenciales jóvenes delincuentes. La gestión del agua no es integral y nuevas fuentes de agua se buscan de una manera simplista. Cuando se disminuyen los gastos de un manantial, no se invierte en cuidar los ecosistemas forestales que auxilian a mantener su caudal.

En nuevos y viejos asentamientos, se arrojan impunemente a las barrancas aguas negras y basura, ocasionando mayores problemas de salud. Cuando se habla de invertir en saneamiento ambiental, por ejemplo en plantas de tratamiento de aguas residuales, la óptica es de grandes obras caras y desvinculadas de una gestión integral del medio ambiente. Persisten los intereses económicos sobre los ambientales, aun en los tiempos del cambio climático en donde mentalmente no se comprende la estrecha vinculación entre el crecimiento de los riesgos a la población con el deterioro ambiental. Vivir en armonía con la naturaleza no pasa del discurso y la retórica para el común del servidor público municipal.

Así como se puede hablar de presidentes municipales dedicados a hacer banquetas sin árboles, que es obra pública para la foto, se puede hablar de presidentes municipales que creen que con sembrar arbolitos cada año están cuidando el medio ambiente. Por eso, tenemos ciudades no sostenibles, demandantes de energía y materia y expulsoras de desechos, además de poco incluyentes con la mayoría de los ciudadanos guerrerenses.

Entonces, los nuevos gobiernos municipales de Guerrero tienen la oportunidad histórica de ser diferentes a sus predecesores. Para sus planes y programas municipales existen instrumentos de planificación participativa probados, como son las llamadas Agendas 21 que tienen su origen en la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de 1992, que pueden orientarlos. Es un asunto de voluntad política, que los municipos se dejen ayudar un poco por los propios ciudadanos.

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Puede consultarse el artículo en el periódico EL SUR, en:

http://www.suracapulco.com.mx/opinion02.php?id_nota=4019

Contra la deficiente prestación de servicios públicos

Queja contra la incorrecta prestación de los servicios públicos
José Gilberto Garza Grimaldo

Profesor de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero
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Después de varias décadas de lucha ciudadana por contar con nuevos instrumentos de participación ciudadana, por fin se logró y se encuentran en la Ley número 684 de participación ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Es de llamar la atención que en Titulo Segundo sobre Habitantes y Ciudadanos del Estado, específicamente en el Capítulo II sobre Derechos y Obligaciones de los habitantes, en su artículo 7º dispone que los habitantes del Estado tienen derecho a:
I…
II..
III..
IV. Recibir prestación de los servicios públicos;
V. Presentar quejas y denuncias por la incorrecta prestación de los servicios públicos o por la irregularidad de la actuación de los servidores públicos en los términos de esta ley y otras leyes aplicables.…
La fracción V ofrece una oportunidad a los ciudadanos para exigir un mejor nivel de vida con una mejor prestación de los servicios públicos, que en la mayor parte de los municipios en Guerrero estos son deficientes.
La citada Ley no dice ante quien se presentarán las quejas y denuncias por la incorrecta prestación de los servicios públicos, tan solo nos remite a “las leyes aplicables”.
Desde un punto de vista lineal, la lógica indicaría que las quejas o denuncias deben hacerse ante los Ayuntamientos, pero desde un punto de vista trascendental, la lógica nos indica que debe de ser una instancia diferente a aquella que no presta correctamente los servicios públicos.
En el Perú, es la Defensoría del Pueblo quien por disposición de su Ley Orgánica es la facultada de conocer de la buena prestación de los servicios públicos. En su artículo 1º señala que son funciones de la Defensoría del Pueblo, defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos.
Ante esta experiencia internacional, considero que los ciudadanos guerrerenses deberíamos de acudir ante la Comisión de Defensa del Derechos Humanos de nuestra entidad, para presentar nuestras quejas y denuncias por la incorrecta prestación de los servicios públicos, en virtud de que la mala prestación de estos, conlleva una violación al derecho fundamental a una vida digna y decorosa.
De conocer la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos sobre el buen funcionamiento en la prestación de los servicios públicos, dimensionaría su acreditada presencia en nuestra entidad.
El nuevo Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, en su artículo 4º establece que para el desarrollo de las funciones de la Coddehum, se entiende por derechos humanos los derechos inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir con la dignidad que corresponde a toda persona, reconocidos en:
I. La Constitución, como garantías individuales y sociales, en las leyes secundarias y reglamentarias que de ella emanen;
II. La Constitución Local, como garantías individuales y sociales, en las leyes secundarias y reglamentarias que de ella emanen;
III. La Declaración Universal de Derechos Humanos;
IV. Los tratados suscritos por la o el Presidente de la República, aprobados por el Senado, en los términos que establece la Constitución, y
V. Otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
En un sentido estricto, la incorrecta prestación de los servicios públicos por parte de las autoridades, afectan a derechos humanos. Por ejemplo, la falta de agua potable afecta al derecho a la salud.

[enero de 2009]

Poema "Avispa" de Mauricio Leyva

Avispa
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Avispa regia y soberana,
de acinturada naturaleza
y combativas ansias,
de olores de hierba
y humedad de tempestad suriana.
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Abre tus alas de punzantes primaveras
y extiende tu rojizo vuelo
sobre el blando cielo,
mientras siembras estelas
de rubíes y esmeraldas
en las entrañas de la madre sierra
y haces germinar en nuestros pueblos
progresos firmes y esperanzas nuevas.
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Sigue siendo, como lo has sido,
hermandad y tradición añeja,
resistencia continental
y temperamental canto de la tierra,
estandarte de ideales nuevos
y soneto de delicada esencia,
símbolo de paz y de libertad,
de fe y amor en nuestra bandera
y en todos sus horizontes
de inacabables puertos
y cordilleras.
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Mauricio Leyva Castrejón

(2008)

Propuesta "Plan de Ayutla"

A continuación trascribimos la iniciativa presentada por el diputado Odilón Romero Gutiérrez, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Plan de Ayutla”.
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La información se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2583-III, del martes 2 de septiembre de 2008. Puede consultarse en: http://gaceta.diputados.gob.mx/
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El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , propone a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la honorable Cámara de Diputados "Plan de Ayutla " conforme a lo siguiente:
Exposición de Motivos
Señoras y señores legisladores a nombre de los habitantes del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, manifiesto el anhelo de que el "Plan de Ayutla" se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados asignándole la relevancia en la vida histórica del país.
En este contexto y con motivo del bicentenario de la guerra de Independencia expreso, la importancia de resaltar nuestros valores patrios y reconocer nuestra historia la cual nos brinda la oportunidad de crear una patria nueva.
Ante esto se destaca la relevancia a nivel nacional e internacional que tuvo la Revolución de Ayutla, mediante la cual se derroto al dictador Antonio López de Santa Anna quien suprimió los derechos y las libertades individuales de los mexicanos imponiendo su voluntad.
En este sentido el 1 de marzo de 1854, se promulga un plan para suprimir un gobierno por otro.
La Revolución de Ayutla y la Constitución federal de 1857 marcaron un cambio histórico en la vida de la nación. Hicieron profundos cambios estructurales en lo político, económico y social de donde se desprenden la Ley de Juárez la Carta Magna de 1857 y el retorno al Federalismo.
El Plan de Ayutla ha tenido como consecuencia principal la integración de una patria nueva basada en la libertad y el progreso en la cual se suscitaron la Constitución de 1857 donde los mexicanos reconocen que los derechos de los hombres son la base y el objetivo de las instituciones sociales y donde se fundamentan todas las leyes y autoridades del país, que deberán de respetar y sostener las garantías que expresa dicha constitución.
Es por ello que se solicita sea inscrito en letras de oro " Plan de Ayutla" y rindiendo un merecido homenaje y reconocimiento a los valientes hombres del Sur como lo fueron el general Álvarez, coronel Ignacio Comonfort, capitán Vicente Luna Santos Degollado, Epitacio Huerta, Manuel Doblado, Santiago Vidaurri y otros cuya lista sería interminable, algunos de ellos vieron convertirse en leyes o realidades sus ideas por las que lucharon y otros sucumbieron por ellas y no alcanzaron a verlas imperar, para darnos una mejor patria en donde se respeten las garantías individuales la libertad y el progreso.
Por lo antes expuesto someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único: Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados "Plan de Ayutla".
Transitorios
Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.
Segundo. El decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2008.
Diputado Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica)

Propuesta "Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente Mexicano"

A continuación nos permitimos trascribir la iniciativa de decreto propuesta por los diputados Octavio Adolfo Klimek Alcaraz y José Alfonso Suárez del Real, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “CONGRESO DE ANÁHUAC DE 1813, PRIMER CONSTITUYENTE MEXICANO”.
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La información fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2599-II, del jueves 25 de septiembre de 2008. Puede consultarse en: http://gaceta.diputados.gob.mx/
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Los suscritos diputados Octavio Adolfo Klimek Alcaraz y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro la leyenda "Congreso de Anáhuac de 1813 Primer Constituyente Mexicano" al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Estamos en la víspera de celebrar el segundo centenario de la Revolución de Independencia y el primer centenario de la Revolución Mexicana. Sin duda alguna, la efeméride moviliza al mundo cultural y político del país, sin embargo, será una mera efeméride si no se celebra el proceso histórico por el que se constituye la identidad y unidad de la nación mexicana.
Es así por lo que proponemos a esta soberanía repare en el hecho de que la declaración de Independencia no fue por sí misma la que establece a las instituciones políticas de la Nación mexicana, éstas se definen por vez primera en el Constituyente de Chilpancingo del 14 de septiembre de 1813, también conocido como Congreso de Anáhuac. Se trata no sólo del primer constituyente, sino de la primera carta constitucional, en la que se definen los aspectos definitorios del pacto federal, por el que se pronuncia en Los Sentimientos de la Nación, la emergente patria de todos los mexicanos.
Es necesario recordar que son las ideas políticas del Constituyente de 1813, por las que nuestra nación adopta la forma de gobierno a través de los conceptos esenciales del Estado moderno. La soberanía, que dimana del pueblo; la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial y el ejercicio de derechos fundamentales como el disfrute de la libertad. Éstas ideas fundamentales aún son guía en el destino de nuestro país, e ideas clave en la consolidación de nuestra democracia.
No es suficiente repetir, cuantas veces sea necesario "Los Sentimientos de la Nación", particularmente el párrafo 12 que dice:
"Que como toda buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y al indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto."
Este es el espíritu con el que se establece el Primer Congreso Constituyente, también conocido como Congreso de Anáhuac, el 14 de septiembre de 1813. Esta es la declaración conocida como Sentimientos de la Nación, por la que se proscribe definitivamente la esclavitud; por la que se establece el respeto a la propiedad privada; la inadmisión de la tortura en toda legislación; la soberanía territorial y portuaria y se instituye la celebración del día 16 de septiembre, para festejar la independencia de la patria de todos los mexicanos.
En dicho Constituyente debemos destacar los nombres de ilustres mexicanos, en primer lugar, el del generalísimo don José María Morelos y Pavón y de los primeros representantes populares, a saber: don Ignacio López Rayón por Guadalajara; José Sixto Berdusco por Michoacán; José María Liceaga por Guanajuato; Andrés Quintana Roo por Puebla; Carlos María de Bustamante por México; José María Cos por Veracruz; José María Murguía y Galardi por Oaxaca y José Manuel de Herrera por Tecpan, hoy estado de Guerrero.
La única manera de celebrar, es por la memoria activa, por la acción política de consolidación del Estado democrático; por medio de la acción social de afirmación del catálogo de derechos y libertades establecidos en nuestro marco constitucional, de otra forma no habremos superado la democracia bárbara que genialmente diseccionó el escritor mexicano José Revueltas, de otra forma no hay mucho qué celebrar más que una efeméride, porque los conceptos esenciales de la Independencia y Revolución, junto con millones de vidas de los mexicanos que vivieron y lucharon por ellas no están vivos ni presentes.
En este recinto parlamentario se expresa la historia, el espíritu que ha guiado nuestras luchas sociales, en su muro de honor deben resonar las ideas y las voces de los mexicanos que nos dieron patria y nuestra primera Constitución.
Por congruencia este recinto parlamentario no puede prescindir de honrar a quienes concibieron y conformaron la vida parlamentaria en nuestro país.
Por todo lo anteriormente establecido, ponemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de
Decreto
"La Cámara de Diputados con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo, "Congreso de Anáhuac de 1813 Primer Constituyente Mexicano".
Transitorios
Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para determinar fecha y hora de la ceremonia alusiva.
Segundo. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de septiembre de 2008.
Diputados: Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbricas).

Todos están bajo sospecha

Todos están bajo sospecha

Benito Alberto Ucán*

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Todos están bajo sospecha. Este es el nuevo peligro, el nuevo mal, que nos abruma en el siglo XXI. La actividad intelectual y política se convirtieron en tareas policiacas. Triunfó el espíritu absoluto, pero no como lo pensó Hegel. En el mismo tenor, Pascal Bruckner, señala: “poniéndose al servicio de una visión política, la felicidad se convirtió en un instrumento infalible para la matanza”. Tiempo abominable, no sé si peor que otros tiempos.
El paso del tiempo nos ha demostrado que ningún pensamiento está exento del espíritu religioso. Monje, intelectual y revolucionario son hermanos siameses. Biblia, ilustración y Manifiesto comunista son metanarraciones de la trascendencia, laicas o religiosas, como se las quiera entender. El fin es el mismo: el “hombre nuevo” y la “tierra prometida”. El tiempo con sus males bajó a la tierra, sin Dios, como una caja de Pandora que sólo depende, única y exclusivamente, de la voluntad del hombre.
Entre la cultura judeo-cristiana y la modernidad hay una línea de continuidad. Marx fue judío, Jesucristo también lo fue. La tarea ingente para los dos fue moral: hacer el bien. Ambos promovieron y predicaron la ortopraxia. Todo esto no se puede entender sin un espíritu misionero.
El racionalismo, la ilustración, el socialismo, luchando contra la religión y Dios, a pesar suyo, se convirtieron en una religión laica; pero con una diferencia sustancial, entronizaron un Dios iracundo, como el Dios antiguo de los judíos: la ideología. Lo anterior, derivado del pensamiento racional, no tiene sino como fundamento único a la crítica, que hoy no sólo es duda, sino hipercrítica y sospecha. La ciencia no encontró la objetividad absoluta donde apoyara con firmeza los pies. La hybris ha engullido la prudencia humana. Así, la razón, no pudiendo encontrar la verdad indubitable, empezó a sospechar de sí misma e instauró un Comité de Salud Pública bajo el control de la “ira de los justos”. La pureza penetró por la puerta principal de la Historia y empezó a cobrar sus primeras víctimas a partir de 1789. En tiempos en que el dogma se apodera de los espíritus, la sospecha se propaga como arma eficaz contra los herejes. La tarea es eliminar el infiel. La nueva doctrina moderna santifica la palabra revolución como la buena nueva. Y existe el deber moral de exterminar a sus enemigos.
La nueva moral religiosa supo blindarse con los nuevos ropajes derivados de los argumentos, juicios y categorías de la razón. El nuevo dogma fue arropado por una lógica científica. Apareció una filosofía materialista omnímoda y omnisciente. Hegel decretó el fin de la Historia. Los radicales se convirtieron en los sujetos históricos de la dinámica social, carcomidos por la prisa como a Pol Pot. La nueva fe devino indubitable por el propio esfuerzo del espíritu racional. El ser humano a partir de Pablo de Tarso empezó a propagar una metacultura que inocularía a la cultura política, la historia, la cultura de masas: la ira santa de los radicales. En esta pírrica victoria podemos sintetizar la cultura de la modernidad que surgió del humanismo del siglo XVII, y de su corolario que fue el marxismo. Paradojas de la historia.
El radical, el iracundo, el violento del siglo XXI son hijos de la razón santificada. Por lo tanto, su misión histórica está más que justificada. No los podemos condenar. El radicalismo no es más que la nueva moral que hace racional y justo el uso de la violencia para conseguir el bien y la felicidad. Por decirlo de otra manera, la violencia cobró visos de normalidad cotidiana. La violencia está a punto de pasar a formar parte de los derechos universales del hombre, aunque sea una contradicción, un sin sentido aceptarla.
Actualmente, todos tenemos derecho a nuestra propia violencia. Los ejemplos sobran. Nadie se resigna a su propia suerte. La adversidad no existe. Tampoco la justicia divina. De la confianza de la modernidad, pronto, muy pronto, saltamos a la desconfianza de la postmodernidad. Se ha abierto un camino ad hoc para la queja y el descontento sistemáticos: no hay ley, autoridad, institución que valgan. El Peje es producto de todo este nihilismo racional, es más exacto decir, ultrarracional. Todos estamos bajo sospecha. Esta es la nueva moral histórica que ha contagiado al sistema educativo de nuestro país. Es el nuevo credo en una sociedad que se urge a sí misma a ser más democrática, porque confunde la democracia con la igualdad económica.
* Maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Chilpancingo.

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Tomado de el periódico La Jornada Guerrero:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/12/26/index.php?section=opinion&article=002a1soc

De nuevo sobre el Congreso del Estado

La estulticia se impulso a la razón en el Congreso Local

José Gilberto Garza Grimaldo
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Recularon los priistas y siempre no impugnaran el presupuesto. (Encabezado de la nota informativa de Alejandra Ortiz Ochoa, Diario de Guerrero, 16 de diciembre de 2008)
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Hace algunos días me decía un distinguido jurista guerrerense, que le había interesado un artículo que escribí sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos en nuestra entidad federativa, pero que lo notaba muy visceral.
Tan solo me reí, y tuve ganas de decirle que su apreciación era muy oficialista. Y es que si bien es cierto que empleo algunos adjetivos fuertes, no salen con un sentido visceral, sino, que es el sentir del pueblo.
En un libro que me obsequio mi prestigiado critico, Diccionario de Políticos de Juan Rico y Amat[1], este, sobre el término diputado, dice:
"Diputado.- Lo mismo que representante; esto es cómico. En la comedia política desempeña diferentes papeles. Cuando hace la oposición es el tipo de la legalidad, de la moralidad, del desinterés, del patriotismo; adula al pueblo y anatemiza al poder; chilla mucho contra los impuestos y las coacciones del gobierno, que a sus ojos no hace nada legal, justo y beneficioso"…
Con esta actitud de oposición y paladines de la constitucionalidad en el Estado de Guerrero, la fracción parlamentaria del PRI, en diversas ocasiones se manifestó en contra de los diputados de la LVIII Legislatura por que habían vendido su conciencia y dignidad al mejor postor.
A los diputados de su partido, pedían que ante el Consejo Político rindieran cuentas. Decían, es inconcebible lo que han hecho.
La fracción priista, con una actitud digna como el valiente caballero de la mancha, el jueves once diciembre del presente año, presentó al pleno del Congreso un punto de acuerdo para iniciar el procedimiento de abrogación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; con el pecho inflamado de defensores subsidiarios de la Constitución, se argumentó que:
"Los diputados que concluyeron su periodo Legislativo el pasado 15 de noviembre no siguieron el trámite, ni el procedimiento que mandata la Constitución”, y los responsabilizó de transgredir las más elementales reglas de técnica legislativa.
Pretendemos el restablecimiento de los principios constitucionales de control corresponsable que ha de existir en los órganos de poder, restaurando la constitucionalidad y la legalidad.
Se violentaron los principios constitucionales que orientan el Estado de derecho, que lo vician de origen y exponen a un severo riesgo de confiabilidad institucional los actos emitidos por los poderes públicos".
Como era de esperarse, el PRD, PAN, CONVERGENCIA y el PRT, votaron en contra de la petición hecha por el PRI, que era respaldada por el PANAL, PVEM, por considerar el hecho de pecata minuta.
¿Atentar en contra de la Constitución es pecata minuta?
Pero lo interesante de este “rollo legislativo” o “cuento político-legislativo”, es el final al estilo Word Disney; parte de la fracción priista que tenían una actitud tipo Belisario Domínguez, Eduardo Neri o Ignacio Manuel Altamirano, ahora nos salen que no van a ir a la Corte a interponer la acción de inconstitucionalidad, argumentando que:
Esta decisión se tomó porque el pueblo de Guerrero no merece la paralización de obras y programas sociales que tanto requieren los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Acordamos no irnos al juicio de inconstitucionalidad, porque ello implicaría retrasar la llegada del Presupuesto para nuestra entidad. Le apostamos a la estabilidad política de Guerrero y a la solidaridad con las clases más desprotegidas.[2]
Me abstengo de emplear adjetivos fuertes para que no vaya pensar de nueva cuente mi amigo, que estoy enojado y por eso soy visceral. Como dice el poeta de mi pueblo: Me salen lágrimas de mis ojos (podrán salir lágrimas por otro lado), por la nobleza de los legisladores del PRI: por amor al pueblo, no interpondrán la acción de inconstitucionalidad.
Le digo a mi amigo el jurista, que no estoy enojado para expresarme visceralmente, que al contrario, estoy plenamente feliz por el Estado de Derecho que persiste en nuestra entidad, por tener una legislatura a la altura que los tiempos reclaman; un poder judicial fuerte; una universidad crítica y no agachona. Feliz por contar con colegios de abogados valientes; con órganos autónomos del estado, plenamente autónomos….Pero sobre todo, feliz de contar amigos que saben decirme la verdad.
Seguramente, la Estulticia de Erasmo de Rotterdam[3], asesoró a nuestros señores diputados, de ahí, este final hollywoodense: La estulticia se impuso a la razón.
Todavía es una utopía en Guerrero: "Sobre la Constitución, nada; bajo la Constitución, todo." (José María Iglesias)
En Guerrero, se pisotea la Constitución, y por amor al pueblo, no se ejercita la acción de inconstitucionalidad: ¡Aunque Cantinflas no lo crea!

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[1] Rico y Amat, Juan, Diccionario de los políticos, edición facsimilar, Somex, 1940.
[2] Se argumentó que eran muy escasas las posibilidades de echar abajo el presupuesto de egresos, porque había un antecedente en la Corte, pero porque no se fueron en contra de la Ley de Ingresos. A continuación, transcribimos la tesis de la Corte: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL.- Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos" constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y "Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente.
Novena Época:
Acción de inconstitucionalidad 4/98.-Sergio Manuel Aguilera Gómez y otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.-28 de mayo de 1998.-Mayoría de ocho votos.-Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel.-Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.-Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González.
[3] Erasmo de Rotterdam, Elogio a la locura, España, Edinexus, 2006.

Sobre la Legislatura Guerrerense

CONCIENCIA CIUDADANA

DIPUTADOS “REPRESENTANTES DEL PUEBLO”
Raúl Méndez Díaz
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Como es del dominio público, la LVIII Legislatura aprobó al vapor y de manera irregular la Ley de ingresos y presupuesto de egresos 2009 para el Estado de Guerrero. Consultando al respecto al prestigiado Dr. en Derecho José Gilberto Garza Grimaldo, no duda en señalar que lo anterior representa una violación a la Constitución Política local, refrendando la pésima y denigrante labor de los Diputados, resultando de ello una supuesta disminución al presupuesto de $207 millones de pesos, que de acuerdo con información periodística, fue reconocida por el propio gobernador del Estado, quien a su vez según el jurista, cae también en la complicidad por no ejercer su derecho de Veto para contrarrestar dicha inconstitucionalidad.

Por otra parte, en la actual legislatura se afirma que ese recorte presupuestal no es más que una “equivocación” de apreciación, lo que genera entre la ciudadanía una total incertidumbre porque no se sabe en realidad cual es la versión correcta. Los diputados que no participaron en la aprobación de la Ley mencionada, sólo se limitaron a manifestar su inconformidad, tal vez para curarse en salud, puesto que no procedieron legalmente contra esa “marranada legislativa” que finalmente se concretó.

Se sabe que las fracciones parlamentarias y representaciones del PRI, PVEM y PANAL, impulsaron la iniciativa de abrogación del decreto que le da luz verde a la Ley en comento, sin embargo, los “representantes del pueblo” del PRD, PAN, PT y Convergencia, les echaron abajo tal iniciativa sumándose al grupo de los “violadores de la Constitución”.

De acuerdo con el Dr. Garza Grimaldo, sólo queda el ejercicio de la Acción de Inconstitucionalidad Popular, contemplada en el artículo 105 de la Carta Magna y que está sujeta a un tiempo determinado para su establecimiento, que al parecer su plazo fenece precisamente este 15 de enero del 2008, lo cual queda lejos de prosperar; de igual forma, sugiere impulsar una reforma constitucional para la creación de una sala de la Corte Constitucional en el Estado, que sirva de instrumento para dirimir casos de inconstitucionalidad como el referido.

Como hemos comentado en otras ocasiones, en un sistema de “pesos y contra pesos del poder” el poder Legislativo vigila las acciones del poder Ejecutivo, pero ¿quién vigila las acciones del poder Legislativo? Los diputados son los “representantes del pueblo” y son electos para trabajar por los intereses soberanos del mismo pueblo, no para beneficiarse a sí mismos, ni para beneficio de los intereses de sus partidos políticos, ni para ser comparsa del poder Ejecutivo.

No se vale engañar al pueblo con “marranadas legislativas” como el del presupuesto de egresos soportado con el argumento de que tiene un alto y profundo sentido social y que por tanto justifica su inconstitucionalidad, como la hacen los flamantes diputados “representantes del pueblo”

¿Acaso el fuero constitucional les da derecho hacer lo que les venga en gana como violar la Constitución? Entonces al pueblo ¿Quién lo defiende?

Por otro lado, sorprende la apatía de los Colegios de Abogados y de las Escuelas de Derecho, que como especialistas en el estudio de las Leyes, no han emitido ningún pronunciamiento sobre tales procedimientos inconstitucionales, ni siquiera una simple opinión ¡nada! Al igual que otras instancias del estado, ni organismos autónomos, ni esos grupos sociales que dicen representar a la sociedad civil, ¡nadie, todos callados! como cuando se filtró la información de los jugosos pagos de aguinaldos de fin de año para los diputados, aún sin merecerlos legalmente, o también por el regalo de $200,000.00 para cada uno para la adquisición de vehículos, que los mismos legisladores no fueron capaces de emitir un pronunciamiento oficial al respecto.

Los actuales diputados deben determinar si existió violación a la Constitución, por parte de la Legislatura anterior y si es así, proceder a la enmienda correspondiente, pero no sólo eso, también fincar las responsabilidades de Ley para los infractores y para los Diputados que nada hicieron para remediarlo, que ya no tienen fuero y se puede proceder conforme a Derecho. No se debe seguir tolerando este tipo de anomalías.

El Poder Legislativo es el primero que debe impulsar la cultura de la legalidad con mecanismos de denuncia ciudadana para cualquier acto de ilegalidad y por supuesto, de inconstitucionalidad. Por eso son los diputados “representantes del pueblo”.

“TODOS POR UNA MEJOR CONCIENCIA CIUDADANA”

mendezdraul@hotmail.com

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Nota publicada el 15 de diciembre de 2008 en el Diario de Guerrero.

¿Y la Constitución local?

La Constitución Política de Guerrero un simple papel
José Gilberto Garza Grimaldo
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“Al margen de la Constitución nada, por encima de la Constitución nadie” (José María Iglesias).
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En reiteradas ocasiones hemos señalado la ausencia de un Estado de derecho en nuestra entidad, y que de nueva cuenta se corrobora con la ignominia actitud de algunas fracciones y representaciones parlamentarias de la actual legislatura.
Recordemos que la LVIII Legislatura cerró con broche de oro su pésima actividad legislativa, masturbándose sobre la Constitución Política Local, al aprobar inconstitucionalmente la Ley de ingresos y presupuesto de egresos 2009, cuando era facultad de tal aprobación de la actual legislatura.
El gobernador Carlos Zeferino Terreblanca Galindo, al no ejercer su derecho de veto, lo hace cómplice de esta “marranada legislativa”. Quizás el artífice de esta acción y actitud de delincuencia organizada.
Tratando de ejercer sus facultades de defensa subsidiaria de la Constitución, las fracciones y representaciones del PRI, PEVEM Y PANAL, el día de ayer (11 de diciembre de 2008), propusieron al pleno del Congreso, mediante iniciativa de abrogación, dejar sin efecto el decreto 1008 en donde se publica los ordenamientos viciados de inconstitucionalidad, para retomar el sendero de la legalidad.
Empero, con actitud arrogante y autoritaria, los representantes “impopulares” del PAN, PRD, PT y Convergencia, desecharon la propuesta de abrogar la Ley de ingresos y presupuesto de egresos 2009.
Ante tal situación, queda únicamente el ejerció de la acción de inconstitucionalidad.
Ante tal panorama, nos lleva a las siguientes reflexiones:
1. La actual legislatura prefirió mancharse del excremento que le dejó la LVIII Legislatura y serle fiel a quién ordenó la aprobación de tales ordenamientos: Carlos Zeferino Terreblanca Galindo.
2. No podrán quitarse los que desecharon la abrogación de los ordenamientos inconstitucionales, de violadores de la Constitución, y no tendrán la calidad moral de exigir legalidad tanto a los ciudadanos en sus demandas sociales, así como en el ejerció de sus facultades de control del poder. Al parecer, estos representantes “impopulares” son simples muñecos de ventrículos.
3. Ni los colegios de abogados, ni las facultades de derecho, ni los otros poderes del estado, órganos autónomos, sociedad organizada, etc, etc, se han pronunciado a plenitud sobre esta grave violación a la Constitución loca. ¡Al cabo que mañana se olvidará! ¡La Constitución es un simple papel!
4. La prensa no debe de dejar de estar informando sobre esta actitud “tiránica” de los falsos representantes populares y principales violadores del orden constitucional en nuestra entidad.
5. Es inconcebible que algunos actores políticos manejen el argumento que el presupuesto de egresos tiene un profundo sentido social y que por eso hay que defenderlo a costa de su inconstitucionalidad.
6. Esto nos debe de llevar a impulsar una reforma constitucional para la creación de una Corte Constitucional y el establecimiento de la Acción de Inconstitucionalidad Popular.

El Congreso local y el Presupuesto 2009

La LIX Legislatura ante el decreto del presupuesto 2009
David Cienfuegos Salgado
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El pasado 26 de noviembre, en El Sol de Chilpancingo, publiqué mi opinión en torno a la actuación de la LVIII Legislatura en la aprobación del Presupuesto 2009. Ayer, leía un texto del Dr. Garza Grimaldo, cuyo contenido comparto en su vertiente jurídica (Véase la liga “Escritos guerrerenses” en http://guerrerocultural.blogspot.com) y me permito comentar.
En aquel artículo expresé dos cuestiones en relación con el espinoso tema de la que considero inconstitucional aprobación y publicación del Decreto de Prepuesto de Egresos estatal para el año 2009. La primera cuestión era: ¿Se promovería el correspondiente juicio constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y el segundo cuestionamiento era ¿Se exigirá responsabilidad a los diputados que violaron la Constitución que se comprometieron a cumplir?
A la primera cuestión el Dr. Garza Grimaldo ha sumado una alternativa que conviene mencionar: la abrogación del mencionado decreto, misma que entraña la asunción y defensa de la LIX Legislatura de sus competencias, amenazadas y mermadas por la actuación inconstitucional de su antecesora.
El Dr. Garza Grimaldo opina que una salida airosa, distinta de la de ocurrir a la jurisdicción constitucional federal a exigir se declare la inconstitucionalidad, es que la LIX Legislatura abrogue el decreto aquí considerado inconstitucional y proceda a expedir uno nuevo.
Me parece necesario precisar algunos de los alcances que tendría una acción de este tipo:
1. En primer lugar, por supuesto que es factible. El artículo 56 de la Constitución local (en lo sucesivo CPL) establece la facultad de abrogar las leyes siguiendo los mismos trámites que para su formación. Y el argumento contundente esbozado por el Dr. Garza Grimaldo no deja lugar a dudas sobre la pertinencia de esta acción. La cuestión que debe dirimirse previamente es: ¿El decreto del presupuesto tiene la naturaleza de una Ley? Esta pregunta resulta relevante porque establece una suerte de requisito de procedencia para el ejercicio de la facultad de abrogación que tiene el Congreso local. En mi opinión y conforme con una interpretación sistemática de la CPL (arts. 50 al 56), el Decreto del Presupuesto puede ser abrogado pues al efecto bajo el capítulo de formación de leyes el articulado constitucional se refiere, indistintamente, a leyes y decretos.
2. Una cuestión importante es la de saber si hay tiempo para tal ejercicio legislativo. Al respecto, el cumplimiento de la normativa constitucional y legal relativa a la formación de leyes no sufriría merma, tampoco se afectaría la estabilidad económica de la entidad o del gobierno o administración pública, especialmente ante la existencia de una previsión como la de la fracción XVIII del artículo 47 CPL. En efecto, de darse el procedimiento de abrogación respectivo, la LIX Legislatura deberá dar el trámite correspondiente (análisis, emisión del dictamen, discusión y en su caso aprobación del proyecto presentado por el Ejecutivo), en cumplimiento a la fracción VII del artículo 74 CPL. La mencionada previsión señala que si el presupuesto no fuera aprobado a más tardar el 31 de diciembre, seguirá vigente el aprobado el año inmediato anterior. Así, la Legislatura tendrá oportunidad de discutir la iniciativa presentada por el Ejecutivo, en ejercicio de la competencia constitucional que tiene conferida, siguiendo el trámite correspondiente, sin la presión que significa saber que el presupuesto se ejerce a partir del primero de enero de 2009.
3. Cabe adicionar una cuestión que no resulta menor. Si es posible, si hay tiempo … ¿habrá voluntad política? En principio, los primeros interesados son los legisladores: se trata de un ejercicio de respeto a la Constitución que sería bien recibido en amplios sectores de la academia jurídica y política. Como mencionamos, si la Constitución es el ordenamiento supremo en nuestro estado, ¿la responsabilidad por su violación no debiera ser exigida por los propios titulares de los órganos públicos? Acaso el gobernador (o al menos sus asesores) no debería estar preocupado por haber promulgado un decreto claramente inconstitucional, ¿su inmunidad le alcanza para evitar la cruda moral de haber violado la Constitución local?
La voluntad política a que aludimos es imprecisa: los legisladores deberán compatibilizar sus pertenencias políticas con la idea de un Estado de Derecho Constitucional y Democrático que exige definiciones en torno al cumplimiento de la Constitución y la Ley. ¿Serán capaces de sujetar su pasión política y dar paso a una necesaria revisión jurídica? Hago votos porque así sea.
Queda por supuesto la posibilidad de ejercer acción ante la jurisdicción federal. Pero, ¿cuál acción? Vía controversia constitucional o vía acción de inconstitucionalidad. La procedencia de una u otra no es nada clara: dada la naturaleza procesal de la controversia debe dilucidarse quién es la parte demandada. Aquí el tema resulta oscuro, puesto que la LVIII Legislatura ha desaparecido del panorama constitucional y cedió su lugar a la LIX Legislatura. Sólo quedaría como demandado el Poder Ejecutivo, por la promulgación de una norma que violentó el orden constitucional, ¿es suficiente? Por cuanto hace a la acción de inconstitucionalidad, debemos preguntarnos si la exigencia de que la norma general impugnada sea contraria a la Constitución federal se satisface con una interpretación que presuma inconstitucional una norma porque resulte contraria a otra norma que desarrolla aquella Constitución federal, ¿alcanza en nuestro sistema jurídico? Eso sin contar con la interpretación existente en el ámbito jurisdiccional federal sobre la naturaleza de las disposiciones presupuestarias.
Como puede advertirse el tema es complejo y los alcances de esta discusión en torno a la posición que debe adoptar la LIX Legislatura son importantes para el futuro del constitucionalismo guerrerense. Baste señalar lo siguiente:
A. La abrogación del decreto sería una salida inédita que dejaría un buen antecedente y con el cual la novel LIX Legislatura podría iniciar una andadura que la alejara de la deplorable actuación que caracterizó a su antecesora.
B. El análisis que realizaría la LIX Legislatura no se puede considerar una reiteración del análisis hecho por la LVIII Legislatura, ello porque ésta no tenía facultades para hacerlo. Ello plantea la necesidad de discutir un tema de carácter doctrinal que adquiere ahora repercusión práctica: la división del poder público en su ámbito temporal. El poder público no sólo se divide horizontal y verticalmente, sino también temporalmente, y las controversias competenciales deberían tomar en cuenta este factor.
C. Del análisis que pueda resultar se advierte que se requiere establecer una responsabilidad política y jurídica para el Gobernador del estado; servidor público que debe dejar de ser inmune ante las instancias locales. La Constitución debe reformarse para que el titular del Ejecutivo pueda ser sujeto de juicio político. En el caso resulta claro que el Gobernador del Estado al publicar el Decreto inconstitucional contribuyó a resquebrajar el orden constitucional local, pues omitió ejercer la atribución que le otorga la fracción VI, del artículo 74 CPL, es decir el veto, ante la evidente inconstitucionalidad de la LVIII Legislatura.
D. También resulta claro que la realidad política y jurídica guerrerense impone el reconocimiento de una jurisdicción constitucional que conozca de las controversias entre poderes, así como de la posible inconstitucionalidad de actos y normas generales del ámbito municipal o estatal. La propuesta, hecha hace algunos años, de una Corte Constitucional o Tribunal Constitucional se aprecia necesaria en el futuro cercano.
E. Por encima de todo esta la urgencia de que los ciudadanos tengan vías para demandar el restablecimiento de la constitucionalidad cuando ésta se ha visto alterada. Quizá es mucho pedir que sea la ciudadanía, ¿qué opinan las escuelas y facultades de derecho, qué opinan las barras y colegios de abogados?
¿Cuál será el desenlace? Vale la pena que los ciudadanos estén enterados de cómo, con decisiones políticas diarias, los políticos forjan nuestro sistema jurídico y afectan con ello ámbitos importantes de la cotidianeidad de todos los guerrerenses.
Y sobre todo, vale la pena que la ciudadanía se entere y se interese por lo que la novel Legislatura va a hacer, al fin serán nuestros representantes durante varios años.
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Sobre la LVIII Legislatura

LVIII Legislatura: invitación al caos social
José Gilberto Garza Grimaldo[1]
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El Estado de Derecho en Guerrero es simplemente una ilusión, donde no hay animales políticos, sino, políticos animales.
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Hay antecedentes contundentes que demuestran que la LVIII Legislatura se apartó reiteradamente en el ejercicio de sus funciones del principio de legalidad, lo se traduce a una invitación al caos social. Es decir, si los titulares del poder público se apartan de la norma constitucional, no tienen el derecho moral de exigir el respeto al orden jurídico a quienes se aparten de él, sobre todo, a las movilizaciones sociales que buscan reivindicar derechos humanos.
Los líderes políticos con sus actitudes coadyuvan a la construcción de la cultura política democrática o al caos social.
La última aberración jurídica de la desacreditada LVIII Legislatura, es haber aprobado la Ley de ingresos y presupuesto egresos, contrario a lo que expresamente dispone la Constitución local vigente en su artículo 74, fracción VII, que a la letra dice:
Es atribución del Gobernador:
"Presentar al Congreso a más tardar el día quince de octubre de cada año para su análisis, emisión del dictamen, discusión y aprobación, en su caso, las Iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente." (Reformada, P.O. 28 de abril de 2006.)
"En el año de cambio de ejercicio constitucional, la Legislatura saliente recepcionará las Iniciativas referidas en el párrafo anterior y las dejará bajo resguardo de la Comisión Instaladora, para que sean entregadas a la Mesa Directiva del primer mes del periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura entrante para su trámite correspondiente." (Adicionada P.O. 28 de abril de 2006)
Desde el punto de vista jurídico, la Ley de ingresos y presupuesto egresos aprobados por la LVIII Legislatura (por la mayoría de sus integrantes) están viciadas de origen y pueden prosperar amparos en contra de ella (por parte de gobernados).
Algunas fracciones parlamentarias han manifestado que interpondrán controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: tribunal constitucional, órgano garante de la Ley Suprema.
Desde mi punto de vista personal, independientemente de lo ya expresado por algunos integrantes de la LIX Legislatura sobre las acciones ha implementar, considero que la actual Legislatura mandaría un interesante mensaje a la ciudadanía si abroga[2] la ley de ingresos y presupuesto de egresos por ser contraria a la Constitución local.
Un órgano de esta naturaleza (legislativo), no tiene porque acudir a otra instancia (judicial), para que le digan que leyes que aprobó son contrarias a la Constitución,[3] pudiéndolo subsanar el mismo. Claro, esto se puede dar si es que existen las condiciones (correlación de fuerzas) [4]y voluntad política para hacerlo.
No debemos de perder de vista, que lo realizado por la LVIII Legislatura, contó con el aval del gobierno de Carlos Zeferino Terreblanca Galindo, lo que también lo deslegitima para exigir a los que se apartan de ley, su debido cumplimiento.[5]
Si la actual legislatura no echa abajo estas importantes leyes, se habrán manchado con el excremento de los anteriores animales políticos.
Lo realizado por los integrantes de la LVIII Legislatura, no puede quedar como una simple “aberración jurídica” o “ignorancia”, sino, sujeto a responsabilidades.
Hay esperanza en el pueblo, que la actual legislatura sea un autentico poder legislativo y que ejerza su función de control político. Que deje de ser un simple establo de animales políticos.
Cicerón, nos proporcionó la diferencia entre el hombre y el animal, diciendo que: “La mayor diferencia entre un hombre y un animal reside en que, en tanto en cuanto este se mueve por los sentidos y con poca percepción del pasado y el futuro, se adapta únicamente a lo que está presente en ese momento, mientras que el hombre, como está dotado de raciocinio, por el cual discierne las consecuencias y percibe las de las cosas –comprendiendo los efectos y los antecedentes, comparando analogías y conectando y asociando el presente y el futuro-, puede contemplar con facilidad el curso entero de la vida y realizar los preparativos para adaptarse a él.” (Sobre los deberes, I. iv).
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NOTAS
[1] Profesor de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.
[2] Diccionario universal de términos parlamentarios, LVI Legislatura-Porrúa, 1998. Voz abrogación…En el lenguaje jurídico, el término de abrogación se refiere a la supresión total de la vigencia y por tanto de la obligatoriedad de una ley, código o reglamento. La terminología jurídica y técnica distingue una diferencia básica entre abrogar y derogar. Derogar es la revocación de algunos de los preceptos de la ley, código o reglamento, mientras que la abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto.”…Nuestra propuesta de abrogar las leyes expedidas que han violentado a la Constitución local, parte de la idea del constitucionalista Don Felipe Tena Ramírez, que sostiene que: “Si el poder legislativo
llegare a expedir leyes o decretos contrarios a la Constitución, al advertir su inconstitucionalidad debe derogarlos, ajustándose así a la Constitución, de la que nunca debió diferir”. (Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1981, p. 530).
[3] De ahí la importancia de contar en el Estado de Guerrero de una Corte Constitucional autónoma que dirima estas graves controversias.
[4] Sería muy lamentable que por tener control una fracción o fracciones parlamentarias del Congreso, y no obstante de esta brutal aberración jurídica, se quedarán inmóviles y esperaran a que el órgano constitucional les diga “son inconstitucionales las leyes que aprobaron sus hermanos animales políticos.”
[5] Ni el poder ejecutivo ni judicial dicen nada sobre esta grave situación de inconstitucionalidad, su silencio es complicidad; no es prudencia, sino, una especie de asociación delictuosa. Cuando harán efectivas aquellas palabras que pronunciaron solemnemente y con el corazón inflamado de patriotismo: ¡Prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución………!

Adiós a Javier Mariano...

ESTE TEXTO, QUISIERA NUNCA HABERLO ESCRITO
Ricardo Infante
Este texto, quisiera nunca haberlo escrito. Y es que por los azaroso de la vida, uno no puede garantizar como será el futuro. Yo soy un viejo sesentón, y para colmo, diabético, por lo tanto, tenía muchas mas probabilidades que Mariano dijera algo de mi, a que yo tuviera que escribir algo de él; y, sin embargo, tengo que escribir sobre un colega mucho más joven, brillante artista y jovial amigo, como fue mi compañero Javier Mariano Sánchez.
Nunca hubiera imaginado que un hombre tan lleno de vida, en escasos meses pasara por situaciones tan dolorosas, y aunque suene a lugar común, fue tan corto el tiempo desde que nos enteramos que Javier tenía un grave problema canceroso, que todavía a muchos de nosotros nos es imposible reponernos de la sorpresa. Nos vimos un viernes, hablamos sobre cómo ayudarle a impulsar el Museo Universitarios de Arte Contemporáneo, su último gran proyecto, y, desgraciadamente, para el lunes, Javier ya no podría asistir a trabajar.
Muchos de sus colegas nos informábamos como podíamos, y en ocasiones las informaciones obtenidas eran contradictorias; finalmente, hace un mes nos enteramos de que la cuestión era mucho más grave de lo que parecía, días después recibí un recado que me enviaba Javier desde su lecho de enfermo, pidiéndome que me hiciera cargo de la subasta que se había organizado para apoyarlo económicamente, desde luego que acatamos su deseo. Sin embargo, todo fue en vano, a las cuatro y media de la madrugada del trece de noviembre, recibí una llamada comunicándome que el colega, el amigo, el compañero de proyectos, y uno de los más inquietos artistas y promotores de la cultura que han nacido en el estado de Guerrero, había dejado de existir. Tras de sí quedaba el rescate de la colección de pintura universitaria, que él convirtió en Pinax, y que anduvo dando tumbos de bodega en bodega, hasta que Mariano se abocó a auspiciar su restauración total y la exhibición de la misma.
Posteriormente nos legó ese magnífico proyecto que se llama Paul Gauguín, o Bienal del Pacífico Sur; finalmente, se había iniciado su proyecto para la construcción del Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
En octubre del año pasado, compartimos un agradable mes de trabajo con el Maestro Grabador José Omar Torres, en las instalaciones del Taller Clemente Orozco haciendo colografias y monotipias. Javier se veía contento, en ocasiones parecía un joven estudiante de arte, y no el pintor prestigiado nacional e internacionalmente, que tenía que mantener un cierto estilo y una calidad estándar. Estos últimos años habían sido buenos. Recuerdo que estaba muy contento cuando regresó de Francia, después de pintar el mural en el pasillo de entrada del Periódico francés Le Humanite; después me mostró las fotos y algunos apuntes que había realizado a pluma y lápiz. Me pidió que le apoyará haciendo comentarios sobre un cuadro que había vendido al Congreso del Estado, y después organicé la presentación de un hermoso libro patrocinado por el Municipio de Pungarabato, con una recopilación de su obra. Al terminar la presentación, me dedicó uno de los libros, le pedí que me hiciera un dibujo, y después, con la simpatía que lo caracterizaba, remitiéndose al sentido del humor de los surrealistas, me puso una nota que decía: “este no es un tigre”, se abocó a su mural de cerámica que hizo en el palacio de gobierno, compró una gran prensa de grabado, y habíamos acordado unir fuerzas la Pinax y el Clemente Orozco, para echar a andar un taller de cerámica.
Como ven, o por lo menos para mí, hablar de Mariano es hablar de proyectos, de ilusiones, de obras culturales. Yo siempre he sido proclive de las empresas pequeñas, manejables, Javier nunca pensó en los peros, siempre se proyectaba a lo grandioso. Es curioso, hoy Aurelio Vásquez Villanueva, amigo mutuo, me hablaba de cuántos autores importantes le había recomendado Mariano durante algunas noches de bohemia, y yo le comentaba cuántos proyectos habíamos hecho en algunas mañanas de trabajo, porque Javier, en lo que se refería a la realización plástica y a la promoción cultural, era incansable.
Créeme Javier, créanlo ustedes, que algunos pintores lo vamos a extrañar mucho. Me consta que Baltazar Godoy y Everardo Reyes están muy afectados, eran sus cuates, sabían que él los quería y los admiraba.
Como te decía, te vamos a extrañar, pero te prometo que seguiremos hablando de ti, como si estuvieras presente, y haremos lo que esté en nuestra mano para que tus proyectos, tus realizaciones, y tu obra, sigan siendo primordiales para la cultura del estado de Guerrero.
Salud hermano, por ahí nos vemos.

Sobre el presupuesto 2009 y su aprobación

LOS DIPUTADOS DE LA ACTUAL LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUERRERO HAN VIOLADO LA LEY AL APROBAR EL PRESUPUESTO DE 2009 EN UNA SEDE ALTERNA AL CONGRESO DEL ESTADO.
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MC. Miguel Ángel Parra Bedrán[1]
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De acuerdo a las informaciones periodísticas, los Diputados al Congreso del Estado de Guerrero optaron, ante la “grave” amenaza que representan los maestros de la CETEG, sesionar en un local alterno a la sede original del Poder Legislativo, que es como todos sabemos el edificio que ocupa dicho Poder sito en la ciudad de Chilpancingo.
Este hecho es aberrante e indigno, y lo es más en razón de que el recinto alterno estuvo ocupado por elementos de seguridad del Poder Ejecutivo y porque la sesión fue cerrada no permitiéndose la entrada al público.
Esta actitud facciosa, tendenciosa y delincuencial de los Diputados viene a confirmar hoy más que nunca que en Guerrero la división de poderes públicos sólo es una tesis establecida en la constitución general de la república y en la del Estado, pero que en realidad no existe, y al no existir se niega la posibilidad del Estado de Derecho y en consecuencia de la democracia.
Los Diputados transgreden uno de los principios básicos de todo orden constitucional: la discusión pública de los asuntos de Estado. Y al hacerlo de la manera en que lo hicieron y ante el apoyo de las fuerzas de seguridad del Ejecutivo, ponen en entredicho la independencia y separación de los poderes públicos, supeditándose a los designos del Ejecutivo y traicionando la confianza popular, el voto que los llevó al cargo y los más elementales principios de la política democrática que es el derecho y la obligación de discutir los asuntos de Estado de manera abierta.
Todo lo asentado con anterioridad no es producto de una empatía ortodoxa hacia el respeto a las formas jurídicas, sino que, las razones argüidas para sesionar de tal manera no se justifican de ninguna manera. ¿Cuál es la razón de gravedad o urgencia para el cambio de sede? ¿Acaso una simple manifestación de maestros puede interpretarse como un riesgo para la celebración de una sesión parlamentaria? ¿Acaso había amenaza cierta y determinada para impedir la sesión o fue sólo una interpretación cobarde de los hechos? ¿La pérdida de identidad y confianza ante el pueblo hizo que se tomara esa decisión?
Veamos que dice la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado al respecto:
El artículo 9 de la citada Ley, establece: “El Congreso del Estado tiene su residencia en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, capital del Estado, salvo los casos en que, por circunstancias graves o extraordinarias, acuerde trasladarse a otro lugar.”
Por su parte el artículo 10 de la ley citada, establece: “El Congreso del Estado sesionará en su recinto, excepto:
I. Por causa mayor, y
II. Cuando por causas especiales lo acuerden las dos terceras partes de sus miembros, en cuyo caso sesionará en el recinto o lugar que se elija para tal efecto. En este caso sólo habrán de desahogarse los asuntos previstos en el decreto correspondiente.”
[…]
De la lectura de los dos artículos que anteceden se interpreta que los casos graves o extraordinarios quedan comprendidos en las dos fracciones del artículo 10, y así tenemos que la causa mayor son circunstancias supervinientes que impiden de manera definitiva el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Congreso del Estado, ya sean éstas motivadas por fenómenos de la naturaleza o por hechos de autoridad o no que impidan el cumplimiento de las obligaciones o facultades y atribuciones del Congreso. La fracción segunda se refiere a causas especiales, por lógica estas causas no son derivadas de la causa mayor, son otras, como puede ser el cumplimiento de actividades cívicas en tiempo de paz en las cuales el Congreso se traslada a otra sede en estricto cumplimiento a ese hecho cívico.
En la citada fracción segunda se establece que para el cambio de sede es necesario el acuerdo parlamentario previo con un mínimo de aprobación de las dos terceras partes de los miembros del parlamento. Sin este requisito, la celebración y lo que se acuerde en la sesión celebrada en recinto alterno es nulo de pleno derecho. En este sentido y acorde a cómo se han presentado las notas en los diarios estatales no hubo sesión previa que aprobara el cambio de sede, y si la hubo, habría que analizar en el decreto que lo autoriza cuales son los razonamientos que justifiquen la causa mayor para el cambio de sede. Si razonamos acorde a lo conceptuado por causa mayor, no existe justificación legal alguna para que opere jurídicamente el cambio de sede, ya que el “temor” por la realización de una simple manifestación de maestros no es causa para resolver el asunto tal y como lo hicieron los señores diputados. Si el decreto existe con la formalidad que la ley exige, su fundamento sigue siendo nulo en razón de que una manifestación no es causa para el cambio de sede, si fuera así, entonces habría que interpretar que la libertad de manifestación es causa o impedimento para la ejecución de las obligaciones del Congreso, lo que es absurdo a todas luces.
Si ellos tenían temor a que los manifestantes se presentaran a la sede del Congreso para impedir la celebración de la sesión, bien pudieron solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero de los diputados, acorde a lo que establece el artículo 12 de la ley en cita.
Obvio pensar que la actitud tomada por los diputados corresponde a dos situaciones muy ligadas entre sí: primera, el aprobar un presupuesto altamente cuestionado y no suficientemente discutido por todas las fuerzas políticas, y segundo, obedecer al Ejecutivo y actuar facciosamente en contra de los intereses del pueblo y de las reglas elementales del derecho y la política, dejando entrever la supeditación a los intereses del Gobernador en turno.
De igual manera los diputados violaron su propia ley Orgánica al impedir que la sesión en la cual aprobaron el presupuesto 2009 fuere secreta. La Ley Orgánica del Congreso establece en su artículo 105, fracción III, lo siguiente: “Serán materia de sesión secreta los asuntos siguientes: a) Los asuntos que con nota de “secretos” sean dirigidos al Congreso por el Gobernador del Estado; y b) Los asuntos que determine la Mesa Directiva, que requieran de reserva.”
La discusión y aprobación del presupuesto del Estado, por su propia naturaleza no puede ser un asunto considerado como “secreto” por parte del Gobernador del Estado, y si así remitiere el proyecto de Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos, bien puede el Congreso desclasificar el asunto como no-secreto, puesto que la discusión de los dineros públicos y su destino para su ejercicio no puede ni debe considerarse como asunto secreto, en razón de que se trata de los dineros del pueblo de Guerrero y en ello no debe ni puede haber secrecía. Y si se considero la sesión como secreta por parte de la Mesa Directiva, habría que ver las razones que la orillaron a actuar así, y fueren las que fueren son violatorias de la ley por las razones antes señaladas.
Una vez más en Guerrero se han cometido tropelías desde el poder público quien a lo largo de su historia ha tomado decisiones contrarias a los intereses del pueblo. La voracidad política bañada de intereses económicos ha triunfado una vez más, al parecer no hay nada ni nadie que los detenga en su asqueroso proceder, el Estado de Derecho queda una vez más como una doctrina académica digna de estudiarse en las universidades pero en la realidad de los hechos queda despedazada ante los intereses de facciones que lo único que les interesa es su propio bienestar.
El Estado planteado como una entidad política responsable del bien común, es una simple ficción.

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[1] Catedrático-investigador de la Unidad Académica de Derecho De la UAG.