¿Para qué sirven las instituciones en Guerrero?

Para qué sirven las instituciones en Guerrero
A propósito de consejeros y magistrados electorales
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David Cienfuegos Salgado
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En teoría, las organizaciones del poder público actúan de buena fe, ajustando tal actuar al marco constitucional de derecho. En la práctica, y en ocasiones, es “estilo” de quienes son titulares de tales organizaciones contravenir el orden jurídico, perjudicando intereses particulares e incluso públicos. En tal situación, la Constitución provee de una serie de garantías institucionalizadas que permite revocar, modificar o anular el acto o resolución que resulten perjudiciales.

Esto viene a colación por diversas notas periodísticas en las cuales se menciona la aprobación de una reforma constitucional y legal que prorroga el periodo de desempeño de consejeros y magistrados electorales en el estado de Guerrero, algunos de los cuales ya han sido ratificados anteriormente. El tema nos permite algunos cuestionamientos, entre ellos el siguiente: ¿Cuál es el límite que tiene el constituyente permanente y el legislador en el ámbito local? Decían los franceses, al cerrar el siglo XVIII que aquella sociedad que no tuviera garantizados los derechos y establecida la división del poder público, carecía de Constitución. ¿Qué significa tal afirmación en pleno siglo XXI guerrerense? ¿Puede alterar el Congreso el funcionamiento republicano de los entes estatales?

Con la reforma en comento, los elementos que se encuentran en juego y que exigirán una ponderación en el imaginario jurídico, cuando se sometan a un test de control, serán:

1. Un derecho de naturaleza fundamental: el derecho de los ciudadanos mexicanos a integrar parte de los órganos de naturaleza electoral en las entidades federativas.

2. La intención del constituyente-legislador de aprovechar la experiencia de los titulares de los órganos electorales, prorrogando su mandato, excediendo los límites temporales que se han impuesto a tales nombramientos.

3. La vigencia de la idea republicana en el funcionamiento de las organizaciones del poder público.

En el caso del derecho fundamental, éste se encuentra reconocido por el legislador federal en la correspondiente ley procesal electoral que establece el régimen de los medios de impugnación en materia electoral. En el segundo caso, salvo mejor fundamentación, pensemos que la decisión se pretende para garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con órganos que desarrollen su función ajustando su actuar a los principios rectores consagrados en la propia Constitución. El tercer punto es bastante complicado: el ideal republicano se sustenta, en parte, en la rotación de quienes ostentan determinados cargos en el servicio público.

El argumento esgrimido en las distintas notas periodísticas permite afirmar que la intención de la reforma constitucional y legal está orientada a permitir el aprovechamiento de la experiencia de los titulares del órgano administrativo electoral guerrerense. Sin embargo, tal argumento es considerado falaz, como lo han hecho notar varios columnistas, pues ello nos llevaría a la posibilidad (necesidad según la reforma) de prorrogar los mandatos de presidentes, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores o cualquier otro funcionario, bajo el argumento de preservar la experiencia.

Ese no puede ser el argumento para lo que se pretende. Si lo puede ser, y ahí se debió ver la voluntad política de generar un verdadero cambio, para implantar una ley que privilegie el servicio civil en el ámbito electoral. Verdaderamente, ¿en quién recae la operatividad de las decisiones adoptadas en los órganos electorales? Me parece que es a la estructura operativa, es decir, a los más valiosos recursos humanos de los institutos y tribunales electorales a los que hay que garantizarles la permanencia en el cargo (otro tanto ocurre en los congresos). Un servicio civil, tanto en el plano administrativo y judicial, bien estructurado y organizado nos permitiría en el mediano plazo reducir la nómina de consejeros y magistrados, sin que ello merme el actuar de tales organizaciones del poder público.

Esta es una propuesta de cambio real: cinco consejeros y cinco magistrados, ni uno más. En un estado como Guerrero, bien vale la pena disminuir los gastos. Además, el proceso de designación debe realizarse con la participación real de la sociedad civil en el primer caso y de los colegios y facultades de derecho en el segundo caso. ¿Acaso no fortalecemos más a tales organizaciones cuando damos mayor transparencia y legitimidad al proceso selectivo?

Resulta risible al ciudadano leer que la reforma se sugiere porque es probable que no se pongan de acuerdo para consensar los nombramientos, ¿pero si para reformar la Constitución? ¿No para nombrar a los integrantes de un órgano, si para prorrogarles su nombramiento? Más falaz no puede ser el argumento.

Dado que se iban a poner de acuerdo para reformar la Constitución, por qué no lo hicieron para determinar lo que sigue: hay que distinguir entre la experiencia que requiere un órgano ciudadanizado y un órgano de naturaleza jurisdiccional. Ninguna duda cabe, cuando estamos ante un órgano que exige profesionales del derecho, de la pertinencia de aprovechar la experiencia de los magistrados. Es más, resulta adecuado. ¿Por qué no reformar en este caso la Constitución para tener magistrados electorales locales cuyo nombramiento sea por diez o quince años, sin posibilidad de otro periodo? Y ya entrados en reformas, ¿qué les parece una integración ciudadanizada del órgano administrativo electoral por siete años? E insistimos, ya puestos en el predicamento de reformar al vapor: ¿por qué no un real servicio civil electoral en Guerrero? ¿O un servicio de asesoría parlamentaria permanente que les evite pagar costosos contratos de asesoría externa?

El estado de Guerrero les agradecerá a sus legisladores que se constituyan en verdadero hombres y mujeres de Estado. Agradecerá un diseño que privilegie las instituciones por encima de los compromisos, de cualquier índole que sea. Esta era la oportunidad para los que alguna vez fueron oposición y hoy se quieren reconocer como pioneros de la democratización de las organizaciones del poder público, hicieran algo que evidenciara un verdadero cambio: ¡hechos, no palabras!

Veo las justificaciones: si bien existe una tesis aislada del Tribunal Electoral en el sentido de que en tanto se nombre a los integrantes de órganos electorales, los que concluyen deben permanecer en el cargo, es un despropósito interpretar dicho criterio como una autorización para no cumplir con el mandato constitucional de emitir una convocatoria y desarrollar el proceso para la respectiva designación. Léase bien y se verá que otro es el contenido. El maquillaje puede correrse ante la intemperie del observador.

Lo importante, a mi parecer es que el tema debió generar la discusión que ameritaba. Mal hacen en no pronunciarse barras y colegios de abogados y/o escuelas y facultades de derecho, ya ni decirlo los propios titulares de órganos que gozan de la calificación jurídica de “autónomos”. Como dice el eslogan mediático, ¿tenemos el valor o nos vale? Es posible que para algunos resulte atractiva al ciudadano la falta de previsión de que se hace gala cuando se retrasan las convocatorias para la designación de consejeros o de magistrados electorales. ¿Cuál es la impresión que tal actuar provoca? ¿Importa lo que opinen los ciudadanos? “Aun hay jueces en Berlín”, dicen que le respondió el humilde molinero de Postdam a Federico El Grande. Eso es lo que hicieron algunos ciudadanos que consideran afectados sus derechos; es lo que un partido político hizo al solicitar un remedio judicial… recordar a los titulares del poder público que hay jueces que se encargan de vigilar que sus actos se ajusten a un marco constitucional: los jueces constitucionales electorales.

La omisión de la publicación de la convocatoria, en opinión de muchos, violó sin lugar a dudas el orden constitucional y legal. Y aun si no, pudo ser impugnada en cualquier momento, por cualquier ciudadano que se sintiera perjudicado en la pretensión de ser consejero y/o magistrado. Esto es así porque la omisión es de tracto sucesivo, se actualizaba en cada momento, no concluía sino hasta que se cumpliera con lo mandatado por la Constitución y la ley.

Forzando la interpretación podría llegarse a pensar que los legisladores incurrieron en un verdadero fraude a la ley, al disfrazar de reforma constitucional y legal en el ámbito local, la negativa de dar cumplimiento, en tiempo, al mandato impuesto desde la Constitución y la ley, privilegiando una prórroga contraria al principio de certeza y independencia, pero sobre todo de legalidad al pretender embozar lo que aparenta ser una decisión arbitraria con el ropaje de la reforma constitucional y legal.

En cualquier caso, debe recordarse que los ciudadanos pueden acudir al juicio de protección de los derechos político-electorales, sea en el ámbito local o sea en el ámbito federal. Los partidos pueden acudir vía el juicio de revisión constitucional electoral. Incluso, si se observa bien el panorama del sistema jurídico guerrerense, no faltarán argumentos para poner en marcha un juicio político por atentar contra instituciones fundamentales del orden democrático. Todo es cuestión de aprender a poner en marcha el sistema jurídico.

Y hablando de aprender a forzar al sistema para que dé respuestas jurídicas: ¿habrá algún ciudadano o agrupación que se anime a enviar, en ejercicio del artículo octavo constitucional, una petición por escrito a los cabildos guerrerenses solicitando no aprueben la reforma constitucional que se somete a su aprobación? ¿Habrá alguien que haga lo mismo con el gobernador del Estado para tratar de vetar o “parar” la publicación de dicha reforma? Porque, puestos a pensar, ¿de dónde viene la voluntad reformista?

Pero… ¿y si la reforma constitucional cumple su periplo? Habrá que preguntarse si no algún partido la impugnará vía la acción de inconstitucionalidad. Más aun, preguntarse si no habrá un ciudadano que trate de forzar el sistema amparándose, o promoviendo una sui generis pretensión vía los juicios ciudadanos ante los tribunales electorales, animado por la posible interpretación de su derecho a integrar un órgano electoral con una pretendida acción judicial que puede sustentarse en la consideración de la reforma como un fraude a la ley. ¿No habrá quien solicite vía el derecho de petición que la procuradora de la República impugne en acción de inconstitucionalidad? Y para estrenar las nuevas facultades que tiene el ombudsman guerrerense, ¿por qué no solicitarle vía derecho de petición que proteja el derecho humano de naturaleza político-electoral de integrar los órganos electorales vulnerado con la reformar constitucional y legal? A mi parecer, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la creciente noción del control de convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, permiten muchas esperanzas y especulaciones a partir de los tres tópicos mencionados al inicio.

Con la reforma de junio de 2011, en materia de derechos humanos, la concepción jurídica estatal y la percepción ciudadana de los derechos exige nuevas interpretaciones aunque sea para confirmar el adagio aquél del vino nuevo para odres viejos. Por ello, desde aquí mi recomendación a nuestros estudiosos del derecho: lean la obra que recién publicó Sergio García Ramírez y Julieta Morales Sanchez, “La reforma constitucional en materia de derechos humanos” (Porrúa, 2011), seguro habrá muchas novedades en su lectura.

La pregunta ¿cuál es el límite de nuestro constituyente-legislador local?, vale la pena discutirla desde el actual escenario. Y ahí están respuestas para poner a prueba nuestro sistema. No hay soluciones ideales, pero es necesario someter a un test de constitucionalidad y de legalidad (y de convencionalidad) los actos cuando se estimen que vulneran derechos. Solo se requiere de ciudadanos que lean la Constitución y se crean sus derechos, pues lo demás, el estado de Derecho y los tribunales que administren justicia solo esperan que los ciudadanos los invoquen.

Estoy seguro que habrá espacio para otras preguntas más: ¿Se respetan los principios de certeza, imparcialidad, independencia legalidad y objetividad con el actuar que se pretende? ¿Qué mensaje se quiere enviar a los ciudadanos? ¿Para qué sirven las instituciones en Guerrero? ¿La Constitución-ley debe ser elaborada para manipularla al gusto? ¿Cuál es el límite de las instituciones correctoras de justicia electoral? Sí.. lo afirmo, ¡hay jueces!, ¿habrá ciudadanos?
* Presidente de la Fundación Académica Guerrerense. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Mesas Directivas de Casilla para elecciones 2012

Elecciones 2012

Modelo de Mesas Directivas de Casilla.

César Julián Bernal

Las Mesas Directivas Casilla (MDC) de acuerdo a la normativa electoral son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de cada una de las secciones electorales; las cuales tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo, ( artículo 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 154 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Hecha la precisión anterior, en julio del año 2012 Guerrero tendrá junto con otros estados, elecciones concurrentes o coincidentes con las elecciones federales, por ello la integración de las MDC son una parte fundamental en la jornada electoral; desde la parte organizativa existen tres modelos de Mesas Directivas de Casilla, a) Mesa Directiva de Casilla Única, b) Mesa Directiva de Casilla con integración Mixta y c) Dos Mesas Directivas Casilla.

En la primera encontramos las características siguientes: se haría una misma insaculación, una sola fila, número y ubicación de casillas acordadas por el IFE, mismos funcionarios, la responsabilidad compartida por supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales; esta pareciera la más conveniente, pero entre las dificultades que presenta es que existen características y condiciones diversas en cada entidad federativa, además del incremento de actividades a funcionarios de la MDC.

El segundo modelo, de igual forma sería una sola fila, una misma insaculación, número y ubicación de casillas acordadas por el IFE, mismos funcionarios de casilla sin embargo algunos de los integrantes serían locales, los supervisores y capacitadores electorales serán contratados por el órgano electoral correspondiente.

El tercer modelo que sería dos mesas Directivas de Casilla, las características serían una sola fila en los cuales las casillas se instalan en el mismo lugar, insaculaciones separadas, número igual de casillas básicas y contiguas, casillas extraordinarias y especiales diferenciadas, funcionarios por cada mesa, procedimientos del desarrollo de la Jornada electoral específicos y los Supervisores y capacitadores asistentes electorales contratados por el órgano electoral correspondientes; en el caso del estado de Guerrero no se sabe qué modelo se adaptara todavía, para las elecciones del próximo año, sin embargo en los próximos días se sabrá una vez firmado el convenio de colaboración entre el IEEG y IFE. Nueva cultura política decía José Francisco Ruiz Massieu “Tener autoridad política es mejor que tener poder”.

 

Calidad de las elecciones en México

Calidad de las elecciones en México

César Julián Bernal
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En una encuesta reciente, elaborada por Parametria, reveló que en México todavía existe desconfianza en las elecciones, toda vez que a la pregunta realizada ¿Usted cree que el candidato declarado como ganador en la última elección fue el que realmente recibió la mayor cantidad de votos?, apenas el 49 por ciento dijo que si, mientras un 37 por ciento dijo que no, y el 14 por ciento no contesto y/o no sabe; es decir, es alto el número de personas que manifiesta su negativa; aunado a los indiferentes o desinformados; frente a los que declaran que sí rotundo. Por otra parte, cuando se le pide al encuestado que indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente afirmación; Las elecciones en mi estado son libres, limpias y equitativas. ¿Usted está totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo? El 49 por ciento responde en forma positiva (6 por ciento totalmente de acuerdo y el 43 por ciento de acuerdo), por otro lado, quienes contestaron en forma negativa lo hacen en un 39 por ciento (29 por ciento en desacuerdo y 10 por ciento totalmente desacuerdo), y los que están ni acuerdo ni en desacuerdo es el 5 por ciento, y quienes no saben, es un 7 por ciento.

Las repuestas de los encuestados deberían ser preocupantes, en virtud de que no se nos debe olvidar que hace: 22 años se dio la primera alternancia política en una entidad federativa -Baja California-; 21 años que nació el Instituto Federal Electoral, encargado de realizar las elecciones federales, 14 años que se perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados donde un solo partido político la detentaba y que permite la reforma a la Constitución, 11 años que se dio la alternancia política en la Presidencia de la República, aunado a lo anterior, recordemos que cada año en nuestro país millones de ciudadanos son convocados no solo para elegir mediante votaciones a los gobernantes y representantes, sino también para integrar las miles de mesas de casilla que reciben dichas votaciones, tan solo en año 2010 en 15 estados hubo elecciones, este año (2011), en 7 estados, y el próximo 2012, además de las elecciones federales léase Presidente de la República, diputados y Senadores, habrá elecciones en 14 entidades federativas, con un dato adicional, a la fecha la lista nominal de electores es de poco mas de 76 millones de ciudadanos que podrán votar en las elecciones federales; por tal razón, los datos dados a conocer dibujan cuan vulnerable esta nuestra democracia; pese a lo anterior, pareciera que lo anterior, es solo una percepción, en virtud de que a dicha percepción de elecciones fraudulentas no lo acompaña la evidencia, de acuerdo a las repuestas dadas a la pregunta ¿Usted o alguien en quien confía presenció hechos fraudulentos durante las elecciones pasadas? El 70 por ciento dijo que no (dos terceras partes), en contraste con el 7 por ciento que dijo si personalmente, o el 17 por ciento que dijo si, alguien en que confío.

Un dato que me parece digno resaltar es que al valorar la imparcialidad de los medios de comunicación en las coberturas de campaña de gobernador(es), las televisoras estatales obtienen un promedio de 6.9 por ciento, más cercano a la imparcialidad. Lo anterior es alentador pero insuficiente todavía. En suma creo que la información dada conocer debe llevar a un momento de reflexión. Nueva cultura política, decía José Francisco Ruiz Massieu, “en la democracia se ponen ideas, en las dictaduras se imponen”. Por mi parte, preguntaría que queremos?

Perú en la encrucijada. A propósito de Humala

Perú en la encrucijada

Mario Melgar Adalid

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Jurar es asegurar la verdad al cuadrado. La violación del juramento es en ocasiones más grave aun que el delito que, se juró, nunca se cometió. Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, que enseñan a los niños en el catecismo, contienen la prohibición de jurar el nombre de Dios en vano. De niño no sabía si jurar el nombre de Dios en vano resultaba más o menos grave que matar, robar o fornicar.

La idea del juramento se trasladó al ámbito político. Los funcionarios juran por Dios y los funcionarios laicos bajo protesta de decir verdad, que cumplirán principios, ideas, proyectos, leyes o constituciones. Se trata del juramento cívico. Ollanta Humala es el nuevo presidente de Perú que no aprendió el catecismo cívico. Al asumir el cargo juró invocando una Constitución derogada, la que impuso en su tiempo Fujimori.

Como si un mahometano jurara por Jesucristo. El juramento de Humala es un despropósito jurídico. El Ejecutivo está obligado, antes que nadie, a cumplir y hacer cumplir la Constitución. No puede en ningún modo decretar que ya no le gusta una Constitución y prefiere la anterior. La Constitución que desconoció es la que fija las bases por las cuales fue electo Presidente.

El desplante debió haber puesto en dificultades al Tribunal Constitucional peruano. Esa instancia tendría que resolver las acciones de inconstitucionalidad que planteará la oposición. Sólo que el presidente del Tribunal se adelantó: anunció que el juramento de Ollanta Humala “se ajusta a la Constitución”. En cualquier sistema jurídico los jueces están impedidos para emitir opiniones públicas que impliquen prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Algo como si el árbitro de futbol dice antes del juego que va a imponer tres penaltis a un equipo, aunque no se cometan. El Estado de derecho cayó a pedazos.

Como si siguiera los pasos de los mandatarios latinoamericanos, Humala tiene hermanos incómodos. Uno de ellos declaró que el Presidente electo, su querido hermano, estará en el poder 40 años y lo comparó con Muammar Gadhafi. Otro hermano, Alexis, decidió visitar Rusia para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios para discutir temas de los preciados recursos peruanos: el gas y la pesca. Ollanta, todavía presidente electo, dijo que su hermano había ido en misión privada sin autorización. La embajada rusa en Perú, haciendo honor a la fama bien ganada de ser los diplomáticos más duros del planeta, declaró que había ido a Rusia como enviado especial del Presidente electo. Según reporta The Economist, esto generó que la aceptación de Ollanta Humala haya caído de 70% a 41 por ciento.

Ya en el poder, el nuevo Presidente de Perú tiene frente a sí la definición del rumbo de su gobierno. Admirador ferviente de Hugo Chávez, el ex militar de izquierda tomó la determinación de volverse incluyente. Anunció una economía nacionalista de mercado, lo que es una contradicción en sus términos.

Nombró a ex funcionarios del Banco Mundial en su gobierno, a ex funcionarios del gobierno conservador de Alan García, a hombres de negocios, lo que le hizo ganar puntos a él y a la bolsa peruana. No estuvieron de acuerdo los integrantes de su coalición política que hubieran querido ver dirigiendo las finanzas públicas a personajes de la izquierda.

Ollanta Humala visitó Washington. Sin estar programado, Obama le concedió unos minutos. Hillary Clinton fue invitada a la toma de posesión, pero se excusó por tener compromisos previos que atender en Indonesia. Humala tendrá que decidir hacia dónde quiere dirigir al Perú.

Si cede a Estados Unidos, que como dijo Hillary Clinton, están listos para ser sus socios, o si caerá en las redes de Chávez, Castro y compañía, que ciertamente luchan contra el cáncer del primero, pero no olvidan su agenda. Por lo pronto, China es ya el primer socio comercial de Perú, país que, como tantos otros de la región, ha sido abandonado por Estados Unidos.

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Consulta en:

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=757817

Las enfermedades de los políticos

De políticos y enfermedades

Mario Melgar Adalid

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Las enfermedades son las piedras del camino de la vida. Nos las encontraremos tarde o temprano. Cuando se trata de las enfermedades de los funcionarios, éstas adquieren un carácter público y están sujetas a las reglas de la conveniencia y circunstancias políticas. La enfermedad de Hugo Chávez es un acontecimiento político y del desenlace dependerá el destino de Venezuela. Así sucedía con las dolencias de Castro, las que modificarían la situación política de Cuba, solamente que no contaban con la astucia de Fidel, que ya tenía a su hermano preparado. De igual manera, todo parece indicar que Chávez con cáncer gobernando desde La Habana por Twitter que siguen 1.8 millones de personas (https://twitter.com/#!/chavezcandan), podría también encargarle Venezuela a su hermano Adán, una especie de Raúl Castro venezolano.

En México, las enfermedades de los políticos se han ocultado o se han simulado para resolver problemas. Durante el gobierno de Echeverría, Hugo B. Margaín, de entrañable recuerdo, fue obligado a renunciar a la Secretaría de Hacienda. El pretexto fue haberse caído de un caballo. Andrés Henestrosa, que era su camarada y había sido su compañero en el Senado, le dedicó un libro: “A Hugo Margaín, magnífico funcionario, buen amigo, pésimo jinete”. Adolfo López Mateos padecía una delicada enfermedad que jamás se hizo pública mientras fue el Presidente. En algún momento un amigo cercano le comentó, para elevar su ánimo, que el pueblo lo adoraba, a lo que el Presidente contestó: “Hay amores que matan”. Díaz Ordaz vivió años enfermo como Presidente sin que se hicieran públicas sus dolencias que el pueblo, enterado por rumores, celebraba jubiloso.

Fox nos mantuvo sin información sobre su enfermedad y sus medicamentos. En otro sitio tal vez lo hubieran incapacitado para trabajar.

El cáncer de Chávez no ha modificado mayormente las cosas en Venezuela todavía. Chávez sigue con una aceptación de 50% y nadie se atreve, dentro del oficialismo, ni siquiera a mirar la silla presidencial. La oposición exige explicaciones sobre la enfermedad, así como sobre el tratamiento. Hay preguntas: ¿participará en la campaña presidencial de 2012 si está enfermo? ¿Podrá el hermano Adán, siempre a la sombra del chavismo, ganar una elección? ¿Aceptará el chavismo una derrota electoral?

En Estados Unidos las enfermedades han jugado un papel crucial en la política. En los últimos días de la II Guerra Mundial, la cada vez más deteriorada enfermedad del presidente Franklin D. Roosevelt lo tenía prácticamente incapacitado.

No obstante, se guardaron los detalles de las dolencias presidenciales como secreto de Estado. La enfermedad de Roosevelt es una de las que han tenido mayor dramatismo. Muy enfermo se sabía que ganaría su cuarta histórica elección, como sucedió. El punto era quién sería el vicepresidente que habría de sucederlo. Más importante en la fórmula que ganó esas elecciones fue Harry Truman que el propio Roosevelt. Roosevelt llegó a recomendarle que en esos días no tomara ningún avión, para evitar el riesgo de que el país se quedara sin líder.

En otro nivel, el debate sobre las enfermedades de las figuras públicas continúa.

Michele Bachmann, la congresista republicana que ante la ausencia de candidatos fuertes en su partido (síndrome similar al del PAN nuestro de cada día), ha decidido ir por la nominación republicana para contender contra Obama. Sólo que Michele padece migraña, como López Mateos,y el público lo sabe.

Las migrañas de Michele no son pretextos como las de algunas mujeres; son una enfermedad incapacitante. Judith Warner en el New York Times hace varias preguntas: ¿Es nuestro problema que la congresista Bachmann tenga migrañas? ¿Será que toma medicinas para contrarrestarlas? ¿Será una mujer tan estoica que a pesar de los terribles y debilitantes dolores cumple con su deber con sus electores o cuando las cosas se ponen difíciles tiene que acostarse en la oscuridad, mientras el mundo espera afuera?

En México, por lo pronto, no hay políticos enfermos a la vista. Pero está pendiente que se resuelva, de manera más eficiente que como lo establece la Constitución vigente, la sustitución del Presidente en caso de falta absoluta. El artículo 84 es una más de las asignaturas pendientes para el próximo Presidente.

Calderón ya no da para tanto, esperemos no se enferme. Sustituirlo es más difícil que padecer su desgobiern

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http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=756051

Armas y violencia en México

Si hubiera parque, no estaría usted aquí

Mario Melgar Adalid
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A Salvador Rocha,
extraordinario amigo
y abogado.
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El general Anaya tuvo que rendir la plaza en 1847. Cuando el militar estadunidense David Emmanuel Twiggs, al derrotarlo, le exigió las armas y municiones sobrantes en el Convento de Churubusco, durante la Guerra México-Estados Unidos, Pedro María Anaya le respondió: “Si hubiera parque, no estaría usted aquí”. Este pasaje es una más de las derrotas mexicanas con la cara en alto. No deja de ser ejemplar. A más de 150 años en otra guerra, la de Calderón, las armas y las municiones siguen siendo un tema de nuestra relación con EU.

Ese país bélico por naturaleza utilizó las armas por primera ocasión en contra de México para ensanchar su territorio. Ahora México sostiene —tal vez sin toda la razón— que son las armas que provienen de Estados Unidos las culpables de los daños colaterales de la guerra de Calderón.

Cuando menos 70% de las armas que se han recuperado en la guerra tienen su origen en Estados Unidos. El gobierno de Obama ordenó que cerca de ocho mil establecimientos que venden armas en la zona fronteriza deberán reportar ventas múltiples de las AK-47 (cuernos de chivo) y armas semiautomáticas de asalto a la oficina federal de armas de Estados Unidos.

No parece que esta medida vaya a resolver el problema. En un escenario hipotético en el que pudiera sellarse la frontera y los combatientes de la narcoguerra se quedaran sin armas, la pregunta es: ¿se acabaría la violencia? Si se impidiera el tráfico de armas desde Estados Unidos, otro proveedor las haría llegar. De hecho, la empresa de inteligencia y espionaje internacional Stratford ha sostenido que culpar a Estados Unidos de la violencia mexicana es un mero argumento burocrático-diplomático. Las armas también llegan a México de Centro América, donde se constituyó un enorme arsenal durante las guerras intestinas en San Salvador, Honduras y Nicaragua, también de la corrupción de las policías y hasta de las fuerzas armadas que trafican con armas.

La medida de buena voluntad fue bien recibida en México. No obstante, queda pendiente el desenlace de la operación Rápido y Furioso, organizada por el gobierno federal estadunidense y sobre la que nuestro país se ha mostrado sumamente cauteloso. En otra época el gobierno mexicano hubiera exigido mejores y mayores explicaciones. Esta decisión del gobierno estadunidense es para muchos congresistas una cortina de humo para evitar mayor desgaste del Departamento de Justicia.

No obstante, todo indica que el asunto está latente y los republicanos lo utilizarán a la hora de la campaña a la Presidencia. En México es altamente probable que el PRI también utilice este argumento desde una perspectiva nacionalista para criticar la blandura panista.

La reacción en Estados Unidos ha sido de beneplácito de los grupos liberales, mientras que la poderosa National Rifle Association (NRA) considera la medida contraria a los derechos constitucionales como la Segunda Enmienda, cuyo texto dice: “El derecho del pueblo de poseer y portar armas no se infringirá, dado que una Guardia Nacional ordenada es necesaria para la seguridad de un Estado libre.”

La orden del Departamento de Justicia es que cualquier venta de más de dos armas semiautomáticas tendrá que reportarse.

No significa que se prohíba su venta ni que se prohíba su exportación, se trata de tener control.

Para evitar mayor crítica de los detractores de la medida, el Departamento de Justicia ha anunciado que a los dos años, si no hay reportes de delitos cometidos con las armas, los registros quedarán destruidos.

El problema no se va a resolver con esta medida. En las exposiciones de armamento (Gun Shows) que se celebran permanentemente por toda la Unión Americana, la venta es indiscriminada y no hay registros, se venden armas como palomitas de maíz.

Quedan además los vendedores de armas, sin escrúpulos, que encontrarán vías para seguir vendiendo más de dos armas a los cárteles. La solución es sencilla, pero imposible de cumplir: sellar nuestra frontera para que no entren las armas.

Quien haya cruzado por tierra la frontera desde Estados Unidos sabe que esto es imposible. Llegar a México por tierra desde el norte es como llegar a la tierra de nadie.

No es previsible que algún día los cárteles se rindan como el general Anaya por falta de armas y de parque.

No imagino a ningún sicario zeta decirle a otro sicario del cártel del Golfo: “Si hubiera armas y parque, no estarías aquí”.

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Consulta en:

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=754101

Sobre sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En la edición del 18 de julio de 2011, EL SUR publicó la siguiente nota:

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A tribunales civiles, señor militar!

Eliana García Laguna*

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Decíamos que en una decisión histórica que abre las puertas para terminar con la impunidad de aquellos elementos de las fuerzas armadas que cometen delitos y violaciones graves a derechos humanos y se amparan en la justicia castrense y el fuero militar para no ser investigados ni detenidos ni sentenciados conforme lo señala el artículo 13 constitucional, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos y que deberán ser juzgados por tribunales civiles.

La ministra ponente, Margarita Luna Ramos, señaló que si el Estado mexicano decidió someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coideh), está obligado a acatar sus sentencias, al mismo tiempo que dijo que la reforma constitucional en derechos humanos obliga también al Estado; por lo que esta decisión, tuvo como base tanto la sentencia de la Coidh sobre el caso Rosendo Radilla de la que ampliamente hicimos una crónica en este mismo espacio, como la reforma constitucional recientemente aprobada por el Constituyente permanente y promulgada el 10 de junio, fecha simbólica para la lucha en contra de la impunidad y por los derechos. El artículo primero constitucional ahora vigente señala inequívocamente en su segundo párrafo que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

En razón de ello, la SCJN definió:

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para todo el Poder Judicial;

Las sentencias de la Corte no son sujetas a interpretación, son sujetas a cumplimiento;

El artículo primero constitucional es de cumplimiento obligatorio en todo lo que se refiere a defensa, respeto y promoción de los derechos humanos y debe ser considerado en los juicios que se tramiten ante cualquier juzgado y,

Limitó el fuero militar.

¿Cuáles son entonces las obligaciones de los otros poderes? Para el Congreso de la Unión, la resolución de la SCJN significa respaldar, no sólo retóricamente sino en productos legislativos el espíritu de la reforma en derechos humanos surgida desde su seno, así como la determinación de limitar el fuero militar.

Esto requiere la urgencia de cumplir, con más de un año de retraso, la sentencia del caso Radilla en el ámbito legislativo, para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con el objetivo de hacerlo compatible con el artículo 13 constitucional, los más altos estándares internacionales y el Pacto de San José, considerando en la reforma que serán puestos a disposición de la justicia civil los militares que cometan delitos que violenten la dignidad de la persona humana. También se debe en el Congreso de la Unión emitir la Ley General en Contra de la Desaparición Forzada de Personas o al menos reformar el artículo 215 A del Código Penal Federal. Las iniciativas ya están asentadas en las comisiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión, listas para dictaminarse.

La resolución de la SCJN modifica el debate de la Minuta del Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional, actualmente en proceso de análisis y dictamen en la Cámara de Diputados; al reconocerse la sustancia de la reforma constitucional en derechos humanos, es imperativo revisar y modificar todo el Título Séptimo de la Minuta que se refiere al procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad interior para no incurrir en rasgos de inconstitucionalidad y no sea esta ley la puerta trasera para legalizar Estados irregulares de excepción (como ya existen en amplios territorios del país, incluyendo Guerrero en algunas zonas) sin cumplir cabalmente con lo que señala el artículo 29 constitucional, ahora mucho más preciso en cuanto al ejercicio de derechos humanos y garantías que bajo ninguna circunstancia podrán ni suspenderse ni restringirse.

En el dictamen que aprueben los diputados se deberá reforzar el espíritu expresado con toda contundencia en el artículo 72 de la minuta del Senado (y por lo que conocemos también del predictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados) en el sentido de que elementos de las fuerzas armadas que cometan delitos contra personas civiles serán juzgadas por tribunales competentes, es decir, tribunales civiles.

Para el Poder Judicial, otra decisión histórica de la SCJN en su resolución es que los jueces del Estado mexicano, es decir, todos los jueces del país, el Poder Judicial en su conjunto y ya no sólo la propia Corte, como había sido el criterio desde hace más de 40 años, podrán reinterpretar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, con lo que se amplía el control de convencionalidad; y ello hace profundamente importante que la nueva Ley Reglamentaria en materia de amparo, a la luz de la propia reforma constitucional en amparo, contemple cada uno de los supuestos en lo que a exigibilidad de derechos se refiere.

La reforma constitucional en materia de amparo que ya mencionamos y la de derechos humanos, constituyen un hito que va a transformar nuestro sistema de justicia al poner como eje la protección de la dignidad de las y los mexicanos.

Algo que resalta negativamente y preocupa es que la respuesta inmediata del Ejecutivo federal, en un comunicado conjunto emitido por las secretarías de Gobernación, la Defensa y la Marina, intente disminuir el alcance de la resolución del máximo tribunal del país al considerar que la misma sólo proporciona “criterios orientadores”. Se equivocan al minimizar una resolución que rompe el paradigma de la impunidad de los delitos que han cometido elementos de las fuerzas armadas en contra de civiles. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un criterio orientador, la Corte estableció un mandato basado en un nuevo criterio en materia de competencias jurisdiccionales que deja fuera a la justicia castrense cuando se cometen delitos y violaciones a derechos humanos contra civiles, en el más puro espíritu del artículo 13 constitucional.

El Ejecutivo federal debe acatar sin simulaciones ni subterfugios la resolución de la SCJN y de inmediato, instruir a la Procuraduría de Justicia Militar que turne a la Procuraduría General de la República todos los casos en que estén involucrados militares que han cometido delitos contra civiles, destacadamente los que ya tienen sentencia de la Corte Interamericana, pero no sólo éstos, sino todos.

Se acerca el Día Internacional en Contra de la Desaparición Forzada, lo que debería impulsar al Ejecutivo federal a retirar la reserva sobre fuero militar y la declaración interpretativa sobre prescripción de la desaparición forzada que se impuso a la Convención Interamericana en contra de la Desaparición Forzada en 2002, pues tanto la reforma constitucional en derechos humanos, como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la desaparición forzada es un delito continuado que no prescribe, así como el compromiso adquirido por México al ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, hacen obsoleto y contradictorio al derecho nacional e internacional, mantenerlas.

Creo que para los guerrerenses, y las chilangoguerrerenses como yo, es un orgullo que hayan sido precisamente los familiares de un digno hombre suriano como Rosendo Radilla, quienes decidieron recorrer el largo y tortuoso camino de la jurisdicción interamericana y con ello, sentar un procedente. Es de reconocer y agradecer a la familia de Rosendo Radilla y a Tita; a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem); a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, esta determinación.

Gracias también a Tlachinollan y al Centro Pro, por haber llevado los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera al mismo sistema interamericano de los derechos humanos, y esperamos que las sentencias sobre estos casos ya se cumplan. Curiosamente todos estos casos son de delitos de lesa humanidad cometidos por militares en Guerrero, por lo que existen compromisos que cumplir también para los órganos del sistema de justicia del estado de Guerrero.

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Consulta en:

http://www.suracapulco.com.mx/opinion02.php?id_nota=8459

Guerrero en números y datos electorales, por César Julián Bernal

Guerrero en números y datos electorales

César Julián Bernal
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El documento denominado “Actividades en apoyo al Proceso Electoral Local del Estado de Guerrero” describe las actividades que realizó la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral en apoyo al Proceso Electoral local del Estado, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico número cuatro al Convenio de Apoyo y Colaboración en materia de Registro Federal de Electores celebrado el 7 de mayo del 2010, entre el IFE y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero; de dicho documento se desprenden números y datos para los interesados en cuestiones electorales; por ejemplo el Padrón Electoral que se utilizó para la elección del 30 de enero pasado, fue 2,442,945, sin embargo la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía cerró en 2,427,938, por lo que el porcentaje de cobertura del segundo sobre el primero fue de 99.39 por ciento; es decir, 15,007 ciudadanos guerrerenses que están en el Padrón Electoral no aparecieron en la Lista Nominal; por otra parte, y como resultado de la aplicación del programa de bajas por defunción y suspensión de derechos políticos, durante el periodo del 2 agosto al 8 de diciembre de 2010, causaron baja del Padrón Electoral de la entidad, un total de 17 mil 180 registros, de los cuales 14 mil 281 corresponden a defunciones y dos mil 899 a suspensión de derechos políticos; estos rubros también son importantes, toda vez que hace algunos años había inconsistencias en los reportes de las defunciones y la pérdida de derechos políticos ocurridos en el Estado, sin embargo en la actualidad la información es más oportuna, finalmente se llevó a cabo el programa correctivo permanente de detención de duplicados, como resultado de lo anterior se detectaron dos mil 783 registro duplicados.

la Lista Nominal de Electores por genero se divide en mujeres con un millón 268 mil 863 (52.26 por ciento) y hombres un millón 159 mil 075 (47.74 por ciento); por tal razón, la mujer tiene un mayor peso electoral con respecto al hombre; por grupos de edad, se divide en tres: Menores de 35, un millón 1 mil 907 (41.27 por ciento); entre 35 y 64 años, un millón 114 mil 067 (45.89 por ciento) y mayores de 65 años, 311 mil 964 (12.85 por ciento); con lo que se aprecia que el mayor porcentaje electoral por edad se encuentra en el segundo grupo, sin embargo no se debe menos preciar el primero; y ver qué pasa en los próximos años respecto del tercer grupo al disminuir el “bono demográfico”.

Por lo que se refiere a los ciudadanos en la Lista Nominal de Electores por entidad de nacimiento, se observa que dos millones 253 mil 908 son nacidos en el estado de Guerrero, lo que constituye el 92.83 por ciento; frente a 174 mil 030 ciudadanos nacidos en otra entidad federativa, lo que representa 7.17 por ciento; el apellido más frecuente en Guerrero es “García”, con 154 mil 694 ocurrencias registradas, en apellido paterno 77 mil 825 y materno 76 mil 869, el nombre completo más común en Guerrero es García García Guadalupe con 32 ocurrencias registradas; por otra parte, existen un mil 236 ciudadanos que no tienen registrado apellido paterno y cuatro mil 293 el materno; este dato es importante porque las autoridades del Registro Civil Estatal y la Secretaria General de Gobierno alguna estrategia tendrían que implementar para solucionar esta inconsistencia; por otra parte, en la entidad 517 mil 183 ciudadanos manifestaron vivir en “domicilio conocido” lo que representa el 21.17 por ciento del padrón electoral y el municipio donde se tiene un mayor número de domicilios conocidos es Acapulco de Juárez con 34 mil 641 registros, esta es otra inconsistencia que los gobiernos municipales y estatal deberían solucionar emprendiendo una campaña de nomenglaturas a calles y colonias en todo el Estado, el municipio de Acapulco cuenta con 383 secciones electorales 317 urbanas, 54 rurales y 12 mixtas; seguramente los números y datos aquí enunciados habrán cambiado para el próximo año de elecciones concurrentes (Presidente de la República, senadores, Diputados Federales y Presidentes municipales y Diputados locales), sin embargo por lo pronto son importantes para analizarlos. Nueva cultura política, decía José Francisco Ruiz Massieu el político sin critica es un ingenuo del poder.

Sobre la pena de muerte

En la edición del 12 de julio de 2011, EXCELSIOR publicó la siguiente nota:

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¿Matar o no matar?

Mario Melgar Adalid

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Matar o no matar, ese parece ser el dilema de las sociedades angustiadas por la violencia y la descomposición social. La ejecución de Humberto Leal, mexicano que llegó a Estados Unidos a los dos años, que secuestró, salvajemente violó y mató a una menor de 16, reavivó un debate en la Suprema Corte de ese país.

Desde 2004, debido a una exitosa gestión jurídico diplomática de México, la Corte Internacional de Justicia en La Haya emitió una resolución declarando que Estados Unidos debía revisar y considerar el caso de 51 mexicanos en la fila de la muerte (Death Row). Conforme a la resolución internacional, los extranjeros que sean detenidos se les deben respetar los derechos que consagra la Convención de Viena. El derecho central es que se les permita el auxilio de las autoridades consulares de su país. No ocurrió en el caso de Humberto Leal y de otros cincuenta condenados a muerte.

México intervino para aplazar la ejecución y hasta el gobierno de Obama acudió a la Suprema Corte para que se detuviera la misma, en tanto el Congreso de Estados Unidos legisle para hacer propias las prevenciones de la resolución de la Corte Internacional.

La decisión de la Suprema Corte fue por la mínima diferencia (5-4), unos minutos antes de que se aplicara la inyección letal. El gobernador de Texas, Rick Perry, no cedió a las presiones de los gobiernos de México y Estados Unidos, así como de múltiples organizaciones, incluyendo a la ONU. Simplemente confirmó lo que había hecho en 2008, cuando a pesar de muchas súplicas, incluida la del presidente Bush, Texas ejecutó a José Medellín, otro mexicano acusado del homicidio de dos chicas estadunidenses.

Los argumentos en la Corte pesaban casi lo mismo. Por un lado, los cinco jueces conservadores, sabedores de que se violaba un Tratado Internacional ratificado por Estados Unidos desde 1969, consideraron que la petición del gobierno de Obama de aplazar la ejecución, porque en el Congreso ya se discute una ley que obliga a aplicar la Convención de Viena, resultaba inaceptable.

La Corte debe resolver sobre la ley que existe, no sobre la que hipotéticamente podría aprobarse, fue el argumento central de la derecha jurídica. Por el contrario, los jueces liberales consideraron que no esperar la expedición de la ley causaría un daño irreparable a los intereses de la política exterior al más alto nivel. La decisión pondría en peligro a los estadunidenses que viajan al exterior.

El debate sobre la pena de muerte sigue. Para quienes se oponen resulta racista y arbitraria. Después de 35 años de haberse vuelto a implantar en casi todos los estados, un estudio de la Universidad de Iowa analizó dos mil homicidios que ocurrieron en Georgia a partir de 1972. Los negros recibieron 1.7 veces más sentencias capitales que los blancos. Los asesinos de víctimas de raza blanca fueron sentenciados 4.3 veces más que los sentenciados a muerte por haber matado a negros. Este estudio se ha replicado en muchos otros estados con resultados similares.

Matar o no matar es el dilema. En el mundo solamente Japón y Estados Unidos, entre los países industrializados, la comprenden en sus legislaciones y la aplican. Los mexicanos nos hemos opuesto sistemáticamente a la imposición de la pena de muerte por múltiples razones.

En la lucha por que se respeten los derechos de mexicanos en la fila de la muerte, México cumple con una postura de política casi incuestionable.

Digo casi, pues al enterarme de las condiciones en que ocurrió el asesinato de la chica, mismas que el respeto al lector de esta columna me impide relatar, es difícil no pensar en un castigo capital.

Ante tal perversidad, el dilema persiste: matar o no matar con todo y Convención de Viena

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http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=752201

Sobre la redistritación electoral en el estado

Redistritación Electoral en Guerrero

César Julián Bernal

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Al resolver el expediente SUP-JRC-12/2000, la redistritación se definió como “una actividad que permite readecuar y actualizar las unidades geoelectorales ante los efectos generados por la dinámica poblacional, los constantes movimientos migratorios, así como los cambios en la geometría política”, hecha la acotación anterior, el pasado 16 de junio, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó una nueva redistritación electoral, y de acuerdo a la proyección denominada Criterios y Directrices operativas para la delimitación de los distritos uninominales, estos son:

El criterio de primer nivel señala, se procurará el equilibrio demográfico, tomando en consideración la población guerrerense; es decir, al dividir la población de la entidad (3,115,202) entre los 28 distritos electorales uninominales, se obtiene el cociente de distribución o media estatal, que es de 111,257; luego entonces al dividir la población de cada municipio entre el cociente de distribución o media estatal, se le asigna un número de distritos igual a la parte entera que resulte de la división. (Acapulco 6, con una media de 6.41, Chilpancingo 1, con una media de 1.92 e Iguala 1, con una media de 1.15).

En el criterio de segundo nivel se procurará que los distritos tengan continuidad (para que los distritos se conformen por una sola parte del territorio no deben estar fragmentados al interior) y contigüidad geografía (para que los distritos se integren por unidades de agregación colindantes entre sí); tomando en consideración los límites territoriales, político-administrativos y los accidentes geográficos; el criterio de tercer nivel, señala que se procurará la conformación de distritos electorales con mayoría de población indígena, por ello, -cuando sea factible- se ubicará los pueblos y comunidades, preservándose la integridad territorial de dichas comunidades; recordando que Guerrero cuenta con cuatro grupos étnicos mayoritarios, con presencia en al menos 23 de los 81 municipios, con aproximadamente 500 mil habitantes.

El criterio de cuarto nivel establece que se procurará obtener la mayor compacidad, ningún distrito podrá rodear íntegramente a otro; el criterio de quinto nivel dice que se considera la distribución municipal y seccional vigente en el IFE, tomando en consideración que la unidad de agregación mínima será la sección electoral; el criterio de sexto nivel, señala que los distritos consideran municipios completos, en otras palabras, en los municipios que tienen una población total mayor a la que corresponda a 0.85 por ciento de la media estatal y menos del 1.15 por ciento, se procurará no fraccionarlos y conformar con ellos un distrito (p. e. Chilpancingo Distrito I y II; Acapulco Distritos III, IV, V, VI, VII y IX; Iguala Distrito XXII y Chilapa Distrito XXV), en el caso de los municipios que cuenten con población total mayor a la media estatal, se buscará formar distritos completos en su interior y la fracción territorial excedente se agregará a municipios colindantes, preferentemente urbanos, para conformar otro distrito.

El criterio del séptimo nivel establece que se procurará optimizar los tiempos de traslado entre los recorridos a su interior, considerando su tamaño, su extensión y la distribución geográfica de sus localidades. Los tiempos de traslado se incorporarán en el proceso de la construcción de los límites distritales; y finalmente, el criterio del nivel octavo y último dice que para establecer las cabeceras distritales se considerarán los elementos que garanticen la mejor ubicación funcional, que no obstaculice la organización y desarrollo del proceso electoral, cuando haya dos localidades semejantes, y una de ellas haya sido cabecera distrital, prevalecerá esta última; por lo pronto y si otra cosa no sucede, las nuevas cabeceras distritales que estarán en disputa electoral en el 2012, son: I y II Chilpancingo; III, IV, V, VI, VII, VIII y IX Acapulco; X Técpan, XI y XII Zihuatanejo, XIII San Marcos XIV Ayutla de los Libres, XV San Luis Acatlán, XVI Ometepec, XVII Coyuca de Catalán, XVIII Pungarabato, XIX Eduardo Neri, XX Teloloapan, XXI Taxco, XXII y XXIII Iguala, XXIV Tixtla, XXV Chilapa, XXVI Atlixtac, XXVII y XXVIII Tlapa de Comonfort.

Sobre los proyectos de Participación Público-Privada

El Costo de los Proyectos de Participación Público-Privada

Carlos Reyes Romero

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Al aprobar el pasado 15 de junio de 2011, la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Guerrero y las reformas constitucionales y legales que le acompañan, el Congreso del Estado obsequió un voto de confianza al gobernador Ángel Aguirre Rivero y le brindó el beneficio de la duda a los proyectos de prestación de servicios.

De esta manera la pelota ha quedado en el campo del Ejecutivo estatal. En adelante será su exclusiva responsabilidad si se implementan o no en la entidad proyectos de infraestructura o de provisión de servicios públicos bajo este esquema de financiamiento, que por cierto no es tan novedoso ni benévolo.

La participación de la iniciativa privada en la obra pública data cuando menos de los últimos 20 años y lo mismo se ha orientado al financiamiento de proyectos carreteros de altas especificaciones como a la generación de energía eléctrica o de infraestructura petrolera con los “Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto” de donde proviene el acrónimo de “Pidiregas”.

Ahora se les llama “Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo” aunque conservan la denominación de “Pidiregas” porque todavía hace poco seguían sin registrarse en el gasto y sin considerarse como deuda pública, hasta que a instancias de la fracción parlamentaria de Convergencia en el Senado de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha empezado a registrarlos y reconocerlos como parte de la deuda pública del país.

En todos los casos, cuando a la iniciativa privada se le atora la carreta, invariablemente el gobierno ha acudido en su rescate y ha trasladado sus pérdidas al erario público. Al fin y al cabo el pueblo aguanta…

¿Por qué esta recurrencia del gobierno federal y ahora los de los estados y el del Distrito Federal a propiciar la inversión privada en proyectos de infraestructura y de provisión de servicios públicos?

Parece mentira pero la razón es muy simple: el Estado Mexicano no cuenta con recursos suficientes para cubrir las necesidades de inversión del país en cuanto a infraestructura y servicios; el gasto corriente consume el 80.13 por ciento del presupuesto nacional y sólo el 19.87 por ciento se destina a la inversión pública, de la cual el 17.91 por ciento es para inversión física.

Lo mismo sucede a nivel estatal y municipal. En el Presupuesto de Egresos 2011 para el Estado de Guerrero, el gasto corriente consume el 83.86 por ciento y el 16.14 por ciento restante es para inversión, de la cual sólo el 8.85 por ciento se dedica a inversión en infraestructura. Más o menos igual andan los municipios.

¿De dónde proviene esta permanente carencia de recursos? Todo mundo lo sabe y ya es tema recurrente de la opinión pública y hasta del escarnio popular: el Estado Mexicano casi no cobra impuestos al sector monopólico de la economía nacional.

Del millón 343 mil empresas registradas en el padrón de Hacienda, son sólo 422 los grupos monopólicos consolidados que desde 1982 gozan del privilegio fiscal de diferir el pago de impuestos, deducir el 100 por ciento de sus inversiones y que sólo contribuyen con el 1.78 por ciento de sus ganancias al gasto público, no obstante que facturan más de la mitad de lo que se produce anualmente en el país.

Hace dos años el presidente Calderón les reclamó públicamente este proceder. “La ley lo permite” le respondieron tajantemente.

Agréguese a esto que por una mala decisión fiscal las grandes empresas mineras se llevan prácticamente gratis el oro, la plata y el cobre que el país tiene en una abundancia que hasta ahora no conocíamos. Nos están saqueando a ciencia y paciencia de gobiernos que se hacen de la vista gorda.

Estas son las dos principales mermas fiscales que tiene el país y las que más afectan los ingresos fiscales de la federación, pero sobre todo de los estados y municipios.

Ya se nos olvidó, pero constitucionalmente las entidades federativas y los municipios tienen la potestad concurrente de cobrar contribuciones al gasto público, pero desde 1929 se convino en no hacerlo para no generar una doble o múltiple tributación. Desde entonces los estados y los municipios cedieron al gobierno federal su facultad de cobrar contribuciones propias, a cambio de lo cual el gobierno federal les haría participes del “Fondo General de Participaciones (que) se constituirá con el 20 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.”

Y si “la recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería”, se entiende que cualquier merma de ésta repercute negativamente sobre el Fondo General de Participaciones, de donde provienen los recursos de los ramos generales 28 y 33 que se asignan a estados y municipios.

Por otra parte, indebidamente el gobierno federal reservó para sí la mayor parte del pastel fiscal, quedándose y ejerciendo directamente el 80 por ciento de lo recaudado y entregando a los estados sólo el 20 por ciento restante. Llevamos más de 90 años de que se nos impuso esta injusticia.

Los estados y los municipios han tratado durante los últimos 20 años de que esta situación cambie. En la década de los 90’ hubo algunos avances, lográndose en 1998 que los recursos federalizados sobrepasaran el 32 por ciento de lo recaudado por impuestos, ingresos petroleros y minería. Desgraciadamente esto viene en reversa y actualmente no llega a los estados más del 28 por ciento de la recaudación federal participable.

Lo más grave de todo es que vamos a pagar 2 veces los famosos contratos de asociación público-privada.

Primero: porque las actuales leyes fiscales permiten a las sociedades de inversión –y por cada contrato hay que formar una− deducir de impuestos el total de la inversión realizada, es decir, les vamos a pagar con recursos fiscales, que no van a ingresar a la recaudación federal participable, lo que inviertan en cada proyecto de infraestructura o de provisión de servicios.

Segundo: además todavía les tenemos que pagar “la contraprestación que tendrá derecho a recibir el Desarrollador”, así como “la inversión que deba hacer y el financiamiento que deba obtener”, sin que esté garantizado que la infraestructura, el bien o las instalaciones así financiadas queden en propiedad de la entidad contratante, es decir del gobierno, porque así lo permite literalmente la ley enviada por el Ejecutivo.

Pero además el gobierno será aval del crédito que se obtenga para la implementación de los proyectos y está obligado “a afectar como garantía o fuente alterna de pago de los Contratos, sus ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, productos, aprovechamientos, participaciones en ingresos federales, aportaciones federales o cualesquiera otros ingresos de los que puedan disponer, incluidos sus accesorios o, en su caso, los ingresos o los derechos al cobro correspondientes.”

Está a toda madre. Así quién no se hace rico de la noche a la mañana.

Afortunadamente, el hecho de que una ley haya sido aprobada no quiere decir que inevitablemente se vaya a aplicar. Hay casos muy sonados como el de la ley de extinción de dominio o el ordenamiento que permite a las autoridades hacendarias investigar y perseguir las redes financieras de la delincuencia organizada, que no son utilizadas. En Guerrero, tenemos la Ley de Aguas Número 574, que aunque permite la transferencia del servicio a la iniciativa privada, no se aplica.

¿Qué se podría hacer entonces? Muchas cosas, si se tiene voluntad política.

Se podría, por ejemplo, impulsar que la CONAGO promueva la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal para cambiar la actual fórmula del 80/20 en la distribución de participaciones fiscales para quedar, cuando menos, al 60/40; se podría también reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para eliminar del régimen de consolidación fiscal la autorización para el diferimiento del pago de impuestos y reducir los privilegios fiscales para las nuevas inversiones, así como revisar el régimen de deducciones fiscales y eliminar la deducción del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y la disminución de impuestos del pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, para que la hacienda pública no siga cargando el cumplimiento de obligaciones que no le corresponden.

Se podría asimismo, disminuir al 50 por ciento el margen de amortización de las nuevas inversiones, para que el remanente le quede a la hacienda pública y que el Estado pueda realizar obras de infraestructura o de provisión de servicios con recursos propios.

También se podrían empezar a cobrar impuestos a las grandes empresas mineras y las “regalías provenientes de fundos y explotaciones mineras” que prevé la Ley de Ingresos de la Federación y que indebidamente no se les cobran, como si se hace por la extracción del petróleo; en su caso se puede hacer un convenio con la federación para que se les restituya al Estado de Guerrero esta potestad fiscal y pueda cobrar estas regalías por cuenta propia, como ya se hace con la tenencia vehicular, el impuesto al activo fijo y otros gravámenes.

Conviene tener en cuenta que tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de los Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, pero como ya dijimos más arriba desde 1929 se convino en no hacerlo para que no se dé una doble o múltiple tributación. Pero si el gobierno federal renuncia a ejercer las potestades tributarias concurrentes que de buena fe le han sido confiadas, delegadas, por los estados y municipios, éstos están en su legítimo derecho de reasumir el ejercicio de las mismas; hay fundamento constitucional al respecto.

El gobierno del estado debe también considerar que, en última instancia, las obras y proyectos que se pretende realizar pueden ser financiados mediante contratación de deuda directa, que sería menos onerosa y menos expoliadora que la que ofrecen las asociaciones público-privadas. Incluso se puede explorar la posibilidad de contratar deuda externa, que es todavía más barata que la interna. Seguramente el Congreso del Estado y la sociedad validarían y respaldarían este cambio de rumbo.

¿Qué se requiere? Voluntad política. Mucha y muy determinante voluntad política para impulsar políticas fiscales que permitan a la Nación recuperar los recursos para el financiamiento del desarrollo. Nuestra clase política tiene que entrarle al toro.

La iniciativa privada siempre será bienvenida y puede aportar mucho al desarrollo de Guerrero y del país, pero necesita asumir una actitud más comprometida con México y no sólo jalar agua para su molino. Ya bastante polarización social y graves riesgos de gobernabilidad nos ha generado su proceder.

Insistimos, la decisión de utilizar las asociaciones público-privadas como fuente de financiamiento para la obra y los servicios públicos, está en la cancha del Ejecutivo del estado.

Depende ahora del gobierno estatal que los escasos recursos fiscales con que cuenta Guerrero no sean entregados a la voracidad y la rapiña de aquellos que privilegian su enriquecimiento personal por encima del bien común.

Existen otras alternativas para la promoción del desarrollo de Guerrero; no nos ahorquemos con nuestras propias manos.

Con el aprecio de siempre, recibe mis cordiales saludos.

A t e n t a m e n t e

Carlos Reyes Romero

Sobre nuestra educación...

En su edición del 19 de junio de 2011, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:

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¿Dónde y cómo empiezan nuestros rezagos

Xavier Carreto A.

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Aquí en este espacio de La Jornada Guerrero, la mayoría de los temas que hemos tratado están relacionados con los rezagos que afectan a la sociedad guerrerense, entre otros, el educativo, la inseguridad, la pobreza extrema, los insuficientes servicios de salud, las inversiones y la recaudación requeridas para su desarrollo, la baja productividad. ¿Qué no hemos hecho bien como sociedad para ser considerada una de las más atrasadas en el ámbito nacional?

Una explicación muy relevante pero no la única, es la baja calidad de la educación pública, sumada al desinterés de la mayoría de los padres de familia por la educación de sus hijos. Asimismo, los contenidos de la televisión tanto la abierta como la de paga, que no contribuye a la formación de los niños y de los jóvenes guerrerenses; y al excesivo tiempo al que están expuestos éstos, en promedio entre tres y cuatro horas diarias.

Se pasa más tiempo frente al televisor que en el aula de clases, pues mientras en el primero la exposición podría ser las 24 horas los 365 días del año; en el salón la estancia se limita a cuatro horas diarias, 200 días al año en teoría, ya que en la práctica el calendario y la jornada cotidiana de clases nunca se cumplen. Por datos de la Secretaría de Educación Guerrero se laboran 120 días en promedio y, en la opinión de los padres de familia, los profesores pierden demasiado tiempo al entrar a clases y después del recreo.

La relación de los niños y jóvenes con la televisión tiene efectos muy sensibles para ellos por la publicidad que trasmite. Hay algunas investigaciones, particularmente hechas en países europeos, que establecen una relación entre el mundo comercial y aspectos negativos del bienestar de los niños. Algunos muy preocupantes son la obesidad, las adicciones, el consumismo y la sexualización.

Los niños obesos mexicanos son los más numerosos del planeta y ocho de cada 10 serán adultos obesos con el riesgo de enfermarse de diabetes, padecimientos cerebro vasculares y los diferentes tipos de cáncer, las tres patologías principales que terminan con la existencia de la mayoría de los mexicanos y de los guerrerenses como lo hemos documentado en una colaboración anterior.

Por otra parte, la limitada educación de nuestros niños, su vida sedentaria, ausencia de hábitos como la lectura, la desatención de los padres están entre los principales factores que disminuyen la edad en el inicio del consumo de las drogas, que ha pasado –en algunos lugares como el Distrito Federal y en Acapulco no somos la excepción–, de 15 a 10 años, en el lapso de 2005 a 2011. Ahora se empieza a consumir en la primaria, el tabaco a los 10 y el alcohol a los 12. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Adicciones el 42 por ciento de los alumnos de secundaria consumen alcohol y en la primaria lo hace el 12 por ciento. Y es el primer factor de riesgo para la salud en el país, pues más de 25 millones de mexicanos beben compulsivamente, en opinión del doctor Córdova, secretario de Salud.

Las adicciones no sólo son un problema de salud pública, sino que también tienen consecuencias en la seguridad pública, pues un buen número de delincuentes son menores de edad y muchos de los muertos relacionados con la inseguridad no rebasan los 25 años. En tanto, el gasto social en este rubro es cuantioso, pues los recursos que se utilizan para la atención de padecimientos derivados del consumo de tabaco y alcohol, solamente en el Distrito Federal son por un monto de 39 mil millones de pesos cada año, mil millones de pesos más que el presupuesto de Guerrero para 2011.

Igualmente es preocupante la inducción al consumismo, el afán de comprar estimulado por el bombardeo constante de anuncios comerciales al que están expuestos cotidianamente los televidentes, y más los niños y jóvenes cuya capacidad para discernir está más acotada.

Otro efecto nocivo es la sexualización, antes de tener una educación adecuada de acuerdo a su edad y que afecta principalmente a las niñas, lo cual tiene relación con el papel de la mujer como objeto sexual, anticipando la edad en que estas menores se puedan convertir en ello y los embarazos juveniles. A esto también contribuyen las revistas eróticas, que se venden sin ningún control en la mayoría de los expendios de periódicos.

Este es en términos generales, desde mi punto de vista, que es en la escuela y en nuestros hogares, en donde principian nuestros rezagos. ¿Y cómo?, debido principalmente al descuido de quienes tienen hijos y a la ausencia del gobierno en la regulación y supervisión de contenidos, principalmente de la televisión. El remedio está en nuestras manos y entre más pronto empecemos a corregir, nuestra expectativa social será mejor.

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Consulta en:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/06/19/index.php?section=opinion&article=002a1soc