En la edición del 13 de marzo de 2011, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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¿Incentivos a la educación privada o mejorar la educación pública?
Xavier Carreto A.
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Con la publicación del decreto presidencial para que a partir de este año las colegiaturas que se pagan por enviar a nuestros hijos a escuelas privadas, con excepción de la educación superior, se puedan deducir impuestos ha traído comentarios a favor y en contra. Entre los primeros, la formalización de la educación privada, pues al no ser las colegiaturas deducibles de impuestos, a los padres de familia no les interesa recibir cualquier comprobante de pago aunque éste no reúna los requisitos fiscales, lo cual permite a los dueños no declarar ingresos y así eludir el pago de impuestos. También se incentiva a los padres de familia con ingresos anuales menores a 400 mil pesos a presentar su declaración de ingresos, ya que para tener este beneficio es menester presentarla. Asimismo, se promueve ofrecer más calidad en la prestación del servicio educativo, al preferir los padres de familia las mejores escuelas, pues, a diferencia de la escuela pública, en la privada sí hay competencia, por eso hay en México 32, 859 escuelas privadas, sin contar las que ofrecen educación superior.
Las opiniones en contra vienen, por supuesto, de la dirigencia del SNTE, quienes en un desplegado (Reforma, febrero 15, 2011) hacen la defensa de la educación pública y señalan el reto de superar la profunda desigualdad educativa que se vive en México, ya que esta medida acentúa la inequidad. Es verdad, más de 90 por ciento de los niños y jóvenes mexicanos se educan en las escuelas públicas y menos del 10% lo hace en las particulares, es decir 27 millones en las primeras y 3 millones en las segundas. En el caso de Guerrero, los porcentajes se reducen a menos del 5% y este beneficio de la deducibilidad de impuestos se localiza en las ciudades de Acapulco, principalmente, y, en menor medida, en Chilpancingo, Zihuatanejo e Iguala.
Lo que la dirigencia magisterial debe reconocer es que muchos padres de familia -aunque muchas veces no tengan los recursos suficientes, incluidos algunos integrantes del SNTE- envían a sus hijos a las escuelas particulares, al ver lo deficiente de la educación pública: nunca se cumple con el calendario y la jornada escolar, lo cual implica que los contenidos del Plan y Programa de Estudios se vean completos, las deficiencias están a la vista como lo han demostrado los resultados de los exámenes conocidos como PISA, promovidos por la OCDE que dirige el mexicano José Ángel Gurría. Estas pruebas, como se sabe, se aplican a los jóvenes egresados de la secundaria y miden la comprensión lectora, habilidades matemáticas y conocimientos en ciencias naturales. Para nuestro estado este hecho nos muestra una vez más los rezagos que tenemos, lo cual se observa cuando estos resultados se desglosan por entidad federativa y Guerrero aparece en los últimos lugares.
Otras opiniones en contra de este decreto presidencial corren a cargo del coordinador de los diputados federales priistas, Francisco Rojas, quien expone que esta medida no beneficia a la mayor parte de la población estudiantil lo que abre la brecha de la justicia distributiva que el Estado mexicano debe dar a los más desposeídos. Al legislador Rojas se le olvida que la educación pública tiene la mayor asignación presupuestal que en 2010 fue de 656 mil millones de pesos, 22 por ciento del gasto público total, lo cual no tiene precedente y los señores diputados tienen la obligación de que los recursos públicos se gasten con la mayor eficacia y honestidad lo cual no sucede en casi todos los rubros y más tratándose de la educación pública de nuestro país.
Los datos recientes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa así lo demuestra: 81 por ciento de los alumnos de secundaria y 63 por ciento de educación media superior no tienen la competencia mínima suficiente para realizar actividades cognitivas complejas. Tratándose del estado de Guerrero, 60 por ciento de los mayores de 15 años no tienen concluida su educación básica y eso es que desde hace muchos años casi la mitad del presupuesto se destina a la educación y 98 de cada cien pesos es para pagar la nómina.
Por otra parte, el contador Rojas pierde de vista que el límite fijado a la reducción fiscal es el equivalente al costo promedio por alumno en el Sistema Educativo Nacional en cada uno de los niveles en donde se aplicará la deducibilidad y una buena solución podría ser que el Estado otorgue bonos o cheques educativos por estas cantidades para que los padres de familia envíen a sus hijos a la escuela que mejor cubra sus expectativas de una educación de calidad, que pudiera ser, ¿por qué no?, una escuela pública.
En conclusión, los padres de familia de 3 millones de estudiantes que acuden a escuelas particulares en nuestro país, deben desembolsar dos veces el pago de la educación de sus hijos, toda vez que la educación pública es deficiente, entre otras cosas, porque la mayoría de los dirigentes y muchos profesores que forman parte del SNTE están más preocupados por participar en la vida política que dedicarse con seriedad a la enseñanza, la cual es su responsabilidad y para eso les pagan. Y que existen legisladores que tampoco hacen su trabajo por dedicar su tiempo a discutir y nunca ponerse de acuerdo para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos mexicanos
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