Sobre la Reforma Penal

Recibimos el siguiente artículo de J. JESÚS PASTENES HERNÁNDEZ, en el cual analiza la reforma penal que se examina para su trámite legislativo.

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Como es de su conocimiento, con fecha 7 de marzo del año en curso, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, turnó al Senado de la República (del H. Congreso de la Unión) Iniciativa a diversos Artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que pretende substituir sustancialmente nuestro sistema penal, por tal motivo, envío a Usted, mismas que el día de ayer, fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora, en el Senado, para su análisis, por lo que envío algunas reflexiones al respecto, esperando sinceramente les dispense su lectura y le sean de utilidad, para que aunado a otros estudios, equilibre finalmente, su postura como hombre público.
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Estas reflexiones, no tienen como propósito desacreditar, ni descalificar ideológicamente a ningún Partido Político y se hacen más allá de las pasiones partidarias, que al calor de la euforia distorsionan la realidad, sino teniendo como raíz, el esfuerzo académico alejado del bullicio cotidiano e inspirado en contribuir desde mi modesta trinchera a la construcción de un México dónde el sueño de Morelos para “moderar opulencia e indigencia”, no sea una quimera contemplativa, sino un sueño que debemos empezar a construir.
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Que sepan bien los ordenadores y operadores de las políticas nacionales, que el grueso ciudadano, no nos avenimos como las ranas, creyendo que el mundo es tan sólo un charco de agua y que nuestro silencio es también una respuesta.
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Sin otro particular, protesto a Usted, las seguridades de mi consideración distinguida.
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LA REFORMA PENAL PROPUESTA POR EL PRESIDENTE CALDERÓN, ENDURECE SILENCIOSAMENTE EL NEOLIBERALISMO A TRAVÉS DEL ESTADO POLICIAL, EN UNA TIERRA DONDE LA INJUSTICIA TIENE SU CETRO
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J. Jesús Pastenes Hernández[1].
- Investigador[2] -.
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“Para los reyes, el mundo está simplificado. Todos los hombres son sus súbditos”. “El Rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada. No toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto. Pero como era muy bueno, daba órdenes razonables”. “Si yo ordenase”- solía decir- si yo ordenase a un general que se convierta en ave marina, y si el general no obedeciera, no sería culpa del general, sería culpa mía. Sólo hay que pedir a cada uno, lo que cada uno pueda dar – continúo el Rey- la Autoridad reposa principalmente en la razón. –Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la Revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. “La felicidad no se puede decretar”. .
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Es cierto que existe una reiterada coincidencia por transformar cualitativa y cuantitativamente el sistema penal mexicano; empero, la ruta elegida por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa[3], no es la correcta y que se concreta en la Iniciativa que en materia constitucional, presentó ante el Senado de la República, fechada el 7 del mes de marzo del año pasado (2007).
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Así pues, la Iniciativa en materia penal, que el Presidente de la República, Felipe Calderón, envió al Senado, se encuentra aprobada, luego de un sigiloso cabildeo, allá, en la antesala de la Cámara de Diputados y se encuentra rumbo al Senado del H. Congreso de la Unión, aprestándose , para recorrer en breve, las Entidades Federativas, en búsqueda de su aprobación y traducirla en reforma constitucional, misma que no sólo es inadecuada, sino peligrosa, atávica y regresiva de los Derechos Humanos y con un alto costo social, porque:
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1.- Pretende crearse un Estado Policial, a través del abundamiento de las Medidas Cautelares, en manos del Ministerio Público y “su” Policía. Se pretende otorgar un voto de confianza o un cheque en blanco al Ministerio Público y a la Policía Ministerial, con una larga tradición de impunidades, corruptelas y cochupos, así como un desprestigio ganado a pulso. Se funda en la profesionalización de los cuerpos de seguridad; pero no establece, ningún contrapeso contra su acción indebida. Avalar esta hipótesis, es riesgoso, máxime con la advertencia que nos hace el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al decir, que es “tanto como poner un bisturí o medicamentos en manos de quienes no saben usarlos”. No se aprecian datos duros en la profesionalización a que se ha sometido en los últimos años, la Policía Ministerial en su conjunto y sólo se informa a la sociedad, mediante promocionales televisivos, dando cuentas alegres o informes de la aplicación de recursos millonarios a estos rubros.
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Dios nos libre de contar en México y Guerrero, con un Ministerio Público, todopoderoso, que montado en su disfraz de institución de “buena fe” y “procurador de justicia”, se constituya en el empecinado vástago de Torquemada en el siglo XXI, para acusar, por ejemplo, a los enemigos del régimen imperante; criminalizando, por ejemplo, la lucha social, donde el Estado Policial, tenga la posibilidad legal de catear su casa; “fabricarle” los delitos que apetezcan y aplicarle un sofisticado ostracismo o una beca, para que viva, como sólo la imaginación de ALEJANDRO DUMAS, fue capaz de representar en “El Conde de Montecristo”, allá en la prisión de If, en la persona de EDMUNDO NANTES. Nada más imagínese, querido lector, que en Guerrero, se tuviera como Procuradora de Justicia, a la hoy titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Licenciada Violeta Carolina Parra Reynada, ¡que fatal destino esperaría a los ciudadanos comunes y corrientes, que estuvieran en la lista negra de esta tránsfuga o mutante de la Alternancia del Poder Político![4].
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2.- Propone una tímida ruptura en el monopolio de la acción penal, limitándola a “casos excepcionales” de la legislación y no ataca el esta práctica monopólica, con la contundencia que han demandado las circunstancias socio-jurídicas en México.
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3.- Se pretende crear un subsistema penal draconiano o un sistema de excepción en materia de delincuencia organizada, bajo el discurso apologético de un “régimen especializado”. No se define con exactitud en la Constitución Política Mexicana, vigente y mucho menos, en la reforma propuesta por el Presidente Calderón, que hemos de entender por delincuencia organizada. El dilema es, tratar a todos por igual, como sugiere la Dogmática Penal Moderna y ordena el Artículo 13 de la Constitución, o bien, se precise el concepto de delincuencia organizada y acotarlo, para evitar atropellos a los derechos humanos.
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4.- La Iniciativa no abona, que ha de entenderse –también- por Delitos Graves y sólo da una cohibida redefinición, al significar que serán considerados aquéllos que “afecten seriamente la tranquilidad y la paz públicas”.
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5.- La Constitucionalización del arraigo , representa una involución histórico-jurídica, ya que lo que ha sido una aberración legislativa en lugares donde ha operado, llegándolo a estimar como propiciador de “tortura psicológica” y, al que, incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ha ratificado su rechazo. Hoy, se pretende colocarlo también, como absurdo constitucional. Resulta inaudito que el propio Presidente lo ejemplifique en la Iniciativa, cuando sabe o debiera saber, que es una figura que ha sido declarada inconstitucional, por nuestro más alto Tribunal. De lo anterior resulta, urgente, crear un “blindaje” a los Derechos Humanos , ya que puede darse el supuesto, con el endurecimiento de las medidas para combatir al crimen, que la delincuencia se mantenga y los derechos humanos se vean notoriamente afectados.
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6.- En la reforma al Código Penal, se propone la PRISIÓN VITALICIA, que atenta contra la larga tradición de readaptación y rehabilitación de las penas y constituye una regresión JURÍDICA, POLÍTICA y MORAL.
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7.- Las medidas alternativas (Vgr. Mediación, conciliación y acuerdos reparatorios, entre otros) propuestas en la Iniciativa, acompañada del Juicio Penal (Abreviado), en donde a condición de reconocerse culpable, quizás, logren una reducción importante en la aplicación de sanciones, descongestionan parcialmente el rezago en materia procesal-penal[5], pero no mejorar cualitativamente el sistema jurídico-penal, ya que si no se desean someter a uno u otro mecanismos propuestos, se enfrentarán con el injusto proceso penal tradicional. En lugares como México, donde existe una subcultura que tiene una bien cimentada estructura de espionaje policíaco (vgr. Madrinas) y procedimientos de investigación tan arraigados, como arcaicos, cuyo exponente más didáctico, es el tehuacanazo, intimidación de familiares, tortura en las prisiones, toques eléctricos en los testículos, entre otros muchos, no se borran por decreto, declaraciones mediáticas, ni con exhortos parlamentarios y muchos menos, con el cinturón que pega. El hambre y la miseria, pueden ser discursos justificadores de la causa criminal, pero obviamente, no se puede disminuir sino no se establecen premisas criminológicas de fondo, que ataquen la pobreza insultante y coloquen al grueso poblacional en un justo medio, donde existan las condiciones para una vida digna.
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8.- Pretende arribar a la DECOMISO DE BIENES, simplificando los procedimientos jurídicos, a fin de que los bienes utilizados en actividades ilícitas, pasen a manos del Estado sin desahogo judicial, separándola de manera muy tenue, de su incómoda pariente, la Confiscación.
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9.- Se corre el riesgo que ante los Derechos que se pretenden otorgar a las víctimas, como el acceso directo a los tribunales tanto para ejercer la acción penal, reclamar la reparación del daño y solicitar medidas cautelares, signifiquen un avance importante, pero si se adoptan, sin otros cambios orgánicos y procesales se podría caer en la paradoja de legitimar los altos costos que actualmente asumen las víctimas. A la fecha ha dejado de verse lo neurálgico del impulso a una política interdisciplinaria de seguridad pública y no sólo se focalice y fragmente, por la institución presidencial, como un mero problema de reducción delincuencial. Esto es plausible; pero no suficiente. Además, la reforma no atiende el problema de la prisión preventiva, una institución cuyo uso irracional, sigue representando una bomba de tiempo.
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10.- El Reconocimiento de Responsabilidad que propone el Presidente, para aquellas personas que al rendir su declaración preparatoria, acompañadas de su defensor, aceptan su participación, bajo un criterio eficientista de impartición pronta y expedita, argumentándose que tienen rotundo éxito en lugares como Francia (llamado plaide culpable), España (Procedimiento de Conformidad) o EEUU (plea bargining), puede originar desvíos, incluso, hasta por actos píos donde alguien franciscanamente acepte pagar la culpa de otros. Vgr. El de un padre por su hijo, el de un hermano por otro, entre otros.
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El GRAN ACIERTO que a juicio nuestro, posee esta Iniciativa es la que propone la UNIFICACIÓN la legislación penal (procesal y sustantiva) en el país, en lo general , ya que haría más práctico el conocimiento de las leyes punitivas y su proceso, al ciudadano común y corriente, además que cubriría una vieja demanda de amplios sectores poblacionales y académicos, encabezados desde la década de los cuarenta del siglo pasado, por estudiosos como Raúl Carranca y Trujillo.
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La tesis presidencial se funda en el crecimiento alarmante de la delincuencia, en el país y en los Estados, sin proponer una Política Criminológica lo suficientemente seria, que enfrente no sólo las consecuencias , sino las causas de fondo que la propician. La vida nos demuestra que un error , no se rectifica con otro error .
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No se trata de permanecer en estado de reposo o en punto muerto, aceptando nuestro fatal porvenir. No, porque es vergonzoso que los delincuentes sigan escudándose en una supuesta violación de derechos, se guarezcan en instituciones débiles o en deficiencias legales, que han servido y sirven como rendijas para escapar del Ius Puniendi. Desgraciadamente en México y en las Entidades Federativas, como Guerrero, el crimen, la impunidad y la inseguridad, gozan de vigorosa y cabal salud.
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No somos xenofóbicos que rechazamos sistemáticamente la implantación de instituciones provenientes de la República del Dólar (prensados, los ciudadanos comunes y normales, en una desesperación ilimitada, acogiéndonos a un eficientismo socialmente perjudicial), que sean ajenas a nuestra idiosincrasia y extrañas a nuestra cultura, por meros criterios ideologizantes y guiadas por un eficientismo económico que les genera “ganancias”; pero sacrifican al hombre del pueblo y sustentadas en un poder sexenal suficiente, para propiciar cambios formales, ya que la vida misma nos muestra, como el remedio para unos, es el mal para otros, con leyes que no se aplican o que sólo atrapan a los más vulnerables. Lo interesante y útil, es crear o reforzar instituciones que sean aprobadas por todos , a las que la colectividad les profese confianza, y generen, en el despliegue de su actuación, una cultura de denuncia ciudadana en caso de transgresión a las normas jurídicas.
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Tenemos que analizar estas propuestas con cuidado, para optar, entre asumir una actitud más participativa en vida pública del país o ser complacientes, adoptando una postura contemplativa, o quizás, evaluando y compartiendo la sentencia del Presidente de los Derechos Humanos en México, José Luis Soberanes Fernández, cuando refiriéndose a estas reformas, las califica como “algo verdaderamente siniestro”.
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La impunidad es ambiente propicio para que la delincuencia prolifere. Por ello, las medidas que se impulsen, además de requerir una modernización y transformación profunda de nuestros mecanismos de seguridad, procuración y administración de justicia, reclaman, también, atención prioritaria a los renglones que proporcionen bien público temporal y tiendan a distribuir equitativamente, en la medida de lo posible, la riqueza pública.
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Con las hipótesis planteadas por Calderón y su gobierno , no hay destino seguro, ya que combate la violencia con más violencia y de manera fragmentada , sin contar con un entramado jurídico-económico-social adecuado; que tenga como precondiciones existenciales, el respeto a los derechos humanos y la aplicación de políticas públicas criminológicas interdisciplinarias, de disminución delincuencial desde una orquestada conducción estatal, que genere condiciones justas y donde la Seguridad Pública, venga ciertamente, por añadidura.
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Es pertinente advertir, que no abrazamos la idea que el factor económico sea determinante pero si importante, para mantener a raya la delincuencia. No creemos tampoco, en la consideración que hacía Aristóteles cuando comentaba: “Desde el instante del nacimiento algunos están ya marcados para obedecer y otros para mandar”.
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Tampoco quisiéramos que cobrara vigencia el pensamiento del criminólogo JUAN ALEJANDRO EUGENIO LACASSAGNE[6], que “las sociedades tienen los criminales que se merecen”[7] o que mi voz fuera, como anunciara JUAN “El Bautista”, “Vox clamantis in desertos” .
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El pueblo no se conforma con explicaciones estadísticas o calificaciones de Empresas encuestadoras; el hombre mediano, el hombre honrado, que sintetiza al pueblo trabajador, quiere que el bien común, comprenda una distribución equitativa donde el bien de uno, sea a la vez, el bien de todos. Tampoco se convence con informaciones técnicas y mucho menos, con esa forma vertiginosa y casi siempre criminal, de improvisar gigantescas fortunas que de la noche a la mañana convierten en próceres y señores de alcurnia a quienes en la víspera se confundían en la masa común de los hombres de la calle.
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De ser así, los Principios Generales del Derecho, donde tiene su maná nuestro sistema jurídico mexicano, sería un santuario que mira al ideal de la Justicia, con una panorámica reduccionista y cuadrada, inspirada en el Relativismo Jurídico y no guiada por una Justicia Absoluta, procedente del Derecho Natural puro, como corresponde a nuestra tradición jurídica, esto es la Neorromanista[8], haciendo que “eso”, que en nuestro Estado Mexicano, se llama “Derecho Vigente”, sea, apenas, un Poder Organizado que irónicamente se denomina “Derecho” y que desde 1942, profetizaba sin querer, uno de los pilares de la Teología Protestante, EMIL BRUNNER, cuando sostenía:
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“O bien hay algo válido, una justicia que está por encima de todos nosotros , un imperativo formulado para nosotros y no por nosotros, una regla normativa de justicia válida para cada estado y cada derecho, o no hay justicia alguna, sino tan sólo poder organizado de una u otra manera, que se llama a sí mismo, Derecho[9]”.
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Culmino significando lo que afirmó al inicio de este análisis, afiliándome desde luego, a la idea de Justicia que proclamó PLATÓN y que posteriormente fue seguida por ARISTÓTELES y los Escolásticos, cuando ejercía cierto paralelismo entre el alma del hombre y el Estado, diciendo que lo cierto es que, en el alma del justo, hay paz, como la hay también en el Estado donde se practica la JUSTICIA; y que la JUSTICIA es la SEGURIDAD VERDADERA y el ÚNICO FUNDAMENTO POSIBLE DE LA PAZ. Si hay algo trillado en la Moral, es que del orgullo y de la concupiscencia vienen todas las injusticias.
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¡He dicho!.

NOTAS:

[1] Hay que advertir que este Artículo es producto de investigaciones y estudios realizados a diversos académicos, lo que no nos lleva a encontrar sino un argumento que aspira a tener un ingrediente de cientificidad, que exige no aceptar explicaciones prefabricadas, pues debemos dedicarnos con alma de investigador a perforar nuestra realidad social, guiados por la profunda curiosidad de desentrañar nuestro propio mundo, porque “Sueño con una Patria respetada”, –como dijera José Martí-, con “dicha, dolor y cielo para todos, y no feudo, ni capellanía de nadie”.
[2] Titulado en la Maestría en Derecho Público con Mención Honorífica y con la más alta calificación de su generación en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente se desempeña como Secretario Técnico del Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
[3] El Presidente y desde luego, sus secuaces en los ordenes nacional y en las Entidades Federativas.
[4] Quien por cierto, actualmente y como una mala copia del legendario Homero, cantor de Ulises, Aquiles y Héctor, alcahuetea histriónicamente y de manera innoble, como antiguamente lo hacía, en un desprendimiento energético eufórico, a sus antiguos superiores jerárquicos, al Gobernador de Guerrero, en la llamada impropiamente “Reforma de Estado”, cuando en realidad, los que medianamente se interesan por los asuntos públicos, saben que es evidente que se trata de un gatopardismo, que pretende cambios , para no cambiar sustancialmente nada, manteniéndonos en un estado de inercia política que mata lentamente a los grandes sectores poblacionales, económicamente débiles, en un silencio sepulcral, que casi nadie de los actores políticos, mira y hace del Poder Público de nuestra Entidad Suriana, una cueva de ladrones o a lo más, un triste tianguis de ignominias donde se aceptan a trasmano transacciones legalizadoras y legitimadoras contra los intereses populares a cambio del beneficio directo y particularizado de cuántos participan en la <”cena de Ali-Babá”> cosa pública.
[5] En otros países y en algunos estados de México (Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y próximamente Oaxaca) estas medidas de descongestión ayudan a reducir hasta en 70% la cantidad de asuntos que llega a juicio.
[6] Representante de la Escuela Antroposocial, Escuela de Lyon o Francesa dentro de la Criminología.
[7] Esta frase hizo fortuna, y se ha convertido en un lema de las corrientes sociológicas. LOCARD, discípulo de JUAN ALEJANDRO EUGENIO LACASSAGNE, y en mucho el sistematizador de la CRIMINALÍSTICA MODERNA, completó la frase diciendo: “y yo digo también: las sociedades tienen la policía que se merecen”. LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA, en Criminología. Porrúa. 15ª edición. 2000. México. p. 325 / Pgfo. XIV.3.2 / Pfos. 6º y 7º.
[8] La Familia Neorromanista, a la que el sistema jurídico mexicano pertenece, es, históricamente, la más antigua, la de mayor influencia y la más ampliamente difundida, se considera la tradición legal de mayor importancia no sólo por su influencia sobre sistemas legales nacionales, sino también porque ha tenido gran impacto sobre el pensamiento internacional. A esta familia pertenecen los países en los que la Ciencia Jurídica se ha constituido sobre la base del Derecho Romano Justinianeo, al cual se integraron elementos germanos y canónicos a partir de la Edad Media, cuando los invasores germánicos dieron a conocer sus ordenamientos jurídicos por una parte, y por la otra, la creación del CORPUS IURIS CANONICI (Compilación de Derecho Canónico), basado en el CORPUS IURIS CIVIL (Compilación de Derecho Romano encomendada por JUSTINIANO). Una de las características de esta familia es la codificación de la norma basa en principios de justicia y equidad para ser aplicada posteriormente.
[9] EMIL BRUNNER. “Gerechtigkeit. Eine Lebre von den Grundgestzen der Gesell-schaft-sordnung”, Zürich, 1943. . p. 8.

[Recibido el 27 de febrero de 2008]