¿Cuál es el futuro de la UAG?
Arturo Miranda Ramírez
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Durante las campañas electorales en la UAG y fuera de ellas se generan prejuicios en torno a señalamientos de las fortalezas y debilidades de los contendientes; sin embargo, cabe preguntarse ¿Cuál es el futuro de la universidad guerrerense si gana uno u otro de los dos candidatos contendientes?
Obviamente, se parte de la convicción de que la neutralidad weberiana en todo hecho social es un mito y, por tanto, en la presente reflexión es inevitable tomar partido por alguna de las opciones.
Desde sus orígenes en 1960, la UAG surgió con un compromiso social para brindarles la oportunidad de estudios a los hijos de las clases históricamente marginadas; pero también, se definió por un proyecto democrático de universidad. Para lograrla, no pocos universitarios ofrendaron hasta su vida el 30 de diciembre de 1960; al tiempo que durante las décadas de los 70 y 80 se puso en marcha el llamado Proyecto Universidad-Pueblo, que hizo posible extender los servicios educativos a lo largo y ancho de la entidad. Con ello fue posible que de 6 mil estudiantes que había en 1972, para principios de 1980 ascendían a más de 60 mil.
Es larga la lista de estudiantes y docentes universitarios desaparecidos, torturados, encarcelados o perseguidos durante el periodo de la llamada guerra sucia, por querer una universidad para todos. Como parte de aquella política represiva gubernamental, se generó una espiral de violencia al interior de la UAG a través de los denominados porros; fueron frecuentes las tomas de edificios universitarios con armas de alto poder; en consecuencia, las marchas, mítines y diversas acciones de masas estaban a la orden del día, ya fuera para exigir la entrega del subsidio retenido o para exigir la liberación o presentación de universitario y ciudadanos encarcelados o desaparecidos.
La crisis de 1984 significó el fin de los los intentos de construir una universidad alternativa al decretarse su clausura por razones políticas. La única esperanza de salvar a la universidad fue, aceptar el cierre de más de 15 preparatorias, los comedores universitarios, los laboratorios, los consultorios médicos, bufetes jurídicos gratuitos, en fin, todos los programas de vinculación con el entorno.
Para muchos universitarios guerrerenses es tiempo de empezar a construir una nueva universidad a partir de sus raíces o continuar con la política universitaria actual, impuesta desde la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que se propone desarrollar en los educandos las competencias para satisfacer las necesidades del mercado global y los estándares de producción antes que el desarrollo humano. ¿Qué será más importante, cumplir con los indicadores de calidad impuestas desde fuera o abrir las puertas de la universidad a los jóvenes para alejarlos del crimen organizado y de la tentación de irse de mojados? Ahí está la disyuntiva este próximo 12 y 13 de marzo.
Durante las campañas electorales en la UAG y fuera de ellas se generan prejuicios en torno a señalamientos de las fortalezas y debilidades de los contendientes; sin embargo, cabe preguntarse ¿Cuál es el futuro de la universidad guerrerense si gana uno u otro de los dos candidatos contendientes?
Obviamente, se parte de la convicción de que la neutralidad weberiana en todo hecho social es un mito y, por tanto, en la presente reflexión es inevitable tomar partido por alguna de las opciones.
Desde sus orígenes en 1960, la UAG surgió con un compromiso social para brindarles la oportunidad de estudios a los hijos de las clases históricamente marginadas; pero también, se definió por un proyecto democrático de universidad. Para lograrla, no pocos universitarios ofrendaron hasta su vida el 30 de diciembre de 1960; al tiempo que durante las décadas de los 70 y 80 se puso en marcha el llamado Proyecto Universidad-Pueblo, que hizo posible extender los servicios educativos a lo largo y ancho de la entidad. Con ello fue posible que de 6 mil estudiantes que había en 1972, para principios de 1980 ascendían a más de 60 mil.
Es larga la lista de estudiantes y docentes universitarios desaparecidos, torturados, encarcelados o perseguidos durante el periodo de la llamada guerra sucia, por querer una universidad para todos. Como parte de aquella política represiva gubernamental, se generó una espiral de violencia al interior de la UAG a través de los denominados porros; fueron frecuentes las tomas de edificios universitarios con armas de alto poder; en consecuencia, las marchas, mítines y diversas acciones de masas estaban a la orden del día, ya fuera para exigir la entrega del subsidio retenido o para exigir la liberación o presentación de universitario y ciudadanos encarcelados o desaparecidos.
La crisis de 1984 significó el fin de los los intentos de construir una universidad alternativa al decretarse su clausura por razones políticas. La única esperanza de salvar a la universidad fue, aceptar el cierre de más de 15 preparatorias, los comedores universitarios, los laboratorios, los consultorios médicos, bufetes jurídicos gratuitos, en fin, todos los programas de vinculación con el entorno.
Para muchos universitarios guerrerenses es tiempo de empezar a construir una nueva universidad a partir de sus raíces o continuar con la política universitaria actual, impuesta desde la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que se propone desarrollar en los educandos las competencias para satisfacer las necesidades del mercado global y los estándares de producción antes que el desarrollo humano. ¿Qué será más importante, cumplir con los indicadores de calidad impuestas desde fuera o abrir las puertas de la universidad a los jóvenes para alejarlos del crimen organizado y de la tentación de irse de mojados? Ahí está la disyuntiva este próximo 12 y 13 de marzo.
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Nota publicada en La Jornada Guerrero, el 02 de marzo de 2010:
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