Mujeres
Ruth Zavaleta Salgado
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La vacante de un ministro en la Suprema Corte de Justicia y las tres en el Instituto Federal Electoral tienen que ser cubiertas con la presencia de las mujeres.
Proyectar la integración de hombres y mujeres en los espacios de poder al paralelo de la conformación de género de la sociedad, es una aspiración legítima, sin embargo, no es a partir de la promoción de cuotas que las mujeres esperan que se les integre a esos espacios de poder, sino a partir del reconocimiento a la capacidad de ejercer la función pública en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Un Estado con un sistema democrático tiene la responsabilidad de generar políticas públicas que permitan generar una nueva cultura en donde la equidad de género prevalezca.
Las mujeres han avanzado a grandes pasos en las últimas tres décadas. A la par que las reformas coyunturales del Estado, se han ido creando las instituciones y los espacios que les han permitido una mayor presencia en el Poder Legislativo y el Ejecutivo a partir de las cuotas de género en las listas de representación proporcional de los partidos políticos en las elecciones federales, las de los estados y las de los municipios.
Fue creada también una ley contra la violencia y la discriminación, se fundó un Instituto Federal de la Mujer y casi todas las entidades federativas cuentan con un Instituto, pero se necesita impulsar una estrategia que genere una nueva cultura en la ciudadanía que impida la exclusión y la aversión por motivos de misoginia.
Para las mujeres, llegar a ejercer la función pública no sólo se traduce en luchar por el reconocimiento al mérito, sino se traduce también, en términos prácticos, en que los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo reconozcan que, entre más espacios protagónicos encabecen las mujeres, más posibilidades tendrán de generar esos nuevos parámetros de valoración hacia la mujer y su nuevo papel en la sociedad mexicana y en la del resto del mundo.
Las mujeres, a más de medio siglo de haber logrado el derecho para votar, ahora tienen retos diferentes.
México está inserto en la región que genera mayor desigualdad social en el planeta y ésta se deriva principalmente de la falta de equidad para acceder a la riqueza que se produce en las naciones.
Pero esta desigualdad social se concentra en las mujeres y las golpea mayormente, pues, si revisamos los datos internacionales y los nacionales, son ellas las que menos posibilidades tienen de educarse, de conseguir empleos dignos o de recibir servicios de seguridad social.
Son las que más sufren de todo tipo de violencia, pero también las de menos posibilidades de ingresar al ejercicio de la función pública. En todo el país, sólo presiden 5% de los municipios; en el caso de las gobernadoras, sólo hay una y, respecto a legisladoras de los congresos estatales, sólo Sonora y Yucatán tienen más de 30% de integración de mujeres.
Si bien es cierto que la mayoría de los espacios que acabo de referir son de elección popular y necesitan contar con apoyo de los votantes, también es cierto que habrá mayor confianza hacia su ejercicio de la función pública si se les permite ejercerla.
Por ello, en el caso de la Suprema Corte de Justicia sería simbólico que una mujer llegara a presidirla, pero no como una concesión de cuotas de género, sino debido al reconocimiento al trabajo y a la capacidad de las mujeres que ya están presentes ahí y que con su labor han marcado la vida de la institución.
Se equivocan aquellos que preguntan si los mexicanos están preparados para que una mujer sea presidenta de la República porque antes deben preguntarse si los partidos políticos y el Poder Ejecutivo (estamos en un sistema presidencial y muchas cosas se determinan por ese poder concentrado) están dispuestos para impulsar que las mujeres sean libres de aspirar con expectativas reales a la Presidencia de la República. No basta tener el derecho consagrado en la Constitución, se necesita confianza y credibilidad de la sociedad y éstas sólo se logran si las mujeres tienen una actuación protagónica en las diferentes esferas de la vida pública
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