martes, 29 de marzo de 2011

Sobre el divorcio de la pareja presidencia guatemalteca

Guatemala: pareja presidencial
Mario Melgar Adalid
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El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, da la impresión de ser un hombre bueno, reposado, equilibrado. Si tuviera que adivinar su procedencia podría decir que parece el jefe de los ejercicios espirituales de alguna orden religiosa. Lo que no sé es a qué orden pertenecería. Le faltaría inteligencia para ser jesuita y le sobraría ambición para ser marista. Tal vez a la orden que más se acerca es la de los Legionarios de Cristo, tan lejos de Dios y tan cerca de México. Colom, hombre de negocios, se ubica en el centro izquierda del espectro político de su país. Cobró notoriedad global por la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta Comisión está auspiciada por la ONU y el secretario general Ban Ki-moon con ese motivo visita Guatemala con frecuencia.
La Comisión ha tenido problemas serios en las investigaciones que realiza y no termina un conflicto cuando surge otro distinto. En septiembre de 2010, Hillary Clinton y la secretaria de Salud de Estados Unidos, Kathleen Sebelius, revelaron que de 1946 a 1948 médicos de los servicios de salud de Estados Unidos deliberadamente infectaron a prisioneros guatemaltecos con virus de enfermedades venéreas para probar sus antibióticos. Todo esto naturalmente con el beneplácito de las autoridades guatemaltecas y de los prisioneros a quienes por las noches recibían en sus celdas a las visitadoras y no precisamente a las de Pantaleón, de Vargas Llosa.
Como la carne es débil, ahora el Presidente tiene un problema político agravado con uno de faldas. Su esposa decidió que debe ser su sucesora en la Presidencia. Como la Constitución guatemalteca es un catálogo de lo que no debe hacerse, contiene una disposición que prohíbe a los familiares del Presidente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ocupar el cargo presidencial. La esposa se encuentra en el primer grado y está impedida constitucionalmente para sucederlo.
La celebración de matrimonios teñidos de fraude ha despertado siempre la imaginación a lo largo de la historia. Son célebres los matrimonios entre la realeza, o para salir de la pobreza. Todos sabemos de matrimonios arreglados por motivos que no han sido necesariamente el noble y puro sentimiento del amor. Sea para obtener una herencia, para pagar deudas, hacerse de un estatus migratorio o para cualquier otro propósito se llevan a cabo los “matrimonios por conveniencia”. Menos frecuente son los divorcios por conveniencia.
En Guatemala a la pareja presidencial se le ocurrió algo más sencillo que reformar la Constitución: reformar su estado civil. Decidieron divorciarse y de esa manera no violar la Carta Magna guatemalteca. Al divorciarse pensaron que les quedaba libre el camino para seguir presidiendo la República guatemalteca, casi en familia.
En las primeras lecciones que se imparten en las escuelas de leyes se enseña lo que se conoce como fraude a la ley. Para que exista tal fraude se requiere la concurrencia del factor objetivo, el elemento material y el subjetivo que es el animus, como lo enseñaron los juristas romanos. Se deben llevar a cabo por un lado la realización de un acto que aisladamente es válido (divorciarse), pero que en conjunto lleva a un resultado absolutamente prohibido por la ley y por la otra, la intención, el deliberado propósito, el capricho de sustraerse a la norma constitucional. En el caso del Presidente de la República de Guatemala el hecho constituye un acto grave y probablemente hasta pudiera calificarse de alta traición.
La declaración de la suspirante a presidenta de Guatemala es conmovedora: “Me divorcio del Presidente para casarme con el pueblo”. La Comisión de la ONU que funciona en Guatemala tiene entre su objeto la conformación y preservación del Estado de derecho. Tiene, pues, en agenda un buen punto para emitir su resolución y recomendaciones.
En México no tenemos esa disposición constitucional, pero tampoco la intención de la esposa del Presidente que pretenda convertirse en su sucesora, como ocurrió en el pasado reciente con Marta Sahagún de Fox.
No obstante las limitaciones políticas y morales que existen, entre el flaco elenco de panistas, la señora Margarita Zavala de Calderón luce como inigualable candidata. Sólo que moral pública debe matar ambición. No como en Guatemala
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martes, 15 de marzo de 2011

Sobre el sismo en Japón...


El peor temblor, en el mejor lugar
Mario Melgar Adalid
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Al admirable
Japón en su tragedia.
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El terremoto de Japón recuerda al nuestro en 1985. Entonces estudiaba en el extranjero. Lo más difícil fue comunicarme con mi familia. En Japón restauraron las redes de telefonía celular en ocho horas, igual que la telefonía fija. Claro que en aquellos días no había propiamente telefonía celular, salvo algunos aparatos como el que usó Jacobo Zabludovsky, en aquel reportaje clásico de la radiofonía mexicana. No había internet. Las noticias llegaban por televisión, a pesar de que la principal torre de trasmisión de Televisa cayó en Avenida Chapultepec, y por aficionados al radio de banda civil.
Tomó más de una semana comunicarme a México. Lo logré a través de un radio aficionado en Chiapas. El gobierno todavía tembloroso estaba pasmado. Ni el Presidente ni el titular del Departamento del Distrito Federal aparecían por ningún lado. Muy tarde, Miguel de la Madrid declaró que no se necesitaba ayuda del exterior. Perdió la oportunidad histórica de decretar una moratoria a la deuda exterior que ahogaba al país. Entonces nadie lo hubiera cuestionado. Ese día selló su tumba política. Los japoneses pidieron ayuda inmediata a la base militar de Estados Unidos asentada en Japón.
Los habitantes del DF se dieron cuenta de que no necesitaban al gobierno. Surgió la solidaridad y la organización de la comunidad.
Aprecio desde entonces la amistad y pronta solidaridad de los vecinos del norte. Los estudiantes mexicanos de la Universidad de Texas nos organizamos para conseguir ayuda para los damnificados. La respuesta fue admirable. Los vecinos texanos acudían a las tiendas a comprar lo que los mexicanos necesitábamos. No se deshacían de lo que les sobraba. No era tanto lo que daban, que era mucho, sino cómo lo daban. La única condición: “No entreguen nada al gobierno, que la Cruz Roja reciba la ayuda”. La desconfianza hacia nuestras autoridades avergonzaba.
El terremoto de Japón nos hace recordar el de México, pero deja una enseñanza que debemos aprovechar. Ni Japón en 1923 ni Kamchatka en Rusia en 1952 ni Chile de 1960, Alaska en 1964, México en 1985 o Sumatra en Indonesia en 2004, que también trajo un terrible tsunami, se comparan con la magnitud del sismo japonés.
Ningún país estaba mejor preparado para un desastre como Japón. No sólo la riqueza del país sino su disciplina, su lealtad social, tecnología y sentido comunitario. Ningún otro país cumple, como Japón, con los requerimientos técnicos en cuanto a la construcción antisísmica, la educación de la población para los siniestros, los programas de protección civil y la señalización de rutas de escape, para la eventualidad de un tsunami.
En 1995, en Kobe, otro terremoto dejó un saldo de cerca de seis mil muertos y 26 mil heridos. Desde entonces Japón destinó enormes recursos para la investigación sobre la protección de las estructuras, así como para reforzar las existentes. El programa japonés contra sismos es el más avanzado del mundo.
La respuesta de nuestra embajada en Tokio ha sido ejemplar. El embajador Miguel Ruiz Cabañas coordina las labores de recate de siete mexicanos desparecidos. Nuestra ayuda ya llegó y profesionales de la UNAM y rescatistas inician ya sus labores. Antes que ninguna otra, la representación diplomática mexicana en Japón, a los minutos del terremoto, inició su labor de atención a quienes preguntaban por sus familiares y amigos. Horas después, otras embajadas latinoamericanas siguieron el guión mexicano.
Triste paradoja: el peor desastre en el mejor lugar. Los daños no han sido suficientemente cuantificados todavía. Los días y semanas que sigan permitirán dimensionar la magnitud de la tragedia. Una prueba más al espíritu nipón que, una vez más, como en Hiroshima, dará el ejemplo al mundo.
Ni siquiera imaginar qué hubiera pasado en nuestra costa del Pacífico.
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lunes, 14 de marzo de 2011

La cultura en Guerrero, asignatura pendiente...

CONCIENCIA CIUDADANA
La Cultura: Asignatura Pendiente
Raúl Méndez Díaz.
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Una de las asignaturas pendientes de la administración gubernamental de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, es la cultura, con un Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC), que se consolidó como un “elefante blanco” sin trascendencia y sin resultados halagüeños.
A pesar de la riqueza cultural que guardan los antecedentes históricos del Estado de Guerrero, los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, se desarrollaron sin la notable participación del IGC, que no tuvo una propuesta que dignificara y realzara tan importantes conmemoraciones.
Un “Palacio de la Cultura” subutilizado, con eventos efímeros sin la promoción adecuada. El Teatro Ma. Luisa Ocampo abandonado y por consiguiente sin producción teatral o artística.
Un IGC, sin presencia en las ferias tradicionales, demostrando su desdén por la cultura popular.
Sin destacar en la producción literaria, el IGC seguramente habrá de caravanear con sombrero ajeno, la segunda edición de la Enciclopedia Guerrerense, que con serias limitaciones y prácticamente mendingando apoyos de ese instituto, con gran mérito el trabajo fue realizado por investigadores de la asociación civil “Guerrero Cultural”. Se sabe que esta obra fue patrocinada directamente por el gobernador y está en proceso de impresión y será presentada antes de concluir su gestión.
Por el patético papel del IGC, diversas asociaciones civiles dedicadas a la promoción cultural y artística, están proponiendo al Gobernador electo Ángel Heladio Aguirre Rivero, la creación de la Secretaría de Cultura, en sustitución del IGC. Se recordará que cuando Ángel Aguirre fue por primera vez gobernador del estado, dio un gran impulso a la cultura y a las expresiones artísticas, lo cual tiene considerado nuevamente en su Plan de Gobierno, para su segundo periodo gubernamental.
Por lo pronto, las asociaciones civiles siguen realizando eventos sin el apoyo del IGC; tal es el caso de Promotores del Arte (PROMOARTE), que promueve el arte y la cultura para que la sociedad tenga opciones de sano esparcimiento y en esta semana presenta diversos eventos, que gustosamente CONCIENCIA CIUDADANA, ofrece la programación para disfrutarlos gratuitamente:
La Iglesia de San José, ubicada cerca al retorno de “Unidos por Guerrero”, se engalana con dos excepcionales conciertos, el primero es el miércoles 16 de marzo de 2011, a las 20:00 horas, con el Ensamble de Guitarras Instrumentales del IMSS y el segundo, es al siguiente día, el jueves a la misma hora, con la Orquesta Juvenil de Cámara.
Para concluir la semana, el viernes a partir de la cinco de la tarde, el Teatro Hundido de la Alameda central será el escenario para los amantes del Rock, con el Concierto “Dos Generaciones y Una Degeneración”, con la presentación de Cuco Rock y su banda, Vandersexxx, Hangar Classic, cerrando con broche eufórico, la conocida banda Máscara del Santo. ¡Felicitaciones para PROMOARTE! Y todos a divertirse sanamente.
“TODOS POR UNA MEJOR CONCIENCIA CIUDADANA.”

domingo, 13 de marzo de 2011

Incentivos a la educación...

En la edición del 13 de marzo de 2011, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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¿Incentivos a la educación privada o mejorar la educación pública?
Xavier Carreto A.
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Con la publicación del decreto presidencial para que a partir de este año las colegiaturas que se pagan por enviar a nuestros hijos a escuelas privadas, con excepción de la educación superior, se puedan deducir impuestos ha traído comentarios a favor y en contra. Entre los primeros, la formalización de la educación privada, pues al no ser las colegiaturas deducibles de impuestos, a los padres de familia no les interesa recibir cualquier comprobante de pago aunque éste no reúna los requisitos fiscales, lo cual permite a los dueños no declarar ingresos y así eludir el pago de impuestos. También se incentiva a los padres de familia con ingresos anuales menores a 400 mil pesos a presentar su declaración de ingresos, ya que para tener este beneficio es menester presentarla. Asimismo, se promueve ofrecer más calidad en la prestación del servicio educativo, al preferir los padres de familia las mejores escuelas, pues, a diferencia de la escuela pública, en la privada sí hay competencia, por eso hay en México 32, 859 escuelas privadas, sin contar las que ofrecen educación superior.
Las opiniones en contra vienen, por supuesto, de la dirigencia del SNTE, quienes en un desplegado (Reforma, febrero 15, 2011) hacen la defensa de la educación pública y señalan el reto de superar la profunda desigualdad educativa que se vive en México, ya que esta medida acentúa la inequidad. Es verdad, más de 90 por ciento de los niños y jóvenes mexicanos se educan en las escuelas públicas y menos del 10% lo hace en las particulares, es decir 27 millones en las primeras y 3 millones en las segundas. En el caso de Guerrero, los porcentajes se reducen a menos del 5% y este beneficio de la deducibilidad de impuestos se localiza en las ciudades de Acapulco, principalmente, y, en menor medida, en Chilpancingo, Zihuatanejo e Iguala.
Lo que la dirigencia magisterial debe reconocer es que muchos padres de familia -aunque muchas veces no tengan los recursos suficientes, incluidos algunos integrantes del SNTE- envían a sus hijos a las escuelas particulares, al ver lo deficiente de la educación pública: nunca se cumple con el calendario y la jornada escolar, lo cual implica que los contenidos del Plan y Programa de Estudios se vean completos, las deficiencias están a la vista como lo han demostrado los resultados de los exámenes conocidos como PISA, promovidos por la OCDE que dirige el mexicano José Ángel Gurría. Estas pruebas, como se sabe, se aplican a los jóvenes egresados de la secundaria y miden la comprensión lectora, habilidades matemáticas y conocimientos en ciencias naturales. Para nuestro estado este hecho nos muestra una vez más los rezagos que tenemos, lo cual se observa cuando estos resultados se desglosan por entidad federativa y Guerrero aparece en los últimos lugares.
Otras opiniones en contra de este decreto presidencial corren a cargo del coordinador de los diputados federales priistas, Francisco Rojas, quien expone que esta medida no beneficia a la mayor parte de la población estudiantil lo que abre la brecha de la justicia distributiva que el Estado mexicano debe dar a los más desposeídos. Al legislador Rojas se le olvida que la educación pública tiene la mayor asignación presupuestal que en 2010 fue de 656 mil millones de pesos, 22 por ciento del gasto público total, lo cual no tiene precedente y los señores diputados tienen la obligación de que los recursos públicos se gasten con la mayor eficacia y honestidad lo cual no sucede en casi todos los rubros y más tratándose de la educación pública de nuestro país.
Los datos recientes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa así lo demuestra: 81 por ciento de los alumnos de secundaria y 63 por ciento de educación media superior no tienen la competencia mínima suficiente para realizar actividades cognitivas complejas. Tratándose del estado de Guerrero, 60 por ciento de los mayores de 15 años no tienen concluida su educación básica y eso es que desde hace muchos años casi la mitad del presupuesto se destina a la educación y 98 de cada cien pesos es para pagar la nómina.
Por otra parte, el contador Rojas pierde de vista que el límite fijado a la reducción fiscal es el equivalente al costo promedio por alumno en el Sistema Educativo Nacional en cada uno de los niveles en donde se aplicará la deducibilidad y una buena solución podría ser que el Estado otorgue bonos o cheques educativos por estas cantidades para que los padres de familia envíen a sus hijos a la escuela que mejor cubra sus expectativas de una educación de calidad, que pudiera ser, ¿por qué no?, una escuela pública.
En conclusión, los padres de familia de 3 millones de estudiantes que acuden a escuelas particulares en nuestro país, deben desembolsar dos veces el pago de la educación de sus hijos, toda vez que la educación pública es deficiente, entre otras cosas, porque la mayoría de los dirigentes y muchos profesores que forman parte del SNTE están más preocupados por participar en la vida política que dedicarse con seriedad a la enseñanza, la cual es su responsabilidad y para eso les pagan. Y que existen legisladores que tampoco hacen su trabajo por dedicar su tiempo a discutir y nunca ponerse de acuerdo para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos mexicanos
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Consulta en:

miércoles, 9 de marzo de 2011

Sobre el sistema de justicia en México

El sueño de los injustos

Mario Melgar Adalid
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 El presidente Calderón no calculó sus fuerzas para enfrentar al narcotráfico. No consideró la falta de preparación del Ejército mexicano para lides policiacas, ejemplar en otras tareas como los rescates a la población o la protección civil. No pensó en la corrupción de las policías ni en la infiltración de los criminales. Más delicado aún, no tomó en cuenta el endeble sistema de justicia.
La justicia mexicana afecta la posición internacional de México, porque mientras el mundo avanza en la globalización de la justicia o en procesos como la codificación uniforme, nuestro país se encuentra muy lejos de los estándares internacionales en materia de impartición de justicia penal, la más visible por la manera como afecta la vida, los derechos y la seguridad de las personas.
Ahora el sistema de justicia mexicana hace aguas con la exhibición de Presunto culpable, película que se había estrenado antes en Estados Unidos. Cadenas de televisión de ese país la difundieron profusamente doblada al inglés. A nadie sorprendió fuera de México el abandono miserable de la justicia penal ni las cárceles mexicanas, jaulas desvencijadas de los pobres.
Presunto culpable y la secuela que arrastra recorre la conciencia nacional. México sabía de los problemas de la justicia antes de la película, pero no los había visto. Por ello el choque tan brutal. El problema no es la película ni lo que exhibe, sino la incapacidad de la sociedad para vivir en un Estado de derecho.
La revista Nexos publica en su número de febrero varios artículos sobre la justicia mexicana. Uno de ellos es inmejorable: Pedro Salazar, como dice la canción ranchera, subió a la Sala del Crimen. En una visita a la Suprema Corte, el investigador jurídico presenció la división del Olimpo de la justicia mexicana. Narra cómo el ministro Aguirre Anguiano —a punto de concluir su paso por la Corte— no admite falla alguna del sistema, sino se regodea con las hazañas jurídicas del Alto Tribunal. Y quienes por el contrario, funcionarios de avanzada como Arturo Zaldívar o José Ramón Cossío, alertan sobre el riesgo del hundimiento del barco.
En este mismo sentido la decisión del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías, al haber autorizado la filmación del documental, es ejemplo del ánimo de mostrar la desgraciada situación.
La decisión de un juez de Distrito de cancelar la exhibición de la película por un amparo presentado, tiene enfrentados al Poder Judicial federal con la Secretaría de Gobernación, precisamente la dependencia encargada por ley de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial de la Federación.
Si la Secretaría de Gobernación cumple con la orden de la jueza afectará gravemente la libertad de expresión, como bien lo ha planteado Miguel Carbonell. Si no cumple afectará algo peor, que es la independencia y el imperio judicial.
En alguna ocasión en una liga semiprofesional de beisbol patrocinada por el doctor Arturo Milhe, entonces concesionario del Hipódromo de las Américas, el ampáyer tomó una decisión que enfureció al mecenas deportivo, pues afectaba los intereses de su equipo preferido. Ordenó al ampayita —como les dice Vicente Fox, ahora también mecenas deportivo— cambiar la decisión. Así lo hizo. La liga se derrumbó a pesar de los billetes que la respaldaban, pues a partir de ese momento ya no habría seguridad deportiva. Sin jueces no hay justicia.
Los jueces de distrito tienen en sus manos el instrumento crucial, “el eje alrededor del cual se articula el derecho mexicano”, dirían los clásicos, como es el juicio de amparo. No hay un solo abogado mexicano que no esté de acuerdo en que es indispensable modificar sustancialmente el amparo para mejorar el sistema de justicia del país. No obstante nada pasa.
Hace varios años, la Suprema Corte presentó un proyecto de ley de amparo que duerme el sueño de los injustos en el Senado mexicano, sin que nadie parezca tener interés en discutirla, como merecería, la corrección política en el trato entre poderes.
Presunto culpable es la última llamada para encontrar el camino a la justicia. El siguiente documental podría ser demasiado tarde. La injusticia mexicana está encarnada en el sistema que la debería procurar y administrar.
El diario The New York Times, el periódico más influyente en EU, dedica su Perfil de la Semana a José Antonio Zúñiga, el admirable presunto culpable del documental. La nota de media plana da la vuelta al mundo que ve el espeluznante espectáculo de la justicia mexicana. Como decía la abuela: “Dios nos agarre confesados

martes, 1 de marzo de 2011

Visita de Felipe Calderón a Washington

Calderón en Washington, quinta y última
Mario Melgar Adalid
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El jueves se van a encontrar Felipe Calderón y Barack Obama en Washington. Ésta será la quinta ocasión que se reúnan. Será previsiblemente el último encuentro. No se ve queObama vaya a corresponder la visita. Tres razones se lo impedirán: (1) el mundo convulsionado, particularmente en Oriente Medio, (2) la política interior que demandará mucho de su tiempo para preparar su incierta reelección, y (3) México convulsionado, que parecería imprudente visitar. Por nuestra parte, tampoco se ve que Calderón regrese a Washington. 2012 se lo impedirá.
¿Cuál será la agenda de la reunión? La de la seguridad de la región y la agenda narcotizada. Si nuestros esfuerzos diplomáticos iban destinados a desmigratizar la relación y hablar de cuestiones productivas, tiempo después se propuso (Jorge Castañeda) remigratizar la agenda para evitar su narcotización.
México perdió nuevamente la oportunidad de alcanzar un acuerdo migratorio. Con Fox, después de un trabajo diplomático excepcional (Castañeda y Berruga), muy cerca de lograrlo, nos derrotó el 11 de septiembre.
El actual mandatario no supo negociar. Las cartas eran: lucha contra el crimen, contra el acuerdo migratorio. Nos embarcamos en una batalla unilateral, gratuita, solos, sin aliados, en la que el general Presidente no lleva muchas victorias que digamos.
El tema de la reunión será la frontera. Las ciudades fronterizas tienen vasos comunicantes producto de muchos años de historias compartidas. También los criminales se comunican entre sí y la han convertido en un infierno.
Las ciudades fronterizas muestran un crecimiento sorprendente. Entre los mexicanos de la frontera que han dejado sus casas y negocios para asentarse al otro lado, pero la economía se recupera. El enorme caudal de recursos lícitos e ilícitos han fortalecido la región.
Los datos económicos revelan una extraña paradoja: Al tiempo que aumenta la violencia en la frontera, aumentan los negocios. De las 71 empresas que forman parte del grupo de Fortune 500, ninguna se ha retirado de Ciudad Juárez. Electrolux, una empresa sueca muy conocida en México (mi madre tenía una aspiradora Electrolux que cuidaba como oro, que era, por cierto, muy ruidosa) cerró dos plantas en Iowa y trasladó su producción a Ciudad Juárez, sin importarle cárteles o criminales. Hay una recuperación notable de las 350 maquiladoras que operan en Ciudad Juárez.
Así como va bien la economía, va mal la seguridad. La incidencia de robos en la frontera estadunidense va en aumento. Los robos de camionetas SUV, por ejemplo, va a la alza. Hay un modelo de la Ford el FX 4 que es el botín predilecto de los narcos. En Laredo, Texas, ya corre el rumor de que si adquieres una de esas camionetas, seguro te la roban para llevársela a México.
Les gusta más que la Cheyene, apá.
Calderón estará obligado a tratar el tema de la violencia y la seguridad. Calderón escuchará loas a su política anticrimen como preámbulo diplomático, como estrategia políticamente correcta. La señora Napolitano le informará que tiene la extraña sospecha de que Al-Qaeda está vinculada con Los Zetas. La verdad, no veo al Piolín o al Oso Rojo negociando con Osama bin Laden.
Convendría a los intereses nacionales que México planteara algunas estrategias que podrían ayudar a desnarcotizar la relación. México debe insistir en el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. En 1994 se firmó el tratado gracias a la gestión deCarlos Salinas con George Bush y su grupo de excelentes negociadores (Serra y Gurría). Seis años después Fox propuso una unión aduanera, tarifas comunes al exterior de la región y libre flujo laboral. Desde 2005 los presidentes de los tres países se reúnen, dicen que para llevar adelante una agenda de “prosperidad y seguridad”.
El año pasado no pudieron reunirse. Este año estaba prevista una reunión para el 26 de febrero, volvió a cancelarse. Obama y Stepehn Harper, el tambaleante primer ministro canadiense, se reunieron en febrero para hablar de temas trilaterales: la armonización de reglas y coordinación de planes de seguridad, sólo que esta vez ni siquiera mencionaron a México.
Más economía y menos criminalidad debería ser la temática de la agenda mexicana. Ellos insistirán en la seguridad de sus agentes y turistas.
A pesar de la retórica de la reunión, México tendrá que darse cuenta que en esta guerra contra el crimen nadie nos preguntó, nos metimos solitos y solitos tendremos que salir. No será Estados Unidos el que resuelva nuestro problema. Ellos no quieren hacerlo, es evidente, y nuestras leyes, además, se lo impiden. Para confirmarlo habría que revisar lo que dice la Constitución.
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Consultar en:






martes, 1 de febrero de 2011

Sobre los informes presidenciales en México y Estados Unidos

México-US Informes Presidenciales
Mario Melgar Adalid
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Las modas panistas acabaron con varias tradiciones republicanas. Una de ellas es el Informe Presidencial. Tema ampliamente debatido en la academia. Se canceló una obligación presidencial, el encuentro programado de dos poderes, el cumplimiento en la rendición de cuentas, reto de la civilidad política. A cambio, los panistas, preocupados más por lo que dirá el pueblo que por lo que ellos deberían decirle al pueblo, se quitaron de encima la incomodidad de rozarse con la chusma legislativa. A cambio, ahondaron más la brecha y los desencuentros entre poderes, lo que ha contribuido a detener una auténtica transición democrática.
Con razón el PRI, ahora tan temido y atacado por los aliancistas (PAN/PRD), impulsará una reforma al artículo 69 para obligar al titular del Ejecutivo a presentar su informe de labores de manera personal ante el Congreso. Es probable que esta obligación la tenga que cumplir el próximo Presidente, probablemente priista, como ya vaticinó Zedillo en victorioso jingle: “Vamos a ganar”. El PAN seguramente se opondrá a que gane el PRI y a la obligación de rendir el Informe Presidencial (presencial).
En Estados Unidos se mantiene la tradición del Informe del Presidente (State of the Union). El Informe es en enero, al iniciar el año, para que sirva de recuento del ejercicio pasado y como prolegómeno de lo que vendrá. Obama rindió el suyo sin mayor gloria. Hubo dos omisiones importantes: Una al interior: no haber dedicado ni una sola frase al tema de las armas. Otra al exterior: no haber dedicado ni una palabra a lo que sucede en Latinoamérica.
En el tema de las armas, el mensaje de Obama es esquizofrénico. Por un lado Michelle, su esposa, invitó a los padres de la niña asesinada en Tucson a la ceremonia del informe. Por el otro, el presidente subió notablemente su popularidad al visitar a la congresista herida de bala en Tucson. Fueron gestos oportunos, políticos, sensibles y ejemplares. No obstante, perdió el momento para entrar al tema de las armas. Obama no se ocupó del tema seguramente por razones reelectorales.
The Washington Post, en su artículo editorial, lo criticó duramente. ¿Cuántas muertes más tendrán que ocurrir?, pregunta el diario, para reglamentar el mercado de armas. ¿Cuántos muertos más preguntan en Estados Unidos? ¿Cuántos muertos más preguntamos en México, que sabemos que las armas nos llegan del norte para reforzar a los delincuentes? Obama no quiere hablar de armas y su vocero declaró que lo hará en algún momento.
El silencio respecto a América Latina fue sonoro. Habló de nuevas políticas en materia de educación superior, migración y libre comercio. Estos tres temas afectan a los países latinoamericanos. Expresó su frustración de que cientos de miles de jóvenes extranjeros que estudiaron en universidades estadunidenses, regresen a sus países al terminar su formación. La contradicción es que Obama se queja de que las universidades americanas formen a estudiantes extranjeros y éstos después se les vayan. La paradoja es que los extranjeros no pueden quedarse en EU. Al recibir sus visas de estudiantes se comprometen a regresar a sus países de origen una vez que concluyan sus estudios.
El informe de Obama al menos generó un debate sobre lo que debió haber incluido. Nosotros convertimos nuestro informe en una fiesta anual de graduación en la que en privado se refrenda el culto al Presidente. Precisamente lo que se pretendía evitar con la reforma al 69 constitucional.
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Publicado en Excélsior

jueves, 13 de enero de 2011

Caciquismo y poder político en Guerrero


CACIQUISMO Y PODER POLÍTICO EN GUERRERO.
Zenaido Ortiz Añorve
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Resumen
El tema de los caciques ha sido muy recurrente en las investigaciones de la ciencia política, sin embargo, hace falta reflexionar y profundizar en el sentido de que estos actores han evolucionado y cambiado, ya que anteriormente los caciques se caracterizaban como principales intermediarios entre lo local y lo global (es decir, entre lo municipal-estatal-nacional), estos caciques pueden ser caracterizados como “tradicionales”, es decir, aquel cacique que obtenía su poder en gran medida gracias al acaparamiento de la producción en el ámbito local que le generaba un poder económico y que lo cristalizaba en lo político, dotándolos también como intermediarios políticos. No obstante, los caciques han cambiado adecuándose a los tiempos actuales, pues ahora los partidos han desplazado su función de intermediarios y mediadores, pero no han desaparecido, ya que estos caciques se han apropiado de los partidos políticos conformando grupos de poder.
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Introducción
El tema del caciquismo ha sido abordado por distintos autores, permitiendo hacer una caracterización de estos actores como intermediarios dentro de las estructuras del sistema político mexicano.
En este sentido, me parece relevante retomar el tema del caciquismo planteándome una interrogante que intentaré responder a lo largo de la discusión. La pregunta que estoy planteando es ¿existen caciques o neo-caciques en el México contemporáneo?
Además el fenómeno del caciquismo permite comprender la dinámica de la lucha por el poder dentro del ámbito local, ya que los caciques habían tenido, dado su origen histórico, un carácter de intermediarios y/o mediadores políticos, generalmente considerados como aquellos “que operan en el mundo informal de la política, a la sombra de la legalidad” (Hesles, 1998: 28).
Para responder la interrogante planteada, analizaré de manera breve el origen de los caciques, para enseguida pasar a la conceptualización de lo que es un cacique y la discusión en torno a un neo-cacicazgo. La última parte del ensayo contempla una mirada, de manera breve, sobre el fenómeno del cacicazgo en Guerrero.
El origen de los caciques
La palabra cacique proviene del vocablo Kasseque y es traducido al español como “cacique”, fue utilizado por los españoles para designar a las autoridades autóctonas de las repúblicas de indios, otorgándoles cierto poder, que incluso llegó a reconocerse oficialmente este término y de alguna manera fungieron como intermediarios entre las comunidades indígenas y las autoridades coloniales, ya que gozaban de presencia en la comunidad, aunque más tarde fueron desconocidos por el poder colonial debido al poder, no solo económico, sino también político que estaban acumulando.
Ahora bien, es necesario fijar la definición que manejaré con respecto al concepto de cacique, el cual entenderemos en el sentido que lo define Luisa Paré, cuando señala que puede ser definido, de manera general, como un fenómeno de mediación política caracterizado por el ejercicio informal y personal del poder para proteger intereses económicos individuales o de una facción. Esta protección de sus intereses la puede hacer mediante la ocupación directa de puestos políticos en el partido del poder o en el sistema administrativo y/o controlar a los que ocupan estos puestos, es decir, su presencia puede ser o no visible dentro de la estructura del poder, lo que importa es que ejerce un control político. (Paré, 1999: 36-37).
En este sentido, los caciques se han caracterizado por ocupar una posición, de manera funcional, en el entramado de la interdependencia, esta posición está sujeta a la estructura de la red, pero también, y sobre todo, a los recursos del Estado y del mercado de la sociedad más amplia en que se inscribe la clientela. En este sentido, la eficacia que ejercía el cacique, como intermediario, radicó en la habilidad para hacer circular recursos externos a una red que padece una deficiencia de los mismos, de esta manera, el cacique, logra distribuir, con base en un sistema de intercambio de bienes y servicios al interior, renovarlos y proyectar esta reciprocidad hacia otros entramados sociales (Hesles, 1998:30).
La finalidad que tienen los caciques, al desempeñarse en el ámbito político como un intermediario es, precisamente, la construcción de una clientela que puede garantizarle la creación de un capital social que se estructura en redes sociales que le garantiza un apoyo en determinadas acciones.
Este capital social está basada en el clientelismo político, definido como un sistema de relaciones interpersonales de manera asimétrica entre un patrón, que directamente provee protección, asistencia, patrocinio o mecenazgo a sus clientes quienes a cambio ofrecen lealtad y apoyo para promover sus intereses. Esto permite a los caciques crear una mutua interdependencia entre sus clientes y él como patrón, ya que ambos se necesitan. El primero, otorga recursos que pueden ser cargos públicos, trabajo, seguridad, permisos oficiales, influencias, relaciones sociales, etc. (Hesles, 1998: 29).Mientras que en el caso del segundo, lo que aporta es lealtad, fidelidad y sobre todo apoyo de manera que, en algunos casos,es incondicional. La relación que establece el cacique con su dependiente es de carácter recíproca, aunque asimétrica, es decir, desigual.
El poder que los caciques ejercen es identificado en algunos casos de manera informal, “la mano detrás del trono”, y desde luego no es independiente del poder formal u oficial, en cuanto logran ocupar de manera directa puestos del gobierno, en el partido y en el sistema administrativo, o en su caso llegan a controlar aquienes ocupan estos puestos (Paré, 1999: 37).
Cabe preguntarnos hasta aquí, como es que un cacique logra llegar a ser como tal, es decir, cómo es que acumula un poder que le permite manejar los hilos del entramado político de manera que convenga a sus intereses. Esta interrogante puede ser contestada por el simple hecho de que un cacique, en su proceso de formación, se inicia en algunos casos acumulando bienes económicos que necesariamente cristaliza en el ámbito político, dado que se ve en la necesidad de proteger sus bienes interviniendo de manera directa o indirecta en las decisiones políticas. Además que este poder económico les garantiza poder acumular de lo que hablábamos anteriormente, cuando señalaba que los caciques van constituyendo una especie de cliente política al proporcionarles algunos servicios o bienes.
De alguna manera, los caciques, de acuerdo a lo que he mencionado, se venían desempeñando como mediadores y/o intermediarios políticos, principalmente en las comunidades indígenas, además que eran utilizados para la penetración del capitalismo en estas comunidades, dado que para ello se requiere del control político, que sin lugar a dudas poseían los caciques (ver Pare, 1999: 37).
Sin embargo, hay que mencionar que el fenómeno del caciquismo se ha visto afectado por la penetración de los partidos políticos en las comunidades, originando que los caciques cambien su funcionalidad en las comunidades. Si antes los caciques eran intermediarios o mediadores políticos, ahora se han vuelto los representantes directos de los partidos políticos, sean de izquierda, centro o derecha. Esto lo han logrado gracias a la conformación de grupos de poder que de manera directa o indirecta dirigen ellos, logrando así controlar al partido que pertenecen.
Con lo anterior, podemos señalar que se está generando un neo-cacicazgo, ya que ahora el papel del cacique no es de intermediario, sino de un actor más, que interviene y, en algunos casos, posee y controla el poder local.
Pero, ¿por qué son neo-caciques?, bien, esta interrogante intentaré contestarla de manera sintética. Los caciques se caracterizaban por tener el control, casi absoluto de la región o municipio donde operaban, dado que intervenían en la toma de decisiones, al no existir más que un sólo partido de Estado, entiéndase por partido de Estado toda la década que ocupó el PRI en el poder tanto municipal, estatal y nacional. Otra de sus características es que los caciques poseían un poder económico basado en la acumulación de capital, extraído de los excedentes que obtenía gracias a la apropiación, control y acaparamiento de los productos emanados en el nivel regional o municipal donde estos caciques operaban.
Ahora bien, cuando el sistema dominante actual, el capitalista, se introduce en las regiones y comunidades del país, genera cambios notables en la vida de éstos lugares; como en las relaciones sociales y de producción, además de introducir la lógica del mercado. Esto conllevó a que los caciques perdieran su representatividad como acaparadores de las mercancías producidas en estos lugares, dado que se da la introducción de nuevos productos llegados del exterior y a los cuales el cacique no puede controlar, a pesar de que se introducen nuevos elementos queintervienen en la toma de decisiones. Uno de los elementos que se introducen en las regiones y comunidades, y que van a ser decisivos en el cambio de la toma de decisiones o canalizadores de las demandas sociales, son los partidos políticos considerados “mediadores entre la ciudadanía y la esfera estatal, a ellos corresponde decantar en un proyecto las aspiraciones de la primera; proyecto que, de imponerse por el apoyo mayoritario de la población y no por el uso de la fuerza, se convertirá en programa de gobierno” (Guillén, 1998: 50).De esta manera, al introducirse los partidos políticos, se desploma la figura del cacique como intermediario en los distintos niveles de la estructura del sistema político mexicano, ya que los partidos tienen un funcionamiento que se apoya en niveles distintos: a nivel municipal, el partido trata de ganar la alcaldía, o por lo menos algunos puestos dentro de ella; a nivel estatal, suma sus diputados, senadores y personal de la administración pública; esto conforma niveles de jerarquía de la militancia dentro del partido (Dehouve y Bey, 2006: 329).
Dado que su figura de intermediario es desplomada con la presencia de los partidos políticos, los caciques se ven en la necesidad de ejercer su poder que tienen o poseían participando directamente en los partidos. En los cuales llegan a conformar grupos de poder, llegando a convertirse en porta voz del partido al que pertenecen, dado que subordinan a los demás grupos que en su interior existen. Esto dota de una característica diferente a los caciques, ahora como dirigentes o lideres de algunos partidos políticos, como lo veremos más adelante.
Un bosquejo histórico del cacicazgo en Guerrero
El origen del cacicazgo en Guerrero tiene sus raíces en la época revolucionaria, cuando los caudillos surianos triunfan ante el poder del General Porfirio Díaz. La proveniencia de estos caudillos de familias como los Figueroa se trasladará a lo largo de los años perdurando en el poder gubernamental. De esta manera, desde que una junta de jefes revolucionarios nombra, el 16 de mayo de 1911, a Francisco Figueroa como primer gobernador revolucionario del Estado de Guerrero y, a su vez, este designa a su hermano Ambrosio como inspector de los cuerpos rurales del Estado, se inicia con ello la instauración de un cacicazgo que descansa en la fuerza para controlar el poder político y económico de la entidad (El Sur, 2009: 11).
Actualmente los Figueroa tienen una presencia en Guerrero con un poder que es innegable, recordemos que sigue siendo el mejor ejemplo de uno de los principales cacicazgos que mueve los hilos del poder, tomando decisiones en el interior de su partido, el PRI. Este poder tiene sustento en su participación en sucesos históricos de nuestro Estado, además el cacicazgo que iniciaron es resultado de la acumulación de un poder político que les permitió acumular un capital que les aseguró un poder económico.
El mantenimiento del poder por parte de los Figueroa se debe a un régimen que ha estado durante varios años (98 para ser exactos), basado en un sistema que mezcla los favores, la gestión y la amenaza, que les ha funcionado para el mantenimiento de la gobernabilidad sobre la sociedad suriana. No obstante, es tan alta la exacción y el saqueo, que las medidaspersuasivas, implementadas por los caciques, han tenido que ser apoyadas durante actos represivos (El Sur, 2009:11). Tal como sucedió en la década de los años sesenta y setenta, cuando se genera una lucha entre el gobierno y la sociedad guerrerense, con una guerra sucia que dejó miles de desaparecidos y muertos, inaugurando una década de violación constante a los derechos humanos.
Además, generó una respuesta violenta por parte de algunos sectores de la sociedad civil, que terminó con el surgimiento de movimientos guerrilleros en el Estado, como la aparición del Partido de los Pobres (PDLP) dirigido por Lucio Cabañas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) dirigida por Genaro Vásquez, que declaran la guerra al Estado, no solo guerrerense, sino mexicano, dado el nivel de polarización socialy confrontación constante.
Esta constante confrontación propicia un clima de tención constante y a su vez da cavidad para que la sociedad se movilice en exigencia de sus derechos básicos, ya fuera de manera pacífica o mediante la lucha armada. Esto permitirá que la sociedad guerrerense sea un catalizador para 1988 con la defensa del voto, dando nuevamente origen y motivo a despertar ese Guerrero Bronco, que llega a la cima de la violencia con el acontecimiento que marcará nuevamente “el retorno a las armas”, con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), tras la masacre de Aguas Blancas. Estos acontecimientos serán decisivos, ya quepresionan a la clase política en Guerrero, pues recordemos que Figueroa Figueroa es removido de su cargo como gobernador del Estado, lo cual asegura, sino una caída, si un desplome del cacicazgo que venía ejerciendo de manera constante durante noventa años, aunado a ello la presencia de fuerzas políticas que competían por la vía electoral y que cada vez acumulaban mayor fuerza y base de militancia.
A pesar de que el cacicazgo de los Figueroa se veía debilitado por la polarización social, pudieron asegurarse un sexenio más, que no duró mucho, aunque no necesariamente estuvieron ellos en el poder. Reflejo de ello es el triunfo que tuvo la izquierda en las elecciones de julio del 2005, con Zeferino Torreblanca Galindo que implicó una democratización del sistema político guerrerense, aun con todas sus críticas que se puedan hacer al gobernador en su función de representante “de izquierda”. Sin embargo, este cambio de partido en el gobierno, permite asegurar un debilitamiento en el sistema caciquil que prevalece en Guerrero.
Hemos analizado hasta aquí, de manera breve y sintética, el cacicazgo que han ejercido los Figueroa en nuestro estado, ya que si bien existen otros caciques en Guerrero, pero no han tenido la misma fuerza y capacidad de control que los Figueroa han mantenido hasta nuestros días, adecuándose a las circunstancias. Sin embargo, me parece relevante para los intereses de mi investigación que está en proceso, retomar aquí el cacicazgo desarrollado en la Costa Chica, particularmente en la región amuzga (que comprende los municipios de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y parte de Ometepec) donde se ha incrustado un poder caciquil que detenta Aceadeth Rocha Ramírez (actual diputada por el PRI del distrito VI).
En este sentido, pasaremos al análisis del cacicazgo que ha ejercido esta persona en la Costa Chica y que permite comprender la dinámica de la lucha por el poder en el municipio de Xochistlahuaca, así como la constante confrontación que vive la sociedad amuzga.
Aceadeth Rocha Ramírez es una mujer que se asume como indígena y por lo tanto domina el castellano (español) y el ñomndaa (amuzgo), lo cual le permite tener una comunicación directa con sus paisanos. Su carrera política la inició fuera de su municipio, aunque es originaria de la región de la Costa Chica, ya que tuvo la oportunidad de ser en dos ocasiones diputada local por la vía plurinominal, con la cual inició el fortalecimiento de su carrera política. Su poder está basado en una red de relaciones que van desde lo local hasta lo nacional: a nivel local controla el PRI, con su hermano en la presidencia de este partido y con una red tejida así a las comunidades pertenecientes en el municipio basadas en una relación de clientela, pues otorga servicios y bienes a quienes la apoyan; a nivel nacional está identificada y guarda buenas relaciones con la lideresa del tricolor (el PRI) Beatriz Paredes Rangel (actualmente diputada federal por ese partido).
El inicio de su participación en la vida política del municipio de Xochistlahuaca la inicia de una manera muy curiosa. Dado que cuenta en su historia de vida que ella se decidió participar en el partido muy joven, porque su papá inició una lucha contra uno de los caciques de Xochistlahuaca, de nombre Rufino Añorve Dávila, quien asegura mando asesinar a su papá por desafiar su poder. Debido a esta situación, Aceadeth decide afiliarse al PRI. Curiosamente rápido se integró a las actividades del partido, puesto que fue comisionada como delegada del municipio que le facilitó relacionarse rápidamente con personas del partido a nivel estatal. De esta comisión obtuvo lo que ella misma relata “al llegar a Chilpancingo el presidente del partido me preguntó que cómo nos había ido, que así, todo perfecto y me lleva a la casa y pues yo me dije, pues ya me doy por bien servida, me dieron cincuenta pesos por venir ocho días a trabajar, cuando mi mayor sorpresa que me llama el presidente del partido, y me dice: oye Aceadeth ¿no estás interesada en incorporarte con nosotros?, no me lo dijo dos veces y en ese momento me fui […] (Gutiérrez, 2001:141).
Con estos antecedentes Aceadeth se asegura un cargo dentro del partido, iniciando como delegada municipal del partido, mas tarde coordinadora regional, distrital, después como coordinadora de la mujer campesina y se dedica de tiempo completo a la campaña para gobernador de Ruíz Massieu. La nombran subprocuradora Social de la Montaña y de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado. Además, estos puestos le facilitan relacionarse con personas como Guadalupe Gómez Maganda y Beatríz Paredes Rangel, quien la invita a trabajar con ella después del levantamiento zapatista en Chiapas, y en la CNC se encuentra con Francisco Labastida. Así mismo, tiene la oportunidad de representar a la mujer indígena a nivel de Latinoamérica en Nueva York y Québec, siendo ponente en Guatemala y participa en eventos indígenas en Perú y Ecuador (Gutiérrez, 2001: 142).
Estos antecedentes le han permitido a Aceadeth llegar a ocupar el cargo de presidentamunicipal en Xochistlahuaca en dos ocasiones, la primera en el año 1999 al 2002 y en un segundo momento durante el periodo que comprende de 2005 al 2008, actualmente es diputada local por el VI Distrito.
Conclusiones
Después de haber realizado una breve descripción sobre el origen de los caciques y de analizar el caso específico en el contexto de Guerrero, como también un caso a nivel regional, particularmente de la Costa Chica, podemos asegurar, en base a los dos casos, que los caciques han cambiado transformándose de simples intermediarios políticos a líderes y representantes de los partidos, llegando a ser ellos quienes controlan el partido al que pertenecen. En ambos casos, resulta interesante que los caciques se conformaron mediante un poder político que fueron acumulando al incidir en la política; el primer caso, el de los Figueroa, obtuvieron su poder mediante un antecedente histórico, de participación en la lucha revolucionaria, lo cual les permitió acumular un capital político que lograron mantener durante años, reflejado en la ocupación directa de puestos dentro de la estructura gubernamental (tal como es el caso de la gubernatura del Estado).
En el segundo caso, el de Aceadeth Rocha, su poder político lo obtuvo mediante la participación desde la esfera más inmediata de la política, el partido a nivel local, hasta la ocupación de cargos de representación que mencioné. Los cuales le permitieron acumular una clientela política que utiliza y destina para los fines políticos de su grupo de poder, que a su vez controla el partido a nivel local y que se ha convertido en la máximaexpresión del mismo, subordinando a las demás facciones a su poder. Este poder político que acumuló Aceadeth le permitió contar con un capital económico que ahora canaliza para los fines políticos de su partido y grupo.
En ambos casos, tanto los Figueroa y el de Rocha Ramírez, se han convertido en una especie de neo-caciques, en el sentido de que ahora no son directamente los intermediarios entre los niveles de gobierno, sino por el contrario, son ahora quienes controlan al partido al que pertenecen mediante una red de relaciones que les permiten tener un poder transversal, lo cual les garantiza ejercer un control eficaz sobre la base de militantes.
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viernes, 24 de diciembre de 2010

Sobre el paseo del pendón, en Chilpancingo

En la edición del 24 de diciembre, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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El Paseo de la Resistencia
Sergio Lugo
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El 19 de diciembre se realizó el Paseo del “Pendón en Chilpancingo”, donde podemos observar a la mayor parte de las danzas y bailes indígenas y mestizos de casi todo Guerrero.
Resaltando el “Jaguar” o en términos más correctos “Ocelotl” o “Tecuan”, ya que el nombre de Tigre es incorrecto, creado por los españoles. Existen diferentes versiones de esta “danza” y animal, sin embargo en su mayoría su significado es el mismo: la fertilidad, la fuerza, la vida, “el respeto”.
Eso es el símbolo de Guerrero, ese animal se puede encontrar en infinidad de danzas y rituales, para percatarnos de eso es necesario contemplar el “Pendón”, el amarillo con manchas negras es parte del paisaje de Chilpancingo y por ende de Guerrero.
Debemos entender que el “Ocelotl” es quizá el máximo concepto que nos identifica como guerrerenses en cuanto a cultura, junto con el mezcal como bebida.
El Paseo del Pendón debería ser considerado una celebración a nivel internacional porque expresa el sentir de un pueblo: es el Paseo de la resistencia a perder nuestra identidad, a no dejarnos sobajar por el extranjero o por el patrón, porque detrás de cada danza y baile está la historia de Guerrero:
Del hombre blanco regordete de barba y nariz afilada que nos embarra su educación y civilización, del misionero que nos impone con su cruz a su Dios y el amor a la resignación, de los indígenas que combatieron a los realistas y españoles por nuestra Independencia. Lo irracional de los blancos que trajeron africanos a Guerrero para vivir como esclavos, lo admirable del hombre negro al exigir su redención, que cada cerro, ojo de agua y cueva es sagrado. La conexión hombre-naturaleza-universo es el equilibrio, las danzas lo expresan con su movimiento.
La esencia de Guerrero son: sus indígenas regaron la semilla. Los afros que ayudaron a nuestra independencia y revolución, su música como la de los hermanos “Magallón” fue capaz de apaciguar dos pueblos en pugna, su letra son corridos de héroes o de congoja, me recuerdan al blues y su estructura es similar al jazz, una de sus maneras de expresar su dolor con el saxofón y la trompeta. Los campesinos se funden con la tierra.
Pocas personas entienden lo anterior, por ejemplo el PAN representa a los herederos del hombre blanco evangelizador y moralista de la ignorancia y sumisión. El PRI representa al patrón que maltrata al campesino, a ese cacique capaz de arrasar cosechas y pueblos enteros con tal de erigirse amo de todo.
Sin embargo la izquierda representa lo opuesto porque está integrada por los pobres, cuyos padres lucharon con Morelos, Guerrero, Zapata, Genaro y Lucio.
En el campo electoral (que no es el único en la lucha) una parte de la izquierda ha decidido respaldar a Ángel Aguirre (tomando en cuenta su origen) incluso el movimiento de AMLO le pidió que firmara 10 compromisos, en los cuales se pide concretamente ayudar a los pobres brindándoles salud y educación gratuita. Lo mismo le solicitaron a Aguirre los representantes de pueblos originarios durante un foro estatal indígena y afro-guerrerense, el pasado 5 de diciembre en Chilpancingo.
El problema fue La Parota, porque ambos movimientos pidieron que Aguirre se manifestara en contra de esa hidroeléctrica. Aguirre estaba de acuerdo pero luego de reunirse con Torreblanca (que representa al patrón blanco) cambió su postura ¿con qué habrá amenazado el gobernador al candidato?
Felipe Flores de la CECOP explica sus razones por qué están en contra de La Parota, ya que les ofrecen la CFE pagar a $ 70 centavos el metro cuadrado, para luego vender en dólares, a Torreblanca le tocaría el 10% unos $120 millones de dólares, son en total 17 300 hectáreas que afectan a cinco municipios: San Marcos, Tecoanapa, Juan R. Escudero, Chilpancingo y Acapulco.
Uno de sus promesas es dotar de agua por cincuenta años a Acapulco pero Flores explica que el objetivo de una hidroeléctrica no es generar agua sino electricidad y que el agua de las turbinas no tiene oxígeno.
Con La Parota se desplazarían a 25 mil personas de sus comunidades, la CFE argumenta que solo serían a 3 080 personas pero no toman en cuenta a los familiares de los comuneros, y que está comprobado por organizaciones que es imposible que se pueda ofrecer los 10 mil empleos.
Aguirre debe comprender que el movimiento López obradorista, el afro-indígena y de los opositores a La Parota son la mayoría de Guerrero, son su historia en sí misma.
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martes, 21 de diciembre de 2010

Sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación


Justicia, un camino sin final
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Guillermo Ortiz Mayagoitia rindió su último informe de labores como presidente de la Suprema Corte. En enero, los integrantes de la Corte votarán por Juan Silva Meza, que será la nueva cabeza del Poder Judicial federal. A partir de la reforma judicial de 1995, los ministros de la Corte eligen a su presidente por cuatro años. Los ministros presidentes anteriores fueron Vicente Aguinaco, Genaro Góngora y Mariano Azuela. Ninguno de los cuatro impactó de tal manera que se pueda hablar de la Corte de Aguinaco, Azuela, Góngora u Ortiz. Aguinaco sorteó las dificultades derivadas de unas conversaciones grabadas clandestinamente que mostraban inconfesables arreglos. Góngora, amparado en una supuesta neutralidad e independencia, actuaba tras bambalinas a favor de un partido político (PRD). El dudoso mérito de su contrarreforma judicial fue la subordinación del Consejo de la Judicatura Federal. Mariano Azuela, conforme a la teoría del péndulo, se ubicó a la derecha de la izquierda gongoriana y le dio por asesorar jurídicamente al gobierno foxista en el fracasado desafuero a López Obrador. Culminó tristemente su carrera judicial con ese estigma histórico.
Ortiz Mayagoitia llevó la fiesta en paz y mantuvo serenidad ante el poder. Su última gestión política la hizo el día de su informe al agradecer al presidente Calderón que la terna enviada al Senado, que fue rechazada, haya incluido a integrantes del Poder Judicial para alcanzar un sano equilibrio en la Suprema Corte. Señaló que cuatro ministros en funciones se formaron en el Poder Judicial de la Federación. Desaprovechó la ocasión para decir lo evidente: El sistema de ternas no funciona. Las nominaciones presidenciales en terna están altamente politizadas. El sistema propicia el bochornoso espectáculo de los aspirantes a ministros o consejeros cabildeando a los senadores. Los senadores aprovechan para negociar sus designaciones: ¿un ministro de la Corte por dos consejeros del IFE?
En Estados Unidos, donde no existe la carrera judicial, los presidentes designan al presidente de la Suprema Corte, de por vida, y nombran a los jueces asociados (ministros), con la aprobación del Senado, también de por vida. En ese país no se había nombrado un juez asociado de la Suprema Corte que no hubiera tenido experiencia judicial desde hacía cuarenta años. Los últimos fueron los juristas Lewis Powell y William Rehnquist, designados por Nixon, el primero falló en contra de Nixon en el asunto Watergate, el segundo se abstuvo por haber formado parte de la administración de Nixon.
La recién nombrada juez asociada Elena Kagan, con experiencia académica y administrativa, jamás había sido juez y es la única entre los nueve integrantes que viene de fuera. Hay quienes piensan que sólo se puede ser buen juez asociado de la Suprema Corte si se tiene experiencia judicial y hay quienes, por el contrario, creen que conviene que alguien que no lo ha sido traiga nuevas ideas y maneras de ver la justicia.
En México, los ministros provenientes del Poder Judicial están en minoría (4) frente a los de “fuera” (6). Parece razonable que la vacante sea cubierta por un magistrado (a) de circuito para mejorar el equilibrio. Lo que también hace falta es debatir si la gestión presidencial de cuatro años deberá extenderse otros cuatro más al permitirse la reelección inmediata del presidente de la Suprema Corte.
Por lo pronto, los desencuentros entre el Presidente y el Senado propiciaron condiciones para un mayor rezago en la Suprema Corte al no poderse integrar plenamente.
En el Distrito Federal, a la vanguardia en muchas cosas, se planteó (PRD) ya una iniciativa a fin de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal pueda reelegirse, si sus pares así lo determinan. La justicia, anhelo social siempre pendiente, es un largo camino sin fin, que hay que recorrer.
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Publicado en Excélsior, 21 de diciembre de 2010.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Revocación de mandato en Guerrero

En la edición del 15 de diciembre de 2010, en LA JORNADA GUERRERO se publicó la siguiente nota:
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Revocación del mandato popular para el titular del Poder Ejecutivo en Guerrero
Uriel Leal Ramírez
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El término “revocar” proviene del latín revocare. Según el Diccionario de la Real Academia Española, es: “dejar sin valor o sin efecto una concesión, un mandato o una resolución”. La revocación de mandato es una de las figuras del sistema de democracia directa, es un instrumento de decisión ciudadana por medio del cual se determina la remoción de cierto servidor público que ha sido electo por el voto directo o indirecto de la ciudadanía, de manera anticipada a la conclusión de su encargo, cuando su gestión no ha sido satisfactoria. La democracia necesita de pesos y contrapesos para que los poderes y órdenes de gobierno funcionen correcta y eficientemente. Es precisamente en este punto donde la sociedad debe contar con un instrumento legal que le permita separar del cargo a los malos servidores públicos sean de elección o de designación.
En Guerrero a finales del 2007, dentro de las reformas y adiciones que se realizaron a la Constitución local en sus artículos 17,18 y 25 destacan las figuras del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, formas de democracia directa. Como consecuencia siete meses después el Congreso local expediría la Ley de Participación Ciudadana, misma que incluye otras figuras como: Consulta Ciudadana; Colaboración Ciudadana; Rendición de Cuentas; Difusión Pública; Audiencia Pública; Recorridos del Presidente Municipal y Asamblea Ciudadana, formas de participación ciudadanas importantes pero no suficientes.
En la actualidad casi la mitad de los estados de la República Mexicana cuentan con una Ley de Participación Ciudadana. Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Tlaxcala y Morelos tienen, desde hace un buen tiempo, en sus constituciones, leyes orgánicas y legislación electoral la figura de revocación de mandato, la desaparición y suspensión de autoridades. Sin embargo, con excepción del primero, sólo se aplica a los integrantes de cabildos municipales.
En Chihuahua, la revocación de mandato también incluye al gobernador y diputados. Se requiere que la solicitud esté suscrita por el 10 por ciento como mínimo de los ciudadanos del estado, distrito o municipio, según sea el caso, y su presentación puede darse una vez que haya transcurrido una tercera parte del periodo respectivo. Las causas de revocación de mandato se contemplan en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Actualmente, Ángel Heladio Aguirre Rivero, candidato a la gubernatura, por la Coalición Guerrero nos Une, dentro de su oferta política ha propuesto incluir en la revocación de mandato al titular del Poder Ejecutivo. La Constitución Política del Estado sólo prescribe que el Gobernador, durante el tiempo de su encargo, únicamente podrá ser acusado por delitos graves del orden común. Y si a eso le agregamos que tampoco procede el juicio político en su contra. La revocación debe ser una prerrogativa exclusiva de los ciudadanos, un poder público no podría solicitar la revocación de mandato de los titulares de otro poder. Debe ser el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decidir sobre la continuidad en el desempeño del cargo. En el ámbito municipal existe tal figura pero con un enfoque distinto, la participación del ciudadano es a medias, sólo puede solicitarla al Congreso local.
En Guerrero es necesario que demos este paso en la búsqueda de acortar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones de representación y de gobierno. La participación ciudadana es necesaria para poder transitar de la periódica participación de los ciudadanos en los procesos electorales, a la participación ciudadana en un sentido más amplio. Es necesario construir los espacios y los procedimientos institucionales en los que dicha participación pueda realizarse.
En los Estados Unidos de Norteamérica, en 26 estados, las constituciones locales permiten la revocación de mandato a manos de los propios ciudadanos, mientras que esta misma figura aparece en las constituciones de Ecuador, incluso para el Presidente de la República, en Colombia, Perú y Venezuela a nivel regional o local.
Guerrero puede y debe aspirar a ser un estado líder en instituciones y mecanismos que impulsen los espacios de participación directa de los ciudadanos, en momentos donde parece haber un profundo desencuentro entre sociedad y poderes públicos.
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jueves, 25 de noviembre de 2010

Sobre Migración a Estados Unidos

La esperada DREAM Act

Mario Melgar Adalid.
George W. Bush ha publicado sus memorias (Decisions Points). Mantiene con ello la tradición política de los presidentes estadunidenses de dar a conocer puntos finos al término de su gestión. Las referencias a nuestro país son marginales. Bush reconoce la amistad que lo ligó con Vicente Fox. El único asunto vinculado con México que desarrolla con cierto detalle es el relativo al tema migratorio.
Dice Bush que la primera cena oficial de Estado fue la ofrecida al Presidente mexicano. En esa ocasión los mandatarios hablaron sobre migración. Bush estaba de acuerdo en un esquema de trabajadores temporales a los que se les otorgaría una visa de trabajo durante un periodo fijo para que se incorporaran legalmente a la economía de Estados Unidos. Dice Bush que Fox insistió en la regularización de millones de mexicanos indocumentados. Lo que se llamó la "Enchilada Completa."
Bush comenta, contrario a lo que el gobierno foxista nos hizo creer, que le aclaró a Fox que eso jamás ocurriría. Una decisión de esa naturaleza hubiera sido una amnistía que hubiera roto con el Estado de derecho y hubiera incentivado la migración ilegal.
Vino el ataque del 11 de septiembre y Bush enfiló sus baterías a controlar la frontera para garantizar la seguridad de esa región y promover el programa de trabajadores temporales. Bush declara en su libro una y otra vez que para él la solución es un programa de trabajadores temporales que acabaría con los coyotes (nosotros les decimos polleros) y permitiría a los agentes de la Patrulla Fronteriza perseguir a los narcotraficantes y terroristas.
Bush recuerda su informe de 2006 sobre migración. Contenía cinco capítulos: (1) una gran inversión en la frontera para garantizar la seguridad: duplicar el personal de la Patrulla Fronteriza y llevar seis mil efectivos de la Guardia Nacional para apoyar a la Patrulla. (2) El programa de trabajadores temporales (braceros en español antiguo). (3) Vigilancia estricta de la ley migratoria en el sector productivo para evitar la contratación de ilegales. (4) Promover la asimilación de los extranjeros mediante programas para aprender inglés.
El quinto y más complicado fue precisamente por lo que ciertamente luchó Fox, lamentablemente sin suerte. ¿Qué hacer con aproximadamente doce millones de migrantes ilegales, la gran mayoría mexicanos?
Dice Bush que algunos de sus compatriotas le exigían una deportación masiva. Otros, por el contrario, pensaban que debería darse una amnistía total. Bush cree que hay un punto intermedio. No es lo mismo quienes acaban de llegar y quienes llevan muchos años en Estados Unidos, "que han sentado raíces como miembros responsables de la comunidad", escribió. Su propuesta entonces fue que esos migrantes ilegales soliciten su ciudadanía, después de una revisión exhaustiva, paguen una multa, cubran impuestos atrasados y aprendan inglés para formarse en líneas atrás de quienes cumplieron con las leyes. A los pocos días el Senado interpuso una iniciativa de ley, con estos elementos, patrocinada por los republicanos Chuck Hagel y Mel Martinez.
La Cámara de Representantes, que solamente acepta reformas migratorias que impliquen seguridad en las fronteras, no pudo hacer nada antes de las elecciones intermedias de 2006. Después, dice Bush, algo triste, llegaron los demócratas y tomaron el control del Congreso.
Ahora Obama reabre el tema migratorio con la DREAM Act.
La Ley de Obama consiste en compensar a quienes han hecho un esfuerzo extraordinario en estudiar y hayan obtenido un grado académico universitario y a quienes formen parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos. No es la enchilada que soñó Fox, pero algo ayuda. Puede ser el inicio de lo que para muchos que se fueron de México porque vivían una pesadilla, se convertirá en un sueño, como las siglas de la ley que será debatida en el Congreso de EU.
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Publicado en Excelsior, 23 de noviembre de 2010

miércoles, 27 de octubre de 2010

Sobre educación en México...

En LA JORNADA GUERRERO, edición del 27 de octubre de 2010, se publicó la siguiente nota:
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Por la calidad educativa en México
Estela Damián peralta
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En la Cámara de Diputados hemos refrendado nuestro compromiso de ahondar en la fiscalización del gasto educativo que se transfiere a los estados, pues no podemos permitirnos opacidad en ninguno de los fondos que maneja el Estado ni la Federación.
Estamos ciertos de que no se debe solapar la opacidad en el uso de los recursos en este sector, así como tampoco generar condiciones de excepción sobre la fiscalización o dejar de ser exigentes en torno a la premisa de mejorar la calidad de la educación.
Lo anterior viene a colación debido a que el monto de la nómina del magisterio en las entidades federativas es un verdadero misterio, ya que cada estado lleva una contabilidad diferente y sus gastos no corresponden con el crecimiento de los servicios educativos.
Resulta preocupante el informe que diera a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), en el sentido de que en México, el caso de la nómina magisterial es particularmente paradigmático, pues su contabilización cambia de un estado a otro.
El estudio titulado “la Caja Negra del Gasto Público”, refiere que la falta de homologación en la contabilidad provoca que encontrar el verdadero nivel de la nómina salarial y su destino se convierta en una labor de investigación más basada en hipótesis que en datos.
Ahí están casos como el del Gobierno de Veracruz, donde ni siquiera se distingue la nómina de los maestros del resto de los trabajadores, mientras que en Durango disminuyó misteriosamente 70 por ciento de 2006 a 2007, sin que se observara una reducción en el número de maestros, lo cual indica que se lleva el registro en otra partida contable que no se conoce.
Tan sólo Campeche, Puebla, Tabasco y Guanajuato registran la nómina en la partida en el capítulo 1000 de Servicios Personales de la Secretaría de Educación, el resto de las entidades separa la nómina de maestros estatales de los federales y lleva dos contabilidades.
Lo único que se puede verificar es la evolución del Fondo de Aportaciones para Educación Básica (FAEB), que son los recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades y tienen como destino el pago de la nómina de maestros.
Entre 1998 y 2008 los recursos del FAEB crecieron 51 por ciento real, pero en ese lapso el número de maestros aumentó solamente 11 por ciento y de alumnos, 5 por ciento.
El Imco recuerda que la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló problemas con el uso de este FAEB.
Un hecho por demás grave es que el FAEB se utilice para el pago a personas con cargos de elección popular; para transferir recursos a otras cuentas estatales y en general para pagos de conceptos que no deberían financiarse con estos fondos.
El organismo expone que los estados sólo gastan en nómina 20 por ciento de sus egresos, aunque si se contabiliza correctamente la nómina magisterial, considera que en promedio podría representar 67 por ciento del total.
En este marco, resulta fundamental la serie de reformas al sistema educativo que se alistan en el Congreso, con el propósito de obligar al gobierno federal y a los estados a otorgar una educación de calidad, profesionalizar y evaluar a los maestros y contar con un padrón único para terminar con los profesores fantasmas.
Se trata de acciones orientadas a rescatar a México de la marginación y penuria educativa y que lo ubican en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio. Las poblaciones pobres reciben una educación pobre.
En México, 34 millones de personas están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.
A nivel mundial, ocupamos el lugar 55 en el índice Educación para Todos, que mide el acceso a los servicios educativos. De acuerdo con el informe, tiene el lugar 65 en la cantidad de alumnos que alcanza el quinto grado, y el 66 en alfabetización para adultos. Mientras que en el acceso de las mujeres a la educación, está en la posición 58.
La ONU ha advertido que en México existen grandes asimetrías estructurales y desigualdad en la educación. El país enfrenta dos grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad.
El organismo internacional apuntó que la exclusión de las oportunidades educativas tiene destinatarios muy precisos: Las poblaciones pobres reciben una educación pobre.
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jueves, 21 de octubre de 2010

Promoción cultural en Acapulco

En la edición del 21 de octubre de 2010, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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La promoción cultural
Malena Steiner
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La difusión y promoción cultural en Acapulco, de manera institucional, inició ocho años atrás, cuando se creó la Dirección de Cultura en la administración municipal que presidía Alberto López Rosas. Antes, un área aglutinaba deportes, educación y cultura. Tal concentración sólo generó actividades esporádicas de cultura, según el criterio del funcionario a cargo, el cual la mayoría de las veces no cumplía con el perfil idóneo para tantas atribuciones que el puesto le exigía.
Desde luego, el Instituto Guerrerense de Cultura (IGC) ya existía y dispone hasta la fecha de oficinas y una casa de cultura en el puerto. Sin embargo, por diversas razones que merecen un análisis aparte, en su larga trayectoria el IGC ha sido una especie de entelequia más que una instancia de cultura y, claro está, su labor como “Instituto” sigue pendiente.
Si Guerrero ha carecido de escuelas de iniciación artística, mucho se debe a la inoperancia del IGC. Aún le falta un programa sólido de educación artística no formal, por lo menos. Por otro lado, la carencia de estudios a nivel licenciatura, en materia de artes escénicas y visuales, por mencionar un par de ejemplos, quizá se deba más a la falta de visión de las universidades, públicas o privadas, para renovar y enriquecer las licenciaturas que imparten.
En este contexto, resulta natural que los creadores locales desarrollen su trabajo sobre la marcha y con sus propios recursos; los actores adquieren tablas gracias a su tenacidad para realizar una puesta en escena; por falta de apoyos institucionales, ellos mismos se dirigen o hacen las adaptaciones de las obras de teatro; varios de los pintores jóvenes de Acapulco son autodidactas, con talento y sin los medios económicos para cursar estudios universitarios fuera de Acapulco o una residencia artística para mejorar sus técnicas pictóricas. Lo mismo sucede casi con todas las demás disciplinas.
Entonces, el debate debería focalizarse en mejorar las funciones y capacidad de gestión de los responsables de las instituciones culturales de Guerrero, antes de descalificar y atribuir una condición mediocre al quehacer artístico de los porteños. Más allá de la calidad de sus trabajos, es loable que persistan gracias a su necesidad de autoformación. Un creador no debe estar supeditado a lo que una institución le dicte ni al recurso económico que le otorgue.
Sin embargo, en México ha sido el Estado el principal promotor y mecenas de la cultura y las artes. Los artistas e intelectuales están vinculados, para bien y para mal, con la burocracia cultural federal, estatal o municipal.
Volviendo al ámbito acapulqueño, en los últimos cinco años el Ayuntamiento de Acapulco, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, gestionó recursos federales para eventos donde el público sólo es receptor y se presume que Conaculta ya nos reconoce por ello. Nadie “bajó” recursos federales para cursos, talleres o residencias artísticas para los nativos acapulqueños.
Con menos recursos, la gestión de José Dimayuga impulsó en su momento actividades para contribuir a la profesionalización de los creadores y se apoyó la publicación de obras literarias. En los últimos cinco años, nadie ha dicho nada sobre la carencia de recursos para editar la obra de aquellos que escriben, por ejemplo. Bueno, nadie ha dicho nada sobre las inexistentes monografías de los encuentros de escritores. Tampoco se ha comentado la paradoja de estos últimos años de promoción y difusión cultural porteña: el presupuesto de la Dirección de Cultura se reduce anualmente, mientras se elevan los gastos de un par de eventos; y volvemos a lo que creíamos superado: los recursos destinados a la cultura nuevamente se aplican bajo parámetros caprichosos y sin el saber del renglón artístico y cultural.
Además, el titular de la Dirección de Cultura recibe el extrañamiento de Contraloría municipal porque no se comprueba en tiempo y forma el presupuesto ejercido en el II Encuentro de Escritores del Pacífico 2009; nadie dice nada porque, hasta ahora, eso es un asunto interno. Lo lamentable es que la Dirección de Cultura no participa ni en la programación de dicho proyecto y ello se debe a que dos o más personas realizan la misma función, pero con el resultado desastroso de que a la hora de fincar responsabilidades, se lo hacen al que tiene el nombramiento formal, por la simple y sencilla razón de que el proyecto está etiquetado en el presupuesto de dicha dependencia.
Al ámbito cultural de Acapulco le sobran adjetivos pero le faltan análisis sobre su infraestructura; presupuesto, ejercicio y rendición de cuentas del gasto público; evaluación de políticas públicas culturales; condiciones en que los artistas desarrollan su labor creativa y fuentes alternas de financiamiento para proyectos culturales, entre otros temas relevantes. Faltan, pues, diagnósticos serios sobre nuestro ámbito artístico y sobran textos donde se desvalora el trabajo de unos y otros en vez de hacer un frente común; abrimos la puerta para que políticos y funcionarios desatiendan al sector cultural, so pretexto de la tan sobada frase que “estamos divididos”.
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Sobre el papel de las mujeres...


Mujeres
Ruth Zavaleta Salgado
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La vacante de un ministro en la Suprema Corte de Justicia y las tres en el Instituto Federal Electoral tienen que ser cubiertas con la presencia de las mujeres.
Proyectar la integración de hombres y mujeres en los espacios de poder al paralelo de la conformación de género de la sociedad, es una aspiración legítima, sin embargo, no es a partir de la promoción de cuotas que las mujeres esperan que se les integre a esos espacios de poder, sino a partir del reconocimiento a la capacidad de ejercer la función pública en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Un Estado con un sistema democrático tiene la responsabilidad de generar políticas públicas que permitan generar una nueva cultura en donde la equidad de género prevalezca.
Las mujeres han avanzado a grandes pasos en las últimas tres décadas. A la par que las reformas coyunturales del Estado, se han ido creando las instituciones y los espacios que les han permitido una mayor presencia en el Poder Legislativo y el Ejecutivo a partir de las cuotas de género en las listas de representación proporcional de los partidos políticos en las elecciones federales, las de los estados y las de los municipios.
Fue creada también una ley contra la violencia y la discriminación, se fundó un Instituto Federal de la Mujer y casi todas las entidades federativas cuentan con un Instituto, pero se necesita impulsar una estrategia que genere una nueva cultura en la ciudadanía que impida la exclusión y la aversión por motivos de misoginia.
Para las mujeres, llegar a ejercer la función pública no sólo se traduce en luchar por el reconocimiento al mérito, sino se traduce también, en términos prácticos, en que los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo reconozcan que, entre más espacios protagónicos encabecen las mujeres, más posibilidades tendrán de generar esos nuevos parámetros de valoración hacia la mujer y su nuevo papel en la sociedad mexicana y en la del resto del mundo.
Las mujeres, a más de medio siglo de haber logrado el derecho para votar, ahora tienen retos diferentes.
México está inserto en la región que genera mayor desigualdad social en el planeta y ésta se deriva principalmente de la falta de equidad para acceder a la riqueza que se produce en las naciones.
Pero esta desigualdad social se concentra en las mujeres y las golpea mayormente, pues, si revisamos los datos internacionales y los nacionales, son ellas las que menos posibilidades tienen de educarse, de conseguir empleos dignos o de recibir servicios de seguridad social.
Son las que más sufren de todo tipo de violencia, pero también las de menos posibilidades de ingresar al ejercicio de la función pública. En todo el país, sólo presiden 5% de los municipios; en el caso de las gobernadoras, sólo hay una y, respecto a legisladoras de los congresos estatales, sólo Sonora y Yucatán tienen más de 30% de integración de mujeres.
Si bien es cierto que la mayoría de los espacios que acabo de referir son de elección popular y necesitan contar con apoyo de los votantes, también es cierto que habrá mayor confianza hacia su ejercicio de la función pública si se les permite ejercerla.
Por ello, en el caso de la Suprema Corte de Justicia sería simbólico que una mujer llegara a presidirla, pero no como una concesión de cuotas de género, sino debido al reconocimiento al trabajo y a la capacidad de las mujeres que ya están presentes ahí y que con su labor han marcado la vida de la institución.
Se equivocan aquellos que preguntan si los mexicanos están preparados para que una mujer sea presidenta de la República porque antes deben preguntarse si los partidos políticos y el Poder Ejecutivo (estamos en un sistema presidencial y muchas cosas se determinan por ese poder concentrado) están dispuestos para impulsar que las mujeres sean libres de aspirar con expectativas reales a la Presidencia de la República. No basta tener el derecho consagrado en la Constitución, se necesita confianza y credibilidad de la sociedad y éstas sólo se logran si las mujeres tienen una actuación protagónica en las diferentes esferas de la vida pública
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miércoles, 20 de octubre de 2010

Sobre impuesto al tabaco...

En la edición del 20 de octubre de 2010, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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Los beneficios de incrementar el impuesto al tabaco
Esthela Damián Peralta
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En abril pasado, 24 senadores y 34 diputados de todos los partidos políticos suscribimos una iniciativa para incrementar el impuesto especial al tabaco, de tal forma que se logró elevar en siete pesos el precio de la cajetilla de cigarros, lo cual significará un aumento de ocho pesos en la recaudación.
El planteamiento es que estos recursos se destinen para la atención y prevención de enfermedades ocasionadas por el tabaquismo, sin embargo también he propuesto que dada la terrible situación en la que se encuentran los estados de Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, una parte de dichos recursos se destinen a la atención alimentaria, de salud, cobijo e infraestructura educativa en los estados afectados por fenómenos naturales.
Es más que claro lo que hoy se necesita para ayudar a los miles de damnificados en esta temporada de lluvias. La experiencia nos los demuestra: a finales de 1985 nos encontrábamos en un escenario similar, tras el sismo que pareció derrumbar la ciudad de México, se requerían recursos adicionales.
En ese entonces, se incrementaron los impuestos al tabaco en 40 puntos porcentuales, como resultado se obtuvieron recursos adicionales por más de 5 mil millones de pesos, lo cual ayudó a la Ciudad de México a sobreponerse de tan terrible desastre natural.
Hoy, la emergencia no es menor. En lo que va del año hemos sido afectados por 11 tormentas tropicales, derivado de ello se declararon en estado de emergencia 49 municipios en Nuevo León, 142 en Veracruz, 161 en Oaxaca, 37 en Chiapas y 13 en Tabasco; adicionalmente fueron declarados como zona de desastre natural 49 municipios en Nuevo León, 173 en Veracruz, 119 en Oaxaca, 43 en Chiapas y 13 en Tabasco. En total van hasta ahora 433 municipios declarados en estado de emergencia y 430 en estado de desastre natural. De aquí la urgente necesidad de canalizar recursos para apoyar a la población que resultó afectada.
En este tenor, hace unos días, diputados federales y senadores del PAN, PRD, PVEM y Convergencia establecimos un frente común para impulsar las distintas iniciativas que existen en ambas Cámaras para incrementar el impuesto especial al tabaco, lo cual también permitirá resarcir los daños que el consumo de este producto provoca a la sociedad y que son absorbidos por el Estado.
Expresamos nuestra confianza de que la iniciativa fuera aprobada, como así ocurrió, y considerada en la Ley de Ingresos del 2011. Asimismo, coincidimos en que la vivencia internacional ha demostrado que un incremento en el precio de las cajetillas de cigarrillos sí puede incidir en su consumo, especialmente entre el público más joven.
En lo personal, exhorté a buscar las alianzas partidistas que hagan falta para que en próximas fechas se voten de manera directa recursos públicos que permitan atender a las personas que enfrentan padecimientos provocados por el consumo del tabaco.
No podemos permitir que los fumadores pasivos y activos de repente no tengan posibilidades de una mejor atención médica por falta de recursos; canalicemos más dinero al tema de la salud incrementado el impuesto al tabaco.
Es un hecho que los legisladores de todos los grupos parlamentarios quieren que se apruebe este aumento, aunque no menos cierto es que hay presiones económicas muy fuertes atrás que no quieren que esto suceda.
Los impuestos son el mejor instrumento para encarecer los cigarrillos, porque tiene el efecto de que por cada 10 por ciento que se suba el precio de las cajetillas, cinco por ciento dejarán de fumar. Si el aumento llegara a ser del 20 por ciento, entonces estaríamos rescatando un millón de vidas.
En agosto pasado se realizó una encueta en mil 500 hogares, donde el 73 por ciento de los mexicanos apoyó un incremento al precio de los cigarrillos, no existe ningún impuesto que tenga ese grado de aceptación.
El consumo de tabaco es considerado como una epidemia de dimensiones globales que está causando daños devastadores alrededor del mundo. En México existen más de 10 millones de fumadores, lo que representa el 16 por ciento de la población total. De acuerdo a la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, el 50 por ciento de ellos morirá a consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Es así que muchas son las ventajas de incrementar el impuesto al tabaco.
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