De nuevo sobre las elecciones de gobernador
David Cienfuegos Salgado
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David Cienfuegos Salgado
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Durante el último año, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera en los casos Puebla y Tamaulipas, he sostenido que la elección del ejecutivo local en Guerrero debe ser en julio de 2010.
Unos minutos antes de enterarme del lamentable asesinato de Armando Chavarría Barrera, leía las notas publicadas en periódicos locales sobre el consenso o acuerdo al que habían llegado algunos actores políticos sobre la fecha de la elección: ésta se pretende celebrar en enero de 2011.
Llaman la atención las declaraciones que se hacen por algunos políticos. Consideran que por tratarse de lo que le conviene al estado de Guerrero no se impugnará la reforma producto del consenso: es decir, reconocen que en efecto van a violar la Constitución federal, pero como es por una causa buena, entonces no hay problema.
Otra nota mencionaba que se buscaría hablar con el procurador general de la República para que no impugne en el supuesto caso de una reforma local que imponga una jornada electoral en enero de 2011. Ello es inaudito: admitir que se va a pedir a un funcionario federal que acepte tranquilamente una violación directa al texto constitucional federal y deje de cumplir con las facultades que le corresponden en un proceso de defensa constitucional.
Así las cosas, ¿dónde están los argumentos jurídicos que sostienen este juego perverso de dejar que pase el tiempo hasta que sea materialmente imposible la jornada electoral en julio de 2010? Me parece que no los hay, y los criterios de la Suprema Corte son criterios especialmente jurídicos, contra los que no caben necesariamente los de contenido político, que son los que se pretenden oponer.
La apuesta para que el simple transcurso del tiempo haga imposible la elección del próximo gobernador por los guerrerenses es válida para los políticos, pero me parece que no para los propios guerrerenses.
No hay duda, el cumplimiento de la Constitución no puede quedar sujeto a acuerdos o consensos, por mucha conveniencia que represente para uno, dos o muchos. La Constitución es ley suprema y en tal sentido habrá que preguntarse qué carácter adquieren quienes buscan ponerse de acuerdo en su incumplimiento y franca violación.
Adiós al estado constitucional. Hemos llegado al punto de que se pretende que éste pueda, por buenas causas (que no razones) ser hecho a un lado.
Señores: no hay acuerdo político posible. En eso debimos fijarnos hace algunos años al aprobar la reforma constitucional, aquella contra la que únicamente Coahuila hizo causa belli por considerarla contraria al federalismo electoral y que los demás con algarabía aprobaron.
Debería llamar la atención que los órganos electorales no hayan asumido una posición orientadora en este debate. Nadie mejor que ellos para saber de las cuestiones electorales de nuestro estado. Me parece que están a tiempo de elevar su opinión al Congreso y a la opinión pública.
No hay duda, es claro que se pretende hacer a un lado la Constitución federal. No hay duda de que pueden lograrlo. Pueden hacer la elección en enero de 2011; e incluso pueden hacerla en julio de 2011, para satisfacer la aparente necesidad de un gobernador interino en abril de 2011. No cabe duda que pueden hacerlo.
Pero tampoco hay duda que la propia Constitución prevé mecanismos para defenderse: gobernadores y diputados son responsables políticamente ante órganos federales, así se hayan puesto de acuerdo antes de violarla o, al menos de buscar la forma de incumplirla.
En este dilema esta nuestra clase política. Todo por no querer hacer las cosas como considero que deben ser: permitir que los guerrerenses elijan a su gobernador el primer domingo de julio de dos mil diez.
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Unos minutos antes de enterarme del lamentable asesinato de Armando Chavarría Barrera, leía las notas publicadas en periódicos locales sobre el consenso o acuerdo al que habían llegado algunos actores políticos sobre la fecha de la elección: ésta se pretende celebrar en enero de 2011.
Llaman la atención las declaraciones que se hacen por algunos políticos. Consideran que por tratarse de lo que le conviene al estado de Guerrero no se impugnará la reforma producto del consenso: es decir, reconocen que en efecto van a violar la Constitución federal, pero como es por una causa buena, entonces no hay problema.
Otra nota mencionaba que se buscaría hablar con el procurador general de la República para que no impugne en el supuesto caso de una reforma local que imponga una jornada electoral en enero de 2011. Ello es inaudito: admitir que se va a pedir a un funcionario federal que acepte tranquilamente una violación directa al texto constitucional federal y deje de cumplir con las facultades que le corresponden en un proceso de defensa constitucional.
Así las cosas, ¿dónde están los argumentos jurídicos que sostienen este juego perverso de dejar que pase el tiempo hasta que sea materialmente imposible la jornada electoral en julio de 2010? Me parece que no los hay, y los criterios de la Suprema Corte son criterios especialmente jurídicos, contra los que no caben necesariamente los de contenido político, que son los que se pretenden oponer.
La apuesta para que el simple transcurso del tiempo haga imposible la elección del próximo gobernador por los guerrerenses es válida para los políticos, pero me parece que no para los propios guerrerenses.
No hay duda, el cumplimiento de la Constitución no puede quedar sujeto a acuerdos o consensos, por mucha conveniencia que represente para uno, dos o muchos. La Constitución es ley suprema y en tal sentido habrá que preguntarse qué carácter adquieren quienes buscan ponerse de acuerdo en su incumplimiento y franca violación.
Adiós al estado constitucional. Hemos llegado al punto de que se pretende que éste pueda, por buenas causas (que no razones) ser hecho a un lado.
Señores: no hay acuerdo político posible. En eso debimos fijarnos hace algunos años al aprobar la reforma constitucional, aquella contra la que únicamente Coahuila hizo causa belli por considerarla contraria al federalismo electoral y que los demás con algarabía aprobaron.
Debería llamar la atención que los órganos electorales no hayan asumido una posición orientadora en este debate. Nadie mejor que ellos para saber de las cuestiones electorales de nuestro estado. Me parece que están a tiempo de elevar su opinión al Congreso y a la opinión pública.
No hay duda, es claro que se pretende hacer a un lado la Constitución federal. No hay duda de que pueden lograrlo. Pueden hacer la elección en enero de 2011; e incluso pueden hacerla en julio de 2011, para satisfacer la aparente necesidad de un gobernador interino en abril de 2011. No cabe duda que pueden hacerlo.
Pero tampoco hay duda que la propia Constitución prevé mecanismos para defenderse: gobernadores y diputados son responsables políticamente ante órganos federales, así se hayan puesto de acuerdo antes de violarla o, al menos de buscar la forma de incumplirla.
En este dilema esta nuestra clase política. Todo por no querer hacer las cosas como considero que deben ser: permitir que los guerrerenses elijan a su gobernador el primer domingo de julio de dos mil diez.
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Publicado en PUEBLO, de Chilpancingo, Gro., el 21 de agosto de 2009.
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