miércoles, 21 de diciembre de 2011

Sobre Ayotzinapa...

Carta abierta.
Héctor Manuel Popoca Boone.
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Jóvenes normalistas de Atyozinapa: Nada, absolutamente nada puede justificar cegar la vida de jóvenes estudiantes. Nada, absolutamente nada puede justificar poner en riesgo de peligro a la ciudadanía.
El lunes pasado, varios de sus compañeros cayeron abatidos y otros fueron heridos por la violencia gubernamental desatada que desbordó cualquier intención de contención institucional pacífica. Por otro lado, un modesto trabajador de gasolinera resultó con graves quemaduras corporales.
Eso apena, lastima e indigna. Como parte del gobierno me siento corresponsable, por cuanto a que -como fue expresado en el editorial de El Sur del día siguiente- debemos perentoriamente cambiar los métodos de procesar y atender las demandas sociales. Pido perdón público por los criminales excesos gubernamentales cometidos.
Soy de los que, junto con el gobernador, esperamos la pronta culminación de una investigación exhaustiva de hechos y actores para que se proceda inmediatamente a aplicar las responsabilidades que las leyes marcan. Con las separaciones de sus cargos de funcionarios públicos involucrados y la participación de otras instancias oficiales y civiles externas, el camino está allanado para que eso suceda. Demos espacio, ambiente, tiempo propicio y razonable para ello.
Soy de los que creen, junto con Ángel Aguirre Rivero, que las exigencias y presiones sociales por muy extralimitadas que sean no deben ser resueltas a sangre y fuego. El respeto a la vida humana es sustancialmente inherente a la responsabilidad y a la fuerza institucional.
Los de éste gobierno no seremos los que solapemos actos ilegales que queden en la impunidad. Sea de donde provengan o de quienes los realicen. Tampoco estaremos impávidos ante las extralimitaciones y excesos gubernamentales o de grupos sociales. La paz y seguridad de la sociedad legalmente salvaguardada está por encima de cualquier caos que quiera provocarse premeditadamente.
Los funestos sucesos acaecidos nos deben de llevar a recapitular a ambas partes: tanto en los procesos de atención de lo social, como en los métodos de presión civil para obtener respuestas buscadas y no encontradas.
Algunos conocemos la historia de lucha tortuosa, victimada y agredida -y por ello rayana en la heroicidad- que han dado por décadas para impedir que su escuela normal rural sea desaparecida del mapa educativo. Falsamente la consideran nido de futuros guerrilleros.
Pero ese duro y tenaz batallar no da derecho ni patente para realizar desmanes sociales ni cometer conductas ilícitas de manera impune, si todos pretendemos desenvolvernos en un marco de legalidad por todos acatada.
El patrón de comportamiento en sus manifestaciones de protesta o de exigencia para con el gobierno se ha caracterizado por: el secuestro de autobuses, saqueo de comercios, paralización del tráfico vehicular urbano o carretero y conculcar el derecho humano y constitucional del pueblo de transitar libremente por los territorios y ciudades de Guerrero. Que yo sepa nadie ha sido sancionado por ello, ¿luego entonces de qué lado está la inmunidad?
No en forma gratuita parte de la ciudadanía de Chilpancingo los ha adjetivado como vándalos. Quizá ustedes estén erróneamente convencidos que entre más zozobra y caos social provoquen más rápidamente el gobierno cederá a sus exigencias. El pueblo de la capital ha sido lastimado, vejado y perjudicado con sus acciones de tiempo ha.
Hoy, radicalizar y polarizar nuestras respectivas posiciones nos llevaría a un terrible dilema que bordea la locura social; a saber, el uso de la violencia institucional para contener la barbarie estudiantil.
Situación demasiado apetecible para los que desean ingobernabilidad. Así, los intereses particulares inconfesables prevalecerán. En este tipo de eventos puede haber más de una mano de políticos, seudolíderes sociales y ex gobernantes que quieran mecer la cuna de la inestabilidad social alentando provocaciones de cualquier índole. Quieren atrapar al Gobernador en sus redes y sentar sus reales de nueva cuenta.
Convengo que los del gobierno tenemos que cambiar estilos despóticos, represivos, frívolos o de letargo que exasperan a los peticionarios sociales ante sus rezagos ancestrales, siempre acumulados y nunca disminuidos. Tomemos consciencia de que no hay dinero que alcance para resolver todo a todos. Un golpe de timón en el estilo de gobernar y en la estructura gubernamental ya ha sido anunciada para principios de año por el Gobernador.
A nada lleva persistir en actos de rebeldía rijosa incontrolable –con bombas molotov y autobuses atravesados en la carretera- que contienen posibilidades nunca deseadas de pérdida de vidas humanas y desprestigio social, aun cuando las causas sean legítimas.
PD. Continúan los secuestros de autobuses y de un chofer, además de una pipa repleta de gasolina. ¡Ya párenle jóvenes a esta espiral demencial de sinrazones provocadoras!
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Ángel, Aguirre… y demonio
José Cárdenas
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Con la destitución fulminante del procurador de Guerrero, Alberto López Rosas; del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y el subsecretario, general, Ramón Arreola, no se lava la sangre de Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera, de 21, masacrados en Chilpancingo por fuerzas policiacas… Tampoco las lesiones de otros catorce. Ni la violación a los derechos humanos de Gerardo Torres Pérez, torturado y acusado de haber disparado un “cuerno de chivo”. La incapacidad del gobierno encabezado por Ángel Aguirre Rivero criminaliza una protesta mediante la represión furiosa. “Siembra la semilla de otro oaxacazo”, advierte la analista María Amparo Casar.
El gobernador perredista (antes priista) no aprendió la lección de Aguas Blancas. En aquella matanza asesinaron a 17 campesinos, también a manos de fuerzas policiacas guerrerenses. Quizás Aguirre Rivero ya lo olvidó, pero el cadáver político de Rubén Figueroa no sólo se lo recuerda. También lo apesta.
Negligencia, ineptitud y abuso de autoridad podrían ser las acusaciones del sangriento episodio de Chilpancingo. No sólo por el desalojo violento. El asunto trae cola larga.
En septiembre pasado, el gobernador de Guerrero fue a la Normal de Ayotzinapa. Primero para sacarse la foto y, luego, para hacer lo que mejor le sale: prometer… Anunció que aumentaría a 50 pesos la ayuda por estudiante para que pudieran comer tres veces al día. Sólo les entregan diez pesos.
Pero… dar es lo que aniquila. El compromiso de Aguirre Rivero se incumplió. Por ello, los estudiantes demandaron una audiencia con el mandatario. El lunes, burócratas de cuarteles negaron el acceso. “El ‘señor’ anda fuera y no tiene tiempo”, fue la excusa.
Para protestar por el desdén de Aguirre Rivero, los jóvenes bloquearon la Autopista del Sol. Las fuerzas del orden respondieron a balazos. Los manifestantes, con piedras y con bombas de humo. Empezó la corredera. Los cuerpos de los dos estudiantes normalistas quedaron tirados sobre la autopista. Cada uno recibió dos tiros en la cabeza. Están implicados policías municipales, estatales y federales que ni siquiera saben reprimir, como nos comentó Jorge Castañeda.
Las primeras versiones de la autoridad fueron verdades a medias que acabaron en mentiras completas. El procurador Alberto López Rosas dijo que los agresores fueron personas vestidas de civil. Y es cierto. Lo que ocultó es que tales civiles eran policías, que portaban rifles R-15 y órdenes de tirar a matar. Fotografías y videos evidenciaron la mañosa versión de López Rosas.
La incapacidad del gobierno de Guerrero para levantar un bloqueo en una zona donde la violencia no es novedad, lleva al reconocimiento pleno de cómo Ángel Aguirre Rivero maneja el gobierno con superficialidad y poco oficio, a pesar de sus muchos años en la política. ¿No era más sencillo recibir a los estudiantes y negociar sus demandas? Total, fuerzas federales, estatales y municipales resultan muchos para echarse la pelota; muchos para derramar sangre; y muy pocos para entregar buenas cuentas.
josecardenas@me.com Twitter: @JoseCardenas1
2011-12-14
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Autopista del Sol, ¡así no! ¡Mil veces, no!
La historia en breve
Ciro Gómez Leyva
2011-12-13 •
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Este espacio ha sido obsesivo en la crítica del método de quienes, en nombre de una causa (muchas veces justa), se arrogan el derecho de apropiarse de los espacios públicos.
Como esos grupos parten del principio de que su causa es superior, no les importa la afectación que provocan a miles (a veces cientos de miles) de ciudadanos que nada tienen que ver en el problema. Para ellos, el ciudadano no sólo debe resignarse, sino comprenderlos.
Ayer al mediodía, unas 300 personas, según las crónicas, integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, bloquearon un tramo de la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Llegó la fuerza pública a cumplir el deber de desalojarlos. Hasta ahí, ninguna objeción. Pero lo hicieron tan mal que hay dos personas muertas.
Inaceptable. Una policía en una sociedad democrática debe ser la más pulcra y eficaz. Y ayer participaron, sin coordinación visible, la estatal de Guerrero, la ministerial de esa entidad y la Federal. Lo único que queda claro es que no hubo un trabajo de inteligencia que anticipara lo que podían encontrar en el bloqueo de presuntos estudiantes. Tampoco supieron reaccionar. Y al cierre de esta edición, ni siquiera lograban construir una narrativa coherente.
Todo lo demás (el incendio de la gasolinera, el supuesto AK 47 que disparó contra las policías, las granadas) son explicaciones claudicantes. Porque hay dos muertos.
Ese no es el orden que se reclama a la autoridad. Por acción o por falta de inteligencia y preparación, la policía mató ayer a dos personas en Guerrero.
¡Así no! ¡Mil veces, no!
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De Aguas Blancas a Chilpancingo: nada cambia
Jorge Fernández Menéndez
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La historia no se repite, pero en muchas ocasiones parece avanzar en círculos. Guerrero es uno de esos estados donde, aunque cambian los nombres y las circunstancias, lo que siempre permanece es la violencia.
Lo ocurrido en la Autopista del Sol, frente a Chilpancingo, los dos estudiantes muertos por disparos policiales, recuerda de alguna manera lo sucedido en Aguas Blancas en 1995. En aquella ocasión, un grupo de campesinos ligados a organizaciones muy radicales (que a su vez tenían lazos con grupos armados), terminaron siendo emboscados en el paraje de Aguas Blancas, cuando se dirigían a un mitin en Atoyac de Álvarez y allí murieron 17 de sus integrantes. Poco después, el gobierno de Rubén Figueroa, que en principio negó los hechos, cayó cuando se divulgaron las imágenes de la matanza, indudablemente perpetrada por sus fuerzas de seguridad. A Figueroa le sucedió uno de sus más cercanos colaboradores, Ángel Heladio Aguirre, ahora también gobernador, entonces por el PRI, hoy por el PRD.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tienen muchos lazos políticos con los campesinos de la Sierra Sur que protagonizaron los hechos de Aguas Blancas. Unos y otros provienen de grupos extremadamente radicales, relacionados en muchos casos con organizaciones armadas. La masacre de Aguas Blancas catalizó la aparición pública del EPR (que ya existía desde tiempo atrás). Los hechos que dejaron dos muertos en Chilpancingo catalizarán la acción de grupos violentos que la tomarán como bandera. En el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, son incontables los atropellos que cometieron en los últimos tiempos. Además de los constantes bloqueos, han secuestrado camiones, incluso de turismo, han bajado al pasaje y lo han dejado en la carretera; han agredido a autoridades y a la gente, tomaron negocios y gasolinerías (ayer incendiaron una en medio de la confrontación), y suelen ir armados a sus marchas. No es muy diferente a lo que hemos visto algunos años atrás, por ejemplo, con sus grupos hermanos de la APPO o de Atenco. Me parecen formas injustificables de hacer y de entender la política.
Pero no lo es menos la actuación gubernamental. Primero, porque la forma de detener este tipo de movimientos, cuando violan la ley, es haciéndola aplicar. Y si la norma es la impunidad, resulta muy difícil que ello ocurra. En Aguas Blancas se sabía que se estaba organizando un grupo armado y el gobierno de Figueroa decidió entonces “darles una lección” y hacer una típica demostración caciquil de fuerza. En este caso, quién sabe quién dio la orden y cómo ocurrieron los hechos: lo que las imágenes muestran es que hay miembros de la policía local, vestidos de civil, disparando contra los manifestantes. Y, aparentemente, por lo que se escucha en los videos, el intercambio de disparos es intenso y dura varios minutos. El comunicado oficial del gobierno del estado recuerda también al de Aguas Blancas: en aquél casi se desmentían los hechos, no había pasado nada; en el de ahora, ni siquiera se habla de los dos muertos. Hay, hoy, diferentes banderas partidarias, pero el estilo y la forma de gobernar son las mismas.
El problema es que los hechos críticos y la violencia de uno u otro lado al margen de la ley se han vuelto recurrentes en Guerrero. Un líder del Congreso y aspirante al gobierno local, favorito en las encuestas, asesinado en la puerta de su casa sin que hasta ahora nadie sepa nada; un diputado federal asesinado aparentemente por órdenes de un presidente municipal: el supuesto asesino material al que le pagó el munícipe, aparece muerto. Dos dirigentes campesinos desaparecidos. Innumerables crímenes políticos sin resolver, en la pasada y en la actual administración local. Y ahora estos dos muertos en Chilpancingo. A eso hay que sumarle el crimen organizado, los secuestros, las extorsiones, los grupos armados de todo tipo, la violencia en La Montaña y la Tierra Caliente. Pasan los años, cambian algunas circunstancias, pero las historias e incluso muchos de sus personajes, siguen siendo los mismos. Guerrero no ha conocido la democratización del país.
2011-12-14
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Represores pri-perredistas
Joel Ortega Juárez
2011-12-17
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Los hechos toman la palabra: la restauración ya está aquí: vuelve la era represiva, gane quien gane. Anulando el voto se les puede aislar.
Ni el más afiebrado enemigo del PRD, y anexas, hubiese realizado un guión trágico como el ocurrido el 12 de diciembre en Chilpancingo.
Dos estudiantes muertos en el asfalto. Imágenes terribles que muestran a tipos de civil disparando a los muchachos. Casi una réplica del Halcón de San Cosme hace 40 años.
Declaraciones grotescas del procurador, primero, y luego del gobernador: la policía iba desarmada. Más tarde iban armados, pero sin orden de disparar.
Difusión de un video, luego pidió disculpas el gobernador a la Policía Federal por ese video.
Detención y tortura del joven Nicolás Rodríguez Salgado para obligarlo a disparar al aire un AK-47, para dar positiva la prueba de rodizonato de sodio. Fueron más lejos que el procurador Sergio García Ramírez (hoy honorable consejero del IFE) y el resto de los policías de entonces, quienes fotografiaron con un arma larga a Enrique Quintero, para “demostrar” que los estudiantes dispararon contra los… estudiantes aquel trágico 10 de junio de 1971.
El humor negro no tiene parangón, se le pregunta al gobernador (reciente miembro del PRI, gobernador sustituto de Rubén Figueroa a raíz de la matanza de Aguas Blancas. Luego en su gestión ocurrió la matanza en El Charco 7/VII/98) ¿Y quién pidió el desalojo de la autopista? Contesta sin rubor: Sí, ese es el motivo de la investigación precisamente.
Salvo las lágrimas de cocodrilo derramadas por los burócratas, no existe condena tajante al gobernador Aguirre por parte de los dirigentes del PRD y sus aliados, tampoco de AMLO y su Morena.
Están más atareados mostrando sus “lecturas”, en contraste con la ignorancia supina de Peña Nieto y el clasismo de pacotilla de su hija y su yerno.
El patetismo de esta tragicomedia no tiene parangón.
Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) no caen en la trampa y exigen juicio político para Aguirre. Se movilizan prácticamente solos. Los “izquierdistas” del PRD y anexas guardan silencio o parlotean evitando definirse.
A seis meses de las elecciones presidenciales, los hechos toman la palabra: la restauración ya está aquí: vuelve la era represiva, gane quien gane.
Con el PRI de Peña Nieto, clasismo chafa; con el priismo del PRD, represión grotesca; con el panismo la guerra antinarco. Con cualquiera de esas sopas del pestilente menú de la partidocracia, continuará la decadencia.
Nada es eterno.
Anulando el voto se les puede aislar.
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Violencia en Guerrero desde el poder
Ruth Zavaleta Salgado
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“Usando desmesuradamente la fuerza, los elementos policiacos habrían desalojado a los normalistas con tiros de armas de fuego, gases lacrimógenos y violentos golpes. El saldo de la represión ha sido de decenas de intoxicados, 56 personas detenidas, cuatro personas heridas, de las cuales el estudiante de la Normal Rural de TIxtla, Omar Cotino Morales, quien fue herido por atropellamiento y presentó fractura de rótula y contusión de los miembros pélvicos. Según información obtenida, una camioneta pasó por encima de los cuerpos de las personas y las hirieron en el pecho y en la pierna y hubo una persona herida de bala.”
Quien crea que esta es la nota de los hechos ocurridos el lunes 12 de noviembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, se equivoca, esa es la nota del 14 de noviembre de 2007. Pero la lucha de los maestros egresados de las escuelas normales de ese estado no se remontan a tan sólo cinco años, la lucha de ellos tiene sus antecedentes desde los setenta, con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos, quienes tuvieron fuertes vínculos con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla.
Los habitantes de Tixtla son reconocidos, incluso, por su participación desde la Guerra de Independencia.
Según datos del INEGI, en 2010 contaba con un poco más de 40 mil habitantes. Su ubicación geográfica hace de este lugar el centro comercial y educativo de muchas comunidades, no sólo de ese municipio, sino de otros cercanos.
El atractivo de estudiar en la Escuela Normal para los jóvenes guerrerenses se encuentra en la posibilidad de trabajar inmediatamente después de concluir los estudios pero, desde hace algunos años, las plazas fueron limitadas por falta de presupuesto.
Es desde entonces cuando los jóvenes normalistas, al no tener opciones de trabajo, han mantenido una lucha permanente.
Su método de protesta ha sido, en algunos casos, en extremo violenta, por ejemplo, el 14 de noviembre de 2008, para recordar el desalojo del mismo día de 2007, destrozaron e incendiaron la puerta del Congreso local, arrojaron bombas molotov y ocasionaron diversos daños.
Incluso, en 2007, la Cámara de Diputados intervino a favor de estos jóvenes mediante un punto de acuerdo votado el 6 de diciembre con el fin de exhortar a las autoridades de la SEP para asignarles plazas y, hacer una exhortación al en esa época gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, de atender el conflicto.
En ese entonces, quedaron asentadas en la versión estenográfica las palabras del en ese tiempo diputado Félix Castellanos Hernández: “…Llamamos al gobernador del estado a atender de manera responsable esta situación. No puede mandar golpear más a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. No puede tratar así a la juventud… Finalmente, les decimos a los egresados de Ayotzinapa que no están solos, que muchas organizaciones sociales e indígenas y campesinas están con ellos y muchas legisladoras y legisladores también…”
El punto de acuerdo fue votado a favor por la mayoría, pero como todos los asuntos de exhorto, son sólo llamadas de atención, sin sanción y sin ningún tipo de seguimiento y, al siguiente año, el Congreso de Guerrero estaba viviendo uno de sus días más difíciles y violentos contra los diputados.
El lunes, la sociedad en general ya no vio un desalojo violento. Ese día, como dan cuenta los videos presentados en algunos medios de comunicación e internet, vemos y escuchamos cómo los niños-jóvenes normalistas son acribillados de forma cobarde por quienes tenían en sus manos la posibilidad del imperio de la fuerza pública: por la autoridad.
Hoy podemos buscar muchos responsables de estos hechos y, de forma directa, el omnipotente gobernador, Ángel Aguirre, emanado del Partido de la Revolución Democrática, ya los señaló, pero esta responsabilidad es en parte compartida, debido a la indolencia de una clase política que en general actúa por emergencias. Una clase política que no importa de dónde emane, de la izquierda, de la derecha o del centro, está más preocupada por su futuro personal que por el de nuestro país. Combatir la pobreza y la desigualdad y prevenir con ello la violencia en cualquier estado de la República no está en la agenda nacional en este momento.
2011-12-15
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Ayotzinapa
Rodolfo Sámano García
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El sangriento lunes doce de diciembre es un caso atípico que aún se encuentra en la tinta de los diversos políticos, funcionarios y analistas. El gobernador Ángel Aguirre Rivero siempre ha tenido una distinción especial por los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada en el predio de la exhacienda de Ayotzinapa de la ciudad de Tixtla de Guerrero.
Becas, uniformes, computadoras para uso personal, celulares, comedor, tortillería, tractor, víveres, agua caliente en la alberca, dinero en efectivo, calzado, uniformes, colchones, cobertores, inversiones millonarias, autobuses, viáticos, dinero en efectivo para bailes y bacanales, borracheras con cargo al erario estatal, el centro de prostitución en que se convierte esta institución cada fin de semana y todo aquello que se les antoje a los niños consentidos, que al final de cuentas cursan semestres de quince días hábiles, calificaciones que exigen, pero al final de cuentas, egresan con un perfil deplorable, con un promedio que en la realidad estaría muy por abajo del cinco, en una escala del uno al diez.
¿Por qué son los alumnos quienes controlan el gasto millonario para la adquisición de los víveres y comestibles y son ellos quienes hacen los contratos con los proveedores sin tener que rendir cuenta de lo que se les entrega y lo que se gasta? ¿Quién se queda con el dinero de los porcentajes que reciben de los proveedores por las cantidades de compra?
Desde el inicio de esta administración del gobierno de Ángel Aguirre Rivero a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue de preferencia. En el Estado de Guerrero son nueve las Escuelas Normales Oficiales: Cinco de sostenimiento federal: CREN de Iguala; Escuela Normal Urbana Federal “Prof. Rafael Ramírez”; Escuela Normal Preescolar “Adolfo Viguri” Escuela Normal Regional de la Montaña de Tlapa de Comonfort y la de Ayotzi; Cuatro de sostenimiento Estatal: Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano”; Escuela Normal Regional de Tierra Caliente en Arcelia; Escuela Superior de Educación Física en Acapulco y la Escuela Normal “Vicente Guerrero” en Teloloapan. Nos preguntamos quienes trabajamos en las Escuelas Normales: ¿Por qué Ángel Aguirre siempre ha consentido a los de Ayotzi? ¿Por qué no ha tenido las mismas atenciones para con las otras ocho Escuela Normales? ¿Por qué Ayotzi vive en la abundancia y las otras ocho con grandes carencias y limitaciones? En las otras Escuelas Normales hay más gente de extracción campesina e indígena que en la propia Ayotzinapa. ¿Por qué tanta preferencia para una y el abandono de las otras ocho? Con lo invertido en Ayotzi, con esa misma cantidad en una escuela invertida en las otras ocho se elevaría considerablemente la calidad de la enseñanza, con Ayotzi en dinero tirado a la basura. Ayotzi es “un barril sin fondo”
Cuando empezaron las manifestaciones exigiendo más y más recursos, más prebendas para los niños consentidos del sistema y vemos cómo fluyen recursos y más recursos para tenerlos contentos ¿Qué más querían estos alumnos que no justifican esos gastos estratosféricos invertidos en su preparación?
Hoy entendemos que no es un problema de atención, no es un problema de recursos, no es un problema de la Secretaría de Educación Guerrero para con esta Escuela Normal, no es un problema de desatención del Gobernador hacia Ayotzinapa, si desde el primer día trató de complacer todas su exageradas y exorbitantes peticiones.
Se deduce que los líderes de Ayotzinapa obedecen a intereses muy ajenos a los educativos, detrás debe haber intereses de grupos políticos, de caciques, de capital, de política de alto nivel. No se puede entender como “unos pobres estudiantes de origen campesino o indígena tengan la capacidad económica para mover cientos de personas, de decenas de autobuses, de control de política de impacto nacional, de que los consorcios televisivos inviertan tanto tiempo “de sus noticieros” en el caso de Guerrero.
Es una consigna que debe existir para cobrar venganza por no haber acatado la disposición de cúpula de quién sería el candidato a la gubernatura del Estado y haberse lanzado bajo las siglas de una coalición de izquierda.
Con el actual movimiento “dizque estudiantil” está más que manifiesto que los líderes de Ayotzinapa están acatando órdenes superiores, manejados los líderes como títeres, y el resto del alumnado como “carne de cañón”. ¿Por qué tanto interés de los medios, de los grandes consorcios por “dos muertitos” ¿Y los más de cincuenta mil qué? ¿Acaso pesan más dos que cincuenta mil?
¿De dónde parte la consigna de hacer caer a Ángel Aguirre? ¿De los Pinos? ¿De Atlacomulco? ¿Del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional? ¿Acaso vendrá de Tlapa de Comonfort? ¿Por qué están llenas las instalaciones de Ayotzinapa con gente de la APPO de Oaxaca, de San Mateo Atenco, de la CETEG, de la Sección 22 del SNTE de Oaxaca, de la guerrilla del Subcomandante Marcos de Chiapas, de las diferentes Escuelas Normales Rurales y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México?
Dentro de las instalaciones de Ayotzinapa se puede encontrar por lo menos gente de unas veinte organizaciones sociales. ¿Qué hacen ahí? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Por qué nada más dos muertos si las condiciones estaban para que hubiera más de cien?
Otra pregunta: ¿Qué piensa la sociedad de Chilpancingo, de Guerrero y de todo el país cuando se ven afectados con tantos desmanes impunes de los normalistas de Ayotzinapa? ¿Acaso en sus aulas los profesores les hablan de impunidad, de violación constante a la ley, de agredir de manera constante a la ciudadanía, de no estudiar, de recibir calificaciones semestrales regaladas, obtenidas bajo presión, bajo amenaza, dieces al fuerza?
Eso de “pobres muchachos” “pobres estudiantes que viven en un internado” Hay que entender que quienes estudian, quienes tienen la oportunidad de vivir en Ayotzinapa tienen condiciones equiparables a un paraíso, acostumbrados a mandar, a que de un gesto o una seña de inmediato los debe atender directamente el Gobernador, para ellos no hay jerarquías de funcionarios, de solicitar una audiencia, de esperar tiempos, ¡No! ellos a la voz de ya quieren que se les atienda, que les complazcan, que les satisfagan sus mínimos y ridículos caprichos.
Los guerrerenses no debemos permitir que se violenten las instituciones, que se ponga en jaque a un gobierno electo democráticamente por los ciudadanos mediante el voto. ¿Qué pasaría si les hacen caso a los de Ayotzinapa y hubiese un cambio de gobierno? Se instituiría una estructura de mando y se cambiaría el Palacio de Gobierno a Ayotzinapa?
rsamano_8@hotmail.com
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ARMANDO ESCOBAR ZAVALA

Ayotzinapa: los deberes de la amistad y de la ley

De nueva cuenta Guerrero es nota nacional. Y no precisamente en temas que nos llenen de orgullo.
Nuestra historia se repite, con los errores y horrores de las fuerzas del orden público.
El 30 de diciembre de 1960 el movimiento estudiantil apoyado por amplios sectores de la sociedad fue reprimido por la fuerza policiaca en el centro de la ciudad de Chilpancingo, represión que llevó a la caída del gobernador Raúl Caballero Aburto, el 4 de enero de 1961.
En aquel momento, todo se agravó, cuando un electricista colgaba una manta en un poste de luz y recibió un disparo que le causó la muerte.
Sobre los motivos determinantes que influyeron en la desaparición de los poderes en Guerrero, el doctor Marcial Rodríguez Saldaña escribió en su tesis doctoral (citando a Alba Teresa Estrada Castañón):
“Cuando entran en conjunción con otras fuerzas sociales, la crisis se profundizó con la imposición de familiares y amigos en los principales cargos burocráticos... El nepotismo del régimen, al monopolizar los cargos públicos, suscitó el descontento de funcionarios y lideres desplazados” (pág. 140).
Hasta aquí Rodríguez Saldaña. Hoy, cuando decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, exigían el cumplimiento de una audiencia al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, dos jóvenes fueron asesinados en la Autopista del Sol, por la Policía Ministerial de Guerrero, según prueban los videos de la Procuraduría General de la República.
Para facilitar las investigaciones, se tomó la decisión de separar de sus cargos al gabinete de seguridad pública. Decisión saludable pero que no es suficiente.
El capítulo Tercero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, sobre las competencias de las secretarias del Ejecutivo, se lee:
Articulo 20.- La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes:
XXXIX.- Proporcionar la atención adecuada y oportuna a las demandas que le presenten ciudadanos u organizaciones sociales y partidos políticos, en un marco de tolerancia, armonía y respeto, procurando mantener una relación efectiva y coordinada con los mismos en la solución de sus requerimientos, a través del diálogo, la concertación y el respaldo para facilitar su acceso puntual hacia los servicios públicos que brindan las dependencias y entidades del gobierno estatal;
En el conflicto que nos ocupa, esta dependencia no cumplió con la responsabilidad a que la Ley le obliga. En cinco ocasiones la solicitud de audiencia fue cancelada por esta instancia de gobierno.
El problema se dejó correr, por una errática estrategia política o irresponsabilidad de los funcionarios.
La defensa primaria del gobierno es patética. El discurso oficial y las inserciones de apoyo en los medios de comunicación parecen desprendidos de la misma matriz despótica de la década de los sesenta; para seguir el guión del autoritarismo, falta acusar a los estudiantes del delito de disolución social que bastaba para encarcelar a inconformes con el régimen.
La investigación debe llegar tan lejos como lo reclama el interés público.
La sociedad exige el castigo de quienes cobardemente asesinaron a estos jóvenes, pero sobre todo, de quién dio la orden de cometer tal barbarie.
Sin importar militancias políticas o afectos personales, los guerrerenses exigen justicia.
Decía don Benito Juárez:
Los deberes de la amistad concluyen, donde empieza el imperio de la Ley.
Consulta en: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/12/23/index.php?section=opinion&article=002a1soc
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