martes, 1 de febrero de 2011

Sobre los informes presidenciales en México y Estados Unidos

México-US Informes Presidenciales
Mario Melgar Adalid
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Las modas panistas acabaron con varias tradiciones republicanas. Una de ellas es el Informe Presidencial. Tema ampliamente debatido en la academia. Se canceló una obligación presidencial, el encuentro programado de dos poderes, el cumplimiento en la rendición de cuentas, reto de la civilidad política. A cambio, los panistas, preocupados más por lo que dirá el pueblo que por lo que ellos deberían decirle al pueblo, se quitaron de encima la incomodidad de rozarse con la chusma legislativa. A cambio, ahondaron más la brecha y los desencuentros entre poderes, lo que ha contribuido a detener una auténtica transición democrática.
Con razón el PRI, ahora tan temido y atacado por los aliancistas (PAN/PRD), impulsará una reforma al artículo 69 para obligar al titular del Ejecutivo a presentar su informe de labores de manera personal ante el Congreso. Es probable que esta obligación la tenga que cumplir el próximo Presidente, probablemente priista, como ya vaticinó Zedillo en victorioso jingle: “Vamos a ganar”. El PAN seguramente se opondrá a que gane el PRI y a la obligación de rendir el Informe Presidencial (presencial).
En Estados Unidos se mantiene la tradición del Informe del Presidente (State of the Union). El Informe es en enero, al iniciar el año, para que sirva de recuento del ejercicio pasado y como prolegómeno de lo que vendrá. Obama rindió el suyo sin mayor gloria. Hubo dos omisiones importantes: Una al interior: no haber dedicado ni una sola frase al tema de las armas. Otra al exterior: no haber dedicado ni una palabra a lo que sucede en Latinoamérica.
En el tema de las armas, el mensaje de Obama es esquizofrénico. Por un lado Michelle, su esposa, invitó a los padres de la niña asesinada en Tucson a la ceremonia del informe. Por el otro, el presidente subió notablemente su popularidad al visitar a la congresista herida de bala en Tucson. Fueron gestos oportunos, políticos, sensibles y ejemplares. No obstante, perdió el momento para entrar al tema de las armas. Obama no se ocupó del tema seguramente por razones reelectorales.
The Washington Post, en su artículo editorial, lo criticó duramente. ¿Cuántas muertes más tendrán que ocurrir?, pregunta el diario, para reglamentar el mercado de armas. ¿Cuántos muertos más preguntan en Estados Unidos? ¿Cuántos muertos más preguntamos en México, que sabemos que las armas nos llegan del norte para reforzar a los delincuentes? Obama no quiere hablar de armas y su vocero declaró que lo hará en algún momento.
El silencio respecto a América Latina fue sonoro. Habló de nuevas políticas en materia de educación superior, migración y libre comercio. Estos tres temas afectan a los países latinoamericanos. Expresó su frustración de que cientos de miles de jóvenes extranjeros que estudiaron en universidades estadunidenses, regresen a sus países al terminar su formación. La contradicción es que Obama se queja de que las universidades americanas formen a estudiantes extranjeros y éstos después se les vayan. La paradoja es que los extranjeros no pueden quedarse en EU. Al recibir sus visas de estudiantes se comprometen a regresar a sus países de origen una vez que concluyan sus estudios.
El informe de Obama al menos generó un debate sobre lo que debió haber incluido. Nosotros convertimos nuestro informe en una fiesta anual de graduación en la que en privado se refrenda el culto al Presidente. Precisamente lo que se pretendía evitar con la reforma al 69 constitucional.
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Publicado en Excélsior

jueves, 13 de enero de 2011

Caciquismo y poder político en Guerrero


CACIQUISMO Y PODER POLÍTICO EN GUERRERO.
Zenaido Ortiz Añorve
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Resumen
El tema de los caciques ha sido muy recurrente en las investigaciones de la ciencia política, sin embargo, hace falta reflexionar y profundizar en el sentido de que estos actores han evolucionado y cambiado, ya que anteriormente los caciques se caracterizaban como principales intermediarios entre lo local y lo global (es decir, entre lo municipal-estatal-nacional), estos caciques pueden ser caracterizados como “tradicionales”, es decir, aquel cacique que obtenía su poder en gran medida gracias al acaparamiento de la producción en el ámbito local que le generaba un poder económico y que lo cristalizaba en lo político, dotándolos también como intermediarios políticos. No obstante, los caciques han cambiado adecuándose a los tiempos actuales, pues ahora los partidos han desplazado su función de intermediarios y mediadores, pero no han desaparecido, ya que estos caciques se han apropiado de los partidos políticos conformando grupos de poder.
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Introducción
El tema del caciquismo ha sido abordado por distintos autores, permitiendo hacer una caracterización de estos actores como intermediarios dentro de las estructuras del sistema político mexicano.
En este sentido, me parece relevante retomar el tema del caciquismo planteándome una interrogante que intentaré responder a lo largo de la discusión. La pregunta que estoy planteando es ¿existen caciques o neo-caciques en el México contemporáneo?
Además el fenómeno del caciquismo permite comprender la dinámica de la lucha por el poder dentro del ámbito local, ya que los caciques habían tenido, dado su origen histórico, un carácter de intermediarios y/o mediadores políticos, generalmente considerados como aquellos “que operan en el mundo informal de la política, a la sombra de la legalidad” (Hesles, 1998: 28).
Para responder la interrogante planteada, analizaré de manera breve el origen de los caciques, para enseguida pasar a la conceptualización de lo que es un cacique y la discusión en torno a un neo-cacicazgo. La última parte del ensayo contempla una mirada, de manera breve, sobre el fenómeno del cacicazgo en Guerrero.
El origen de los caciques
La palabra cacique proviene del vocablo Kasseque y es traducido al español como “cacique”, fue utilizado por los españoles para designar a las autoridades autóctonas de las repúblicas de indios, otorgándoles cierto poder, que incluso llegó a reconocerse oficialmente este término y de alguna manera fungieron como intermediarios entre las comunidades indígenas y las autoridades coloniales, ya que gozaban de presencia en la comunidad, aunque más tarde fueron desconocidos por el poder colonial debido al poder, no solo económico, sino también político que estaban acumulando.
Ahora bien, es necesario fijar la definición que manejaré con respecto al concepto de cacique, el cual entenderemos en el sentido que lo define Luisa Paré, cuando señala que puede ser definido, de manera general, como un fenómeno de mediación política caracterizado por el ejercicio informal y personal del poder para proteger intereses económicos individuales o de una facción. Esta protección de sus intereses la puede hacer mediante la ocupación directa de puestos políticos en el partido del poder o en el sistema administrativo y/o controlar a los que ocupan estos puestos, es decir, su presencia puede ser o no visible dentro de la estructura del poder, lo que importa es que ejerce un control político. (Paré, 1999: 36-37).
En este sentido, los caciques se han caracterizado por ocupar una posición, de manera funcional, en el entramado de la interdependencia, esta posición está sujeta a la estructura de la red, pero también, y sobre todo, a los recursos del Estado y del mercado de la sociedad más amplia en que se inscribe la clientela. En este sentido, la eficacia que ejercía el cacique, como intermediario, radicó en la habilidad para hacer circular recursos externos a una red que padece una deficiencia de los mismos, de esta manera, el cacique, logra distribuir, con base en un sistema de intercambio de bienes y servicios al interior, renovarlos y proyectar esta reciprocidad hacia otros entramados sociales (Hesles, 1998:30).
La finalidad que tienen los caciques, al desempeñarse en el ámbito político como un intermediario es, precisamente, la construcción de una clientela que puede garantizarle la creación de un capital social que se estructura en redes sociales que le garantiza un apoyo en determinadas acciones.
Este capital social está basada en el clientelismo político, definido como un sistema de relaciones interpersonales de manera asimétrica entre un patrón, que directamente provee protección, asistencia, patrocinio o mecenazgo a sus clientes quienes a cambio ofrecen lealtad y apoyo para promover sus intereses. Esto permite a los caciques crear una mutua interdependencia entre sus clientes y él como patrón, ya que ambos se necesitan. El primero, otorga recursos que pueden ser cargos públicos, trabajo, seguridad, permisos oficiales, influencias, relaciones sociales, etc. (Hesles, 1998: 29).Mientras que en el caso del segundo, lo que aporta es lealtad, fidelidad y sobre todo apoyo de manera que, en algunos casos,es incondicional. La relación que establece el cacique con su dependiente es de carácter recíproca, aunque asimétrica, es decir, desigual.
El poder que los caciques ejercen es identificado en algunos casos de manera informal, “la mano detrás del trono”, y desde luego no es independiente del poder formal u oficial, en cuanto logran ocupar de manera directa puestos del gobierno, en el partido y en el sistema administrativo, o en su caso llegan a controlar aquienes ocupan estos puestos (Paré, 1999: 37).
Cabe preguntarnos hasta aquí, como es que un cacique logra llegar a ser como tal, es decir, cómo es que acumula un poder que le permite manejar los hilos del entramado político de manera que convenga a sus intereses. Esta interrogante puede ser contestada por el simple hecho de que un cacique, en su proceso de formación, se inicia en algunos casos acumulando bienes económicos que necesariamente cristaliza en el ámbito político, dado que se ve en la necesidad de proteger sus bienes interviniendo de manera directa o indirecta en las decisiones políticas. Además que este poder económico les garantiza poder acumular de lo que hablábamos anteriormente, cuando señalaba que los caciques van constituyendo una especie de cliente política al proporcionarles algunos servicios o bienes.
De alguna manera, los caciques, de acuerdo a lo que he mencionado, se venían desempeñando como mediadores y/o intermediarios políticos, principalmente en las comunidades indígenas, además que eran utilizados para la penetración del capitalismo en estas comunidades, dado que para ello se requiere del control político, que sin lugar a dudas poseían los caciques (ver Pare, 1999: 37).
Sin embargo, hay que mencionar que el fenómeno del caciquismo se ha visto afectado por la penetración de los partidos políticos en las comunidades, originando que los caciques cambien su funcionalidad en las comunidades. Si antes los caciques eran intermediarios o mediadores políticos, ahora se han vuelto los representantes directos de los partidos políticos, sean de izquierda, centro o derecha. Esto lo han logrado gracias a la conformación de grupos de poder que de manera directa o indirecta dirigen ellos, logrando así controlar al partido que pertenecen.
Con lo anterior, podemos señalar que se está generando un neo-cacicazgo, ya que ahora el papel del cacique no es de intermediario, sino de un actor más, que interviene y, en algunos casos, posee y controla el poder local.
Pero, ¿por qué son neo-caciques?, bien, esta interrogante intentaré contestarla de manera sintética. Los caciques se caracterizaban por tener el control, casi absoluto de la región o municipio donde operaban, dado que intervenían en la toma de decisiones, al no existir más que un sólo partido de Estado, entiéndase por partido de Estado toda la década que ocupó el PRI en el poder tanto municipal, estatal y nacional. Otra de sus características es que los caciques poseían un poder económico basado en la acumulación de capital, extraído de los excedentes que obtenía gracias a la apropiación, control y acaparamiento de los productos emanados en el nivel regional o municipal donde estos caciques operaban.
Ahora bien, cuando el sistema dominante actual, el capitalista, se introduce en las regiones y comunidades del país, genera cambios notables en la vida de éstos lugares; como en las relaciones sociales y de producción, además de introducir la lógica del mercado. Esto conllevó a que los caciques perdieran su representatividad como acaparadores de las mercancías producidas en estos lugares, dado que se da la introducción de nuevos productos llegados del exterior y a los cuales el cacique no puede controlar, a pesar de que se introducen nuevos elementos queintervienen en la toma de decisiones. Uno de los elementos que se introducen en las regiones y comunidades, y que van a ser decisivos en el cambio de la toma de decisiones o canalizadores de las demandas sociales, son los partidos políticos considerados “mediadores entre la ciudadanía y la esfera estatal, a ellos corresponde decantar en un proyecto las aspiraciones de la primera; proyecto que, de imponerse por el apoyo mayoritario de la población y no por el uso de la fuerza, se convertirá en programa de gobierno” (Guillén, 1998: 50).De esta manera, al introducirse los partidos políticos, se desploma la figura del cacique como intermediario en los distintos niveles de la estructura del sistema político mexicano, ya que los partidos tienen un funcionamiento que se apoya en niveles distintos: a nivel municipal, el partido trata de ganar la alcaldía, o por lo menos algunos puestos dentro de ella; a nivel estatal, suma sus diputados, senadores y personal de la administración pública; esto conforma niveles de jerarquía de la militancia dentro del partido (Dehouve y Bey, 2006: 329).
Dado que su figura de intermediario es desplomada con la presencia de los partidos políticos, los caciques se ven en la necesidad de ejercer su poder que tienen o poseían participando directamente en los partidos. En los cuales llegan a conformar grupos de poder, llegando a convertirse en porta voz del partido al que pertenecen, dado que subordinan a los demás grupos que en su interior existen. Esto dota de una característica diferente a los caciques, ahora como dirigentes o lideres de algunos partidos políticos, como lo veremos más adelante.
Un bosquejo histórico del cacicazgo en Guerrero
El origen del cacicazgo en Guerrero tiene sus raíces en la época revolucionaria, cuando los caudillos surianos triunfan ante el poder del General Porfirio Díaz. La proveniencia de estos caudillos de familias como los Figueroa se trasladará a lo largo de los años perdurando en el poder gubernamental. De esta manera, desde que una junta de jefes revolucionarios nombra, el 16 de mayo de 1911, a Francisco Figueroa como primer gobernador revolucionario del Estado de Guerrero y, a su vez, este designa a su hermano Ambrosio como inspector de los cuerpos rurales del Estado, se inicia con ello la instauración de un cacicazgo que descansa en la fuerza para controlar el poder político y económico de la entidad (El Sur, 2009: 11).
Actualmente los Figueroa tienen una presencia en Guerrero con un poder que es innegable, recordemos que sigue siendo el mejor ejemplo de uno de los principales cacicazgos que mueve los hilos del poder, tomando decisiones en el interior de su partido, el PRI. Este poder tiene sustento en su participación en sucesos históricos de nuestro Estado, además el cacicazgo que iniciaron es resultado de la acumulación de un poder político que les permitió acumular un capital que les aseguró un poder económico.
El mantenimiento del poder por parte de los Figueroa se debe a un régimen que ha estado durante varios años (98 para ser exactos), basado en un sistema que mezcla los favores, la gestión y la amenaza, que les ha funcionado para el mantenimiento de la gobernabilidad sobre la sociedad suriana. No obstante, es tan alta la exacción y el saqueo, que las medidaspersuasivas, implementadas por los caciques, han tenido que ser apoyadas durante actos represivos (El Sur, 2009:11). Tal como sucedió en la década de los años sesenta y setenta, cuando se genera una lucha entre el gobierno y la sociedad guerrerense, con una guerra sucia que dejó miles de desaparecidos y muertos, inaugurando una década de violación constante a los derechos humanos.
Además, generó una respuesta violenta por parte de algunos sectores de la sociedad civil, que terminó con el surgimiento de movimientos guerrilleros en el Estado, como la aparición del Partido de los Pobres (PDLP) dirigido por Lucio Cabañas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) dirigida por Genaro Vásquez, que declaran la guerra al Estado, no solo guerrerense, sino mexicano, dado el nivel de polarización socialy confrontación constante.
Esta constante confrontación propicia un clima de tención constante y a su vez da cavidad para que la sociedad se movilice en exigencia de sus derechos básicos, ya fuera de manera pacífica o mediante la lucha armada. Esto permitirá que la sociedad guerrerense sea un catalizador para 1988 con la defensa del voto, dando nuevamente origen y motivo a despertar ese Guerrero Bronco, que llega a la cima de la violencia con el acontecimiento que marcará nuevamente “el retorno a las armas”, con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), tras la masacre de Aguas Blancas. Estos acontecimientos serán decisivos, ya quepresionan a la clase política en Guerrero, pues recordemos que Figueroa Figueroa es removido de su cargo como gobernador del Estado, lo cual asegura, sino una caída, si un desplome del cacicazgo que venía ejerciendo de manera constante durante noventa años, aunado a ello la presencia de fuerzas políticas que competían por la vía electoral y que cada vez acumulaban mayor fuerza y base de militancia.
A pesar de que el cacicazgo de los Figueroa se veía debilitado por la polarización social, pudieron asegurarse un sexenio más, que no duró mucho, aunque no necesariamente estuvieron ellos en el poder. Reflejo de ello es el triunfo que tuvo la izquierda en las elecciones de julio del 2005, con Zeferino Torreblanca Galindo que implicó una democratización del sistema político guerrerense, aun con todas sus críticas que se puedan hacer al gobernador en su función de representante “de izquierda”. Sin embargo, este cambio de partido en el gobierno, permite asegurar un debilitamiento en el sistema caciquil que prevalece en Guerrero.
Hemos analizado hasta aquí, de manera breve y sintética, el cacicazgo que han ejercido los Figueroa en nuestro estado, ya que si bien existen otros caciques en Guerrero, pero no han tenido la misma fuerza y capacidad de control que los Figueroa han mantenido hasta nuestros días, adecuándose a las circunstancias. Sin embargo, me parece relevante para los intereses de mi investigación que está en proceso, retomar aquí el cacicazgo desarrollado en la Costa Chica, particularmente en la región amuzga (que comprende los municipios de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y parte de Ometepec) donde se ha incrustado un poder caciquil que detenta Aceadeth Rocha Ramírez (actual diputada por el PRI del distrito VI).
En este sentido, pasaremos al análisis del cacicazgo que ha ejercido esta persona en la Costa Chica y que permite comprender la dinámica de la lucha por el poder en el municipio de Xochistlahuaca, así como la constante confrontación que vive la sociedad amuzga.
Aceadeth Rocha Ramírez es una mujer que se asume como indígena y por lo tanto domina el castellano (español) y el ñomndaa (amuzgo), lo cual le permite tener una comunicación directa con sus paisanos. Su carrera política la inició fuera de su municipio, aunque es originaria de la región de la Costa Chica, ya que tuvo la oportunidad de ser en dos ocasiones diputada local por la vía plurinominal, con la cual inició el fortalecimiento de su carrera política. Su poder está basado en una red de relaciones que van desde lo local hasta lo nacional: a nivel local controla el PRI, con su hermano en la presidencia de este partido y con una red tejida así a las comunidades pertenecientes en el municipio basadas en una relación de clientela, pues otorga servicios y bienes a quienes la apoyan; a nivel nacional está identificada y guarda buenas relaciones con la lideresa del tricolor (el PRI) Beatriz Paredes Rangel (actualmente diputada federal por ese partido).
El inicio de su participación en la vida política del municipio de Xochistlahuaca la inicia de una manera muy curiosa. Dado que cuenta en su historia de vida que ella se decidió participar en el partido muy joven, porque su papá inició una lucha contra uno de los caciques de Xochistlahuaca, de nombre Rufino Añorve Dávila, quien asegura mando asesinar a su papá por desafiar su poder. Debido a esta situación, Aceadeth decide afiliarse al PRI. Curiosamente rápido se integró a las actividades del partido, puesto que fue comisionada como delegada del municipio que le facilitó relacionarse rápidamente con personas del partido a nivel estatal. De esta comisión obtuvo lo que ella misma relata “al llegar a Chilpancingo el presidente del partido me preguntó que cómo nos había ido, que así, todo perfecto y me lleva a la casa y pues yo me dije, pues ya me doy por bien servida, me dieron cincuenta pesos por venir ocho días a trabajar, cuando mi mayor sorpresa que me llama el presidente del partido, y me dice: oye Aceadeth ¿no estás interesada en incorporarte con nosotros?, no me lo dijo dos veces y en ese momento me fui […] (Gutiérrez, 2001:141).
Con estos antecedentes Aceadeth se asegura un cargo dentro del partido, iniciando como delegada municipal del partido, mas tarde coordinadora regional, distrital, después como coordinadora de la mujer campesina y se dedica de tiempo completo a la campaña para gobernador de Ruíz Massieu. La nombran subprocuradora Social de la Montaña y de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado. Además, estos puestos le facilitan relacionarse con personas como Guadalupe Gómez Maganda y Beatríz Paredes Rangel, quien la invita a trabajar con ella después del levantamiento zapatista en Chiapas, y en la CNC se encuentra con Francisco Labastida. Así mismo, tiene la oportunidad de representar a la mujer indígena a nivel de Latinoamérica en Nueva York y Québec, siendo ponente en Guatemala y participa en eventos indígenas en Perú y Ecuador (Gutiérrez, 2001: 142).
Estos antecedentes le han permitido a Aceadeth llegar a ocupar el cargo de presidentamunicipal en Xochistlahuaca en dos ocasiones, la primera en el año 1999 al 2002 y en un segundo momento durante el periodo que comprende de 2005 al 2008, actualmente es diputada local por el VI Distrito.
Conclusiones
Después de haber realizado una breve descripción sobre el origen de los caciques y de analizar el caso específico en el contexto de Guerrero, como también un caso a nivel regional, particularmente de la Costa Chica, podemos asegurar, en base a los dos casos, que los caciques han cambiado transformándose de simples intermediarios políticos a líderes y representantes de los partidos, llegando a ser ellos quienes controlan el partido al que pertenecen. En ambos casos, resulta interesante que los caciques se conformaron mediante un poder político que fueron acumulando al incidir en la política; el primer caso, el de los Figueroa, obtuvieron su poder mediante un antecedente histórico, de participación en la lucha revolucionaria, lo cual les permitió acumular un capital político que lograron mantener durante años, reflejado en la ocupación directa de puestos dentro de la estructura gubernamental (tal como es el caso de la gubernatura del Estado).
En el segundo caso, el de Aceadeth Rocha, su poder político lo obtuvo mediante la participación desde la esfera más inmediata de la política, el partido a nivel local, hasta la ocupación de cargos de representación que mencioné. Los cuales le permitieron acumular una clientela política que utiliza y destina para los fines políticos de su grupo de poder, que a su vez controla el partido a nivel local y que se ha convertido en la máximaexpresión del mismo, subordinando a las demás facciones a su poder. Este poder político que acumuló Aceadeth le permitió contar con un capital económico que ahora canaliza para los fines políticos de su partido y grupo.
En ambos casos, tanto los Figueroa y el de Rocha Ramírez, se han convertido en una especie de neo-caciques, en el sentido de que ahora no son directamente los intermediarios entre los niveles de gobierno, sino por el contrario, son ahora quienes controlan al partido al que pertenecen mediante una red de relaciones que les permiten tener un poder transversal, lo cual les garantiza ejercer un control eficaz sobre la base de militantes.
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viernes, 24 de diciembre de 2010

Sobre el paseo del pendón, en Chilpancingo

En la edición del 24 de diciembre, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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El Paseo de la Resistencia
Sergio Lugo
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El 19 de diciembre se realizó el Paseo del “Pendón en Chilpancingo”, donde podemos observar a la mayor parte de las danzas y bailes indígenas y mestizos de casi todo Guerrero.
Resaltando el “Jaguar” o en términos más correctos “Ocelotl” o “Tecuan”, ya que el nombre de Tigre es incorrecto, creado por los españoles. Existen diferentes versiones de esta “danza” y animal, sin embargo en su mayoría su significado es el mismo: la fertilidad, la fuerza, la vida, “el respeto”.
Eso es el símbolo de Guerrero, ese animal se puede encontrar en infinidad de danzas y rituales, para percatarnos de eso es necesario contemplar el “Pendón”, el amarillo con manchas negras es parte del paisaje de Chilpancingo y por ende de Guerrero.
Debemos entender que el “Ocelotl” es quizá el máximo concepto que nos identifica como guerrerenses en cuanto a cultura, junto con el mezcal como bebida.
El Paseo del Pendón debería ser considerado una celebración a nivel internacional porque expresa el sentir de un pueblo: es el Paseo de la resistencia a perder nuestra identidad, a no dejarnos sobajar por el extranjero o por el patrón, porque detrás de cada danza y baile está la historia de Guerrero:
Del hombre blanco regordete de barba y nariz afilada que nos embarra su educación y civilización, del misionero que nos impone con su cruz a su Dios y el amor a la resignación, de los indígenas que combatieron a los realistas y españoles por nuestra Independencia. Lo irracional de los blancos que trajeron africanos a Guerrero para vivir como esclavos, lo admirable del hombre negro al exigir su redención, que cada cerro, ojo de agua y cueva es sagrado. La conexión hombre-naturaleza-universo es el equilibrio, las danzas lo expresan con su movimiento.
La esencia de Guerrero son: sus indígenas regaron la semilla. Los afros que ayudaron a nuestra independencia y revolución, su música como la de los hermanos “Magallón” fue capaz de apaciguar dos pueblos en pugna, su letra son corridos de héroes o de congoja, me recuerdan al blues y su estructura es similar al jazz, una de sus maneras de expresar su dolor con el saxofón y la trompeta. Los campesinos se funden con la tierra.
Pocas personas entienden lo anterior, por ejemplo el PAN representa a los herederos del hombre blanco evangelizador y moralista de la ignorancia y sumisión. El PRI representa al patrón que maltrata al campesino, a ese cacique capaz de arrasar cosechas y pueblos enteros con tal de erigirse amo de todo.
Sin embargo la izquierda representa lo opuesto porque está integrada por los pobres, cuyos padres lucharon con Morelos, Guerrero, Zapata, Genaro y Lucio.
En el campo electoral (que no es el único en la lucha) una parte de la izquierda ha decidido respaldar a Ángel Aguirre (tomando en cuenta su origen) incluso el movimiento de AMLO le pidió que firmara 10 compromisos, en los cuales se pide concretamente ayudar a los pobres brindándoles salud y educación gratuita. Lo mismo le solicitaron a Aguirre los representantes de pueblos originarios durante un foro estatal indígena y afro-guerrerense, el pasado 5 de diciembre en Chilpancingo.
El problema fue La Parota, porque ambos movimientos pidieron que Aguirre se manifestara en contra de esa hidroeléctrica. Aguirre estaba de acuerdo pero luego de reunirse con Torreblanca (que representa al patrón blanco) cambió su postura ¿con qué habrá amenazado el gobernador al candidato?
Felipe Flores de la CECOP explica sus razones por qué están en contra de La Parota, ya que les ofrecen la CFE pagar a $ 70 centavos el metro cuadrado, para luego vender en dólares, a Torreblanca le tocaría el 10% unos $120 millones de dólares, son en total 17 300 hectáreas que afectan a cinco municipios: San Marcos, Tecoanapa, Juan R. Escudero, Chilpancingo y Acapulco.
Uno de sus promesas es dotar de agua por cincuenta años a Acapulco pero Flores explica que el objetivo de una hidroeléctrica no es generar agua sino electricidad y que el agua de las turbinas no tiene oxígeno.
Con La Parota se desplazarían a 25 mil personas de sus comunidades, la CFE argumenta que solo serían a 3 080 personas pero no toman en cuenta a los familiares de los comuneros, y que está comprobado por organizaciones que es imposible que se pueda ofrecer los 10 mil empleos.
Aguirre debe comprender que el movimiento López obradorista, el afro-indígena y de los opositores a La Parota son la mayoría de Guerrero, son su historia en sí misma.
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martes, 21 de diciembre de 2010

Sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación


Justicia, un camino sin final
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Guillermo Ortiz Mayagoitia rindió su último informe de labores como presidente de la Suprema Corte. En enero, los integrantes de la Corte votarán por Juan Silva Meza, que será la nueva cabeza del Poder Judicial federal. A partir de la reforma judicial de 1995, los ministros de la Corte eligen a su presidente por cuatro años. Los ministros presidentes anteriores fueron Vicente Aguinaco, Genaro Góngora y Mariano Azuela. Ninguno de los cuatro impactó de tal manera que se pueda hablar de la Corte de Aguinaco, Azuela, Góngora u Ortiz. Aguinaco sorteó las dificultades derivadas de unas conversaciones grabadas clandestinamente que mostraban inconfesables arreglos. Góngora, amparado en una supuesta neutralidad e independencia, actuaba tras bambalinas a favor de un partido político (PRD). El dudoso mérito de su contrarreforma judicial fue la subordinación del Consejo de la Judicatura Federal. Mariano Azuela, conforme a la teoría del péndulo, se ubicó a la derecha de la izquierda gongoriana y le dio por asesorar jurídicamente al gobierno foxista en el fracasado desafuero a López Obrador. Culminó tristemente su carrera judicial con ese estigma histórico.
Ortiz Mayagoitia llevó la fiesta en paz y mantuvo serenidad ante el poder. Su última gestión política la hizo el día de su informe al agradecer al presidente Calderón que la terna enviada al Senado, que fue rechazada, haya incluido a integrantes del Poder Judicial para alcanzar un sano equilibrio en la Suprema Corte. Señaló que cuatro ministros en funciones se formaron en el Poder Judicial de la Federación. Desaprovechó la ocasión para decir lo evidente: El sistema de ternas no funciona. Las nominaciones presidenciales en terna están altamente politizadas. El sistema propicia el bochornoso espectáculo de los aspirantes a ministros o consejeros cabildeando a los senadores. Los senadores aprovechan para negociar sus designaciones: ¿un ministro de la Corte por dos consejeros del IFE?
En Estados Unidos, donde no existe la carrera judicial, los presidentes designan al presidente de la Suprema Corte, de por vida, y nombran a los jueces asociados (ministros), con la aprobación del Senado, también de por vida. En ese país no se había nombrado un juez asociado de la Suprema Corte que no hubiera tenido experiencia judicial desde hacía cuarenta años. Los últimos fueron los juristas Lewis Powell y William Rehnquist, designados por Nixon, el primero falló en contra de Nixon en el asunto Watergate, el segundo se abstuvo por haber formado parte de la administración de Nixon.
La recién nombrada juez asociada Elena Kagan, con experiencia académica y administrativa, jamás había sido juez y es la única entre los nueve integrantes que viene de fuera. Hay quienes piensan que sólo se puede ser buen juez asociado de la Suprema Corte si se tiene experiencia judicial y hay quienes, por el contrario, creen que conviene que alguien que no lo ha sido traiga nuevas ideas y maneras de ver la justicia.
En México, los ministros provenientes del Poder Judicial están en minoría (4) frente a los de “fuera” (6). Parece razonable que la vacante sea cubierta por un magistrado (a) de circuito para mejorar el equilibrio. Lo que también hace falta es debatir si la gestión presidencial de cuatro años deberá extenderse otros cuatro más al permitirse la reelección inmediata del presidente de la Suprema Corte.
Por lo pronto, los desencuentros entre el Presidente y el Senado propiciaron condiciones para un mayor rezago en la Suprema Corte al no poderse integrar plenamente.
En el Distrito Federal, a la vanguardia en muchas cosas, se planteó (PRD) ya una iniciativa a fin de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal pueda reelegirse, si sus pares así lo determinan. La justicia, anhelo social siempre pendiente, es un largo camino sin fin, que hay que recorrer.
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Publicado en Excélsior, 21 de diciembre de 2010.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Revocación de mandato en Guerrero

En la edición del 15 de diciembre de 2010, en LA JORNADA GUERRERO se publicó la siguiente nota:
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Revocación del mandato popular para el titular del Poder Ejecutivo en Guerrero
Uriel Leal Ramírez
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El término “revocar” proviene del latín revocare. Según el Diccionario de la Real Academia Española, es: “dejar sin valor o sin efecto una concesión, un mandato o una resolución”. La revocación de mandato es una de las figuras del sistema de democracia directa, es un instrumento de decisión ciudadana por medio del cual se determina la remoción de cierto servidor público que ha sido electo por el voto directo o indirecto de la ciudadanía, de manera anticipada a la conclusión de su encargo, cuando su gestión no ha sido satisfactoria. La democracia necesita de pesos y contrapesos para que los poderes y órdenes de gobierno funcionen correcta y eficientemente. Es precisamente en este punto donde la sociedad debe contar con un instrumento legal que le permita separar del cargo a los malos servidores públicos sean de elección o de designación.
En Guerrero a finales del 2007, dentro de las reformas y adiciones que se realizaron a la Constitución local en sus artículos 17,18 y 25 destacan las figuras del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, formas de democracia directa. Como consecuencia siete meses después el Congreso local expediría la Ley de Participación Ciudadana, misma que incluye otras figuras como: Consulta Ciudadana; Colaboración Ciudadana; Rendición de Cuentas; Difusión Pública; Audiencia Pública; Recorridos del Presidente Municipal y Asamblea Ciudadana, formas de participación ciudadanas importantes pero no suficientes.
En la actualidad casi la mitad de los estados de la República Mexicana cuentan con una Ley de Participación Ciudadana. Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Tlaxcala y Morelos tienen, desde hace un buen tiempo, en sus constituciones, leyes orgánicas y legislación electoral la figura de revocación de mandato, la desaparición y suspensión de autoridades. Sin embargo, con excepción del primero, sólo se aplica a los integrantes de cabildos municipales.
En Chihuahua, la revocación de mandato también incluye al gobernador y diputados. Se requiere que la solicitud esté suscrita por el 10 por ciento como mínimo de los ciudadanos del estado, distrito o municipio, según sea el caso, y su presentación puede darse una vez que haya transcurrido una tercera parte del periodo respectivo. Las causas de revocación de mandato se contemplan en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Actualmente, Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato a la gubernatura, por la Coalición Guerrero nos Une, dentro de su oferta política ha propuesto incluir en la revocación de mandato al titular del Poder Ejecutivo. La Constitución Política del Estado sólo prescribe que el Gobernador, durante el tiempo de su encargo, únicamente podrá ser acusado por delitos graves del orden común. Y si a eso le agregamos que tampoco procede el juicio político en su contra. La revocación debe ser una prerrogativa exclusiva de los ciudadanos, un poder público no podría solicitar la revocación de mandato de los titulares de otro poder. Debe ser el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decidir sobre la continuidad en el desempeño del cargo. En el ámbito municipal existe tal figura pero con un enfoque distinto, la participación del ciudadano es a medias, sólo puede solicitarla al Congreso local.
En Guerrero es necesario que demos este paso en la búsqueda de acortar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones de representación y de gobierno. La participación ciudadana es necesaria para poder transitar de la periódica participación de los ciudadanos en los procesos electorales, a la participación ciudadana en un sentido más amplio. Es necesario construir los espacios y los procedimientos institucionales en los que dicha participación pueda realizarse.
En los Estados Unidos de Norteamérica, en 26 estados, las constituciones locales permiten la revocación de mandato a manos de los propios ciudadanos, mientras que esta misma figura aparece en las constituciones de Ecuador, incluso para el Presidente de la República, en Colombia, Perú y Venezuela a nivel regional o local.
Guerrero puede y debe aspirar a ser un estado líder en instituciones y mecanismos que impulsen los espacios de participación directa de los ciudadanos, en momentos donde parece haber un profundo desencuentro entre sociedad y poderes públicos.
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jueves, 25 de noviembre de 2010

Sobre Migración a Estados Unidos

La esperada DREAM Act

Mario Melgar Adalid.
George W. Bush ha publicado sus memorias (Decisions Points). Mantiene con ello la tradición política de los presidentes estadunidenses de dar a conocer puntos finos al término de su gestión. Las referencias a nuestro país son marginales. Bush reconoce la amistad que lo ligó con Vicente Fox. El único asunto vinculado con México que desarrolla con cierto detalle es el relativo al tema migratorio.
Dice Bush que la primera cena oficial de Estado fue la ofrecida al Presidente mexicano. En esa ocasión los mandatarios hablaron sobre migración. Bush estaba de acuerdo en un esquema de trabajadores temporales a los que se les otorgaría una visa de trabajo durante un periodo fijo para que se incorporaran legalmente a la economía de Estados Unidos. Dice Bush que Fox insistió en la regularización de millones de mexicanos indocumentados. Lo que se llamó la "Enchilada Completa."
Bush comenta, contrario a lo que el gobierno foxista nos hizo creer, que le aclaró a Fox que eso jamás ocurriría. Una decisión de esa naturaleza hubiera sido una amnistía que hubiera roto con el Estado de derecho y hubiera incentivado la migración ilegal.
Vino el ataque del 11 de septiembre y Bush enfiló sus baterías a controlar la frontera para garantizar la seguridad de esa región y promover el programa de trabajadores temporales. Bush declara en su libro una y otra vez que para él la solución es un programa de trabajadores temporales que acabaría con los coyotes (nosotros les decimos polleros) y permitiría a los agentes de la Patrulla Fronteriza perseguir a los narcotraficantes y terroristas.
Bush recuerda su informe de 2006 sobre migración. Contenía cinco capítulos: (1) una gran inversión en la frontera para garantizar la seguridad: duplicar el personal de la Patrulla Fronteriza y llevar seis mil efectivos de la Guardia Nacional para apoyar a la Patrulla. (2) El programa de trabajadores temporales (braceros en español antiguo). (3) Vigilancia estricta de la ley migratoria en el sector productivo para evitar la contratación de ilegales. (4) Promover la asimilación de los extranjeros mediante programas para aprender inglés.
El quinto y más complicado fue precisamente por lo que ciertamente luchó Fox, lamentablemente sin suerte. ¿Qué hacer con aproximadamente doce millones de migrantes ilegales, la gran mayoría mexicanos?
Dice Bush que algunos de sus compatriotas le exigían una deportación masiva. Otros, por el contrario, pensaban que debería darse una amnistía total. Bush cree que hay un punto intermedio. No es lo mismo quienes acaban de llegar y quienes llevan muchos años en Estados Unidos, "que han sentado raíces como miembros responsables de la comunidad", escribió. Su propuesta entonces fue que esos migrantes ilegales soliciten su ciudadanía, después de una revisión exhaustiva, paguen una multa, cubran impuestos atrasados y aprendan inglés para formarse en líneas atrás de quienes cumplieron con las leyes. A los pocos días el Senado interpuso una iniciativa de ley, con estos elementos, patrocinada por los republicanos Chuck Hagel y Mel Martinez.
La Cámara de Representantes, que solamente acepta reformas migratorias que impliquen seguridad en las fronteras, no pudo hacer nada antes de las elecciones intermedias de 2006. Después, dice Bush, algo triste, llegaron los demócratas y tomaron el control del Congreso.
Ahora Obama reabre el tema migratorio con la DREAM Act.
La Ley de Obama consiste en compensar a quienes han hecho un esfuerzo extraordinario en estudiar y hayan obtenido un grado académico universitario y a quienes formen parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos. No es la enchilada que soñó Fox, pero algo ayuda. Puede ser el inicio de lo que para muchos que se fueron de México porque vivían una pesadilla, se convertirá en un sueño, como las siglas de la ley que será debatida en el Congreso de EU.
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Publicado en Excelsior, 23 de noviembre de 2010

miércoles, 27 de octubre de 2010

Sobre educación en México...

En LA JORNADA GUERRERO, edición del 27 de octubre de 2010, se publicó la siguiente nota:
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Por la calidad educativa en México
Estela Damián peralta
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En la Cámara de Diputados hemos refrendado nuestro compromiso de ahondar en la fiscalización del gasto educativo que se transfiere a los estados, pues no podemos permitirnos opacidad en ninguno de los fondos que maneja el Estado ni la Federación.
Estamos ciertos de que no se debe solapar la opacidad en el uso de los recursos en este sector, así como tampoco generar condiciones de excepción sobre la fiscalización o dejar de ser exigentes en torno a la premisa de mejorar la calidad de la educación.
Lo anterior viene a colación debido a que el monto de la nómina del magisterio en las entidades federativas es un verdadero misterio, ya que cada estado lleva una contabilidad diferente y sus gastos no corresponden con el crecimiento de los servicios educativos.
Resulta preocupante el informe que diera a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), en el sentido de que en México, el caso de la nómina magisterial es particularmente paradigmático, pues su contabilización cambia de un estado a otro.
El estudio titulado “la Caja Negra del Gasto Público”, refiere que la falta de homologación en la contabilidad provoca que encontrar el verdadero nivel de la nómina salarial y su destino se convierta en una labor de investigación más basada en hipótesis que en datos.
Ahí están casos como el del Gobierno de Veracruz, donde ni siquiera se distingue la nómina de los maestros del resto de los trabajadores, mientras que en Durango disminuyó misteriosamente 70 por ciento de 2006 a 2007, sin que se observara una reducción en el número de maestros, lo cual indica que se lleva el registro en otra partida contable que no se conoce.
Tan sólo Campeche, Puebla, Tabasco y Guanajuato registran la nómina en la partida en el capítulo 1000 de Servicios Personales de la Secretaría de Educación, el resto de las entidades separa la nómina de maestros estatales de los federales y lleva dos contabilidades.
Lo único que se puede verificar es la evolución del Fondo de Aportaciones para Educación Básica (FAEB), que son los recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades y tienen como destino el pago de la nómina de maestros.
Entre 1998 y 2008 los recursos del FAEB crecieron 51 por ciento real, pero en ese lapso el número de maestros aumentó solamente 11 por ciento y de alumnos, 5 por ciento.
El Imco recuerda que la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló problemas con el uso de este FAEB.
Un hecho por demás grave es que el FAEB se utilice para el pago a personas con cargos de elección popular; para transferir recursos a otras cuentas estatales y en general para pagos de conceptos que no deberían financiarse con estos fondos.
El organismo expone que los estados sólo gastan en nómina 20 por ciento de sus egresos, aunque si se contabiliza correctamente la nómina magisterial, considera que en promedio podría representar 67 por ciento del total.
En este marco, resulta fundamental la serie de reformas al sistema educativo que se alistan en el Congreso, con el propósito de obligar al gobierno federal y a los estados a otorgar una educación de calidad, profesionalizar y evaluar a los maestros y contar con un padrón único para terminar con los profesores fantasmas.
Se trata de acciones orientadas a rescatar a México de la marginación y penuria educativa y que lo ubican en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio. Las poblaciones pobres reciben una educación pobre.
En México, 34 millones de personas están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.
A nivel mundial, ocupamos el lugar 55 en el índice Educación para Todos, que mide el acceso a los servicios educativos. De acuerdo con el informe, tiene el lugar 65 en la cantidad de alumnos que alcanza el quinto grado, y el 66 en alfabetización para adultos. Mientras que en el acceso de las mujeres a la educación, está en la posición 58.
La ONU ha advertido que en México existen grandes asimetrías estructurales y desigualdad en la educación. El país enfrenta dos grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad.
El organismo internacional apuntó que la exclusión de las oportunidades educativas tiene destinatarios muy precisos: Las poblaciones pobres reciben una educación pobre.
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jueves, 21 de octubre de 2010

Promoción cultural en Acapulco

En la edición del 21 de octubre de 2010, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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La promoción cultural
Malena Steiner
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La difusión y promoción cultural en Acapulco, de manera institucional, inició ocho años atrás, cuando se creó la Dirección de Cultura en la administración municipal que presidía Alberto López Rosas. Antes, un área aglutinaba deportes, educación y cultura. Tal concentración sólo generó actividades esporádicas de cultura, según el criterio del funcionario a cargo, el cual la mayoría de las veces no cumplía con el perfil idóneo para tantas atribuciones que el puesto le exigía.
Desde luego, el Instituto Guerrerense de Cultura (IGC) ya existía y dispone hasta la fecha de oficinas y una casa de cultura en el puerto. Sin embargo, por diversas razones que merecen un análisis aparte, en su larga trayectoria el IGC ha sido una especie de entelequia más que una instancia de cultura y, claro está, su labor como “Instituto” sigue pendiente.
Si Guerrero ha carecido de escuelas de iniciación artística, mucho se debe a la inoperancia del IGC. Aún le falta un programa sólido de educación artística no formal, por lo menos. Por otro lado, la carencia de estudios a nivel licenciatura, en materia de artes escénicas y visuales, por mencionar un par de ejemplos, quizá se deba más a la falta de visión de las universidades, públicas o privadas, para renovar y enriquecer las licenciaturas que imparten.
En este contexto, resulta natural que los creadores locales desarrollen su trabajo sobre la marcha y con sus propios recursos; los actores adquieren tablas gracias a su tenacidad para realizar una puesta en escena; por falta de apoyos institucionales, ellos mismos se dirigen o hacen las adaptaciones de las obras de teatro; varios de los pintores jóvenes de Acapulco son autodidactas, con talento y sin los medios económicos para cursar estudios universitarios fuera de Acapulco o una residencia artística para mejorar sus técnicas pictóricas. Lo mismo sucede casi con todas las demás disciplinas.
Entonces, el debate debería focalizarse en mejorar las funciones y capacidad de gestión de los responsables de las instituciones culturales de Guerrero, antes de descalificar y atribuir una condición mediocre al quehacer artístico de los porteños. Más allá de la calidad de sus trabajos, es loable que persistan gracias a su necesidad de autoformación. Un creador no debe estar supeditado a lo que una institución le dicte ni al recurso económico que le otorgue.
Sin embargo, en México ha sido el Estado el principal promotor y mecenas de la cultura y las artes. Los artistas e intelectuales están vinculados, para bien y para mal, con la burocracia cultural federal, estatal o municipal.
Volviendo al ámbito acapulqueño, en los últimos cinco años el Ayuntamiento de Acapulco, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, gestionó recursos federales para eventos donde el público sólo es receptor y se presume que Conaculta ya nos reconoce por ello. Nadie “bajó” recursos federales para cursos, talleres o residencias artísticas para los nativos acapulqueños.
Con menos recursos, la gestión de José Dimayuga impulsó en su momento actividades para contribuir a la profesionalización de los creadores y se apoyó la publicación de obras literarias. En los últimos cinco años, nadie ha dicho nada sobre la carencia de recursos para editar la obra de aquellos que escriben, por ejemplo. Bueno, nadie ha dicho nada sobre las inexistentes monografías de los encuentros de escritores. Tampoco se ha comentado la paradoja de estos últimos años de promoción y difusión cultural porteña: el presupuesto de la Dirección de Cultura se reduce anualmente, mientras se elevan los gastos de un par de eventos; y volvemos a lo que creíamos superado: los recursos destinados a la cultura nuevamente se aplican bajo parámetros caprichosos y sin el saber del renglón artístico y cultural.
Además, el titular de la Dirección de Cultura recibe el extrañamiento de Contraloría municipal porque no se comprueba en tiempo y forma el presupuesto ejercido en el II Encuentro de Escritores del Pacífico 2009; nadie dice nada porque, hasta ahora, eso es un asunto interno. Lo lamentable es que la Dirección de Cultura no participa ni en la programación de dicho proyecto y ello se debe a que dos o más personas realizan la misma función, pero con el resultado desastroso de que a la hora de fincar responsabilidades, se lo hacen al que tiene el nombramiento formal, por la simple y sencilla razón de que el proyecto está etiquetado en el presupuesto de dicha dependencia.
Al ámbito cultural de Acapulco le sobran adjetivos pero le faltan análisis sobre su infraestructura; presupuesto, ejercicio y rendición de cuentas del gasto público; evaluación de políticas públicas culturales; condiciones en que los artistas desarrollan su labor creativa y fuentes alternas de financiamiento para proyectos culturales, entre otros temas relevantes. Faltan, pues, diagnósticos serios sobre nuestro ámbito artístico y sobran textos donde se desvalora el trabajo de unos y otros en vez de hacer un frente común; abrimos la puerta para que políticos y funcionarios desatiendan al sector cultural, so pretexto de la tan sobada frase que “estamos divididos”.
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Sobre el papel de las mujeres...


Mujeres
Ruth Zavaleta Salgado
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La vacante de un ministro en la Suprema Corte de Justicia y las tres en el Instituto Federal Electoral tienen que ser cubiertas con la presencia de las mujeres.
Proyectar la integración de hombres y mujeres en los espacios de poder al paralelo de la conformación de género de la sociedad, es una aspiración legítima, sin embargo, no es a partir de la promoción de cuotas que las mujeres esperan que se les integre a esos espacios de poder, sino a partir del reconocimiento a la capacidad de ejercer la función pública en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Un Estado con un sistema democrático tiene la responsabilidad de generar políticas públicas que permitan generar una nueva cultura en donde la equidad de género prevalezca.
Las mujeres han avanzado a grandes pasos en las últimas tres décadas. A la par que las reformas coyunturales del Estado, se han ido creando las instituciones y los espacios que les han permitido una mayor presencia en el Poder Legislativo y el Ejecutivo a partir de las cuotas de género en las listas de representación proporcional de los partidos políticos en las elecciones federales, las de los estados y las de los municipios.
Fue creada también una ley contra la violencia y la discriminación, se fundó un Instituto Federal de la Mujer y casi todas las entidades federativas cuentan con un Instituto, pero se necesita impulsar una estrategia que genere una nueva cultura en la ciudadanía que impida la exclusión y la aversión por motivos de misoginia.
Para las mujeres, llegar a ejercer la función pública no sólo se traduce en luchar por el reconocimiento al mérito, sino se traduce también, en términos prácticos, en que los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo reconozcan que, entre más espacios protagónicos encabecen las mujeres, más posibilidades tendrán de generar esos nuevos parámetros de valoración hacia la mujer y su nuevo papel en la sociedad mexicana y en la del resto del mundo.
Las mujeres, a más de medio siglo de haber logrado el derecho para votar, ahora tienen retos diferentes.
México está inserto en la región que genera mayor desigualdad social en el planeta y ésta se deriva principalmente de la falta de equidad para acceder a la riqueza que se produce en las naciones.
Pero esta desigualdad social se concentra en las mujeres y las golpea mayormente, pues, si revisamos los datos internacionales y los nacionales, son ellas las que menos posibilidades tienen de educarse, de conseguir empleos dignos o de recibir servicios de seguridad social.
Son las que más sufren de todo tipo de violencia, pero también las de menos posibilidades de ingresar al ejercicio de la función pública. En todo el país, sólo presiden 5% de los municipios; en el caso de las gobernadoras, sólo hay una y, respecto a legisladoras de los congresos estatales, sólo Sonora y Yucatán tienen más de 30% de integración de mujeres.
Si bien es cierto que la mayoría de los espacios que acabo de referir son de elección popular y necesitan contar con apoyo de los votantes, también es cierto que habrá mayor confianza hacia su ejercicio de la función pública si se les permite ejercerla.
Por ello, en el caso de la Suprema Corte de Justicia sería simbólico que una mujer llegara a presidirla, pero no como una concesión de cuotas de género, sino debido al reconocimiento al trabajo y a la capacidad de las mujeres que ya están presentes ahí y que con su labor han marcado la vida de la institución.
Se equivocan aquellos que preguntan si los mexicanos están preparados para que una mujer sea presidenta de la República porque antes deben preguntarse si los partidos políticos y el Poder Ejecutivo (estamos en un sistema presidencial y muchas cosas se determinan por ese poder concentrado) están dispuestos para impulsar que las mujeres sean libres de aspirar con expectativas reales a la Presidencia de la República. No basta tener el derecho consagrado en la Constitución, se necesita confianza y credibilidad de la sociedad y éstas sólo se logran si las mujeres tienen una actuación protagónica en las diferentes esferas de la vida pública
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miércoles, 20 de octubre de 2010

Sobre impuesto al tabaco...

En la edición del 20 de octubre de 2010, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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Los beneficios de incrementar el impuesto al tabaco
Esthela Damián Peralta
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En abril pasado, 24 senadores y 34 diputados de todos los partidos políticos suscribimos una iniciativa para incrementar el impuesto especial al tabaco, de tal forma que se logró elevar en siete pesos el precio de la cajetilla de cigarros, lo cual significará un aumento de ocho pesos en la recaudación.
El planteamiento es que estos recursos se destinen para la atención y prevención de enfermedades ocasionadas por el tabaquismo, sin embargo también he propuesto que dada la terrible situación en la que se encuentran los estados de Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, una parte de dichos recursos se destinen a la atención alimentaria, de salud, cobijo e infraestructura educativa en los estados afectados por fenómenos naturales.
Es más que claro lo que hoy se necesita para ayudar a los miles de damnificados en esta temporada de lluvias. La experiencia nos los demuestra: a finales de 1985 nos encontrábamos en un escenario similar, tras el sismo que pareció derrumbar la ciudad de México, se requerían recursos adicionales.
En ese entonces, se incrementaron los impuestos al tabaco en 40 puntos porcentuales, como resultado se obtuvieron recursos adicionales por más de 5 mil millones de pesos, lo cual ayudó a la Ciudad de México a sobreponerse de tan terrible desastre natural.
Hoy, la emergencia no es menor. En lo que va del año hemos sido afectados por 11 tormentas tropicales, derivado de ello se declararon en estado de emergencia 49 municipios en Nuevo León, 142 en Veracruz, 161 en Oaxaca, 37 en Chiapas y 13 en Tabasco; adicionalmente fueron declarados como zona de desastre natural 49 municipios en Nuevo León, 173 en Veracruz, 119 en Oaxaca, 43 en Chiapas y 13 en Tabasco. En total van hasta ahora 433 municipios declarados en estado de emergencia y 430 en estado de desastre natural. De aquí la urgente necesidad de canalizar recursos para apoyar a la población que resultó afectada.
En este tenor, hace unos días, diputados federales y senadores del PAN, PRD, PVEM y Convergencia establecimos un frente común para impulsar las distintas iniciativas que existen en ambas Cámaras para incrementar el impuesto especial al tabaco, lo cual también permitirá resarcir los daños que el consumo de este producto provoca a la sociedad y que son absorbidos por el Estado.
Expresamos nuestra confianza de que la iniciativa fuera aprobada, como así ocurrió, y considerada en la Ley de Ingresos del 2011. Asimismo, coincidimos en que la vivencia internacional ha demostrado que un incremento en el precio de las cajetillas de cigarrillos sí puede incidir en su consumo, especialmente entre el público más joven.
En lo personal, exhorté a buscar las alianzas partidistas que hagan falta para que en próximas fechas se voten de manera directa recursos públicos que permitan atender a las personas que enfrentan padecimientos provocados por el consumo del tabaco.
No podemos permitir que los fumadores pasivos y activos de repente no tengan posibilidades de una mejor atención médica por falta de recursos; canalicemos más dinero al tema de la salud incrementado el impuesto al tabaco.
Es un hecho que los legisladores de todos los grupos parlamentarios quieren que se apruebe este aumento, aunque no menos cierto es que hay presiones económicas muy fuertes atrás que no quieren que esto suceda.
Los impuestos son el mejor instrumento para encarecer los cigarrillos, porque tiene el efecto de que por cada 10 por ciento que se suba el precio de las cajetillas, cinco por ciento dejarán de fumar. Si el aumento llegara a ser del 20 por ciento, entonces estaríamos rescatando un millón de vidas.
En agosto pasado se realizó una encueta en mil 500 hogares, donde el 73 por ciento de los mexicanos apoyó un incremento al precio de los cigarrillos, no existe ningún impuesto que tenga ese grado de aceptación.
El consumo de tabaco es considerado como una epidemia de dimensiones globales que está causando daños devastadores alrededor del mundo. En México existen más de 10 millones de fumadores, lo que representa el 16 por ciento de la población total. De acuerdo a la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, el 50 por ciento de ellos morirá a consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Es así que muchas son las ventajas de incrementar el impuesto al tabaco.
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martes, 19 de octubre de 2010

Sobre el nombramiento de ministros en México...

En la edición del 19 de octubre de 2010, EXCÉLSIOR publicó la siguiente nota:
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Vacante en la Suprema Corte

Mario Melgar Adalid
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La Suprema Corte de Justicia mexicana tiene una vacante. Conforme a las reglas constitucionales, el Presidente debe enviar una terna para que el Senado haga comparecer a los terneros y evalúe quién debe ser designado ministro. La Barra Mexicana de Abogados envió una carta al Presidente proponiendo candidatos para el cargo.
La Barra de Abogados no es más que una organización civil, sin atribución ni función oficial, en tanto en México no existe la colegiación obligatoria de los abogados como sucede en casi todos los países. Está constituida como Asociación Civil. Es una especie de Club del Abogado.
La carta al Presidente tiene dos problemas. Si el presidente Calderón le hace caso, vulnera parte de su imperio. La decisión presidencial es exclusiva. Si no le hace caso, la Barra quedará en un intento fallido, estéril y poco político. En su afán de notoriedad y protagonismo la Barra de Abogados publicó su preferencia por cinco abogados, cuatro de ellos funcionarios del Poder Judicial federal y un abogado postulante. Éste último, más bien desconocido, sin obra publicada, ni méritos extraordinarios, como sugiere el cargo para el que fue propuesto.
En cuanto a los otros cuatro, algunos con prestigio judicial, académico y ético, bien ganado como el magistrado Alberto Pérez Dayán. Les dieron el beso de la muerte,
Los candidatos de la Barra de Abogados son funcionarios con adscripción en el Primer Circuito. Todos tienen su sede en Distrito Federal. Como si México se acabara en Cuautitlán. ¿Y los centenares de magistrados y jueces federales adscritos por toda la República?
Probablemente la Barra Mexicana se animó a darle sugerencias no pedidas al Presidente, como si se tratara de la Barra Americana (American Bar Association). Tal vez no sepan todavía que en una época la organización estadunidense, que es la agrupación de abogados más grande del mundo, se ocupó de intervenir en los procesos de selección de candidatos a cubrir vacantes de la Suprema Corte de EU. Tenía influencia y podía llegar hasta vetar algún candidato presidencial. Ya no.
El (ex) presidente George W. Bush modificó la participación de la Barra en el proceso de designación de los jueces federales y los jueces asociados integrantes de la Suprema Corte para asumirla integralmente. Alberto González, abogado del Presidente y, quien después sería el abogado general de Estados Unidos, se dirigió formalmente a la Barra para decirles, a nombre del mandatario, que era inadecuado el hecho de que la Barra tuviera una voz, casi oficial y jugara un papel único, su voz fuera escuchada antes y por encima de otras en los procesos de designación de los jueces federales y de los ministros de la Suprema Corte.
El presidente de EU-escribió González a la Barra Americana de Abogados-, no otorga un papel preferencial, casi oficial en la selección de los jueces federales a ningún grupo políticamente activo. No se metan con las facultades del Presidente.
Algo similar debería decírsele a la Barra Mexicana de Abogados en su pretensión de participar en la selección de los ministros de la Corte. No se debe presionar al Presidente de la República ni orientarlo en sus decisiones que la Constitución le confiere. No solamente vulnera la figura presidencial, bastante debilitada por cierto, sino que compromete la independencia de los jueces y la autonomía de la Suprema Corte.
Es deseable que el Presidente haga una buena propuesta. Las anteriores que hizo para las vacantes que se han dado no pudieron ser mejores. Se quedaron en el camino magníficos prospectos como Eduardo Ferrer Mac-Gregor o Jorge Carlos Adame Godard, pero así son las reglas. La Corte requiere integrantes independientes y con carácter, además con buen carácter. Es necesario que el Presidente y el Senado tomen en cuenta que solamente con una judicatura independiente existe certeza de que habrá justicia constitucional.
El ministro de la Corte que nombren deberá tener la autoridad para resolver los casos que se presenten, pero también e igualmente importante las destrezas jurídicas para aplicar la ley suprema del país.
Y que la Barra de Abogados organice tertulias en lugar de hacer política con nombramientos que no le corresponden.
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Consultado en:
http://excelsior.com.mx/index.php?m=opinion_interior&cat=126

jueves, 14 de octubre de 2010

Sobre las policías municipales

En la edición del 14 de octubre de 2010, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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Hacia el fortalecimiento de las policías municipales
Estela Damián Peralta
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Frente al escenario de gran inseguridad que vivimos hoy día la mayoría de mexicanos, uno de los temas que figura en el centro del debate nacional es la iniciativa que hace unos días presentó el gobierno federal para crear un Mando Único de Policía Estatal, impulsada desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
La justificación de la propuesta radica en que cerca de 400 municipios no cuentan con cuerpo policiaco, que el 90 por ciento de la corporación dispone de menos de 100 elementos, y el 61 por ciento de los policías tienen sueldos inferiores a los cuatro mil pesos mensuales. Sin embargo, el modelo de Policía Única Nacional no resulta políticamente factible ni viable, por lo que más conveniente sería fortalecer los cuerpos policiacos en cada entidad.
Estoy convencida de que la unificación de las policías en una sola corporación, sería un error, resulta mucho más sensato que contemos con una policía en cada estado de la República, que tengan una policía eficaz y contundente, que cuenten con su propio despliegue de fuerzas para que puedan hacer frente a la delincuencia organizada. A diferencia de países como Colombia, donde se cuenta con el modelo de Policía Única, en México este esquema no es viable.
Hasta ahora, parece que existen más voces en contra que a favor de la iniciativa, entre éstas la de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), que integra a mil 200 alcaldes y que rechazó la creación de 32 policías estatales. Acertado el reclamo que hicieron los ediles de respetar la esencia y atribuciones del orden municipal, al considerar que la desaparición de la policía municipal no resolverá el grave problema de inseguridad en el país.
Coinciden en que en lugar de desaparecer a los policías municipales, lo mejor es que les garanticen condiciones óptimas de trabajo y enfocar los esfuerzos hacia una estrategia seria y global para la lucha contra el crimen organizado, que incluya mejores salarios y una formación académica especializada en seguridad ciudadana.
Un hecho que no podemos ignorar es que durante años, no ha existido coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, ni diseños inteligentes para combatir de forma integral la inseguridad.
Tampoco debemos pasar por alto que la Constitución otorga a los municipios la autonomía para manejar varios servicios, entre ellos la seguridad pública, enmarcando la competencia de la policía municipal, estatal y federal; también da facultad a los municipios de coordinarse y asociarse para definir en conjunto estrategias y de esta forma enfrentar problemas comunes como la inseguridad.
Por eso, creo que la iniciativa debe ser valorada en un sentido que no quite autonomía a los municipios, pero que sí los involucre en la prevención y persecución del delito; recordemos que los policías municipales no son únicamente para prevenir la comisión de ilícitos, sino también para coadyuvar en las investigaciones de los mismos.
La propuesta parece indicar que lo único que el gobierno federal busca con esta medida, es contar con una línea vertical de mando que le garantice injerencia directa en todo el territorio con los objetivos delimitados en una estrategia insuficiente como lo es la persecución.
El Mando Único Estatal no está concebido como un proceso de refundación y rediseño institucional, sino que sólo propone modificaciones en términos de su coordinación y procedimientos, no constituye un esfuerzo de modificación sustancial de la función policial.
México aún no está preparado para un mando único policial en cada una de las entidades federativas, debido a que, mientras el sistema nacional de seguridad no sufra una verdadera transformación, no resolverá un problema que ha rebasado la actual aplicación de la ley, respecto a la necesidad de enfrentar, además de los delitos del fuero común, a grupos del crimen organizado.
No veo razón alguna para que los gobernadores quieran desaparecer la policía municipal para transferir tanto los recursos humanos como presupuestales a los estados, cuando en este momento las policías estatales son las más ineficientes en el país. Lo que quieren hacer los gobernadores es arrancarle otro pedazo al presupuesto de los municipios más que un interés genuino de combatir el crimen organizado.
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Consultado en:

martes, 12 de octubre de 2010

Sobre la policía comunitaria en Guerrero


La “Policía Comunitaria” en Guerrero
Eduardo López Betancourt
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Más allá del formalismo jurídico que impera, en torno a una gestión no institucional de la seguridad y del delito, se han desarrollado diversas experiencias en variadas partes del mundo, bajo la forma de proyectos multidimensionales y multidisciplinarios, mismos que privilegian la prevención frente a la represión, y la participación comunitaria frente a la vigilancia y el control de las fuerzas estatales del orden.
Entre esos proyectos, que tienden a un reacercamiento entre la función policíaca y la comunidad, pueden mencionarse el de ciudad segura en Italia; las iniciativas impulsadas en países latinoamericanos, como la policía de orientación comunitaria en Brasil, el modelo de seguridad comunitaria en Costa Rica, o la experiencia análoga en Chile.
Estos esquemas “comunitarios”, se han presentado como alternativas frente a los modelos tradicionales de combate al crimen, generalmente autoritarios, que además de ineficientes, se han mostrado en conflicto constante con las perspectivas de desarrollo democrático de las sociedades.
Pese a que las opciones aún se presentan en estado embrionario, se considera que existen evidencias, respecto a que estas actividades de vigilancia comunitaria parecen tener relativo éxito en Latinoamérica. Especialmente, pueden tener efectividad allí dónde las agencias policiales son altamente corruptas, carecen de la confianza pública y operan bajo una organización jerarquizada, casi militarizada.
Existe en México, un caso paradigmático de gestión comunitaria de la seguridad pública, que si bien es constante tema de estudio de diversos científicos sociales, como sociólogos y antropólogos, no ha sido adecuadamente analizado por los juristas, como lo es la “policía comunitaria” de la región Costa Chica y La Montaña de Guerrero.
Esta iniciativa, según reseñan sus propios fundadores, surgió ante una crisis de seguridad en dicha región, caracterizada no sólo por una alta incidencia delictiva, sino también por la total ausencia de mecanismos institucionales de seguridad y de procuración de justicia. Ante este vacío, las comunidades indígenas decidieron organizarse y construir un proyecto de guardia comunitaria, desde una base popular.
Aunque el proyecto de “policía comunitaria” de Guerrero, claramente se encuentra en una etapa inicial, los resultados presentados hasta el momento parecen ser exitosos. Según diversos estudios preliminares, la satisfacción de la comunidad con la “policía comunitaria” (como indican los reportes de los funcionarios locales, la ausencia de protestas locales organizadas, y las demandas para recibir ayuda a fin de extender esta práctica a las comunidades vecinas) sugiere que están brindando un servicio público útil de un modo razonablemente exitoso.
La evaluación de los resultados y el debate al respecto apenas comienza. Como se ha señalado, los juristas permanecen al margen del mismo, especialmente, por considerar que la iniciativa de la “policía comunitaria” actúa al margen de la ley, tomando funciones que corresponden al Estado.
Si bien, ello es cierto en la visión formalista imperante, no debe olvidarse que el proyecto comunitario surgió como consecuencia de un abandono de las obligaciones estatales de garantizar seguridad pública. Es tangible que la iniciativa ciudadana nunca pretendió reemplazar al Estado, sino simplemente, atender una necesidad urgente de seguridad.
En este contexto, en el marco del XV aniversario de dicha “policía comunitaria,” se realizará en próximos días el “Encuentro nacional por la justicia y la seguridad de los pueblos”, en San Luis Acatlán. Es recomendable seguir este fenómeno social de la “policía comunitaria” de cerca; especialmente, cuando el grave estado de inseguridad que aqueja al país, obliga a una reflexión madura y responsable en torno a todas las alternativas posibles.
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miércoles, 6 de octubre de 2010

Sobre "El Infierno"


El Infierno: narcometraje patrocinado por el gobierno
Mario Melgar Adalid.
Hubo la época de oro del cine nacional. México, país de luz y sombras, se acomodó bien al cine en blanco y negro. Por alguna razón, tal vez cromática, el cine mexicano empezó a declinar con la llegada del technicolor. Con los colores se apagó el cine que tanto influyó en la imagen internacional del país. Todavía en Latinoamérica y en España saben de México por María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, Pedro Infante, Silvia Pinal, Tin-Tan, Cantinflas, Arturo de Córdoba y muchos etcéteras.
En aquellos días, un grupo de cineastas decidió producir una película histórica basada en la mejor novela de la revolución mexicana: La Sombra del Caudillo. Su autor, Martín Luis Guzmán, no ha recibido todavía el reconocimiento que merece. Apenas ahora el Fondo de Cultura Económica publica sus obras completas. Su crítica al régimen fue la razón de haberlo proscrito. La película asustó al gobierno influenciado por los militares que la censuraron. Como todo en México, la película encontró salida: las exhibiciones clandestinas.
Llamaba la atención que la propia Secretaría de la Defensa, la que otorgó facilidades para la filmación de la película, se opusiera a su exhibición. Otras dependencias auxiliaron a la realización. Se filmó en el Castillo de Chapultepec y en la Cámara de Diputados, ahora recinto de la Asamblea del Distrito Federal.
La película es muy buena, la trama es apegada al relato que, con las licencias del novelista, muestra fielmente un episodio trágico del autoritarismo mexicano. La protagonizaron magistralmente Tomás Perrín, TitoJunco, Ignacio López Tarso, Carlos López Moctezuma y Kittyde Hoyos.
La película ganó un premio internacional especial al participar en el Festival de Karlovy Vary. ¿Por qué el gobierno ayudó a filmarla para después impedir su exhibición? Misterio.
Más misterioso aún es el apoyo financiero del gobierno federal para El Infierno. Esta controversial película hace la descripción ruda de la más cruda realidad nacional. Se realizó con dinero del Conaculta. En una escena aparece, algo velada, la figura del presidente Calderón. El diálogo provoca la burla del público asistente en las salas de exhibición, cuando Daniel Giménez Cacho, el Capitán Ramírez, al hablar de los testigos protegidos dice que el presidente "ha convertido al país en uno de soplones".
La libertad de expresión es una garantía que se origina por la necesidad de criticar libremente al gobierno. Está muy bien que se respete tal libertad, pero de eso a dar dinero destinado a la cultura, para que ridiculicen al Presidente, hay diferencia.
La película habrá de exhibirse en el extranjero, donde no entenderán cómo el gobierno mexicano que lucha contra el crimen, patrocina una película en que lo único evidente es que el gobierno no puede contra el narco que combate. Esta película es la negación de todos los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Turismo por promover la imagen del país en el extranjero. Quien la vea en el mundo difícilmente decidirá invertir o visitarnos.
Bob Rivard, el editor del periódico San Antonio Express News, que desde hace años tiene una sección dedicada a México, refirió en su columna semanal su entrevista con el presidente Calderón, con motivo de los periodistas asesinados o plagiados por el crimen organizado. Dice que en esta lucha, él está con el presidente Calderón. Eso quisiéramos muchos mexicanos, pero no se puede con tantas incongruencias como la de promover oficialmente un narcometraje. La película El Infierno es muy buena, la imagen que difunde no puede ser peor. Mejor hubiera sido la película del Bicentenario, la que incomprensiblemente no se hizo...
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Publicado en Excélsior

lunes, 4 de octubre de 2010

Pasado y reconciliación

La izquierda y la obsesión por el pasado
Armando Escobar Zavala
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La pasión necrológica sigue consumiendo gran parte del discurso político y la energía de la izquierda. En un manto de legitimidad histórica, buscan justificar su hoja de ruta en los legados del pasado, más que en los requerimientos del futuro.
Genera más polémica dónde enterrar a los héroes del siglo XIX en lugar de debatir el contenido que deben tener los planes y programas de estudios de los niños y jóvenes del siglo XXI.
Hugo Chávez hizo desenterrar los restos de Bolívar, que habían estado descansando durante más de un siglo en el Panteón Nacional, para hacer una “investigación científica e histórica” de su muerte.
Pero en esto de la “legitimidad histórica”, el presidente de Venezuela no está solo. En la ceremonia de apertura de la Cumbre de las Américas de 2009 en Trinidad y Tobago, Barack Obama respondió a los presidentes de Argentina y Nicaragua que minutos antes habían pronunciado apasionados discursos centrados en la historia de las relaciones latinoamericanas con Estados Unidos y el Caribe, en un recuento de todas sus injerencias desde comienzos del siglo XIX.
Finalizada la diatriba de Daniel Ortega, Obama con una sonrisa cordial, comenzó con una broma de la invasión a Bahía de Cochinos. “Estoy muy agradecido que el presidente Ortega no me haya culpado personalmente por cosas que pasaron cuando yo tenía tres meses de edad”.
Acto seguido reconoció que Estados Unidos había hecho cosas buenas y malas en el pasado, pero anunció que había llegado el momento de dejar atrás debates estériles y concentrarse en el futuro.
“No he venido aquí para debatir el pasado. He venido aquí a lidiar con el futuro”.
¿Por qué en este proceso electoral de Guerrero no discutimos planes estratégicos para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los guerrerenses y superamos los rollos “retro” de nuestra izquierda? ¿Cuál será su discurso cuando Figueroa no esté? ¿Por qué no tomar el ejemplo de Pepe Mujica, ex guerrillero y actual presidente de Uruguay, quien convocó a que bajo su gobierno creará las condiciones políticas transformadoras de largo plazo, con políticas nacionales no de un partido. Mujica y su esposa Lucia Topolansky (preside actualmente el Senado) pasaron 13 años en la cárcel, pero en el Uruguay de hoy, llaman a la reconciliación, incluso a aquellos que asesinaron y desaparecieron a sus compañeros Tupamaros. De la cárcel salieron con la cabeza lúcida y el compromiso entero.
Ese es el dirigente que sin haberse dejado “convertir” por las ideas dominantes en el presente, tampoco se siente atado a las ideas que defendió en su pasado, sin por ello renegar de las mismas. En nombre de las viejas luchas se puedan validar los nuevos encuentros.
No deja de tener una gran importancia simbólica y práctica que Mujica, cargando una mochila de 74 años en la que seguramente pesa un justificado rencor, se comprometa a los cuatro vientos con el desafío de la pobreza y evite el atajo de distraer a sus seguidores con juicios a represores que son, en muchos casos, más viejos que él. Y que invariablemente pertenecen al pasado. A él, que también protagonizó esa historia, todavía lo convoca el futuro.
Otro ejemplo a imitar es Mandela. Cuando en los 90 asumió la presidencia de Sudáfrica estrechó la mano de sus carceleros, ante la incomprensión de los radicales.
En todos estos casos no se trató de indultos o amnistías a determinados responsables políticos, sino de pacificar los ánimos sociales para cuidar la construcción democrática.
Resulta probable, que los desaparecidos compartirían la postura de Mujica y Mandela en torno a la necesidad de mirar hacia adelante. Lo harían porque pertenecieron a una izquierda apasionada por el futuro. Lo harían porque no entregaron sus vidas para que una proporción alarmante de la izquierda actual, desorientada y desmotivada ante el porvenir, agote sus magras energías ocupándose de ellos.
Reclamar justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado es obligación preeminente. Pero en más de una ocasión ha demostrado no serlo y se ha convertido, incluso, en un objetivo de militancia sobreactuada que sirve para maquillar imperdonables claudicaciones.
Una parte significativa de la izquierda ha desarrollado una fijación con el pasado que en su oportunismo posmoderno le sirve de subterfugio para seguir considerándose como tal aunque haga poco y nada en el presente para merecer este apelativo.
Con esta actitud de complacencia ideológica y de obsesión por el pasado, los “herederos” de aquellos activistas solo contribuyen a reproducir una realidad social todavía más injusta que la que sus muertos y desaparecidos buscaban cambiar.
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martes, 21 de septiembre de 2010

Reinventémonos, de Ruth Zavaleta Salgado


Reinventémonos
Ruth Zavaleta Salgado
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Sin lugar a dudas una de las empresas más serias en levantamiento de encuestas y análisis político es GEA-ISA y, en la evaluación presentada del mes pasado, los datos son muy reveladores de una sociedad llena de contradicciones respecto a cómo visualizar el problema de la inseguridad, el narcotráfico y, sobre todo, las responsabilidades que tendrían que asumir cada una de las autoridades que representan los diferentes ámbitos de gobierno. Por ejemplo, en el caso del respaldo ciudadano a la estrategia gubernamental y la aprobación hacia los operativos oficiales, cae de 71 a 66% pero, al peguntar a los encuestados si es correcto que el Ejército siga en las calles, el respaldo sigue siendo muy importante (70%) a favor pese a que ha tenido desafortunadas acciones en contra de civiles inocentes en las que incluso han perdido la vida.
Esa misma encuesta nos revela que la mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con la legalización de las drogas. Cabe aclarar que, en otros espacios en que he tenido oportunidad de participar con una élite académica, empresarial y de analistas políticos y económicos, los resultados son contrarios, quizás porque la legalización de la mariguana en especial se ve como una oportunidad de disminuir el poder económico y también una posibilidad de buscar otras opciones fuera de la estrategia de guerra que se planteó desde inicio del sexenio.
Otro dato interesante es que los ciudadanos no ven la guerra del narcotráfico como, su guerra, sino como una del gobierno. El dato es relevante si consideramos que el combate al narcotráfico y en especial la lucha contra cualquier problema de inseguridad y violencia tiene que compartirse con los ciudadanos como un problema en donde todos participamos para enfrentarlo, aquí lo que se demuestra es que los ciudadanos no se ven inmersos ni siquiera en actividades preventivas, es decir, el problema de la lucha contra el narcotráfico no ha logrado generar condiciones de identidad de los ciudadanos para participar de forma alternativa.
Uno de los grandes éxitos en sitios como Palermo era precisamente desde este terreno en donde los ciudadanos hicieron suyas una serie de acciones para fortalecer el ámbito de la cultura de la legalidad por medio de la educación y el civismo.
Quizás el dato más crudo para medir los sentimientos de los ciudadanos es la respuesta que otorgan respecto a que si se debe seguir la lucha contra el narcotráfico o se debe pactar con los narcotraficantes. En este rubro la gente disminuyó su apoyo al gobierno federal en la primera parte pero, desalentadoramente, se incrementó 10 por ciento el número de ciudadanos que consideran que se debe pactar con ellos. Esto significa no sólo desencanto, sino desesperanza, no obstante que la reacción es humana por el temor que causan los actos violentos, inclusive terroristas, del crimen organizado, hoy los mexicanos no podemos darnos el lujo de caer en nuestro ánimo. Aun cuando no compartamos del todo las estrategias del gobierno, lo cierto es que tenemos que inventar fórmulas viables para generar expectativas más prometedoras a nuestros jóvenes. Nuestras políticas de lucha contra cualquier fenómeno, como el narcotráfico, tienen que pensar en el menor costo humano. Por ello, este día que conmemoramos un Bicentenario de la Independencia debemos imaginar una estrategia de unidad para pactar nuevas estrategias, no sólo con el fin de enfrentar enemigos comunes, como la inseguridad, sino problemas que ya son graves. Por ejemplo, el desempleo de nuestros jóvenes mal denominados ninis porque, como expresaba un maestro de Guerrero en un foro público, si existen es porque antes tuvo que haber nonos, no hay escuela, no hay empleo, no tienes experiencia, etcétera.
Que es el nuevo mundo al que se enfrentan estos jóvenes que nacieron en los ochenta y los noventa, a quienes, más que "sustantivarlos", hay que demostrarles que la generación que nació en los sesenta y principios de los setenta es capaz de construir expectativas de grandes cambios, como los de las generaciones que nacieron para dar su vida por la Independencia. Es decir, hay una generación que somos capaces de mirar de frente y sin vergüenza a nuestros hijos porque somos la generación de la lucha constante por reinventarnos motu proprio y con ello reinventar nuestro país.
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Publicado en Excélsior