CONCIENCIA CIUDADANA
DIPUTADOS “REPRESENTANTES DEL PUEBLO”
Raúl Méndez Díaz
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Raúl Méndez Díaz
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Como es del dominio público, la LVIII Legislatura aprobó al vapor y de manera irregular la Ley de ingresos y presupuesto de egresos 2009 para el Estado de Guerrero. Consultando al respecto al prestigiado Dr. en Derecho José Gilberto Garza Grimaldo, no duda en señalar que lo anterior representa una violación a la Constitución Política local, refrendando la pésima y denigrante labor de los Diputados, resultando de ello una supuesta disminución al presupuesto de $207 millones de pesos, que de acuerdo con información periodística, fue reconocida por el propio gobernador del Estado, quien a su vez según el jurista, cae también en la complicidad por no ejercer su derecho de Veto para contrarrestar dicha inconstitucionalidad.
Por otra parte, en la actual legislatura se afirma que ese recorte presupuestal no es más que una “equivocación” de apreciación, lo que genera entre la ciudadanía una total incertidumbre porque no se sabe en realidad cual es la versión correcta. Los diputados que no participaron en la aprobación de la Ley mencionada, sólo se limitaron a manifestar su inconformidad, tal vez para curarse en salud, puesto que no procedieron legalmente contra esa “marranada legislativa” que finalmente se concretó.
Se sabe que las fracciones parlamentarias y representaciones del PRI, PVEM y PANAL, impulsaron la iniciativa de abrogación del decreto que le da luz verde a la Ley en comento, sin embargo, los “representantes del pueblo” del PRD, PAN, PT y Convergencia, les echaron abajo tal iniciativa sumándose al grupo de los “violadores de la Constitución”.
De acuerdo con el Dr. Garza Grimaldo, sólo queda el ejercicio de la Acción de Inconstitucionalidad Popular, contemplada en el artículo 105 de la Carta Magna y que está sujeta a un tiempo determinado para su establecimiento, que al parecer su plazo fenece precisamente este 15 de enero del 2008, lo cual queda lejos de prosperar; de igual forma, sugiere impulsar una reforma constitucional para la creación de una sala de la Corte Constitucional en el Estado, que sirva de instrumento para dirimir casos de inconstitucionalidad como el referido.
Como hemos comentado en otras ocasiones, en un sistema de “pesos y contra pesos del poder” el poder Legislativo vigila las acciones del poder Ejecutivo, pero ¿quién vigila las acciones del poder Legislativo? Los diputados son los “representantes del pueblo” y son electos para trabajar por los intereses soberanos del mismo pueblo, no para beneficiarse a sí mismos, ni para beneficio de los intereses de sus partidos políticos, ni para ser comparsa del poder Ejecutivo.
No se vale engañar al pueblo con “marranadas legislativas” como el del presupuesto de egresos soportado con el argumento de que tiene un alto y profundo sentido social y que por tanto justifica su inconstitucionalidad, como la hacen los flamantes diputados “representantes del pueblo”
¿Acaso el fuero constitucional les da derecho hacer lo que les venga en gana como violar la Constitución? Entonces al pueblo ¿Quién lo defiende?
Por otro lado, sorprende la apatía de los Colegios de Abogados y de las Escuelas de Derecho, que como especialistas en el estudio de las Leyes, no han emitido ningún pronunciamiento sobre tales procedimientos inconstitucionales, ni siquiera una simple opinión ¡nada! Al igual que otras instancias del estado, ni organismos autónomos, ni esos grupos sociales que dicen representar a la sociedad civil, ¡nadie, todos callados! como cuando se filtró la información de los jugosos pagos de aguinaldos de fin de año para los diputados, aún sin merecerlos legalmente, o también por el regalo de $200,000.00 para cada uno para la adquisición de vehículos, que los mismos legisladores no fueron capaces de emitir un pronunciamiento oficial al respecto.
Los actuales diputados deben determinar si existió violación a la Constitución, por parte de la Legislatura anterior y si es así, proceder a la enmienda correspondiente, pero no sólo eso, también fincar las responsabilidades de Ley para los infractores y para los Diputados que nada hicieron para remediarlo, que ya no tienen fuero y se puede proceder conforme a Derecho. No se debe seguir tolerando este tipo de anomalías.
El Poder Legislativo es el primero que debe impulsar la cultura de la legalidad con mecanismos de denuncia ciudadana para cualquier acto de ilegalidad y por supuesto, de inconstitucionalidad. Por eso son los diputados “representantes del pueblo”.
“TODOS POR UNA MEJOR CONCIENCIA CIUDADANA”
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Nota publicada el 15 de diciembre de 2008 en el Diario de Guerrero.
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