La Ley Arizona ya está aquí
Esthela Damián Peralta.
Aun cuando la jueza federal Susan Bolton ordenó de último momento bloquear las partes más polémicas, hoy entró en vigor la Ley SB1070 en Arizona y es difícil cantar victoria. Con la nueva legislación, miles de guerrerenses que emigraron a aquella entidad de los Estados Unidos en forma indocumentada, y sus familias que reciben remesas mensuales en México, comenzarán a ver incrementados sus problemas.
La citada ley entró en vigor este jueves, como estaba previsto, pero sin sus partes de mayor controversia, la mayor de ellas, la que obligaba a la fuerza policial de Arizona a arrestar a los inmigrantes indocumentados sobre quienes pesaran “sospechas razonables”. Y es que en este contexto, los rasgos físicos hispanos en una persona podrían ser considerados como “razonables” como para privarle de su libertad y ser investigado.
También quedó en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país. Paralelamente se bloqueó la parte que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
A pesar de que la decisión de la jueza significa un alivio temporal, los gobiernos nacional y estatal tienen que preparar cuanto antes la defensa de nuestros connacionales. Nada indica que los conservadores y el ala derechista más radical en Arizona, vayan a cejar en su empeño por criminalizar a los migrantes.
En el caso de Guerrero, el primer obstáculo para atender a nuestros paisanos que se están viendo afectados con está ley, es que por principio ignoramos cuántos son en realidad. Las autoridades del estado han estimado su número en siete mil, pero organizaciones como la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM), hablan de una cifra superior a 50 mil.
Los últimos datos disponibles, los del Censo Nacional del año 2000 que realizó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dan cuenta de que 73 mil 215 habitantes de Guerrero se fueron de la entidad para vivir en Estados Unidos. La cifra significa que emigraron 24 de cada mil habitantes, un índice de 2.4%, mientras que la media nacional es de 1.6%.
De acuerdo con las estadísticas disponibles, los municipios del norte del estado son los que registran los más altos grados de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos, en particular, la región Norte y Tierra Caliente. En el resto del estado, los municipios de la parte oriental registraron una intensidad muy baja, y en la parte occidental una intensidad media.
Entre los municipios con muy alta intensidad migratoria destacan Cocula y Huitzuco de los Figueroa en la región Norte; Alpoyeca y Tlalixtaquilla de Maldonado en la región de la Montaña; y Cutzamala de Pinzón en Tierra Caliente.
En estas primeras semanas posteriores a la entrada en vigor de la Ley SB1070 comenzaremos a ver sus resultados. Iremos sabiendo en los hechos de la magnitud del problema, no solamente de los migrantes, sino de sus familias que en Guerrero dejarán de percibir las remesas que mensualmente ayudan, y mucho, a paliar la pobreza.
La situación no es fácil. Los migrantes se fueron –todos lo sabemos– porque no encontraron en nuestro país las oportunidades que buscaban. Hoy, desgraciadamente, México no está mejor. La tasa de desempleo se sitúa alrededor del cinco por ciento de la Población Económicamente Activa y las pocas fuentes de trabajo que llegan a crearse, resultan insignificantes frente a los cientos de miles de jóvenes que cada año se incorporan a la edad laboral.
Quienes enfrentan cotidianamente la imposibilidad de incorporarse a un puesto formal de trabajo, engrosan cada día las filas del comercio informal, y la mayoría de empleos son mal remunerados. Por lo demás, venimos apenas reponiéndonos de la crisis económica que pegó duro el año pasado.
A pesar de todo lo anterior, hay que estar preparados para auxiliar y apoyar a nuestros paisanos que opten por regresar. Pensar en proyectos productivos, en programas de empleo emergente; en defensa jurídica en los Estados Unidos. Será necesario desplegar acciones no solamente desde los gobiernos, sino también en el Congreso, en las organizaciones sociales y en el conjunto de la sociedad.
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