En la edición del 12 de julio de 2011, EXCELSIOR publicó la siguiente nota:
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¿Matar o no matar?
Mario Melgar Adalid
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Matar o no matar, ese parece ser el dilema de las sociedades angustiadas por la violencia y la descomposición social. La ejecución de Humberto Leal, mexicano que llegó a Estados Unidos a los dos años, que secuestró, salvajemente violó y mató a una menor de 16, reavivó un debate en la Suprema Corte de ese país.
Desde 2004, debido a una exitosa gestión jurídico diplomática de México, la Corte Internacional de Justicia en La Haya emitió una resolución declarando que Estados Unidos debía revisar y considerar el caso de 51 mexicanos en la fila de la muerte (Death Row). Conforme a la resolución internacional, los extranjeros que sean detenidos se les deben respetar los derechos que consagra la Convención de Viena. El derecho central es que se les permita el auxilio de las autoridades consulares de su país. No ocurrió en el caso de Humberto Leal y de otros cincuenta condenados a muerte.
México intervino para aplazar la ejecución y hasta el gobierno de Obama acudió a la Suprema Corte para que se detuviera la misma, en tanto el Congreso de Estados Unidos legisle para hacer propias las prevenciones de la resolución de la Corte Internacional.
La decisión de la Suprema Corte fue por la mínima diferencia (5-4), unos minutos antes de que se aplicara la inyección letal. El gobernador de Texas, Rick Perry, no cedió a las presiones de los gobiernos de México y Estados Unidos, así como de múltiples organizaciones, incluyendo a la ONU. Simplemente confirmó lo que había hecho en 2008, cuando a pesar de muchas súplicas, incluida la del presidente Bush, Texas ejecutó a José Medellín, otro mexicano acusado del homicidio de dos chicas estadunidenses.
Los argumentos en la Corte pesaban casi lo mismo. Por un lado, los cinco jueces conservadores, sabedores de que se violaba un Tratado Internacional ratificado por Estados Unidos desde 1969, consideraron que la petición del gobierno de Obama de aplazar la ejecución, porque en el Congreso ya se discute una ley que obliga a aplicar la Convención de Viena, resultaba inaceptable.
La Corte debe resolver sobre la ley que existe, no sobre la que hipotéticamente podría aprobarse, fue el argumento central de la derecha jurídica. Por el contrario, los jueces liberales consideraron que no esperar la expedición de la ley causaría un daño irreparable a los intereses de la política exterior al más alto nivel. La decisión pondría en peligro a los estadunidenses que viajan al exterior.
El debate sobre la pena de muerte sigue. Para quienes se oponen resulta racista y arbitraria. Después de 35 años de haberse vuelto a implantar en casi todos los estados, un estudio de la Universidad de Iowa analizó dos mil homicidios que ocurrieron en Georgia a partir de 1972. Los negros recibieron 1.7 veces más sentencias capitales que los blancos. Los asesinos de víctimas de raza blanca fueron sentenciados 4.3 veces más que los sentenciados a muerte por haber matado a negros. Este estudio se ha replicado en muchos otros estados con resultados similares.
Matar o no matar es el dilema. En el mundo solamente Japón y Estados Unidos, entre los países industrializados, la comprenden en sus legislaciones y la aplican. Los mexicanos nos hemos opuesto sistemáticamente a la imposición de la pena de muerte por múltiples razones.
En la lucha por que se respeten los derechos de mexicanos en la fila de la muerte, México cumple con una postura de política casi incuestionable.
Digo casi, pues al enterarme de las condiciones en que ocurrió el asesinato de la chica, mismas que el respeto al lector de esta columna me impide relatar, es difícil no pensar en un castigo capital.
Ante tal perversidad, el dilema persiste: matar o no matar con todo y Convención de Viena
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