Sobre ley de Arizona

Persíganlos, pero no porque parezcan mexicanos
Mario Melgar Adalid
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Obama impugnó la constitucionalidad de la ley de Arizona. El proceso iniciado en un juzgado federal de Arizona llegará seguramente a la Suprema Corte, en tanto, una de las dos partes, el gobierno federal o el estatal, apelarán el fallo del juez de distrito que les sea adverso. Cualquiera que sea el resultado judicial, es previsible que finalmente se dé una reforma migratoria, la que tan cerca estuvo de lograrse antes del 11 de septiembre. Nunca tan cerca, nunca más lejos. El alcance de la reforma dependerá del arreglo de Obama con republicanos y demócratas aún no convencidos. Primero vendrán las elecciones intermedias.
La impugnación de Obama no defiende los derechos de los migrantes ni responde a un planteamiento internacional, contenido en aquel deshilvanado discurso de Calderón en Washington. Es un tema técnico sobre el federalismo. El juez resolverá un conflicto del gobierno federal con el estado de Arizona. El juez y probablemente la Suprema Corte tendrán que definir si las facultades para fijar, conducir y ejecutar la política migratoria corresponden al gobierno federal o si las entidades pueden intervenir en asuntos migratorios como pretende Arizona. No están en juego las violaciones a derechos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, sino una controversia sobre facultades de los estados.
Para Obama, en el sistema constitucional de Estados Unidos -dice su demanda- el gobierno federal tiene preeminente autoridad para reglamentar las cuestiones migratorias. Si bien los estados pueden afectar a los extranjeros, los estados no deben establecer su propia política migratoria o aplicar sus leyes si éstas interfieren con las federales. El juez federal y eventualmente la Suprema Corte de ese país resolverán si la ley de Arizona vulnera la Constitución.
Mientras el juez resuelve, los gobernadores mexicanos fronterizos, los más asediados por el crimen organizado y el narcotráfico, han dado una lección de dignidad diplomática. En alianza PRI-PAN, los cinco gobernadores enviaron una carta a la gobernadora de Arizona para comunicarle su decisión de no asistir a la reunión de Gobernadores Fronterizos Estados Unidos-México a celebrarse en Phoenix. La gobernadora les contestó contrariada que la reunión era una buena plataforma para dialogar sobre asuntos de importancia fronteriza. La dio por cancelada, lo que generó un desencuentro entre los gobernadores estadunidenses.
Bill Richardson, hijo de oaxaqueña, gobernador de Nuevo México, envió el mensaje de que la gobernadora Janice Brewer no tiene facultades para cancelar la cita y que sería deseable que se hiciera en otro estado, con o sin la participación de la gobernadora. Schwarzenegger piensa lo mismo que su par Richardson y está a favor de cambiar la sede.
Por lo pronto, el juicio tiene extrema importancia. Si se dejara en manos de los estados la política de control migratorio, se generaría un caos nacional en Estados Unidos y en México. En cuanto a la defensa de los derechos humanos, habrá que esperar la decisión de la Suprema Corte, que fijará el criterio definitivo sobre la persecución, detención o arresto de quienes, como dice la ley, tengan un estatus migratorio sobre el que exista "duda razonable" de que es ilegal.
Al momento de firmar la ley, la gobernadora envió una orden ejecutiva a la policía para que no tomaran en cuenta las características raciales de los sospechososal hacer las detenciones. Algo así como: "persigan a los mexicanos, pero no lo hagan porque parezcan mexicanos".
La Suprema Corte de Estados Unidos tiene una larga historia de respaldo a los derechos humanos, por lo cual no se ve la razón para que, cuando lleguen estos casos, no fije criterios generales aplicables a todas las personas, así sean y parezcan mexicanos.
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Publicado en Excelsior, 13 de julio de 2010.