martes, 29 de marzo de 2011

Sobre el divorcio de la pareja presidencia guatemalteca

Guatemala: pareja presidencial
Mario Melgar Adalid
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El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, da la impresión de ser un hombre bueno, reposado, equilibrado. Si tuviera que adivinar su procedencia podría decir que parece el jefe de los ejercicios espirituales de alguna orden religiosa. Lo que no sé es a qué orden pertenecería. Le faltaría inteligencia para ser jesuita y le sobraría ambición para ser marista. Tal vez a la orden que más se acerca es la de los Legionarios de Cristo, tan lejos de Dios y tan cerca de México. Colom, hombre de negocios, se ubica en el centro izquierda del espectro político de su país. Cobró notoriedad global por la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta Comisión está auspiciada por la ONU y el secretario general Ban Ki-moon con ese motivo visita Guatemala con frecuencia.
La Comisión ha tenido problemas serios en las investigaciones que realiza y no termina un conflicto cuando surge otro distinto. En septiembre de 2010, Hillary Clinton y la secretaria de Salud de Estados Unidos, Kathleen Sebelius, revelaron que de 1946 a 1948 médicos de los servicios de salud de Estados Unidos deliberadamente infectaron a prisioneros guatemaltecos con virus de enfermedades venéreas para probar sus antibióticos. Todo esto naturalmente con el beneplácito de las autoridades guatemaltecas y de los prisioneros a quienes por las noches recibían en sus celdas a las visitadoras y no precisamente a las de Pantaleón, de Vargas Llosa.
Como la carne es débil, ahora el Presidente tiene un problema político agravado con uno de faldas. Su esposa decidió que debe ser su sucesora en la Presidencia. Como la Constitución guatemalteca es un catálogo de lo que no debe hacerse, contiene una disposición que prohíbe a los familiares del Presidente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ocupar el cargo presidencial. La esposa se encuentra en el primer grado y está impedida constitucionalmente para sucederlo.
La celebración de matrimonios teñidos de fraude ha despertado siempre la imaginación a lo largo de la historia. Son célebres los matrimonios entre la realeza, o para salir de la pobreza. Todos sabemos de matrimonios arreglados por motivos que no han sido necesariamente el noble y puro sentimiento del amor. Sea para obtener una herencia, para pagar deudas, hacerse de un estatus migratorio o para cualquier otro propósito se llevan a cabo los “matrimonios por conveniencia”. Menos frecuente son los divorcios por conveniencia.
En Guatemala a la pareja presidencial se le ocurrió algo más sencillo que reformar la Constitución: reformar su estado civil. Decidieron divorciarse y de esa manera no violar la Carta Magna guatemalteca. Al divorciarse pensaron que les quedaba libre el camino para seguir presidiendo la República guatemalteca, casi en familia.
En las primeras lecciones que se imparten en las escuelas de leyes se enseña lo que se conoce como fraude a la ley. Para que exista tal fraude se requiere la concurrencia del factor objetivo, el elemento material y el subjetivo que es el animus, como lo enseñaron los juristas romanos. Se deben llevar a cabo por un lado la realización de un acto que aisladamente es válido (divorciarse), pero que en conjunto lleva a un resultado absolutamente prohibido por la ley y por la otra, la intención, el deliberado propósito, el capricho de sustraerse a la norma constitucional. En el caso del Presidente de la República de Guatemala el hecho constituye un acto grave y probablemente hasta pudiera calificarse de alta traición.
La declaración de la suspirante a presidenta de Guatemala es conmovedora: “Me divorcio del Presidente para casarme con el pueblo”. La Comisión de la ONU que funciona en Guatemala tiene entre su objeto la conformación y preservación del Estado de derecho. Tiene, pues, en agenda un buen punto para emitir su resolución y recomendaciones.
En México no tenemos esa disposición constitucional, pero tampoco la intención de la esposa del Presidente que pretenda convertirse en su sucesora, como ocurrió en el pasado reciente con Marta Sahagún de Fox.
No obstante las limitaciones políticas y morales que existen, entre el flaco elenco de panistas, la señora Margarita Zavala de Calderón luce como inigualable candidata. Sólo que moral pública debe matar ambición. No como en Guatemala
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