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La Laipegro, fuera de la Constitución
La Laipegro, fuera de la Constitución
Urí Barreda
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Faltan tres meses para que la Ley de Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Laipegro) cumpla un año fuera de lo que marca el artículo sexto de la Constitución Política del país. Y tres meses más para que venza el plazo en que deberá tener un sistema electrónico de acceso a la información aun en lugares remotos.
Efectivamente, nuestra Ley de Acceso a la Información está desfasada de la reforma al artículo sexto constitucional que, en su segundo párrafo agregó siete fracciones relativas al Derecho a la Información. Para algunos analistas nuestra ley estatal para acceder a información pública está en la inconstitucionalidad. Aunque esto es una realidad, la parte que en lo particular preocupa más son las posibilidades que a muchos guerrerenses se nos están negando al no homologar la Laipegro con los criterios de la Constitución, y los que a la Transparencia y a la Democracia el Legislador está cerrando.
Hay varios aspectos a modificar en la joven ley guerrerense (sin duda alguna en la cultura y comportamiento público también); destacaré tres indispensables, incluidos en las modificaciones al Sexto.
Primero. Dice la fracción primera del segundo párrafo del sexto constitucional “…en la interpretación de este derecho (a la información) deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”. ¿Y que es la máxima publicidad? Este principio es entendido como poner a disposición pública, la mayor cantidad de información posible con la intención de que el ciudadano o ciudadana tenga el menor número de dudas; es lo que se conoce como transparencia activa en contraposición a la transparencia pasiva. Es decir, adelantarse a la pregunta.
Por supuesto, esto en Guerrero no está sucediendo pese a que la Laipegro considera en su artículo quinto “en la interpretación de la ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información”. Este punto, ni la Caipegro, órgano garante de este derecho, lo cumple.
Segundo. Dice la Constitución con las reformas del 2007 que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar su utilización “tendrá acceso gratuito a la información pública” y a sus datos personales.
En Guerrero, se entiende que la información no cuesta, pero si se desea tener un testigo de los datos proporcionados habrá que pagar 50 centavos por hoja, mas IVA, mas impuestos estatales (algo así como 60% en impuestos, lo que viene representando 3 o 4 pesos por hoja) en la Secretaría de Finanzas del Estado, después, regresar con el comprobante para que la información sea entregada físicamente. ¿Cuántas personas están dispuestas a seguir este trámite? ¿Cuántas pueden costear en tiempo y dinero una solicitud de información? ¿Acaso el legislador privilegió la recaudación sobre el fin, sobre un derecho constitucional?
Tercero. En los apartados transitorios se especifica “la Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; esto es, que se diseñen plataformas y mecanismos para que cualquier persona, en cualquier parte del estado o fuera de él, tenga la posibilidad de solicitar y acceder a información que le sea útil o necesaria.
En Guerrero esto no está pasando. Y el hecho de que no se disponga de mecanismos accesibles, amables y expeditos, dificulta que los guerrerenses de zonas lejanas a centros urbanos puedan hacer uso de un derecho otorgado por la Constitución del país. ¿Tan complicado es instalar una plataforma electrónica como Infomex, que además de utilizarse en el ámbito federal ya se usa en 26 estados de la República?
Lo que está pasando con la ley de acceso a la información de Guerrero no es cosa menor. No se trata de un trámite burocrático, los alcances van más allá de la inconstitucionalidad, pues se está limitando abiertamente un derecho humano reconocido internacionalmente: El Derecho a Saber.
A la vez, se esquiva una obligación fundamental de todo servidor público: el deber de informar.
Corresponde ahora al Legislador trascender como demócrata y ejemplo generacional, o abonar a la opacidad y el secretismo.
Faltan tres meses para que la Ley de Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Laipegro) cumpla un año fuera de lo que marca el artículo sexto de la Constitución Política del país. Y tres meses más para que venza el plazo en que deberá tener un sistema electrónico de acceso a la información aun en lugares remotos.
Efectivamente, nuestra Ley de Acceso a la Información está desfasada de la reforma al artículo sexto constitucional que, en su segundo párrafo agregó siete fracciones relativas al Derecho a la Información. Para algunos analistas nuestra ley estatal para acceder a información pública está en la inconstitucionalidad. Aunque esto es una realidad, la parte que en lo particular preocupa más son las posibilidades que a muchos guerrerenses se nos están negando al no homologar la Laipegro con los criterios de la Constitución, y los que a la Transparencia y a la Democracia el Legislador está cerrando.
Hay varios aspectos a modificar en la joven ley guerrerense (sin duda alguna en la cultura y comportamiento público también); destacaré tres indispensables, incluidos en las modificaciones al Sexto.
Primero. Dice la fracción primera del segundo párrafo del sexto constitucional “…en la interpretación de este derecho (a la información) deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”. ¿Y que es la máxima publicidad? Este principio es entendido como poner a disposición pública, la mayor cantidad de información posible con la intención de que el ciudadano o ciudadana tenga el menor número de dudas; es lo que se conoce como transparencia activa en contraposición a la transparencia pasiva. Es decir, adelantarse a la pregunta.
Por supuesto, esto en Guerrero no está sucediendo pese a que la Laipegro considera en su artículo quinto “en la interpretación de la ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información”. Este punto, ni la Caipegro, órgano garante de este derecho, lo cumple.
Segundo. Dice la Constitución con las reformas del 2007 que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar su utilización “tendrá acceso gratuito a la información pública” y a sus datos personales.
En Guerrero, se entiende que la información no cuesta, pero si se desea tener un testigo de los datos proporcionados habrá que pagar 50 centavos por hoja, mas IVA, mas impuestos estatales (algo así como 60% en impuestos, lo que viene representando 3 o 4 pesos por hoja) en la Secretaría de Finanzas del Estado, después, regresar con el comprobante para que la información sea entregada físicamente. ¿Cuántas personas están dispuestas a seguir este trámite? ¿Cuántas pueden costear en tiempo y dinero una solicitud de información? ¿Acaso el legislador privilegió la recaudación sobre el fin, sobre un derecho constitucional?
Tercero. En los apartados transitorios se especifica “la Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; esto es, que se diseñen plataformas y mecanismos para que cualquier persona, en cualquier parte del estado o fuera de él, tenga la posibilidad de solicitar y acceder a información que le sea útil o necesaria.
En Guerrero esto no está pasando. Y el hecho de que no se disponga de mecanismos accesibles, amables y expeditos, dificulta que los guerrerenses de zonas lejanas a centros urbanos puedan hacer uso de un derecho otorgado por la Constitución del país. ¿Tan complicado es instalar una plataforma electrónica como Infomex, que además de utilizarse en el ámbito federal ya se usa en 26 estados de la República?
Lo que está pasando con la ley de acceso a la información de Guerrero no es cosa menor. No se trata de un trámite burocrático, los alcances van más allá de la inconstitucionalidad, pues se está limitando abiertamente un derecho humano reconocido internacionalmente: El Derecho a Saber.
A la vez, se esquiva una obligación fundamental de todo servidor público: el deber de informar.
Corresponde ahora al Legislador trascender como demócrata y ejemplo generacional, o abonar a la opacidad y el secretismo.
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Publicado en La Jornada Guerrero, el 23 de abril de 2003:
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