Caballero Aburto y el 30 de diciembre de 1960

Publicado en El Sur de Acapulco el viernes 30 de Diciembre de 2011

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CABALLERO ABURTO Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 1960

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

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Hoy se cumplen 51 años del genocidio que cometió el sátrapa gobernador de Guerrero, el General Raúl Caballero Aburto, contra el movimiento estudiantil popular que se levantó en todo el estado de Guerrero, en demanda de desaparición de poderes y por la transformación del antiguo Colegio del Estado en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Uno de los fotógrafos que desde la azotea de su negocio, tomó las fotos de esa matanza, Saúl López López acaba de fallecer víctima de una enfermedad terminal. Gracias a su audacia, pudo tomar con su vieja cámara fotográfica, las escenas de la balacera de los soldados contra los indefensos chilpancingueños que resguardaban el edificio docente, enfrente de la Alameda Granados Maldonado, y que habían acudido a auxiliar a un electricista amigo del movimiento que intentó colocar una manta contra Caballero Aburto y fue asesinado por un soldado,

La conmemoración del 51 aniversario de esta matanza, que provocó que el Senado de la República declarara la desaparición de poderes, y la llegada del gobernador interino, el abogado Arturo Martínez Adame, se da en una situación política crítica por la brutalidad de las policías federal y estatal que asesinaron el pasado 12 de diciembre a dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que bloqueaban la autopista del sol. En vez del diálogo y la negociación con los normalistas se optó por el uso de las balas.

De la matanza del 30 de diciembre de 1960 a la actualidad, la lucha por el respeto irrestricto a los derechos humanos ha avanzado a pasos lentos, tanto en el plano nacional como en materia de derecho internacional. Apenas en la década de los 90s se conformó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo primer presidente, el Lic. Jorge Carpizo se opuso a que se incorporaran los derechos electorales y laborales como temas de este nuevo organismo.

En 1995, a raíz de la matanza de Aguas Blancas, tuve la oportunidad de encabezar una comisión de legisladores perredistas que acudimos a Washington, D.C., donde se encuentra la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), la cual después de varios años nos dio la razón, y demandó que el gobierno mexicano actuara judicialmente contra Rubén Figueroa Alcocer y gran parte de su gabinete. El gobierno federal le trasladó el caso a la Procuraduría Estatal de Guerrero, quién exoneró a Figueroa Alcocer, pues era juez y parte del conflicto, y dio por cerrado el caso.

En ese momento, México no había aceptado la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que tiene su sede en San José Costa Rica, cuestión que sucedió empezando el año 2000. De haber estado vigente la suscripción de este pacto con la Corte Interamericana, hubiéramos acudido a este organismo, para obligar al Estado Mexicano a cumplir con la resolución de la CIDH, tal como sucedió con el caso de Rosendo Radilla y de la indígena guerrerense violada por los soldados mexicanos.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el diario oficial de la Federación, una reforma en materia de Derechos Humanos que le da nuevas facultades a la CNDH. así en la fracción B del artículo 102 Constitucional, a la letra dice “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas”

Con esta nueva jurisdicción, la CNDH que antes solamente emitía recomendaciones, ha iniciado una investigación sobre la muerte de los dos estudiantes de Ayotzinapa: El lunes pasado acudió ante el Presidente de la CNDH Raúl Plascencia Villanueva, , el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero y ayer jueves acudieron los dirigentes normalistas, que fueron también recibidos por algunos integrantes de la Comisión especial de legisladores que creó recientemente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Tiene que haber un castigo contra los responsables de la matanza de los dos estudiantes de Ayotzinapa, ya que no podemos regresar al Guerrero bárbaro y violento que originó la matanza del 30 de diciembre de 1960, y posteriormente prosiguió el clan de los caciques Figueroa que gobernaron a sangre y fuego, nuestra entidad.

Cada día aparecen testimonios y videos que posibilitarán a la CNDH establecer los castigos civiles y penales correspondientes. Por ejemplo, el testimonio del dueño de la gasolinera quien afirmó (El Sur, 27 de diciembre) que unos individuos con camisetas rojas de Ayotzinapa fueron los que tiraron las bombas molotov contra los equipos expendedores de su gasolinera y que estuvieron a punto de estallar. Recordemos que el 10 de junio de 1971, los halcones que nos agredieron traían camisetas con la efigie del Che Guevara. Y ningún estudiante de Ayotzinapa traía esas camisetas rojas.

Creo que también tenemos que ver hacia delante y tomar en cuenta al nuevo proyecto de Constitución Política del Estado de Guerrero, del cual ya ha redactado un primer borrador, que contiene las tesis más avanzadas en materia de derechos humanos e incorpora los instrumentos internacionales que México ha suscrito en esta materia en los últimos años. Se incorpora medidas para que no vuelva a suceder hechos como la muerte de estos dos estudiantes de Ayotzinapa.

Sólo un nuevo marco institucional, permitirá que Guerrero salga del primer lugar en materia de violaciones a los derechos humanos y del último lugar de las 32 entidades del país en materia de pobreza y marginación, a fin de que se ponga un hasta aquí, un alto total a las violaciones a los derechos humanos como las que conmemoraremos este 30 de diciembre a partir de las 8 horas en la Alameda Granados Maldonado, en la estatua a los caídos en la lucha anticaballerista. A agarrar el toro por los cuernos.